En la actualidad, nuestro país tiene como estrategia pública la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”) a través de la electrificación del transporte. Por lo tanto, será necesario contar con la estructura de recarga de transporte eléctrico a lo largo de la presente década y con una proyección -como mínimo- a 2050.
De acuerdo con el Inventario Departamental de Emisiones de GEI de 2018 realizado por el IDEAM, en Colombia el sector transporte genera el 12% de las emisiones de GEI y es responsable por el consumo del 40% de la energía del país.
En consecuencia, de los compromisos internacionales que ha adquirido el país en cuanto a la reducción del 51% de las emisiones GEI, dentro de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el Acuerdo de París, se ha incluido la movilidad e infraestructura sostenibles como uno de los principales ejes para lograr la resiliencia climática a 2050.
Así, la movilidad eléctrica tiene como fin: (i) mejorar la calidad del aire; (ii) reducir el consumo de combustibles fósiles que generan gases invernadero; (iii) mejorar la calidad de vida y salud de las personas; (iv) alcanzar los compromisos climáticos internacionales del país; (v) usar fuentes limpias de energía para generar crecimiento y opciones de movilidad sostenible; (vi) mejora en las inversiones en los sectores de energía; (vii) mejora de usos del suelo urbano.
En este contexto, resultan de suma relevancia novedades normativas tales como la Resolución 40223 de 9 de julio de 2021 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (“MinMinas”) o la Ley 2099 promulgada por el Presidente de la República el 10 de julio de 2021 mediante la que se modificó la regulación en materia de integración de energía renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.
La Resolución 40223 del MinMinas establece un estándar mínimo para los conectores de carga de vehículos eléctricos (“VE”), de manera que se promuevan costos competitivos derivados del uso de una misma tecnología base y que definen qué y quién es un prestador del servicio de carga para VE.
Por su parte, la Ley 2099 de 2021- amplía los beneficios tributarios aplicables a la transición energética. En particular, se excluyen de IVA los proyectos de eficiencia energética y se fortalece la institucionalidad del sector eléctrico y de la transición energética del país.
Por otra parte, la Ley 1931 de 2018 contiene las directrices para la gestión del cambio climático e incluye al sector transporte como uno de los seis sectores prioritarios de la economía en los que el Estado debe intervenir, para lograr el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de reducción de emisiones de GEI.
Tales novedades jurídicas se articulan a su vez en políticas sectoriales (tanto a nivel nacional como local), dirigidas a la reducción de GEI.
En efecto, el Ministerio de Transporte está desarrollando su Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, mientras que el MinMinas, mediante la Resolución 40807 de 2018 adoptó el plan correspondiente al Sector Minero Energético y definió como parte de sus líneas estratégicas: los medios de transporte alternativos para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de GEI a través del establecimiento de los lineamientos de política para el desarrollo de la infraestructura, comercialización y operación de la movilidad eléctrica, así como formular un programa de reemplazo tecnológico en la flota de las entidades públicas.
Se tiene entonces que la electrificación del transporte y el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada se encuadra en las Políticas de Prevención y Control de la Contaminación del Aire “PPCCA” de 2010 y la Política Nacional de Cambio Climático “PNCC”, ambas encaminadas a la generación de acciones para el mejoramiento de la calidad del aire y la mitigación y adaptación al cambio climático. Estas políticas coinciden en identificar las soluciones eléctricas en vehículos como un mecanismo clave para la reducción de emisiones de GEI y sustancias contaminantes del aire.
Igualmente, a nivel local (tanto en grandes ciudades, como en ciudades intermedias) existen múltiples políticas de transición energética del transporte, siendo la infraestructura de recarga de vehículos un catalizador de la descarbonización del sector transporte.
A continuación, se muestra algunas de las estrategias en materia de sostenibilidad y tecnologías limpias a nivel local en Colombia:
Por lo tanto, es claro el impacto que la electrificación del transporte tendría en la reducción de GEI y el cumplimiento de los compromisos internacionales del país, existiendo un marco de política pública robusto que, poco a poco, ha venido siendo desarrollado por normativa cada más precisa.
En todo caso, para cumplir el objetivo de descarbonizar el transporte, se deberá trabajar simultáneamente en diferentes frentes con el fin de lograr el crecimiento acelerado en el uso de vehículos eléctricos, incentivar soluciones en materia de eficiencia energética y poner en servicio la infraestructura de recarga asociada.
Confiamos en que esta información será de utilidad. En caso de tener dudas o requerir más detalles, no dude en contactarnos. En Gómez-Pinzón contamos con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en licitaciones públicas, procesos de selección, derecho administrativo e infraestructura.