El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) incide en los cambios de los comportamientos climáticos, exacerbando eventos críticos de sequía y lluvia que conllevan a mayores riesgos de remoción en masa, inestabilidad de la banca e inundaciones entre otros. El sector de la infraestructura, especialmente la infraestructura vial, no solo es uno de los más afectados por los efectos del cambio climático, sino que a su vez es uno de los sectores que más aporta en la generación de GEI. De acuerdo con Plan de Acción Sectorial de Mitigación Sector Transporte, este sector aporta el 12% de las emisiones de GEI al inventario nacional (correspondientes a 20 millones de toneladas, al año 2009), siendo el subsector carretero responsable por el 90% de dicha cantidad. Por esta razón, para el cumplimiento de los acuerdos internacionales adoptados por Colombia para la reducción del 51% de las emisiones de GEI a 2030 (en comparación con los niveles de 2014), el sector transporte tiene el compromiso de reducir alrededor de 5.68 millones de toneladas de CO2.
Dentro de este contexto, y en consideración de los riesgos que conlleva el cambio climático y de las obligaciones en materia de reducción de emisiones de GEI del sector, los concesionarios encargados del desarrollo de la infraestructura vial tienen ahora la obligación de incluir la variable de cambio climático en el desarrollo de sus proyectos. Lo anterior ya se ha visto reflejado en la minuta de los contratos 5G donde el concesionario tiene la obligación de desarrollar un programa de aporte sostenible para garantizar la reducción de GEI, contrarrestar el cambio climático y la gestión del riesgo.
Para el cumplimiento del este programa, el concesionario debe desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por cada unidad funcional, incorporar medidas de adaptación y mitigación en el diseño, construcción y operación de las vías e identificar los puntos más vulnerables a las amenazas del cambio climático. Con la implementación de este programa se traslada al concesionario el deber de monitorear y prevenir los impactos del cambio climático que inciden en la gestión del riesgo e idear mecanismos y proyectos que garanticen la reducción de emisiones, asumiendo así algunas funciones que le corresponden también a las entidades territoriales.