Términos y condiciones de la segunda subasta de contratación de energía eléctrica a largo plazo
El 9 de julio de 2019 el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40590, “por la cual se define e implementa un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 0570 de 2918”, y la Resolución 40591, “por la cual se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación”. Ambas son resoluciones definitivas, producto de los documentos de consulta previamente publicados por el Ministerio de Minas y Energía y los cuales estuvieron a sujetos a consulta de los interesados en participar en esta Subasta. De las resoluciones en mención, resaltamos los siguientes aspectos:
- Podrán participar en la subasta los proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable definidos en el numeral 17 del artículo 5 de la ley 1715 de 2014, cuya Fecha de Entrada en Operación Comercial sea posterior a la fecha de adjudicación de la Subasta y que tengan una capacidad efectiva total, mayor o igual a 5MW, siempre que se acojan, por el término de duración del contrato, al despacho centralizado de conformidad con la reglamentación vigente.
- El tipo de contrato a ser adjudicado será un “pague lo contratado” y el periodo de suministro será de quince (15) años contados a partir del 1 de enero de 2022 (fecha a partir de la cual las obligaciones de suministro estarán vigentes). Este contrato se liquidará en la bolsa de energía, por lo cual deberá ser registrado ante el ASIC.
- Las ofertas de los vendedores se deberán presentar por bloques intradiarios (por cada bloque intradiario se podrán presentar una (1) o más ofertas), definidos así:
- Bloque No. 1: Desde las 00:00 horas y hasta las 07:00 horas.
- Bloque No. 2: Desde las 07:00 horas y hasta las 17:00 horas.
- Bloque No. 3: Desde las 17:00 horas y hasta las 24:00 horas.Cada oferta deberá indicar la cantidad de paquetes de energía a vender por cada bloque intradiario, y el precio en pesos colombianos por kilovatio hora (COP$/KWh), sin incluir el CERE. La cantidad de energía total de las ofertas que potencialmente puedan adjudicarse no podrá superar la energía media diaria del proyecto de generación.
- Los vendedores podrán prorrogar hasta por un plazo de dos (2) años la Fecha de Entrada en Operación Comercial inicialmente prevista, sin que dicha prórroga implique ejecución alguna de la garantía de puesta en operación (y sin que dicha prórroga suspenda las obligaciones de suministro de energía del respectivo Vendedor, caso en el cual las obligaciones de suministro se cumplirán con otras fuentes de generación).
- Los compradores podrán presentar una (1) o más ofertas, que se entenderán para un periodo de veinticuatro (24) horas, en las que se deberá indicar la cantidad máxima de energía a comprar en un día en megavatio hora (MWh-día), y el precio al que está dispuesto a comprar en pesos colombianos por kilovatio hora (COP$/KWh), de acuerdo con las especificaciones previstas en la Resolución 4-0590 de 2019.
- La Subasta será un mecanismo de sobre cerrado de dos puntas, de participación voluntaria para ambas puntas.
- La cantidad de energía a subastar se denomina “demanda objetivo” y será definida por el Ministerio de Minas y Energía y revelada por la UPME de manera simultánea con el tope máximo, después de recibir las ofertas de ambas puntas.
Adicionalmente, el pasado 10 de julio la CREG puso en consulta las condiciones de competencia que debe cumplir la Subasta y la fórmula de traslado de los precios de dicho mecanismo en el componente de costos de compras de energía al usuario regulado, mediante Resolución CREG 081 de 2019. Los interesados podrán presentar comentarios a esta propuesta hasta el 20 de julio de 2019.
Por otro lado, el pasado 12 de julio, mediante Circular Externa No.21-2019, la UPME publicó el borrador de pliego de términos y condiciones específicas de la subasta, de acuerdo con el cual la adjudicación tendría lugar el próximo 22 de octubre de 2019. Al respecto, se resalta que las propuestas deberán ser presentadas mediante una plataforma tecnológica que será puesta a disposición de los participantes por la UPME. En ese sentido, tanto la presentación del Sobre No.1 como 2, así como las comunicaciones cruzadas entre la UPME y los participantes, se realizará por medio de la plataforma tecnológica en mención.
De acuerdo con el cronograma del borrador de los pliegos, los interesados podrán presentar consultas y observaciones hasta el próximo 15 de agosto de 2019, con el fin de que a más tardar el 30 de julio de 2019 la UPME publique los pliegos definitivos.
Para más información, consultar a:
Patricia Arrázola-Bustillo, Socia; o Juanita Fonseca, Asociada.
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Resolución CREG 080 de 2019
Reglas de comportamiento de mercado para prestadores de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas y combustible y actividades complementarias. |
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) profirió la Resolución 080 de 2019, que establece reglas de comportamiento de mercado para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible y actividades complementarias. En su parte considerativa la CREG reconoce las limitaciones de la regulación tradicional y destaca la importancia de otros instrumentos, como aquellos basados en incentivos, la autorregulación por iniciativa de los agentes, la autorregulación vigilada y la regulación a través de la educación y difusión de información y destaca la necesidad de una regulación adaptativa.
Con base en lo anterior, la CREG establece un marco regulatorio que incluye reglas y obligaciones específicas, así como reglas de comportamiento generales para promover la libertad de acceso, la libre elección de los usuarios, la transparencia, la neutralidad, la eficiencia y la libre competencia, entre otros.
La resolución impone a los prestadores de los servicios mencionados los siguientes deberes:
- Aplicación diligente, honorable y finalista de la regulación expedida por la CREG.
- Primacía de lo sustancial sobre lo formal en el entendimiento de la regulación, en beneficio del usuario y del funcionamiento eficiente y transparente del mercado.
- Evitar cualquier comportamiento que tenga por objeto o como efecto eludir los fines de la regulación.
- Evitar cualquier práctica que pueda engañar o confundir a los usuarios, otros agentes e incluso a las autoridades.
- Cumplimiento de los compromisos en el marco de la prestación del servicio.
Sin perjuicio de las discusiones respecto de algunas disposiciones como las relacionadas con transparencia, abstención de divulgación de información, conflictos de interés y la definición de “Situación de control” establecida en la norma, la expedición de esta resolución refleja la tendencia de la incrementar el estándar de compliance en el sector.
A continuación se presenta una tabla con la vigencia de los artículos de la Resolución CREG 080 de 2019:
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Novedades de Comercio Exterior: Decreto 1165 del 2 de julio de 2019
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidieron el Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, mediante el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas. Este Decreto busca mantener la seguridad jurídica de las operaciones de comercio exterior, a través de la armonización y consolidación de la normativa en materia aduanera. Lo anterior, con el fin de mejorar la eficiencia logística y facilitar el comercio, garantizando certeza jurídica inmediata para la realización de operaciones de comercio exterior.
El mencionado Decreto deroga los Decretos 2685 de 1999; 390 del 2016 con excepción del primer inciso del artículo 675; los Títulos II y III del Decreto 2147 del 2016 y el Decreto 349 del 2018. Por otro lado, armoniza el régimen de zonas francas contenido en los Decretos 2147 de 2016 y 659 de 2018.
Este Decretoentrará en vigencia 30 días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Por otro lado, se establece un término de 2 años adicionales para los ajustes en los servicios informáticos electrónicos.
Se debe anotar que en las disposiciones de este decreto se mantiene que los reconocimientos e inscripciones otorgados a los Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) y los Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX) continuarán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020. Recordamos que después de dicha fecha, los beneficios otorgados para estas calificaciones aduaneras, únicamente se encontrarán contemplados para aquellas compañías reconocidas como Operador Económico Autorizado (OEA).
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Proyecto de decreto de reglamentación de las sociedades de beneficio e interés colectivo
Aspectos preliminares de la Ley 1901 de 2018
El 18 de junio de 2018 se promulgó la Ley 1901 por medio de la cual se crearon las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC). Esta ley no crea un nuevo tipo societario, sino que decreta la creación de una nueva condición de sociedad. Según lo establecido en el articulo 2 de la ley, se entiende por una sociedad BIC aquella que además de actuar en pro del beneficio e interés de sus accionistas, realiza dentro de su objeto social actividades en procura del interés de la colectividad y el medio ambiente.
Con el fin de facilitar la implementación de la sociedades BIC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó el proyecto de decreto reglamentario el cual regula, entre otros, los requisitos que se deben cumplir para adoptar la condición de BIC, los incentivos para las sociedades que adoptan esta condición y las consecuencias por el incumplemiento de deberes. Frente al decreto ya se recibieron comentarios, los cuales fueron incorporados al proyecto. Se estima que en los próximos meses se expida el decreto definitivo. A continuación presentamos un resumen de los aspectos más relevantes.
a) Requisitos para poder adoptar la condición BIC.
El proyecto de decreto reglamentario define los requisitos que deben cumplir las sociedades que decidan adoptar la condición de BIC (art. 2.2.1.1.7.), el cumplimiento de estos requisitos deberá ser verificado por las Cámaras de Comercio. Los requisitos son los siguientes: (i) que se incluya en la razón o denominación social la expresión “Beneficio e Interés Colectivo” o la sigla “BIC”; (ii) que el objeto social indique en forma clara y expresa las actividades de beneficio e interés colectivo que se pretenden desarrollar dentro del marco jurídico previsto; (iii) que la decisión sea aprobada teniendo en cuenta todos los requisitos exigidos en la ley y en los estatutos; (iv) que en los estatutos o en documento adjunto, conste una misión que incluya de manera expresa y clara el compromiso de procurar un impacto social y ambiental positivo como resultado de sus actividades empresariales y las políticas, modelos de gestión y manuales internos para el desarrollo de la misión por parte de sus empleados; y (v) que se relacionen en su objeto social las cinco dimensiones o categorías, respecto de las cuales se debe incluir al menos una de las actividades que se enuncian en la sección 5 del artículo 2.2.1.1.7 del proyecto de decreto (Modelo de negocio, modelo corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales, prácticas con la comunidad).
b) Beneficios para quienes se acojan a esta figura.
Una de las críticas que se le ha hecho a la ley 1901 de 2018 es que no se especificaron los incentivos para que las empresas se interesen en hacer el tránsito hacia la categoría BIC. Por esta razón, el Gobierno Nacional vía decreto aclaró cuales son dichos incentivos. A continuación hacemos un resumen:
- Consideración especial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto de tarifas aplicables al registro de signos distintivos y nuevas creaciones (num. 1, art. 2.2.1.1.4.).
- Tratamiento tributario especial que consiste en una deducción de hasta del diez por ciento (10%) de las utilidades generadas y que sean efectivamente distribuidas en acciones a los trabajadores de la sociedad en el mismo año en que se genera la utilidad o en el periodo siguiente (num 2, art 2.2.1.1.4.).
- Acceso preferencial a líneas de crédito creadas por el gobierno nacional (num 3, art. 2.2.1.1.4.).
- Puntaje adicional en los procesos de contratación con el Estado (num 4, art. 2.2.1.1.4.).
c. Deber de efectuar reporte de gestión.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 1901 de 2018, las sociedadesBIC deberán preparar un reporte de gestión en donde se indique la manera en que se han desarrollado las actividades expresamente incluidas dentro de su objeto social. El proyecto de decreto define el objetivo del informe y menciona más a profundidad cual debe ser el contenido del mismo. De esta manera, el proyecto de decreto menciona que dicho reporte debe incluir de forma cualitativa y cuantitativa el impacto positivo que durante el último ejercicio social han tenido sobre el modelo de negocio y las prácticas ambientales y sociales, entre otros. Por último, este reporte debe presentarse siguiendo el estándar independiente que sea elegido por la sociedad y que sea reconocido por la Superintendencia de Sociedades para la medición e impacto de las actividades de beneficio e interés colectivo. (art. 2.2.1.1.8. inc. 2).
d. Pérdida de condición (At. 2.2.1.1.13).
El proyecto de decreto establece las causales que generan la pérdida de la condición desociedad BIC. A continuación se describen dichas casuales:
- De manera voluntaria por parte de la sociedad, para lo cual se debe tomar dicha decisión por el órgano social competente y con las mayorías establecidas en la ley o los estatutos.
- En el evento en que se presente un incumplimiento reiterado del estándar independiente escogido por la sociedad para la medición e impacto de las actividades de beneficio e interés colectivo. Se considera como un incumplimiento reiterado, cuando se presenta cualquier tipo de incumplimiento en más de una oportunidad en un lapso de seis (6) meses o cuando se trata de una conducta continuada.
- Cuando la Superintendencia de Sociedades considere que el incumplimiento al estándar independiente sea grave. La gravedad del incumplimiento será medida teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011.
Una vez perdida, la condición no podrá ser recuperada sino después de doce (12) meses. (2.2.1.1.13.).
Especial Plan Nacional de Desarrollo – Principales puntos atendidos en materia de Infraestructura
El pasado 25 de mayo fue sancionada la Ley 1955 de 2019, mediante la que se adopta el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018 – 2022. Esta norma, que además de estar llamada a instrumentalizar los ejes del plan de gobierno del Presidente Iván Duque, ha sido siempre un mecanismo para atender necesidades puntuales de los diversos sectores del país y el de la Infraestructura no es la excepción. Así, en el PND 2018 – 2022 se encuentran disposiciones con las que se busca dinamizar las Asociaciones Público Privadas – APP, atender necesidades de proyectos específicos como son la provisión de oficinas para entidades públicas, sistemas férreos y puertos, entre otros temas.
A continuación, presentamos un resumen de los principales puntos atendidos por el PND en materia de Infraestructura. Consideramos que es de utilidad en la medida en que señala los proyectos y objetivos a los que el Gobierno Nacional prestará mayor atención en los próximos años.
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Especial Plan Nacional de Desarrollo – Impactos en materia tributaria
El pasado 25 de mayo fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo -PND-, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. El PND incluye en su articulado proposiciones relacionadas con impuestos. Desde el Grupo de Práctica Tributario se desarrolló un documento en el cual se detallan los principales puntos atendidos por el Plan Nacional en materia tributaria.
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El Gobierno expide decreto 874 de 2019 por medio del cual se reglamenta el impuesto de normalización tributaria
El pasado 20 de mayo el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 874 de 2019 mediante el cual se reglamenta el Impuesto de Normalización Tributaria.
Debe recordarse que el impuesto de normalización fue creado por los artículos 42 y siguientes de la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, aplicable a aquellos contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2019.
Para efectos de normalizar los activos omitidos y/o los pasivos inexistentes, los contribuyentes deberán, a más tardar el 25 de septiembre de 2019, presentar una declaración por concepto del impuesto de normalización, liquidando un impuesto correspondiente al 13% de la base gravable, la cual podrá ser reducida en un 50% cuando, tratándose de activos omitidos, el contribuyente repatríe tales activos a Colombia y los invierta con vocación de permanencia en el país.
El Decreto 874 de 2019 establece, entre otras cosas, lo siguiente:
- Quien tenga el aprovechamiento económico, potencial o real de los activos será el obligado a declarar, liquidar y pagar el impuesto de normalización tributaria. Se definen quiénes se entienden como tenedores del aprovechamiento económico de los negocios fiduciarios del exterior (e.g. trusts, fundaciones de interés privado, fondos de inversión, etc.)
- Se definen como entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a sus activos subyacentes, aquellas entidades artificiosas sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, cuyo costo fiscal difiere sustancialmente de sus activos subyacentes, tales como: (i) entidades cuyo capital es sustancialmente inferior en comparación del costo fiscal de los activos recibidos, o (ii) entidades que no llevan contabilidad. A estas entidades les será aplicable el principio de transparencia fiscal y por consiguiente la base gravable del impuesto de normalización se calculará con fundamento en el costo fiscal de los activs subyacentes.
- Se establecen las condiciones para llevar cabo la repatriación e inversión de los activos omitidos, para efectos de dar aplicación a la disminución del 50% de la base gravable del impuesto.
Se fijan las condiciones de los activos omitidos para que sean objeto del saneamiento, los cuales corresponden a los activos que hacen parte del patrimonio bruto del contribuyente y se encuentran declarados a 31 de diciembre por un valor inferior al de mercado y que al momento del saneamiento: (i) no se enajenan dentro del giro ordinario del negocio, (ii) no se encuentran disponibles para la venta y, (iii) han sido poseídos por más de dos años. Si dichos activos son depreciables y no se encuentran totalmente depreciados al momento del saneamiento, podrán seguir depreciándose hasta agotar el remanente de vida útil tomando como base su nuevo valor.
Más información:
Mauricio Piñeros, Socio
Álvaro Andrés Díaz, Socio
Ignacio Vélez, Socio
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Posconsumo: una oportunidad para capitalizar en Antioquia
La Responsabilidad Extendida del Productor es un concepto que surge a raíz de una serie de principios del Derecho Internacional que buscan garantizar la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana en los diferentes procesos de producción, incluyendo el ciclo de cierre de los productos[1]. Varios países y Organizaciones Internacionales se han comprometido con el desarrollo sostenible, creando regímenes que permitan velar por la protección ambiental y la sostenibilidad a través de principios como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la recolección de residuos es:
“un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por la transferencia de responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor y el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto”[2].
En otras palabras, esto significa que el productor será el doliente de lo que ocurra con el residuo que ha introducido en el mercado al final de la vida útil de sus productos[3]. A diferencia de los miembros de la OCDE, en Colombia -por regla general- el productor inserta su producto en el mercado sin tener en cuenta la responsabilidad relacionada con los residuos que este produzca.
Actualmente en Colombia existe este tipo de responsabilidad extendida para productos específicos como pilas usadas, medicamentos vencidos, computadores e impresoras en desuso, baterías usadas, plomo ácido, bombillas fluorescentes usadas, llantas usadas, envases de plaguicidas domésticos, entre otros.
No obstante, el pasado 26 de julio de 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la resolución 1407 por la que se amplía este tipo de responsabilidad a residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Esta resolución se expidió para darle cumplimiento a uno de los requisitos exigidos por la OCDE para la entrada de Colombia a la Organización.
Esta norma genera fuertes obligaciones cuantitativas y cualitativas de recolección de residuos para los agentes involucrados; además, implica requisitos como la creación de planes de manejo ambiental, entrega de informes periódicos, entre otros.
Situación actual en Antioquia
Desafortunadamente, el modelo de recolección de residuos en Antioquia, al igual que en el resto del país, continúa siendo en su mayoría lineal. Esto significa que quienes introducen un residuo en el mercado pierden la propiedad y custodia del mismo al entregarlo al siguiente agente de la cadena de producción y consumo. En pocas palabras, lo anterior significa que el bien se produce, se utiliza y se desecha.
Sin embargo, la Asamblea Departamental de Antioquia ha tomado medidas importantes para proteger el medio ambiente en el proceso de producción de residuos. La más importante en los últimos años ha sido la Ordenanza número 10 del 22 de abril de 2016. Esta norma establece que los municipios del departamento deben adoptar dentro de sus Planes de Desarrollo Municipal un programa integral de manejo de residuos sólidos, que debe cumplir con una serie de estrategias y debe establecer y cumplir metas anuales de reducción de residuos.
Caso de éxito regional en materia de REP: Nutresa
Un caso regional de éxito es el Grupo Nutresa, que ha implementado políticas importantes en materia de gestión de residuos e implementación de productos sostenibles y eco amigables. Algunas de sus cifras más significativas son las siguientes:
- Se incrementó la proporción de compra de materiales de empaque con ciclo cerrado, pasando de 76,9% en 2016 a 80,8% en 2017 en Colombia.
- Se redujo en 2,4% el consumo de material de empaque por tonelada producida acumulado entre 2010 y 2017.
- Implementación del programa “Retoma, Disfruta y Recicla” del Negocio Cafés, que en 2017 recolectó más de 224.600 cápsulas, equivalentes a 2,2 toneladas de material de empaque generados por las Cápsulas Express Nutresa.
- Implementación de un empaque flexible que permite aumentar el rendimiento y disminuir el consumo, implementado por el Negocio Galletas en Costa Rica y Colombia.[4]
Como Nutresa, varios de nuestros clientes son un ejemplo de buenas prácticas a las que deberían acogerse todas las empresas de Antioquia y del país. Comprometerse con el diseño e implementación de programas de posconsumo no solo beneficia a las empresas en términos de costos, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad al ser reutilizado. Aunque la Responsabilidad Extendida del Productor se encuentra dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es importante que se piense en ajustes que incentiven a todos los agentes y actores del ciclo de residuos a participar en el diseño, financiación e implementación de los programas de posconsumo y aprovechamiento de los residuos, promoviendo así un modelo sostenible, eficiente y amigable con el medio ambiente.
[1] : Eduardo Del Valle Mora. (2017). La Responsabilidad Extendida del Productor y los programas posconsumo en Colombia. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario.
[2] Responsabilidad Extendida del Productor sobre envases y empaques en Colombia: Reto para ingresar a la OCDE (2017). Asoresiduos.
[3]: Ibid.
[4] Informe de gestión de Empaques y posconsumo- Grupo Nutresa. (2017)
Antioquia a la vanguardia de la economía naranja
Las industrias creativas y el emprendimiento sin duda han transformado la economía. Gracias a las pequeñas empresas que se dedican a la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico, la economía colombiana ha logrado modernizarse y suplir la demanda de un mercado cada vez más exigente. La región antioqueña ha sido una gran beneficiaria de las industrias en cuestión, razón por la cual la región y el Gobierno han venido impulsando el emprendimiento y la innovación a través de diferentes iniciativas que lograrán posicionar a Medellín como la capital de la llamada ‘Economía Naranja’. Antes de exponer los posibles impactos que tendría la Economía Naranja en la región antioqueña y en especial en Medellín, es fundamental entender ¿de qué se trata este tipo de economía?
La economía naranja, también conocida como Economía Creativa, es aquella que se genera a partir de la propiedad intelectual; es decir, surge de toda la riqueza que genera el arte, el turismo, el diseño, la publicidad, los softwares, la tecnología e información, etc. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), esta industria representa aproximadamente el 6,5% del PIB mundial y emplea a más de cien millones de personas en todo el mundo.[1]
Según el Gobierno, en Colombia la Economía Naranja aporta el 3,4% del PIB del país y además emplea a aproximadamente un millón de personas. Esto representa casi tres veces lo que aporta el café a la economía colombiana y 1,5 veces de lo que aporta la minería. En definitiva, las industrias creativas son un mercado con enorme potencial para el país y por ello se ha convertido en la gran apuesta del gobierno para la economía actual.[2]
Panorama en Antioquia[3]
- Actualmente existen en Medellín más de 1.690 empresas del sector de la Economía Naranja.
- El 99% de este sector son microempresas.
- Para el 2017 esta industria representó el 1,5% del PIB de Antioquia.
- Para el 2018, Medellín fue la ciudad que más invirtió en innovación con el 2,14% del PIB.
- Ruta N proyecta que para el 2021 el 3% de la economía de Medellín sea destinada a actividades de ciencia y tecnología.
Impacto de la Economía Naranja en Medellín
Para el Gobierno, Medellín será una aliada estratégica en la implementación y el desarrollo de la Economía Naranja en Colombia. Para empezar, el Gobierno le apostó a esta industria a través del programa “Medellín Ciudad Creativa”. Esta iniciativa busca apoyar el emprendimiento digital y de innovación en la ciudad y con ello, dinamizar la Economía Naranja en Antioquia. A esta propuesta se le sumó el apoyo del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (MinTIC), INNpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Medellín.[4]
El propósito de “Medellín Ciudad Creativa” es destinar 500 millones de pesos para inversión de varios sectores de la industria; en Antioquia se logró identificar tres sectores principales. En primer lugar, se encuentra el grupo de turismo de negocios en el que se incluyen las artes escénicas, lugares culturales y tradicionales; el segundo grupo se refiere al sector de la moda; y en el tercero, se encuentran los negocios digitales, como servicios audiovisuales, publicitarios y creativos.[5]
Otra de las grandes apuestas que se hace en la región para el desarrollo de la Economía Naranja y para la innovación es la construcción del Distrito Creativo Perpetuo Socorro. Se trata de un predio de 62 hectáreas ubicado en pleno centro de Medellín que busca convertirse en el nuevo epicentro de la innovación, la creatividad, el arte y el emprendimiento, además de ser el centro de varias empresas nacionales e internacionales que se encuentren dentro del sector creativo.[6]
Finalmente, otra de las iniciativas de innovación que busca fomentar la Economía Naranja en la región es la Aldea Naranja. Esta es un proyecto que busca impulsar los emprendimientos culturales, creativos y digitales en la región. Para el desarrollo y ejecución de este plan, el MinTIC, INNpulsa y la Cámara de Comercio de Medellín planean destinar 300 millones de pesos.[7]
Avances Jurídicos de la Economía Naranja en Antioquia
El deseo de implementar la Economía Naranja en la región no solo ha sido impulsado por el gobierno central sino también por la Asamblea Departamental de Antioquia, la cual realizó un importante avance en esta materia con la expedición de la Ordenanza 42 de diciembre de 2018. Esta norma pretende adoptar la economía naranja en la economía antioqueña a través de la creación del Consejo Departamental de Economía Creativa/Naranja, el cual tendrá a cargo varias obligaciones tendientes a introducir este tipo de industria en la región.
Los esfuerzos por impulsar la ‘Economía Naranja’ en la región antioqueña están siendo apoyados por el Gobierno Nacional. Las oportunidades que están surgiendo de estas iniciativas podrán ser capitalizadas por los emprendedores antioqueños que basen sus empresas en la cultura, la tecnología y la innovación. Los programas mencionados en este articulo son recientes, pero se espera que al ser implementados su impacto beneficie a la economía antioqueña y continúe explotando su cultura visionaria.
[1] “¿Qué es la economía naranja que promueve el gobierno de Iván Duque en Colombia?” (2018). CNN Español. Tomado de: https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/25/que-es-la-economia-naranja-que-promueve-el-gobierno-de-ivan-duque-en-colombia/#0
[2] Ibidem.
[3] “Medellín trabaja para dinamizar la Economía Naranja” (2018). ACI Medellín. Tomado de: https://www.acimedellin.org/medellin-trabaja-para-dinamizar-la-economia-naranja/
[4] SUÁREZ L, Viviana. “Con “Medellín, ciudad creativa” se fortalecerá la economía naranja” (2019). El Colombiano. Tomado de: https://www.elcolombiano.com/negocios/con-medellin-ciudad-creativa-se-fortalecera-la-economia-naranja-ED10317164
[5] Ibidem
[6] “Medellín trabaja para dinamizar la Economía Naranja” (2018). ACI Medellín. Tomado de: https://www.acimedellin.org/medellin-trabaja-para-dinamizar-la-economia-naranja/
[7]SUÁREZ L, Viviana. “Con “Medellín, ciudad creativa” se fortalecerá la economía naranja” (2019). El Colombiano. Tomado de: https://www.elcolombiano.com/negocios/con-medellin-ciudad-creativa-se-fortalecera-la-economia-naranja-ED10317164
Boletín GPA: Se salvó el articulo 20 de la Ley 1882: un fallo que protege a los inversionistas y financiadores del sector de infraestructura.
El pasado 16 de mayo, la Corte Constitucional adoptó una de las decisiones más esperadas por el sector de infraestructura, el examen de constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018. El artículo, adoptado para regular la fórmula de terminación y los pagos en caso de terminación anticipada de los contratos de APP por nulidad absoluta originada en actos ilícitos -léase corrupción-, con aplicación retroactiva -especialmente diseñado para el caso de Ruta del Sol II- fue declarado condicionalmente exequible.
Bajo la premisa de “la corrupción no genera derechos”, la decisión de la Corte buscó proteger la fórmula financiera de los contratos, garantizando los derechos de financiadores y acreedores del contrato de buena fe. Así, el fallo permite que los inversionistas, prestamistas y terceros de buena fe reciban los reconocimientos a que haya lugar al terminar el contrato. Lo anterior, salvo por el reconocimiento de los costos financierospor terminación anticipada (“break up fees”), que fue declarado inexequible.
Sin duda esta es una buena noticia para los prestamistas y terceros de buena fe, entre los cuales se cuentan los subcontratistas, empleados y fondos de inversión, que tienen la tranquilidad de que sus inversiones no se darán al traste por actos de corrupción ocurridos antes de -y para- la celebración del contrato correspondiente. También es una buena noticia para el sector de infraestructura, que tras meses de incertidumbre puede dar un parte de seguridad al mercado y retomar las financiaciones de proyectos en cursos que estaban en stand-by, entre otras, a la espera de esta decisión.
Por el contrario, la Corte excluyó la posibilidad de hacer reconocimientos por costos, gastos e inversiones a los contratistas que hubieren actuado de mala fe, dolosamente en la comisión de un ilícito o en un acto de corrupción y por ese motivo hubieren dado lugar a la nulidad del contrato. Es decir, los socios o integrantes de consorcios o uniones temporales directamente responsables de actos de corrupción no tendrán derecho a recibir ningún tipo de beneficio pecuniario. Valga aclarar que la Corte precisó que para concluir la mala fe o el dolo debe existir un fallo desvirtuando la presunción de inocencia y declaró la exequibilidad de la aplicación retroactiva de la norma.
No obstante lo positivo de la decisión, el fallo da lugar a una duda práctica:
¿debe suspenderse la liquidación del contrato hasta que un fallo judicial despeje las dudas sobre la responsabilidad del contratista y/o sus accionistas o integrantes frente al acto ilícito que dio lugar a la nulidad absoluta?
Esto sería lo más razonable, sin embargo, existe un inconveniente no menor: la decisión judicial de responsabilidad podría tardar mucho más de los dos años durante los cuales la entidad estatal y/o el juez tienen competencia para la liquidación del contrato.
¿Habría entonces que pensar en alternativas como una liquidación parcial o condicionada del contrato o en un término excepcional de liquidación y caducidad para estos casos? Esperamos que el texto del fallo aclare este interrogante: el mercado necesita seguridad jurídica.