Es un hecho más que demostrado que el acceso de las personas y empresas a servicios financieros trae beneficios, no sólo a quienes los usan, sino también a los países, en la medida en que se disminuyen fenómenos como la evasión, la informalidad y la pobreza, y en simultaneo, se incrementa el consumo y la inversión, lo cual tiene un impacto positivo en el crecimiento económico y en el bienestar de la sociedad.
De acuerdo con la información otorgada por Banca de las Oportunidades, el 86% de los adultos en Colombia cuenta con al menos un producto financiero en Colombia y al menos 12.8 millones de personas y alrededor de 940.000 empresas, cuentan con créditos otorgados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia[1], lo cual permite el desarrollo de iniciativas personales y empresariales, la creación de oportunidades y de empleos y de contera, impulsa la competitividad en el mercado, lo cual se traduce finalmente en beneficios económicos para los usuarios del mercado y en un impulso para que la economía del país crezca de manera sostenible.
En el marco de la emergencia ocasionada por la pandemia, se ha presentado un incremento en el uso de los canales digitales ofrecidos por los diferentes participantes del sector financiero. Según diversos análisis realizados por la Superintendencia Financiera, esto ha tenido que ver con las posibilidades que ha ofrecido la tecnología para desarrollar productos que se pueden administrar desde el celular (sin necesidad de desplazamiento), a cero costos, sin trámites adicionales y de fácil uso para cualquier persona.
Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha expedido su política pública para el desarrollo del sistema financiero a desarrollarse entre el año 2020 y el año 2025, apuntando, entre otros frentes, a la promoción de mayores niveles de inclusión y profundización financiera (como se explicará más adelante), sin alterar la estabilidad y solidez del sector, y teniendo como eje fundamental, la recuperación económica y la reactivación de la capacidad productiva, con miras a mejorar los niveles de ingresos de manera sostenida.
La inclusión financiera, entendida como el acceso a los servicios y productos financieros por parte de la población excluida del sistema y su profundización corresponde al uso de servicios adicionales para las personas que ya cuentan con estos servicios, ha sido una dificultad recurrente debido al difícil acceso a zonas rurales en nuestro país, y frente a la cual se han planteado iniciativas por parte del Gobierno como la creación de los corresponsales bancarios (2012) y ahora la digitalización de los servicios financieros, que se ha mostrado como una herramienta capaz de facilitar la atención a esos segmentos y territorios excluidos y de difícil acceso.
De cara a este objetivo vale la pena resaltar que en lo corrido del año 2020, y con la finalidad de expandir la cobertura, accesos y usos de productos financieros en el país, se expidió el decreto 222, por medio del cual se actualizó la reglamentación de los corresponsales y se da vía libre a la operación de esquemas digitales y móviles en este canal, de igual manera el decreto 1234, el cual reguló el “sandbox regulatorio” o espacio de prueba, el cual permitirá tener un conocimiento detallado sobre los nuevos desarrollos, productos y canales desarrollados por la Fintech y sus implicaciones de cara al mercado, sin perder de vista la regulación y vigilancia que debe ejercer la Superintendencia.
Es claro entonces el interés que muestra el Gobierno Nacional por la digitalización de los servicios y productos financieros, no sólo de cara a la situación actual que atraviesa Colombia y el mundo, sino que la misma tenga vocación de permanencia y sea objeto de una mayor profundización. A modo de ejemplo, ya se han manifestado iniciativas y esfuerzos tendientes a la modernización de los sistemas de pago de bajo valor, de cara a la obtención de mayores beneficios derivados de las transacciones y pagos digitales y a la digitalización de los pagos que de manera recurrente y masiva realiza el Gobierno a modo de subsidios, recaudo de impuestos, pagos de nómina de empleados y pensionados, buscando la automatización de procesos con el fin de garantizar el incremento en los índices de inclusión financiera, cuya regulación se expedirá en el futuro cercano.
Por Antonio Elcure, asociado del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.
[1] Banca de las Oportunidades, Reporte de inclusión Financiera 2019, el cual puede ser consultado en http://bancadelasoportunidades.gov.co/.