MinTIC estableció los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales

por | May 4, 2020 | COVID19, Tecnología / Comunicaciones / Protección de Datos C19 | 0 Comentarios

Mediante el Decreto 620 de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estableció los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales por parte de las entidades públicas o por los particulares que cumplan funciones administrativas o públicas.

Para tales efectos, se dispone que los ciudadanos se identificarán, por medios digitales, a través de la cédula de ciudadanía digital, la cual será el equivalente funcional de la ciudadanía tradicional expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los Servicios Ciudadanos Digitales podrán calificarse como servicios de base, es decir, aquellos que son fundamentales para que la transformación digital del Estado, y servicios especiales, es decir, aquellos que son adicionales a los servicios base, o que contienen nuevas ofertas de valor a partir de la integración de los servicios base.

Los servicios de base serán los de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital, y serán prestados por la Agencia Nacional Digital, o integrados por ésta a partir de servicios prestados por terceros (públicos o privados), todo de conformidad con las disposiciones sobre firmas electrónicas y digitales contenidas en la Ley 527 de 1999.

La prestación de servicios ciudadanos digitales se deberá cumplir bajo estrictos estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad en el servicio y sin imponer o cobrar al usuario servicios que no hayan sido aceptados expresamente por éste.

Los usuarios que se beneficien de los servicios ciudadanos digitales tendrán, entre otros, los derechos a (i) registrarse gratuitamente ante un prestados de servicios ciudadanos digitales, (ii) interponer peticiones, quejas y reclamos, y (iii) elegir y cambiar libremente de prestador de servicios, caso en el cual, la migración de datos de los usuarios de un prestador de servicios a otro no podrá representar costo alguno para los usuarios.

En materia de tratamiento de datos personales, y de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, los prestadores de servicios ciudadanos digitales serán Responsables del tratamiento de los datos que obtengan directamente de los ciudadanos. Por su parte, serán Encargados del tratamiento de los datos que otras entidades les suministren. Como tales, los prestadores de servicios deben cumplir, las siguientes obligaciones:

  • Antes de dar inicio a la prestación de servicio, deben adelantar una Evaluación del impacto del tratamiento de los datos personales.
  • Crear e implementar un Programa Integral de Gestión de Datos Personales de conformidad con la guía para la implementación de responsabilidad demostrada (accountability) de la SIC.
  • Designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales (Oficial de Protección de Datos).
  • Atender prácticas internacionales en materia de Privacidad por Diseño y por Defecto.
  • Contar con una estrategia de seguridad y privacidad que periódicamente evalúe el riesgo de seguridad digital como parte de su Sistema de Administración del Riesgo Operativo.
  • Los datos de los usuarios no podrán ser comercializados, ni explotados comercialmente, salvo autorización expresa del titular, conforme se prevé en la Ley 1581 de 2012.

Las entidades públicas que sean prestadoras de servicios ciudadanos digitales deberán implementar una sede electrónica en donde se integrarán los trámites, servicios, acceso a la información, control, entre otras actividades.

Para efectos de la implementación de los servicios ciudadanos digitales, se seguirá la siguiente línea de tiempo:

  • Dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de este decreto, el MINTIC deberá publicar la Guía de Lineamientos de lo Servicios Digitales y la Guía para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales.
  • Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y los particulares que desempeñen funciones públicas tendrán un plazo de 9 meses desde la publicación de la Guía para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales para implementar los servicios ciudadanos digitales y su sede electrónica.
  • Las entidades públicas del orden territorial, implementarán el modelo en función de su disponibilidad presupuestal, dentro de los 18 meses siguientes a la expedición del decreto.

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