Decisión Andina para cosméticos entra a regir en 2019
Columna de opinión escrita por Andrea Pieschacón, Asociada Sénior del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia, para Asuntos Legales de Diario La República.
El 26 de noviembre de 2018, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 3450, la Decisión 833 que deroga parcialmente la Decisión 516 que venía rigiendo e introduce cambios importantes en materia de los requisitos sanitarios para la comercialización de Productos Cosméticos en la Subregión.
La Decisión 516 permanecerá regulando los temas relativos a Buenas Prácticas de Manufactura de productos Cosméticos y a etiquetado hasta que sean adoptados los reglamentos técnicos Andinos referentes a estas materias y entrará en vigencia conjuntamente con la Resolución que adoptará el reglamento para su correcta aplicación, en noviembre de 2019.
Dentro de los cambios que trae esta nueva Decisión Andina, se destaca la modificación en la estructura que traía la Decisión 516 y definición de los respectivos capítulos; la precisión en la definición de producto cosmético como “toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales” con la eliminación de la expresión “prevenir” dispuesta en la Decisión 516 y la premisa de que por su naturaleza no puede considerarse como tal el producto que contiene declaraciones terapéuticas; la posibilidad de que un mismo producto cosmético que cuente con código de NSO (Notificación sanitaria Obligatoria) tenga varios titulares compuestos por el principal y los terceros que manifiesten a la Autoridad Sanitaria su interés de acogerse a la NSO autorizada sin necesidad de mediar para estos efectos autorización del fabricante; la responsabilidad sanitaria compartida entre el titular de la NSO o el interesado que se acoge a una NSO existente; la exigencia de que el titular de la NSO persona natural o jurídica tenga domicilio legal en el País miembro de la notificación o reconocimiento; en los requisitos generales se incluye expresamente indicar el nombre del envasador o acondicionador cuando corresponda; señalar el nombre del producto con su denominación genérica y el nombre del responsable técnico (Químico Farmacéutico) y entre otros aspectos la posibilidad de permitir que los Países Miembros que lo consideren puedan no requerir el Certificado de Libre Venta del producto o una autorización similar expedida por la Autoridad Competente del país de origen.
No obstante, aún se encuentran en discusión algunos parámetros bajo los cuales se implementará la aplicación de esta Decisión 833 bajo el marco de las consideraciones de las políticas de protección de la salud pública y de los factores económicos y tecnológicos propios de esta industria cosmética.
La implementación de la mencionada decisión ha implicado un arduo trabajo de la industria en conjunto con Invima y los gremios todo con el propósito de trabajar en conjunto la armonización de la legislación. Uno de los aspectos a los que mayor cuidado se debe prestar es el tema relativo a la responsabilidad sanitaria antes mencionada ya que la misma involucra el estricto cumplimiento de los estándares técnicos de los productos, la específica información que debe contener el rotulado y la protección del consumidor al usarlos. No basta la libre comercialización sino la conciencia de la necesidad de proteger la calidad de los cosméticos desde origen, para ser puestos en el mercado.
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Boletín GPA Plazos de Cumplimiento para el RNBD para Entidades Estatales
Las personas jurídicas de naturaleza pública tienen como plazo máximo para cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) hasta el 31 de enero de 2019. Para efectos de cumplir con el RNBD debe observar aspectos tales como:
- Identificar y declarar las bases de datos personales objeto de tratamiento.
- Identificar a los responsables y encargados involucrados en el tratamiento de los datos.
- Contar con las autorizaciones adecuadas en cuanto legalmente sea requerido.
- Publicar sus políticas actualizadas conforme con los mandatos legales sobre la materia.
“a)Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;
b)Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar;
c)Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio;
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.”
De requerir información o asesoría jurídica en estos asuntos, no dude en comunicarse con nosotros.
Gómez-Pinzón figura entre los abogados colombianos más reconocidos según ‘Best Lawyers’
Diciembre 5, 2018 – Best Lawyers, una ‘rankeadora’ cuya metodología se basa en la evaluación por pares, ha publicado la lista de abogados que serán reconocidos en la Edición de 2019. Este año, Daniel Londoño y Patricia Vergara obtuvieron el reconocimiento de Best Lawyers por primera vez. José Luis Suárez, William Araque, Patricia Arrázola, Ricardo Fandiño, Mauricio Jaramillo, Mauricio Piñeros, Paula Samper y Germán Villamil, fueron reconocidos nuevamente por la guía en cuestión. Por otro lado, William Araque obtuvo el reconocimiento de Mejor Abogado del año en el área de litigios.
Best Lawyers es una ‘rankeadora’ que se ha dedicado a investigar el mercado legal en el mundo por más de 30 años. A diferencia de otras rankeadoras, esta tiene la particularidad de basar su metodología de investigación en la evaluación por pares. En otras palabras, el insumo principal de Best Lawyers se encuentra en la evaluación que realizan abogados líderes sobre las habilidades y capacidades profesionales de sus colegas en la misma área geográfica y en la misma área de práctica.
A continuación, compartimos los expertos de Gómez-Pinzón que fueron reconocidos este año por la guía en cuestión:
Mejor Abogado del Año:
- William Javier Araque, en el área de litigios.
Abogados reconocidos en Colombia por Best Lawyers
- José Luis Suárez: Banca & Finanzas y Mercado de Capitales. Reconocido desde 2009.
- William Javier Araque: Arbitraje & Mediación; Litigios y Derecho de Insolvencia y Reorganización. Reconocido desde 2009.
- Ricardo Fandiño: Banca & Finanzas; Mercado de Capitales; Corporativo – F&A; Financiación de Proyectos y Desarrollo; Finanzas Estructuradas. Reconocido desde 2009.
- Paula Samper: Corporativo – F&A. Reconocida desde 2009.
- Mauricio Jaramillo: Propiedad Intelectual y Derecho Deportivo. Reconocido desde 2009.
- Patricia Arrázola: Corporativo – F&A y Recursos Naturales. Reconocida desde 2009.
- Germán Villamil: Banca & Finanzas y Recursos Naturales. Reconocido desde 2009.
- Mauricio Piñeros: Derecho Tributario. Reconocido desde 2012.
- Patricia Vergara: Derecho laboral. Reconocida por primera vez en esta edición.
- Daniel Londoño: Banca & Finanzas. Reconocido por primera vez en esta edición.
La Dian y el principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil
Columna de opinión escrita por Ignacio Vélez Vergara, socio del Grupo de Práctica Tributario, para Ámbito Jurídico.
La fiducia mercantil es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere a título de aporte, es decir a cambio de derechos fiduciarios, uno o más bienes a otra, en este caso una fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de un beneficiario que puede ser él mismo o un tercero.
El conjunto de bienes transferidos a la fiduciaria bajo el contrato de fiducia mercantil es lo que conforma un patrimonio autónomo. Este, aunque no es persona jurídica, es receptor de derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por la fiduciaria en cumplimiento del contrato de fiducia.
Por regla general, los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Los obligados a declarar los activos y pasivos, así como los ingresos, costos y gastos del patrimonio autónomo, son los fideicomitentes beneficiarios, en las mismas condiciones tributarias que si los poseyeran y realizaran directamente.
También por regla general los patrimonios autónomos no son sujetos de retención en la fuente por impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Son sujetos de la retención los fideicomitentes beneficiarios sobre el valor de las utilidades fiduciarias que les sean pagadas o abonadas en cuenta, a las mismas tarifas de retención aplicables a los correspondientes ingresos del patrimonio autónomo.
En todos los casos, los fideicomitentes beneficiarios son los obligados a incluir en su declaración de renta las utilidades por enajenación de sus derechos fiduciarios, en las mismas condiciones tributarias que si lo enajenado hubiera sido el activo fideicomitido.
Todo esto resulta de aplicar el llamado “principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil”.
Me ha sorprendido la más reciente doctrina de la Dian sobre transparencia en contratos de fiducia mercantil.
Primero fue el Concepto 33228 del 2017, en el que la Dian sostuvo que los ingresos percibidos por patrimonios autónomos están sujetos a retención en la fuente si no constituyen rentas exentas, y porque, según la entidad, no están exceptuados de la retención en la fuente. Aplicar este concepto significaría, entre otras cosas, que la base de la retención en la fuente no sea la utilidad fiduciaria, sino los ingresos brutos del patrimonio autónomo, anticipando de esta forma un mayor impuesto en beneficio del fisco y en perjuicio de los fideicomitentes beneficiarios.
Afortunadamente, la Dian aclaró lo dicho al precisar en el Concepto 10610 del 2018, que los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales, excepto cuando se encuentran sometidos a circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas o ganancias ocasionales. Así que, por regla general, la base de la retención en la fuente por impuestos de renta y de ganancias ocasionales en contratos de fiducia mercantil es la utilidad fiduciaria.
Después fue el Concepto 679 del 2018, en el que la Dian concluyó, para efectos de renta y de ganancias ocasionales, que los derechos fiduciarios no “heredan” el tiempo de posesión del activo fideicomitido. Es decir que, si un fideicomitente beneficiario aporta a un patrimonio autónomo un activo fijo que ha poseído por más de dos años, la utilidad en la enajenación de los derechos fiduciarios, si se realiza dentro de los dos años siguientes al aporte, no será una ganancia ocasional gravada a la tarifa del 10 %, sino una renta ordinaria gravada a la tarifa del 33 %.
Señores Dian, donde la norma no distingue no le corresponde distinguir al intérprete. La norma es clara. Los derechos fiduciarios tendrán todas las condiciones tributarias de los bienes aportados al patrimonio autónomo. Las condiciones tributarias comprenden no solo el valor patrimonial como ustedes lo afirman en el Concepto 679 del 2018, sino también el tiempo de posesión para efectos de renta y de ganancia ocasional.
La Dian debe ser consecuente con los avances legislativos en materia de transparencia en contratos de fiducia mercantil, no solo cuando favorezca al fisco, sino también cuando favorezca al contribuyente.
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GPA – Colegios: Proyectos de ley que promueven la cátedra de formación ciudadana y las escuelas de padres y madres
I. CONTEXTO
Es evidente para todos los ciudadanos colombianos la situación social en la que se encuentra el país, con altos niveles de corrupción, presencia de grupos armados al margen de la ley, narcotráfico, violencia, impunidad, entre otros. Estos actos están inmersos en la realidad que vivimos y cada día afectan más a la sociedad colombiana, sus valores, sus comportamientos, su desarrollo, y muchos más rasgos que con el tiempo se ven más perturbados.
En respuesta a esta realidad, en el segundo semestre de este año se han radicado ya dos proyectos de ley en el Congreso de la República, los cuales buscan rescatar los valores y los comportamientos cívicos que se han perdido. Este objetivo lo planean cumplir a través de programas educativos y de capacitaciones en las instituciones educativas públicas y privadas del país, ya sea través de la adición de nuevos cursos al currículo de las instituciones o a través de otros espacios de capacitación y campañas informativas.
Por un lado, se encuentra el Proyecto de Ley No. 125 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establece como obligatoria en todos los colegios del país, la Cátedra de Formación Ciudadana”, el cual busca recuperar los valores ciudadanos de los niños, adolescentes y jóvenes.
Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Ley No. 12 de 2018 Senado “Por medio del cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país (…)”, que tiene como objetivo asesorar a los padres y a las madres en el proceso de formación de sus hijos.
Es importante destacar que ambos proyectos tienen varias similitudes. En primer lugar, ambos buscan mejorar los valores de la sociedad y generar conciencia de los mismos. En segundo lugar, ambos reconocen el papel fundamental que juegan las instituciones educativas en la construcción de tejido social. Finalmente, los dos proyectos tienen como finalidad lograr la formación integral de quienes son objeto de estos, con la participación obligatoria de las instituciones públicas y privadas.
Ambos proyectos evidencian el carácter imperioso de implementar las medidas propuestas, ya que consideran que hay un vacío en la formación de valores de los niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia, problema que, si se ataca desde los primeros años de vida tiene el potencial de mejorar la sociedad en la que hoy vivimos.
A continuación, se explicarán los aspectos más relevantes de ambos proyectos.
II. PROYECTO DE LEY NO. 125 DE 2018 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO OBLIGATORIA EN TODOS LOS COLEGIOS DEL PAÍS, LA CÁTEDRA DE FORMACIÓN CIUDADANA”
Este proyecto fue radicado para consideración del Congreso de la República por el Representante a la Cámara Silvio José Carrasquilla Torres, el 30 de agosto de 2018. Como su nombre lo indica, tiene como finalidad establecer como obligatoria la Cátedra de Formación Ciudadana, la cual se entiende como un “programa escolar que desarrolla procesos pedagógicos que identifican, construyen, reconocen y aceptan valores compartidos que propenden por la convivencia pacífica, la mutua cooperación y el fortalecimiento de la democracia en sus múltiples dimensiones.”
De conformidad con el texto propuesto para primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la manera de implementar la Cátedra de Formación Ciudadana se plantea en los siguientes términos:
“Diséñese en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las instituciones públicas y privadas del país, de los niveles básica primaria, básica secundaria y educación media, con carácter obligatorio, un eje curricular que articule las cátedras de Formación Ciudadana, Estudios Afrocolombianos, Atención Educativa para Grupos Étnicos, Educación Ambiental y Cátedra para la Paz.”
Es así como se busca crear un eje curricular que articule otras cátedras obligatorias, creadas mediante Decreto 1122 de 1998 (por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país), Decreto 1038 de 2015 (por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz) y Ley 1549 de 2012 (por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial).
III. PROYECTO DE LEY NO. 12 DE 2018 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL PAÍS (…)”
Este proyecto fue radicado en el Senado de la República el 20 de julio de 2018 por los senadores John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Édgar Palacios, y el representante Carlos Eduardo Acosta.
El objeto de este proyecto de ley es modificar la Ley 1404 de 2010 (por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país) para establecer los lineamientos para la implementación de las escuelas de padres y madres de familia en las instituciones educativas públicas y privadas, en los procesos formativos, académicos, de valores y principios de los estudiantes.
Este proyecto de ley parte de la premisa de que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos” y tiene en cuenta el hecho de que los padres de familia, si bien tienen la obligación de orientar, acompañar, cuidar y formar a sus hijos, en muchas ocasiones no cuentan con las herramientas ni con la formación suficiente para cumplir esta labor. Es entonces donde las instituciones educativas cumplen un papel fundamental para ayudar a los padres de familia a cumplir plenamente con la labor formativa de sus hijos. Este proyecto de ley busca que la escuela de padres y madres sea un espacio de formación y reflexión, especialmente que tenga un carácter preventivo que contribuya a la modificación de las conductas para educar con eficacia a los niños, niñas y adolescentes.
Según el texto propuesto para primer debate, el proyecto de ley tiene por objeto “establecer la participación obligatoria de los padres y madres de familia en los procesos formativos, académicos, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas.” A su vez, establece como deber de los establecimientos educativos “involucrar directamente a los padres y madres de familia como núcleo fundamental de la sociedad, para informar, atender, prevenir y diagnosticar temas que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes.” El proyecto de ley dispone que la implementación de la escuela de padres y madres de familia será obligatoria.
En cuanto a la implementación de las escuelas de padres y madres de familia, el proyecto de ley prevé las siguientes acciones, que deberán ser desarrolladas por los establecimientos educativos:
1. Conformar un equipo responsable del diseño, implementación, evaluación y ajuste del proyecto.
2. Partir de un diagnóstico institucional que permita conocer las principales problemáticas familiares, con el fin de determinar las temáticas a desarrollar.
3. Definir un programa específico para cada uno de los niveles de educación (preescolar, básica y media), con el fin de responder a las necesidades propias de cada una de las etapas evolutivas.
4. Incorporar en el desarrollo de sus temáticas, además de las propias de su contexto, formación en los siguientes aspectos:
a. Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia.
b. Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos.
c. Fomento del cuidado personal de los hijos.
d. Desarrollo de la autonomía de los hijos de acuerdo con su etapa evolutiva.
e. Promoción de estilos de vida saludables y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
f. Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo.
g. Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes.
h. Uso y aprovechamiento del tiempo libre.
i. Reflexiones sobre la vida cotidiana de la familia y su entorno
j. Criterios básicos de funcionamiento del grupo familiar.
k. Instrumentos adecuados en técnicas de estudio.
El proyecto de ley también prevé que las escuelas de padres y madres de familia deberán ser incorporadas a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), específicamente en los manuales de convivencia, de forma tal que sea posible sancionar a aquellos padres y madres de familia que no cumplan con las obligaciones derivadas de este aspecto.
IV. RECOMENDACIONES:
Si bien en este momento ambos programas son proyectos de ley todavía no aprobados, sería recomendable estudiar la viabilidad de las medidas propuestas, como por ejemplo:
- Estudiar la viabilidad de articular una nueva cátedra en materia de educación en principios y valores, a las cátedras ya existentes de Formación Ciudadana, Estudios Afrocolombianos, Educación Ambiental y Cátedra para la Paz, y las modificaciones curriculares que serían necesarias;
- Analizar los posibles espacios para desarrollar las escuelas de padres y madres de familia, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los padres de familia tienen una disponibilidad horaria limitada.
En boletines posteriores, informaremos sobre los avances en ambos proyectos de ley.
Más información
Paula Samper | Socia
Paula Morales | Asociada Sénior
Gómez-Pinzón asesoró a CDPQ en la estructuración de una plataforma de coinversión dedicada a infraestructura
- El objetivo de la plataforma de coinversión es realizar inversiones de largo plazo hasta por un total de COP$ 3 billones (USD$ 1.000 millones) en proyectos y empresas de infraestructura.
- CDPQ es uno de los 10 principales inversionistas institucionales en infraestructura del mundo.
- Las inversiones se realizarán en los sectores de energía (incluyendo la energía renovable), transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, agua y saneamiento básico, entre otros.
Bogotá, noviembre de 2018 – Gómez-Pinzón Abogados, firma colombiana líder en la asesoría legal, asesoró a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en la estructuración y negociación de los contratos para la creación de una plataforma de coinversión en la que, junto con el fondo de capital privado recientemente establecido por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y las Administradoras de Fondos de Pensiones colombianas, se realizarán inversiones de capital en el sector de infraestructura por un monto de hasta $3 billones de pesos (USD$ 1.000 millones).
El lanzamiento oficial de la plataforma de coinversión se realizó el día 27 de noviembre en la Casa de Nariño, en presencia del Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, el Presidente y Director General de CDPQ, Michael Sabia, y el Presidente de la FDN, Clemente del Valle, así como los presidentes de todas las administradoras de fondos de pensión de Colombia que asistieron.
Daniel Londoño, socio a cargo de la asesoría manifestó que “nos sentimos muy orgullosos de acompañar a CDPQ en esta operación. Fue un trabajo en equipo de más de dos años que gracias a todo el esfuerzo hoy se hace realidad. Además, porque esta plataforma de coinversión es la primera de su naturaleza en Colombia y nos enorgullece abrir camino con estructuras novedosas como esta que une a jugadores tan importantes en pro de las necesidades en infraestructura de nuestro país”.
El equipo de Gómez-Pinzón que acompañó a CDPQ en esta operación está conformado por Daniel Londoño Pinzón, socio a cargo de la asesoría; María Fernanda Restrepo, asociada sénior; Juan Felipe Agámez, asociado y Valentina Carrillo, asociada; sin contar a otros miembros de la firma que en su momento colaboraron en asuntos específicos como tributario y administrativo, constitucional e infraestructura, entre otros.
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Boletín GPA: Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos: ¡Plazos de cumplimiento con el RNBD!
El Grupo de Práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos recuerda a todos los interesados las fechas de cumplimiento con el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), según lo establecido por el Decreto 090 de enero de 2018.
Infórmese sobre las fechas de vencimiento e información adicional descargando este boletín.
Más información:
Mauricio Jaramillo
Socio
Andrés Fernández de Castro
Director del Grupo de Práctica Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos.
Boletín GPA – Minas & Energía: Aspectos importantes modificación de la resolución 4 0791 de 2018
El pasado 8 de noviembre de 2018 el Ministerio de Minas y Energía (“MME”) publicó un proyecto de Resolución “Por medio del cual se modifica la Resolución 4 0791 de 2018”, en el que se definieron las reglas aplicables al mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo.
Con motivo de lo anterior, en la mañana de hoy, 22 de noviembre de 2018, el MME llevó a cabo un taller de socialización del contenido del proyecto de Resolución. De lo dicho en el taller, consideramos de la mayor importancia resaltar lo siguiente:
1. El producto que se asignará en esta subasta será un contrato pague lo contratado asociado a un porcentaje de la generación ideal horaria de la planta (inicialmente se previó que se trataría de un contrato asociado a un porcentaje de generación real del proyecto y a una cantidad mínima despachada de energía, correspondiente al diez por ciento (10%) de la generación promedio horaria equivalente a la energía media anual).
2. El porcentaje de la generación ideal horaria de la planta y/o unidad de generación adjudicada que se destine para cubrir los contratos asignados mediante la subasta no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato y deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) de dicha generación horaria.
3. El término establecido para los contratos de energía media anual a largo plazo será de diez (10) años.
4. El vendedor al que se le adjudiquen contratos deberá cumplir entre otras, con las siguientes obligaciones:
- Cumplir durante cada año contractual con la energía media anual, la cual se medirá de manera acumulativa. Respecto de plantas nuevas, si para el balance del primer año contractual existe un atraso en la fecha de puesta en operación del proyecto, el generador deberá pagar a su contraparte la diferencia entre el 90% de la energía media anual contratada y la suma de la generación ideal durante ese año, que haya sido destinada para el cumplimiento del contrato (el precio será el promedio ponderado anual de las compras de su contraparte). El incumplimiento de este pago dará lugar a ejecución de la garantía de cumplimiento, sin que ello conlleve a la terminación del contrato. El 10% restante incrementará la obligación del generador para el siguiente año contractual.
- Ofrecer a su contraparte, como primera opción de compra y al mismo precio del contrato, al menos el 50% de la generación ideal de su planta destinada para honrar el contrato, en el caso en el que haya cumplido con la totalidad de la energía media anual adjudicada en la subasta antes de finalizar el respectivo año contractual.
5. Los proyectos con capacidad igual o superior a 10 MW podrán participar en la subasta siempre y cuando se acojan, por la duración del contrato, al despacho centralizado de conformidad con la reglamentación vigente.
6. Se descarta la posibilidad de garantizar la energía comprometida en el contrato de energía media anual a largo plazo con contratos de respaldo u otros similares.
7. Se tiene previsto que la subasta tenga lugar en el primer trimestre de 2019, a finales de febrero; sin embargo, para que esto ocurra, se deberá publicar la versión definitiva de la resolución que modifique las reglas contenidas en la Resolución 40791 y a su vez se ajuste el contenido de la Resolución MME 407905 a dichas modificaciones.
Así mismo, se recuerda que el plazo para presentar comentarios al proyecto de resolución en cuestión vence mañana, viernes 23 de noviembre de 2018.
Más información
Patricia Arrázola
Socia | Directora de Minas & Energía
Juanita Fonseca
Asociada
Gómez-Pinzón asesoró a FDN en la firma de un contrato de línea de crédito por $300 mil millones de pesos para la financiación de infraestructura en Colombia
Gómez-Pinzón Abogados asesoró a Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en la firma y negociación de un Contrato de Línea de Crédito en pesos para la Corporación Andina de Fomento (CAF).
FDN y CAF firmaron un contrato de línea de crédito por un valor de $330 mil millones de pesos para la financiación de infraestructura en Colombia. Gómez-Pinzón asesoró a FDN en el proceso de negociación y en la firma del contrato en cuestión, el cual se realizó bajo las nuevas normas sobre créditos en pesos a entidades no residentes.
Según el comunicado oficial de FDN “Este es el cuarto contrato que se suscribe bajo el Producto Fondeo en pesos(…) con el fin de movilizar recursos y fortalecer la participación de jugadores internacionales con alta calidad crediticia y experiencia en la financiación de la infraestructura”.
“Estamos muy contentos de haber podido acompañar a FDN en esta transacción, pues con ella se abre camino en la utilización del mecanismo a través del cual entidades no residentes en Colombia recibirán créditos en pesos. Además, nos sentimos satisfechos porque continuamos ayudando en la financiación de la infraestructura en Colombia”, afirmó Daniel Londoño, socio del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.
Los asesores que participaron en este proceso fueron: Daniel Londoño, socio; Alejandro Bonfante, asociado, y Juan Felipe Agamez, asociado -todos miembros del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales-.
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Boletín GPA – Banca, Finanzas & Mercado de Capitales: Ministerio de Hacienda introdujo Nuevo Régimen de Gestión y Administración de los Fondos de Capital Privado
El pasado 30 de octubre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el Decreto 1984 de 2018, mediante el cual se establece el Nuevo Régimen de Gestión y Administración de los Fondos de Capital Privado (FCPs). El Decreto en cuestión reemplaza el Libro 3 de la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010, lo cual implica que los FCPs serán regulados tanto por el Decreto 1984 de 2018, recientemente expedido, como el Decreto 2555 de 2010. A continuación se realizará un breve resumen sobre las principales modificaciones que introdujo el Decreto 1984 de 2018.
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