La búsqueda de la equidad de género corresponde a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas[1] y, por lo tanto, se trata no sólo de un derecho humano fundamental sino de una obligación internacional para los Estados parte. Sin embargo, Colombia ocupa el puesto 40 de 149 países en el índice Global de Brecha de Género[2] en relación con participación laboral, brecha en salarios y empoderamiento político de la mujer.
Este panorama requiere la implementación de políticas, planes y programas que promuevan la equidad y cierren las brechas en materia de equidad de género. Un ejemplo de ello es el programa denominado “Fondo de Prosperidad” (Prosperity Fund en inglés), el cual ejecuta proyectos de fortalecimiento institucional, infraestructura y agricultura en Colombia y tiene, dentro de sus objetivos, contribuir por la equidad de género.
El “Fondo de Prosperidad” es un programa adelantado por el Gobierno del Reino Unido, el cual pretende invertir 25,5 millones de libras esterlinas para apoyar el desarrollo económico, fomentar oportunidades económicas y contribuir al crecimiento de zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia. El programa es implementado por tres socios: (i) El Banco Desarrollo de América Latina (CAF); (ii) La Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter); e (iii) Innovate UK – una agencia del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS).[3]
Dentro de los objetivos del programa se encuentra reducir la pobreza, potenciar el desarrollo regional y propender por la equidad de género e inclusión social, todo lo anterior con el fin de contribuir a mejorar el entorno comercial para los negocios internacionales y generar así un ambiente favorable para nuevos mercados. Particularmente, el plan de acción de equidad de género pretende, mediante un conjunto de acciones, permitir el empoderamiento económico de las mujeres, cerrar brechas de desigualdad y el incremento de una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos.
La equidad de género como objetivo central del programa se ha materializado mediante diferentes mecanismos, tal y como la asignación de puntaje por aquella experiencia en asesorías relacionadas con equidad de género, exigir la inclusión de un experto en gestión social y equidad de género como parte del equipo de trabajo, exigir una cuota específica femenina dentro del equipo ejecutor del proyecto, o incluir obligaciones contractuales dentro del marco de género e inclusión.[4]
Con todo lo anterior, la ejecución del programa Fondo de Prosperidad ha incluido la implementación de acciones para orientar la incorporación de la equidad de género e inclusión en el desarrollo de los proyectos, una variable que, a la fecha, no había sido parte del componente social de los proyectos. Se trata de un esfuerzo común que ilustra los diferentes mecanismos mediante los cuales las entidades contratantes (CAF, FINDETER y BEIS en este caso) pueden exigir a sus contratistas la inclusión de la equidad de género como parte indispensable del componente social de los proyectos.
Por Gabriela Duque Salazar, asociada de los Grupos de Práctica Administrativo & Constitucional e Infraestructura de Gómez-Pinzón Abogados.
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