Boletines Grupos de Práctica

Ley del vigilante: Ley 1920 del 12 de julio de 2018

Esta ley tiene como objetivo principal mejorar las condiciones en las que el personal operativo presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Las empresas y cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada deben adjuntar a su solicitud de licencia de funcionamiento copia del régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo.

¿Qué novedades introdujo está Ley?

• Una de las mayores novedades de esta Ley es que introdujo la obligación de contratar anualmente un seguro colectivo que ampare al personal operativo. Una vez contratado este seguro, el personal operativo quedará cubierto las 24 horas del día.
• Dicho seguro debe ser financiado por la respectiva empresa, cooperativa especializada o departamento de seguridad y vigilancia privada, además que debe ser considerado como un costo directo para las entidades obligadas.
• Adicionalmente, la Ley estableció que el examen psicofísico podrá ser realizado por cualquiera de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) del país siempre y cuando acrediten los requisitos legales y reglamentarios. El Gobierno Nacional deberá determinar en un plazo no mayor a seis meses a partir de la vigencia de esta Ley, los requisitos de las IPS para efectuar este tipo de exámenes.
• Es preciso anotar que el examen psicofísico será realizado sin ningún costo por las Administradoras de Riesgos Laborales a la cual estén afiliados los trabajadores y el certificado expedido tendrá vigencia de un año y deberá renovarse anualmente.

¿Qué incentivos trae esta Ley?

• La Ley promueve un incentivo para la vinculación de mujeres, personas mayores a los 45 años y personas con discapacidad dentro de su personal operativo, consistente en puntajes adicionales para los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa de las empresas y cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. Este incentivo se reglamentará / estructurará por medio de un Decreto que deberá ser expedido por el Gobierno Nacional en un término no mayor a seis meses.

¿Qué rol tendrá el SENA en este tipo de actividades?

• Con la presente Ley se impone al SENA la obligación de implementar un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico en seguridad y tecnólogo en seguridad dirigido a los guardias de seguridad, supervisores, escoltas, operadores de medios tecnológicos y manejadores de caninos, para lo cual podrá celebrar convenios con la empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada.

¿Cuál es la jornada laboral de estos trabajadores?

• La presente Ley no crea una jornada laboral especial, por lo menos desde la perspectiva técnica de modificación legislativa.
• Sin embargo, la Ley crea una excepción legal para que los trabajadores presten servicios en jornadas laborales de máximo 12 horas, siempre que exista un acuerdo previo y escrito con el empleador escrito, en el que se deje constancia con la firma de las dos partes.
• En conclusión, la Ley permite que los trabajadores de este sector presten servicios en jornadas diarias de tiempo suplementario o de horas extras de hasta 4 horas.

¿La jornada diaria de 12 horas modifica la jornada semanal máxima permitida?

• No, la excepción legal mencionada está limitada a la jornada diaria de 12 horas, sin modificar la jornada semanal máxima permitida que actualmente es de 60 horas, y siempre que la compañía cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo para las jornadas de tiempo suplementario o de horas extras.
• Adicionalmente, la excepción legal de la jornada diaria no tiene implicación alguna acerca de los recargos legales vigentes en Colombia

Escrito por: Melissa María Rumie.
Asociada Gómez-Pinzón Abogados.

En caso de requerir mayor información al respecto de este tema, no dude en contactar a nuestro grupo de práctica laboral.

Patricia Vergara, directora del Grupo de Práctica Laboral – pvergara@gomezpinzon.com
Mauricio Montealegre, asociado sénior – mmontealegre@gomezpinzon.com

Ley de Propinas: Ley 1935 de del 3 de agosto de 2018

El propósito de esta Ley es evitar que los propietarios de los establecimientos de comercio se apropien del dinero de las propinas que los consumidores le reconocen a los empleados por el buen servicio prestado.

¿A quién le aplica esta Ley?

• La presente Ley aplica a todos los establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos, y en cualquier otro en que se sugiera pago de propina o haya lugar a ella cuando el cliente o consumidor así lo determine.

¿Qué se debe entender por propina?

• La Ley define a las propinas como el reconocimiento de dinero voluntario por parte del consumidor y a favor de las personas que hacen parte de la cadena de servicios de los establecimientos comerciales, que se entrega por el buen servicio y producto recibido, con independencia del valor de venta registrado.

¿Las propinas debe ser parte del salario?

• La Ley es clara en confirmar que las propinas no constituyen salario, por lo que no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar los aportes al Sistema General de la Seguridad Social, ni tampoco para el cálculo de las prestaciones sociales u otras acreencias laborales ligadas al salario.

¿Cómo se deben distribuir las propinas?

• Los beneficiarios son, exclusivamente, las personas que formen parte de la cadena de servicios y que se compone por el personal involucrado en la prestación del servicio al consumidor.
• Si no se llega a un acuerdo entre los miembros de la cadena de servicios, las propinas deberán ser distribuidas equitativamente entre ellos. El empleador / compañía será autónomo en los plazos para repartir el dinero de las propinas, pero previendo que este período no supere el mes.
• Los empleadores / la compañía no puede intervenir en la distribución del dinero de las propinas, así como tampoco destinar alguna parte de ellas a gastos que por su naturaleza le corresponden al establecimiento de comercio o retener al trabajador dinero por concepto de propinas.

¿Cuál es el monto de las propinas? ¿Sigue siendo voluntaria?

• La propina no podrá superar el 10% del valor del servicio prestado cuando esta sea sugerida por el establecimiento de comercio.
• Las propinas siguen siendo voluntarias, y deberá ser informada de tal forma a los consumidores. La Superintendencia de Industria y Comercio señalará las instrucciones relativas a la forma como se debe informar a los consumidores sobre los precios y de la voluntariedad de la propina, así como el derecho que tienen de no pagarla o de modificar el porcentaje sugerido.

¿Qué facultades tiene la Superintendencia de Industria y Comercio?

• Como ya se mencionó, esta entidad está facultada para vigilar lo relacionado con la información suministrada al consumidor sobre la voluntariedad de las propinas, y su efectiva destinación por parte de los establecimientos de comercio.
• En caso de que los empleadores no cumplan con lo dispuesto en esta Ley, la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra facultada para imponer sanciones económicas en caso de incumplimientos.

Escrito por: Melissa María Rumie.
Asociada Gómez-Pinzón Abogados.

En caso de requerir mayor información al respecto de este tema, no dude en contactar a nuestro grupo de práctica laboral.

Patricia Vergara, directora del Grupo de Práctica Laboral – pvergara@gomezpinzon.com
Mauricio Montealegre, asociado sénior – mmontealegre@gomezpinzon.com

¿Quién reconoce las incapacidades superiores a 540 días?

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1333 de 2018 el pasado 27 de julio de 2018, y modificó el régimen de revisiones periódicas de las incapacidades por enfermedad general de origen común por parte de las EPS en Colombia y el momento de la calificación definitiva. A continuación, los principales aspectos:

1. ¿Cómo se llevará a cabo el control de las incapacidades de los trabajadores?

• De acuerdo con el Decreto 1333 de 2018, a través de una revisión periódica de la incapacidad. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC) deberán adelantar revisiones periódicas de incapacidades por enfermedad general de origen común, en la cual deben implementar un plan integral de tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación, que permita valorar cada sesenta (60) días calendario el avance de la recuperación de su capacidad

2. ¿En cabeza de quién estará el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días?

• Las EPS y demás EOC deberán reconocer y pagar las incapacidades superiores a 540 días, reiniciando el pago a partir del día 541, en los siguientes casos:
• Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico.
• Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.
• Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.

3. ¿Qué pasa si el concepto de rehabilitación es desfavorable?

• Cuando la EPS emita concepto desfavorable de rehabilitación, se dará inicio al trámite de calificación de Invalidez.
• La norma no establece quién tiene la obligación de asumir los pagos durante el proceso de calificación de la invalidez a partir del día 540, no obstante, al no estar expresamente definido, en nuestro concepto, deberán estar a cargo de la administradora del fondo de pensiones del afiliado.

4. ¿Puedo deducir el valor correspondiente a las incapacidades por enfermedad general y licencias por maternidad y paternidad de las cotizaciones a salud?

• No, a partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo (año 2011), los aportantes y trabajadores independientes deberán aportar al Sistema de Salud en forma independiente al reconocimiento del auxilio de incapacidad o licencia por maternidad o paternidad.
• Con la finalidad de no crear una carga económica adicional al empleador, el Decreto establece unos períodos de reconocimiento de estas prestaciones (auxilio de incapacidad y licencias), a saber: 5 días hábiles a partir de la fecha en que se reconoce la prestación económica, pago que se hará en forma directa o por medio de transferencia electrónica.

5. ¿Qué pasa si el afiliado busca defraudar al sistema incapacitarse indefinidamente, abusando de su derecho?

• El Decreto señala algunas conductas consideradas en adelante como situaciones de abuso de derecho por parte de los cotizantes. Cuando exista abuso del derecho, el caso será puesto en conocimiento de las EPS o EOC, y en casos más graves, de la Fiscalía General de la Nación aportando las pruebas correspondientes. Adicionalmente, cuando se determine que se configuró alguna de las causales de abuso del derecho, habrá lugar a la suspensión o no reconocimiento de pago de la incapacidad por enfermedad general.

Escrito por: María Angélica Pulido.
Asociada Gómez-Pinzón Abogados.

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Patricia Vergara, directora del Grupo de Práctica Laboral – pvergara@gomezpinzon.com
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Aportes al sistema de seguridad social de trabajadores independientes

El Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social reglamentó el pago y retención de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (“SGSSI”) y Parafiscales de los trabajadores independientes. A continuación, los principales aspectos:

1. ¿Cuáles son las principales modificaciones que trae este nuevo decreto?

• El Decreto 1273 de 2018 dispuso que las cotizaciones al SGSSI por parte de los trabajadores independientes se deben efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (“PILA”). Anteriormente, los trabajadores independientes debían pagar anticipadamente sus aportes a seguridad social en salud y pensión, previo a pasar su cuenta de cobro o factura.
• En el caso de contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante, dispuso la obligación para que sea el contratante el encargado de efectuar la retención y pago de los aportes al SGSSI a través de la PILA de los trabajadores independientes, dentro de los plazos establecidos para el contratante, y no para el contratista.
• El valor a retener se calculará de acuerdo con los porcentajes dispuestos por ley (actualmente en salud 12.5%, en pensiones 16%, y en ARL depende del riesgo) sobre el Ingreso Base de Cotización (“IBC”) correspondiente al 40% del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el IVA.
• En los contratos de prestación de servicios de duración y/o valor total indeterminado no habrá lugar a la mensualización del contrato. En este caso los aportes se calcularán con base en los valores que se causen durante cada periodo de cotización.

2. ¿A partir de cuándo aplica?

• El pago mes vencido de las cotizaciones al SGSSI se debe realizar a partir del 1° de octubre de 2018, correspondiendo al periodo de cotización del mes septiembre de 2018.
• La retención y giro de los aportes al SGSSI por el contratante se debe efectuar a partir del mes de junio de 2019.

Escrito por: María Angélica Pulido.
Asociada Gómez-Pinzón Abogados.

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Patricia Vergara, directora del Grupo de Práctica Laboral – pvergara@gomezpinzon.com
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