Exponencial Confirming: Una prometedora compañía Fintech para la región en temas de confirming
Gómez Pinzón Abogados tuvo la oportunidad de asesorar jurídicamente a Exponencial Corfirming, una empresa Fintech (tecnología financiera) antioqueña, en una financiación otorgada por Sura Asset Management – SUAM por COP $2 mil millones (en un primer tramo) para el financiamiento de sus operaciones.
Exponencial hace parte de las asesorías Impacta que Gómez Pinzón viene desarrollando desde el 2018, las cuales van dirigidas a compañías que se dedican a la incubación, desarrollo y promoción de emprendimientos en el país, así como a emprendedores directamente.
En particular, esta transacción fue un reto en el sentido en que consistió en adaptar figuras jurídicas en principio comunes y tradicionales, como la cesión de derechos económicos, a un modelo de negocio novedoso de tecnología financiera, como es el caso del confirming. El confirming es una forma de cobro anticipado de facturas que busca gestionar el pago de estas, en la que se le posibilita al acreedor cobrar sumas que se le deben antes de su fecha de vencimiento.
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Antioquia como ejemplo en la supresión del virus SARS-COVID 19: ¿Qué se viene para el sector empresarial de la región?
Aunque el manejo que se le ha dado a la pandemia en Colombia ha permitido la desaceleración exponencial de contagios en el territorio nacional, Antioquia específicamente, ha sido un departamento ejemplo en el país en temas relacionados con el manejo y mitigación del virus Covid-19. No solo ha implementado las medidas de bioseguridad instauradas por el gobierno central, sino que ha ido un paso más allá en la aplicación de políticas eficientes e innovadoras para el control de la emergencia sanitaria actual. Esto sumado a un buen comportamiento generalizado de los antioqueños en el cumplimiento de las diversas medidas adoptadas en el departamento.
Pronóstico empresarial en Antioquia
Se espera que con la apertura de nuevos sectores que inició a partir del primero de junio, según el Decreto presidencial 749 del 28 de mayo de 2020 (el “Decreto 749”), la economía empiece a reactivarse. Lo cierto es que hay que reconocer que el aislamiento preventivo obligatorio que empezó hace aproximadamente tres meses, aunque sí ha paralizado la economía y ha generado niveles considerables de desempleo, no ha afectado a todas las industrias por igual, incluso varias industrias se han visto económicamente beneficiadas por la situación actual. Algunos de estos sectores que han aumentado sus ventas han sido el farmacéutico, el tecnológico y los almacenes de cadena, en especial, en sus ventas de bienes de consumo de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo. Debido a que el aislamiento preventivo obligatorio permanece, se espera que estas industrias continúen reportando números altos en sus ventas debido a los nuevos hábitos de vida adoptados por los antioqueños, y en general por los colombianos.
Ahora, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 749, varios sectores que se encontraban totalmente paralizados iniciaron de nuevo con sus actividades. Algunos ejemplos de industrias que retomaron sus actividades son el comercio al por mayor y al detal, incluidos los centros comerciales, los museos y bibliotecas, laboratorios y centros de investigación, el trabajo doméstico, los servicios profesionales (como contadores, abogados, entre otros), servicios estéticos como peluquerías, y demás sectores que se detallan con precisión en el artículo tercero del Decreto 749. Claro está que estos sectores podrán reactivarse siempre y cuando cumplan con los requisitos y protocolos de bioseguridad instaurados por el gobierno para evitar que se generen o se aumenten los brotes de Covid 19 en el país.
Por otro lado, están las industrias que ya se habían reactivado con anterioridad al Decreto 749, específicamente, los sectores de construcción, manufactura y transporte. Se espera que su reactivación y crecimiento no solo continúe, sino que además se incremente debido a la reactivación de otros sectores que se encuentran directa o indirectamente relacionados.
Finalmente, están los sectores que aún no tienen permiso de reactivarse y para los cuales el pronóstico no es muy alentador. Específicamente los bares, restaurantes, las discotecas, el turismo, los gimnasios, los eventos masivos y el transporte aéreo, los cuales siguen paralizados por el enorme riesgo de contagio que puede representar su activación. Entre estos sectores afectados, uno que golpea bastante a la región es el de nuestros floricultores antioqueños, que han perdido aproximadamente el 80% de sus ventas[1] debido a la pandemia. Infortunadamente, muchas de estas empresas han tenido que cerrar debido a que ha sido económicamente insostenible. Sin embargo, muchas otras han tomado la decisión de reinventar sus modelos de negocio para adaptarse a las nuevas necesidades actuales que ha provocado el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio.
En una próxima nota analizaremos cómo se han desarrollado estas reactivaciones de sectores económicos y cómo ha impactado directamente la economía de la región. En especial, a la luz de la situación de salud actual, debido a que, aunque se espera que con la apertura económica haya un incremento controlado de casos en el departamento, si se da de forma exponencial y desproporcionada, podríamos estarnos enfrentando a un nuevo aislamiento obligatorio radical.
Por David Múnera Palacio, asociado del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.
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[1] RCN (2020). Tomado de: https://noticias.canalrcn.com/nacional/estos-son-los-sectores-economicos-afectados-por-el-coronavirus-en-colombia-355968
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Ingreso de Colombia en la OCDE: Efectos en materia laboral
El pasado 28 de abril Colombia se convirtió oficialmente en el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El ingreso de Colombia en la Organización fue un proceso que duró aproximadamente siete años, en los cuales el país fue sometido a múltiples exámenes ante 23 comités de la OCDE, cuyo principal propósito fue determinar el nivel de cumplimiento que tenía Colombia respecto a los requisitos de ingreso exigidos por la Organización.
Uno de los últimos comités en emitir la carta de admisión fue el “Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales” (ELSAC), el cual identificó múltiples problemáticas que en materia laboral impedían el ingreso de Colombia. Como consecuencia de ello, el Comité elaboró un informe en el cual propuso una serie de recomendaciones vinculadas con posibles reformas laborales que Colombia debía efectuar. Prueba de ello fueron las múltiples normas que en materia laboral emitió el Gobierno Nacional en el periodo 2013-2018[1].
Luego de un riguroso análisis de las modificaciones implementadas por Colombia a lo largo de su proceso de acceso a la Organización, en el año 2018 el Comité emitió su opinión favorable y permitió el ingreso del país en la OCDE. Sin embargo, concluyó que Colombia aún no cumplía a cabalidad los estándares laborales exigidos y resaltó cinco áreas temáticas que resultaban especialmente problemáticas: (i) informalidad laboral y subcontratación; (ii) aplicación efectiva de la ley laboral; (iii) violencia sindical; y (iv) negociación colectiva.
De esta forma, una vez Colombia fue invitada a ser un miembro oficial de la Organización, el Comité le exigió la suscripción de una serie de compromisos “post-acceso” que deberán cumplirse en un periodo no mayor a 8 años, por medio de los cuales el Gobierno Nacional se comprometió a continuar impulsando reformas con el objetivo de alcanzar los estándares laborales exigidos.
A continuación, se mencionarán los principales efectos que en materia laboral se podrán generar con ocasión del ingreso de Colombia en la Organización:
- Mayor inspección y vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo. La OCDE recomendó al Gobierno Nacional el aumento del número de investigaciones por año y la implementación de una estrategia unificada de inspección a nivel nacional. Lo anterior especialmente en escenarios de tercerización y subcontratación laboral.
- Posible incremento de las tasas de sindicalización en Colombia[2]. Uno de los compromisos adquiridos con la OCDE consistió en asegurar que todos los trabajadores del territorio nacional, independientemente del estatus legal bajo el cual presten sus servicios, puedan unirse y conformar sindicatos. Además, resulta llamativo que, en los países miembros de la OCDE, las nuevas generaciones de trabajadores tienden a tener una mayor confianza en las organizaciones sindicales[3] y por lo mismo, su porcentaje de afiliación ha tendido a crecer en los últimos años.
- Introducción de nuevas dinámicas de negociación colectiva que se están gestando al interior de los países miembros de la OCDE. Lo anterior ha girado en torno a tres aspectos principales: (i) el incremento de sistemas de negociación colectiva de doble nivel (sectorial y empresarial); (ii) el uso frecuente de la mediación en el proceso colectivo de resolución de disputas; y (iii) la posibilidad que las organizaciones sindicales de segundo y tercer nivel puedan convocar a huelgas. Sobre este último punto, la OCDE invitó a Colombia a diseñar alternativas ante la prohibición total de huelgas en servicios esenciales.
Los aspectos mencionados, resultan de especial utilidad para los empleadores en Colombia, pues son quienes deberán diseñar estrategias laborales efectivas de cara a los retos y cambios que demandará el ingreso en la OCDE. Así mismo, el Gobierno Nacional y los diferentes sectores económicos deberán preparar una ruta de trabajo unificada con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la Organización.
Por Laura Daniela López Chaparro, estudiante del Plan Semillero de Gómez-Pinzón Abogados.
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[1] Decreto 089/2014, Decreto 1072/2015, Decreto 017/2016, Decreto 036/2016, Decreto 2078/2017, Decreto 1875/2017 y Decreto 2021 de 2018.
[2] El promedio de sindicalización de los países de la OCDE es notoriamente superior en relación con la tasa de sindicalización colombiana (OCDE, 2016).
[3] OECD, Employment Outlook, 2019.
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SIC abre investigación a comercializadores de agroquímicos por incumplimiento de reporte de precios ante MinAgricultura
En atención a una denuncia presentada por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este viernes 11 de junio de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional en materia de reglamentos técnicos y metrología legal, abrió investigación a 274 agentes de mercado por un presunto incumplimiento de reporte de precios de comercialización de agroquímicos.
De conformidad con un comunicado publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los presuntos infractores incumplieron la obligación de reportar los precios de fertilizantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios, y productos biológicos de uso pecuario, nacionales o importados. Vale mencionar que los agentes investigados se encuentran en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como en la ciudad de Bogotá.
En caso de que esta autoridad encuentre que los investigados infringieron el régimen de metrología legal y reglamentos técnicos, los mismos podrían ser sancionados con multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual equivale a una suma de 1.755´606.000 pesos.
Aunque frente al acto administrativo de apertura de la investigación no proceden recursos, cada uno de los agentes investigados podrá presentar descargos y ejercer su derecho de defensa a lo largo del proceso.
Hacia nueva regulación: La oportunidad de la empresa en crisis
Meses después de la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de varias medidas implementadas por el Gobierno Nacional con el fin de contener la propagación del COVID-19, pronósticos económicos a lo largo del año han mostrado proyecciones críticas para la economía colombiana. El Banco Mundial llegó a proyectar una contracción del 3% del PIB del país, estimando también una contracción para América Latina y el Caribe será de hasta 4%. Por otro lado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras estimó un crecimiento en la tasa de desempleo que podría llegar al 11% a nivel nacional y al hasta el 13% en áreas urbanas en el escenario más crítico, así como una tasa de inflación de hasta el 3.7% para el cierre del año.
Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional seguirán siendo necesarias para la contención del virus. A tres meses del primer caso confirmado en el país, crece la certeza de que el impacto económico se prolongue aún más que la crisis sanitaria. Por esta razón, corresponde al Gobierno Nacional implementar reformas que, así como a corto y mediano plazo buscan mitigar los efectos de la propagación del virus, en el largo plazo proporcionen herramientas para afrontar una crisis económica.
El Estado está encargado de la dirección general de la economía. Por esto mismo, le corresponde también el diseño de políticas públicas que garanticen condiciones de crecimiento económico de las empresas, y el bienestar de los agentes del mercado. Uno de sus grandes mecanismos de intervención para este fin es el régimen de libre competencia económica. A través de éste, puede crear mayores condiciones de eficiencia para los mercados y propender por un mayor bienestar de los consumidores.
La amplia producción normativa del Gobierno Nacional en los últimos meses nos ha dejado una serie de normas que, en mayor o menor medida, guardan una relación con el régimen actual de libre competencia. Así, ha llamado la atención el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, por el cual se buscaron implementar parámetros de control de acuerdos de colaboración entre transportadores a través del Centro de Logística y Transporte durante el periodo de emergencia económica, social y ecológica. Por su parte, el Decreto 507 de 1 de abril de 2020, contiene una serie de medidas temporales para la vigilancia de los precios de bienes de primera necesidad. Posteriormente, el Decreto 575 del 15 de abril de 2020 tipificó temporalmente el incumplimiento de pagos a proveedores por parte de contratistas de obras públicas como una práctica restrictiva de la competencia. Sumado a esto, mediante Resolución 20490 del 11 de mayo de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció ciertos lineamientos en materia de acuerdos de colaboración encaminados a atender la emergencia sanitaria, y cuya interpretación es aún fuente de debate.
Los tiempos de crisis deben ser vistos también como tiempos de oportunidad de cambio. Si bien en la actualidad existen figuras del régimen que podrían servir como alternativas para los agentes del mercado al momento de afrontar una crisis de mayor duración, muchos son mecanismos que aún carecen de un marco normativo elaborado, que permita garantizar un mayor grado de seguridad jurídica para quienes acuden a ellos, y cuya aplicación, muchos argumentarían, aún pertenece a una zona gris del derecho.
Mediante cambios permanentes, como puede ser en el sistema de control de integraciones empresariales, se podría dar un primer paso. Llama la atención una figura específica que tiene el potencial de transformarse en una alternativa muy atractiva para los sectores económicos más afectados: la excepción de la empresa en crisis.
La figura es conocida en otras jurisdicciones como “failing firm defence”. Esta permite autorizar una operación de integración empresarial que, a pesar de representar un potencial impacto anticompetitivo, y que bajo condiciones normales sería objetada, implica la única alternativa para evitar la inminente salida del mercado de una compañía en una situación de crisis financiera.
En Colombia, la figura ha sido admitida en muy pocas ocasiones. Eventualmente podría citarse la operación de integración entre Bavaria, Cervecería Leona y otras compañías en 2000, a pesar de que en este caso la SIC no mencione expresamente la figura.[1] En la operación de integración entre Aviacom y Terpel de 2015 y la operación de integración entre varias empresas del Grupo Argos, Cementos Andino y Concrecem de 2006, se hace mención expresa de la figura y se fijan criterios más concretos para su procedencia.[2] En éstas, basándose en el tratamiento que se le ha dado a la figura en otras jurisdicciones, la SIC estableció tres condiciones por las cuales se puede aplicar el argumento de la empresa en crisis: (i) La empresa debe estar condenada a abandonar el mercado en el futuro próximo como consecuencia de sus problemas económicos; (ii) no debe existir una alternativa alcanzable menos anticompetitiva y; (iii) el daño que generaría la operación en la competencia es comparable con el que provocaría la salida del mercado de la empresa en crisis.
A pesar del escaso desarrollo jurídico con el que cuenta la figura actualmente en Colombia, la autoridad de competencia se ha mostrado altamente exigente al verificar los supuestos que podrían dar lugar a que la misma sea afectada.
Esta alternativa podría resultar de gran utilidad para empresas que se encuentran en algunos de los sectores más afectados, como podría ser el sector aeronáutico y el sector del turismo. No obstante, como se observa, la misma únicamente ha sido implementada en casos concretos para industrias específicas, y no existe una norma dentro del régimen general de libre competencia que contemple un procedimiento reglado para dicha excepción. Los criterios a los que ha acudido la SIC, por el momento, se basan en precedentes en Estados Unidos y Europa,[3] y no existe una garantía real para que, en dado caso, al contar con los requisitos señalados y argumentar la excepción, la operación sea autorizada por esta entidad. Esta falta de seguridad jurídica podría llevar a varios agentes en condiciones críticas a ser renuentes a acudir a esta figura y eventualmente verse forzados a salir del mercado. Es por lo anterior que la coyuntura actual representa una oportunidad para introducir nueva regulación que incentive a las grandes empresas que se encuentran más afectadas para acudir a la excepción, no buscando abusar del control de integraciones que existe en la actualidad, sino logrando que las empresas cuenten con mecanismos claros y a los que puedan acceder con mayor agilidad y que eviten un daño irremediable para el mercado y los consumidores.
Lo anterior puede ser un primer avance en promover cambios en el régimen general de libre competencia para contribuir al bienestar de diferentes agentes económicos que podrían verse fuertemente afectados por la crisis. No olvidemos que, bajo nuestro modelo constitucional, es responsabilidad del Estado adoptar políticas públicas para estos fines.
Por Santiago Blanco Angulo, Asociado del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia.
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[1] Oficio con radicado No. 00038295-23 del 18 de julio de 2000 de la SIC.
[2] Resoluciones 90622 de 2015 y 13544 de 2006 de la SIC.
[3] Los criterios adoptados en la Resolución 13544 de 2006 de la SIC provienen de las directrices de control de integraciones adoptadas por Estados Unidos y Europa. Ver Pg. 38.
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Reglamentan certificación de proyectos para generación de energía con fuentes no convencionales
Con base en las modificaciones que introdujeron la Ley 1955 y el Decreto 2106 de 2019 a los artículos 11 y 12 de la Ley 1715 de 2014, especialmente en lo que corresponde a la asignación a la Unidad de Planeación Minero – Energética (“UPME”) de la competencia exclusiva para expedir la certificación del proyecto como generador de energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (“FNCE”) y de los equipos y servicios excluidos de IVA, el Presidente de la República expidió el Decreto 829 del 10 de junio de 2020, mediante el cual se reglamenta el procedimiento para la obtención de esta certificación y se toman otras medidas.
El procedimiento para la expedición de la certificación y la aplicación de los beneficios tributarios de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, se incluyó en el artículo 1.2.1.18.78 adicionado al Decreto 1625 de 2016, según el cual se deberán cumplir los siguientes pasos:
- El interesado deberá presentar la solicitud ante la UPME, a través de la ventanilla de trámites dispuesta por la entidad, en la cual se deberá incluir la información detallada del bien y los demás documentos que establezca la UPME.
- Radicada la solicitud, se deberá realizar el pago por concepto de servicios de evaluación, de conformidad con la resolución que establezca las tarifas aplicables para la evaluación de los proyectos de generación de energía a partir de FNCE o de gestión eficiente de la energía.
- Realizado el pago, la UPME verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1715 de 2014, el Decreto 829 de 2020 y los demás actos que se expidan en desarrollo de esta función.
- Si el proyecto de generación a través de FNCE tiene una capacidad mayor a 1MW, previo a la solicitud de la certificación, el interesado deberá inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación de la UPME.
- Una vez analizados todos los requisitos y si el proyecto cumple con estos, la UPME emitirá la certificación correspondiente. En caso de que no se cumplan con los requisitos, se emitirá comunicación informando las razones de la improcedencia de la certificación para el proyecto.
Es importante tener en cuenta que la UPME deberá establecer el procedimiento aplicable a los trámites y requisitos que aquí se relacionan en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de publicación del Decreto en el Diario Oficial.
Con relación a la validez de los certificados expedidos por la UPME se establece que los proyectos que al 31 de diciembre de 2019 tuvieran el concepto favorable emitido por la UPME no deberá realizar ningún trámite adicional para la obtención de los beneficios establecidos tributarios en mención.
Dentro de las modificaciones importantes a ser tenidas en cuenta con base en los artículos adicionados por el Decreto, mediante los artículos 1.2.1.18.71 y 1.2.1.18.74 se estableció respecto al beneficio de deducción en el impuesto sobre la renta por inversiones en proyectos de FNCE o en Gestión Eficiente de la Energía, que los inversionistas podrán aplicar las deducciones a que haya lugar en un periodo no mayor de 15 años contados a partir del año gravable siguiente al año en que haya entrado en operación la inversión, plazo que antes se encontraba limitado en un término máximo de 5 años.
Asimismo, con el objetivo de ejercer control sobre las compañías que adquieran los incentivos y beneficios relacionados con la deducción en el impuesto sobre la renta, mediante el artículo 1.2.1.18.77, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) fue facultada para verificar que (i) los activos integrantes de proyectos de generación de energía a través de FNCE o en Gestión Eficiente de la Energía no se enajenen antes de cumplir su vida útil; y (ii) quienes financien las inversiones en este tipo de proyectos a través de operaciones de leasing financiero y hayan hecho efectiva la deducción, hagan ejercicio de la opción de compra. En caso de incumplirse con alguna de estas condiciones, la DIAN verificará que el inversionista declare la renta por recuperación de deducciones.
Finalmente, el Decreto adicionó los artículos 1.2.1.18.70 a 1.2.1.18.79 y 1.3.1.12.21 y 1.3.1.12.22 al Decreto 1625 de 2016 y derogó las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1073 de 2015.
A más tardar el 3 de julio se debe cumplir con la actualización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la SIC
El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 3 de julio de 2020 se debe cumplir con la actualización anual general obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo cambios no sustanciales que pudiesen haberse efectuado sobre la información consignada allí. Esta fecha corresponde a la extensión del plazo original que vencía el 31 de marzo de 2020 por parte de la SIC, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 en virtud de la Circular 003 de 2020.
Este es el momento idóneo para realizar todas las actualizaciones de la información incluida en el RNBD que no se hubieran podido haber llevado a cabo con anterioridad.
Así mismo, les recordamos otros eventos en que proceden actualizaciones obligatorias de la información consignada en el RNBD:
- Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.
- Cuando se genere una nueva base de datos, su registro en el RNBD debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a su creación.
- Actualización sobre reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales. La última de estas debió haberse cumplido el 21 de febrero de 2020 (referente a las reclamaciones del segundo semestre de 2019) y la próxima deberá cumplirse el 25 de agosto de 2020 (referente a las reclamaciones del primer semestre de 2020).
Por otro lado, tenga en cuenta que los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad, aun en aquellos eventos en que no estén obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD.
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.
Sobre las cláusulas de no competencia laboral
Las cláusulas de no competencia laboral tienen una prohibición expresa legal, de acuerdo con el artículo 44 del Código Sustantivo del Trabajo que establece: “La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su empleador, una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno”.
No obstante lo anterior, existen mecanismos contractuales que permiten garantizar y proteger el Know How y los intangibles de una compañía, partiendo de la base de una retribución por el cumplimiento de una obligación de no hacer.
En GPA tenemos un Equipo Laboral con profesionales especializados y capacitados para brindar asesoría laboral integral y personalizada. No duden en contactarnos.
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Nueva apertura de investigación por presunta restricción a la libre competencia
El Gobierno Nacional, en virtud del Decreto 507 de 2020 y en concordancia con el Decreto 462 de 2020, recientemente exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC para que ejerciera sus funciones de inspección, vigilancia y control mediante la implementación de programas de monitoreo y observancia del mercado, con el fin de evitar fenómenos de acaparamiento o distribución ineficiente de productos vitales para atender la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19.
En este sentido la SIC, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, formuló pliego de cargos mediante la Resolución No. 25183 de 2020 -“Resolución de Apertura” a la empresa FARMALATAM COLOMBIA S.A.S. – “Farmalatam” para efectos de determinar si la compañía infringió el régimen de libre competencia en Colombia, específicamente el Artículo 1 de la Ley 155 de 1959 (prohibición general), por presuntamente haber fijado precios inequitativos en los productos correspondientes a geles antibacteriales, uno de los veintiséis (26) productos de primera necesidad monitoreado por el Departamento Administrativo de Nacional Estadística – “DANE” y reportado semanalmente a la SIC en el marco del COVID-19.
Lo anterior, luego de que KOBA Colombia S.A.S. interpusiera la correspondiente queja ante la SIC y esta encontrara méritos por considerar que el aumento de precios de venta al público evidenciado en la venta de estos productos a través de la droguería online Farmalisto, también de propiedad de la compañía investigada, podría obedecer a una única intención de “obtener mayores beneficios de su actividad comercial en perjuicio de los consumidores”.
Los hechos relevantes que fueron de recibo por la SIC para dar lugar a la apertura de la investigación corresponden a: (i) un margen de ganancia por la venta de estos productos de entre quinientos por ciento (500%) y mil por ciento (1.000%); (ii) los presuntos incrementos injustificados corresponden a productos que fueron puestos en venta inmediatamente se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en el país.
En investigaciones de esta naturaleza la SIC puede llegar a imponer hasta cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMMLV) para personas jurídicas. Vale indicar que en la presente apertura no se imputaron cargos a personas naturales vinculadas con la compañía Farmalatam.
Por lo anterior, Farmalatam cuenta ahora con un término de veinte (20) días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Apertura para presentar pruebas, rendir descargos, ofrecer garantías o allanarse.
Haga clic aquí para ver la Resolución de Apertura completa.
Gómez-Pinzón extiende licencia de paternidad extralegal de 3 a 20 días hábiles para sus colaboradores
- El beneficio aplica desde febrero de 2020.
- Los días pueden tomarse durante el primer año después del nacimiento o adopción.
- Anteriormente, el beneficio otorgaba 3 días hábiles.
Bogotá, 8 de junio de 2020 – Como parte de su compromiso con implementar políticas que garanticen la equidad de género con impacto social y cultural, Gómez-Pinzón Abogados ha decidido extender la licencia de paternidad extralegal, otorgando a sus colaboradores 20 días hábiles adicionales a los establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo.
Este beneficio, aplicado como política oficial de la Firma, tiene el objetivo de equilibrar la participación de ambos padres en el cuidado de sus hijos, manteniendo el balance vida-trabajo.
La extensión de la licencia de paternidad está alineada con la Iniciativa de Paridad de Género, promovida por el Ministerio de Trabajo en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Foro Económico Mundial, y se complementa con otros beneficios extralegales ya existentes en la Firma para atender estas necesidades, como la licencia de maternidad extendida de 30 días calendario adicionales a los otorgados por la ley, así como por una política de flex-time y la flexibilización del horario regular de trabajo. Con estas acciones, Gómez-Pinzón se mantiene a la vanguardia en la aplicación de políticas de equidad de género entre las firmas de abogados en Colombia.
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