Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2023.
El concepto de gobierno corporativo comprende todo un conjunto de instituciones y normas destinadas a mejorar la gestión de las empresas y el funcionamiento de sus órganos mediante la adopción de diferentes mecanismos de dirección y control. El objetivo principal del gobierno corporativo es mantener un equilibrio entre los poderes de los distintos grupos que hacen parte de una compañía. Así, el gobierno corporativo se centra en aspectos como la relación entre los administradores y los accionistas, la relación entre accionistas mayoritarios y minoritarios, las relaciones con los administradores, empleados, proveedores y clientes, así como las relaciones con las entidades gubernamentales.
Para el caso de Colombia, inicialmente la Ley 964 de 2005, introdujo algunas primeras nociones de gobierno corporativo, en relación con los deberes y el funcionamiento de las sociedades inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Posteriormente, en 2014, se emitió el Código País por parte de la Superintendencia Financiera. Este Código consiste en un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas a los emisores de valores, con el propósito de establecer prácticas corporativas sólidas. Según este Código, el gobierno corporativo se entiende como “el medio que, en el marco de un proceso dinámico y cambiante, dote a las empresas de las herramientas necesarias para una adecuada administración y control”.
Así, actualmente, el grueso de la regulación de gobierno corporativo en Colombia proviene de normas que aplican exclusivamente a los emisores de valores, lo que plantea la necesidad de una actualización y adaptación no solo para las sociedades emisoras de valores sino para todas las sociedades, incluidas las de familia, que representan un porcentaje importante de las compañías colombianas.
En este sentido vale señalar que la mayoría de sociedades en Colombia que han adoptado códigos de buen gobierno, han optado por copiar los códigos de buen gobierno de los emisores de valores, y se han basado en normas como la Ley 964 o el Código País, sin considerar las particularidades de cada tipo de sociedad. Si bien los objetivos del gobierno corporativo son importantes y su implementación agrega valor a las empresas, es fundamental que las organizaciones se tomen el tiempo necesario para determinar las normativas de gobierno corporativo que mejor se adapten a sus circunstancias particulares. El éxito del gobierno corporativo es crear un código de buen gobierno hecho a la medida de cada empresa, no transcribir las disposiciones adoptadas por otras empresas.
Otro reto que enfrentan las empresas, supervisores e inversionistas frente al gobierno corporativo es la vigilancia de la calidad del cumplimiento de las prácticas implementadas. A menudo, las políticas de gobierno corporativo son elaboradas y adoptadas de manera superficial, sin un compromiso real por parte de la alta dirección y los accionistas para su implementación y cumplimiento continuo. Esto puede conducir a un gobierno corporativo en papel más que a una práctica sólida y constante, lo que socava su propósito fundamental de mejorar la transparencia, la responsabilidad y la gestión empresarial.
El gran desafío tanto para los empresarios como para los abogados radica en la imperante necesidad de desarrollar códigos de buen gobierno y planes de gobierno corporativo que se ajusten de manera precisa a las particularidades y requerimientos específicos de cada empresa. Esta adaptabilidad es esencial para garantizar una gestión empresarial sólida y ética, capaz de responder eficazmente a los desafíos cambiantes del entorno empresarial actual. De acuerdo con un estudio reciente, el 70% de las empresas que implementan estrategias de gobierno corporativo personalizadas experimentan un aumento significativo en su rentabilidad y una disminución en los riesgos legales asociados a su operación.