Declaradas inconstitucionales las facultades otorgadas a INVIMA en virtud del Decreto 476 de 2020

por | Jun 1, 2020 | COVID19, Registros Sanitarios C19 | 0 Comentarios

La Corte Constitucional decidió el 28 de mayo de 2020, declarar inconstitucionales los artículos 1 y 2 decreto 476 del 2020, que  permitían al Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) por una parte,  flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso comercialización o notificación sanitaria obligatoria durante tiempo de la emergencia social, económica y ecológica, de medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, reactivos de diagnóstico In vitro y productos de higiene doméstica, entre otros, considerados necesarios para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19, así como los relativos a la  fabricación, importación, comercialización, distribución, dispensación, almacenamiento y transporte de los mismos, lo cual había sido implementado como medida para mitigar el eventual desabastecimiento de dichos productos durante la pandemia por considerarlos de interés de salud pública, y por otra,  declarar, como vitales no disponibles algunos de ellos, por estar afectada la cadena de comercialización a nivel mundial,  así como, tramitar de manera prioritaria  las solicitudes de registros sanitarios nuevos o permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos que se encuentren en normas farmacológicas, de productos fitoterapéuticos y de dispositivos médicos, cuya clasificación de riesgo fuera IIb y III y que se requirieran para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento del Covid- 19, o aquellos determinados como de primera línea, accesorios o especiales, y aceptar la homologación  o convalidación de las actas que concedan Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) expedidas por agencias PIC-S (Pharmaceuticallnspection Co-operation Scheme).

La decisión de la Corte Constitucional encontró fundamento en considerar que un decreto legislativo no puede suspender, modificar o derogar normas de rango legal. Esta decisión tendrá efectos diferidos de tres meses lo cual implica que las normas que se declaran inexequibles seguirían vigentes hasta dentro de los próximos tres meses. Aún no han sido definidas cuales son las nuevas exigencias que el Invima deberá adoptar respecto de los productos autorizados en concordancia con dicha decisión.

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