A continuación, explicamos dos investigaciones de las más importantes que se encuentra adelantando la autoridad de competencia brasilera:

El CADE recomendó declarar culpable a las 2 compañías y las 7 personas naturales por confabular en el mercado de recubrimientos y resinas compuestas desde el 2000 hasta el 2014.

La autoridad de competencia brasilera acusó al productor de resinas Royal Química y a la firma consultora CEMPRE por facilitar la operación del cartel mediante la repartición de clientes, intercambio de información sensible, fijación de precios y acuerdo de condiciones comerciales.

Esta investigación inició por una solicitud de entrar al programa de beneficios por colaboración de uno de los miembros del cartel, Reichhold, en abril de 2014 lo que llevó al CADE a realizar redadas en mayo de ese mismo año, para finalmente abrir formalmente la investigación en mayo de 2016 luego de un análisis de la información recolectada en dichas redadas. Sin embargo, luego de las redadas 4 de los investigados suscribieron acuerdos de colaboración de manera previa al inicio de las actuaciones administrativas, siendo este el primer caso en el que se suscriben acuerdos de colaboración entre los investigados y el CADE en una fase preliminar.

El Superintendente General del CADE ha dado la recomendación de darle cierre al proceso tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales, pues las empresas investigadas han suscrito acuerdos o participan en el programa de beneficios por colaboración, aceptando así su participación en el cartel,mientras que en el caso de las segundas, no se tienen pruebas suficientes para declarar su culpabilidad..

Las empresas investigadas son Aqua Química, Ashland Polímeros do Brasil, CCP Composites e Resinas do Brasil, Novapol Plásticos, Elekeiroz, Brampac, Akzo Nobel, SI Group Crios Resinas, quienes han pagado aproximadamente un total de USD $21 millones en sanciones administrativas y se han comprometido a cesar las prácticas investigadas.


La autoridad de competencia brasilera se encuentra investigando los contratos de exclusividad de suministro entre las autoridades locales y las cervecerías para las festividades de los carnavales entre febrero y marzo. La apertura de la investigación se dio en noviembre de 2018 con ocasión del reporte realizado por la secretaría de promoción de la productividad y la competencia del Ministerio de Economía (SEPRAC) en el que establecen que pueden estarse presentando conductas anticompetitivas en la industria de comidas y bebidas.

La secretaría analizó 17 acuerdos entre autoridades locales con proveedores de comidas y bebidas para los carnavales, y concluyó que los acuerdos estudiados dan lugar a preocupaciones en materia de competencia y protección al consumidor, particularmente por las cláusulas de exclusividad que permiten el suministro de una cervecera a una región en específico.

Dicha infracción al régimen de libre competencia podría presentarse si los acuerdos de exclusividad se presentan por parte de compañías que cuentan con al menos el 20% de participación de mercado, teniendo en cuenta que el sector se encuentra dominado por Ambev, Heineken y Petropolis, los cuales en conjunto controlan el 96% del mercado, de los cuales el 70% es controlado únicamente por Ambev.

Heineken indicó a los medios que la compañía cuenta con una política de competencia muy estricta que rige todas las actuaciones de la compañía, y que así mismo “repudian cualquier práctica que pudiera violar las reglas que respetan los derechos a la libre competencia”.

Ambev y Petropolis no hicieron declaraciones ante los medios, pero según lo indicado por Reuters, Ambev lo único que mencionó fue que esta compañía no es objeto de investigaciones y que cualquier acuerdo realizado con los patrocinadores de los carnavales se realizó “en concordancia con la legislación relevante sobre la materia y teniendo en cuenta el interés del público de estos eventos”.

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