Bogotá D.C., 22 de marzo de 2023.
Hace algunas semanas el concejal del Centro Democrático Oscar Ramírez Vahos anunció oficialmente la consulta popular “No más tener miedo”, cuyo propósito es someter a voluntad popular 5 preguntas relativas al transporte público en Bogotá para frenar “el escenario de incertidumbre sobre la movilidad” y “darle voz a una ciudadanía que está tan harta de (…) la desastrosa movilidad de la ciudad”[1]. Entre otros temas, se plantea consultar sobre las obras y condiciones de ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá (“PLM”) y las tarifas de transporte público en la ciudad, sometiendo a votación la creación de tarifas diferenciales por estrato, así como un paquete de descuentos para usuarios frecuentes.
Con independencia de la legalidad, conveniencia y futuro de la consulta popular, el planteamiento del concejal permite reflexionar sobre el rol de los ciudadanos y la necesidad de desarrollar infraestructura sostenible, entendida como aquella que es planeada, diseñada, construida, operada y desmantelada de forma tal que garantice la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental e institucional durante todo su ciclo de vida. Los conceptos de inclusividad, salud, bienestar, calidad, provisión del servicio, resiliencia y valor por dinero están implícitos en dicha definición[2].
¿Pero qué tiene que ver la consulta popular con la infraestructura sostenible? La relación es sencilla: la planeación y desarrollo de la infraestructura sostenible o al menos reduce la posibilidad de que existan consultas populares, así como acciones populares, que, usando como bandera la defensa de derechos colectivos y la calidad de los servicios públicos, trasladen tardíamente a la ciudadanía o a un juez, la determinación de criterios de naturaleza evidentemente técnica en el desarrollo de infraestructura que deberían estar presentes desde su inicio como proyectos.
Los sistemas de infraestructura tienen un impacto sobre al menos 92% de las 169 metas individuales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo la conservación de la diversidad biológica; la mitigación y adaptación al cambio climático; las economías urbanas sostenibles e inclusivas; la creación de empleo y la reducción de la pobreza[3]. No en vano la comunidad internacional se ha comprometido a desarrollar infraestructura sostenible y resiliente, así, tanto las entidades multilaterales como las entidades financieras a nivel global han incorporado como requisitos para la financiación de los proyectos, los principios que permitan garantizar la inclusión de criterios sociales, ambientales e institucionales como parámetros de decisión y ejecución de sus inversiones.
En ese escenario han surgido los denominados estándares ESG (Environmental, social and governance considerations) que, junto con la inversión privada, tanto los gobiernos del G20 como diferentes entidades multilaterales han promovido como factores esenciales para lograr cerrar la brecha en financiación de la infraestructura[4] y lograr un crecimiento sostenible.
Dentro de las buenas prácticas para desarrollar infraestructura sostenible, Naciones Unidas resalta la importancia de evaluar la sostenibilidad de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de un proyecto, valorando las necesidades actuales y permitiendo cierta flexibilidad para que la infraestructura pueda adaptarse a los cambios e incertidumbres futuras.
Igualmente, la evaluación comprensiva del ciclo de vida de la infraestructura debe incluir los múltiples impactos que ésta tiene en ecosistemas y comunidades, recomendándose la existencia de un balance entre la inversión en infraestructura social y económica para proteger los derechos humanos y promover el bienestar, especialmente de los grupos más vulnerables o marginados.
En la misma línea, los Principios del G20 señalan que las inversiones en infraestructuras deben generar eficiencias económicas teniendo en cuenta el costo durante el ciclo de vida de las inversiones y procurando maximizar los impactos positivos de la infraestructura a partir de la creación de círculos virtuosos de actividades económicas, garantizando unas finanzas públicas saludables. Para el G20, las inversiones en infraestructura deben estar guiadas por un sentido de responsabilidad compartida y de largo plazo por el planeta que sea compatible con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030[5].
Su enfoque en el bienestar y la participación de las comunidades, no deja por fuera de los ESG, la sostenibilidad fiscal y la financiación innovadora, reconociendo la necesidad de cerrar la brecha en inversión de infraestructura ante las crecientes limitaciones de presupuesto público.
Además, los principios ESG abogan por mecanismos de toma de decisión basados en evidencia, incluyendo el monitoreo continuo del rendimiento de la infraestructura y su impacto teniendo en cuenta indicadores de servicio y el intercambio de información entre las partes interesadas. Para el efecto, los ESG abogan, otras cosas, por que existan instituciones gubernamentales bien diseñadas y que funcionen apropiadamente para priorizar la financiación entre los diferentes proyectos, así como por la existencia de un marco de contratación y ejecución transparente que incorpore esfuerzos anticorrupción.
Bajo los estándares ESG cualquier decisión relacionada con la naturaleza elevada o subterránea de las obras de la PLMB o las tarifas de Transmilenio tendría que partir de un juicioso análisis sobre los impactos y costos ambientales, sociales e institucionales asociados a la respectiva infraestructura.
La consulta popular planteada, si bien se erige como mecanismo de participación, no está alineada con los estándares ESG, en tanto somete a la política aspectos técnicos y financieros, sin garantizar que los votantes tengan la información, la preparación y la evidencia necesaria para tomar una decisión orientada a que la infraestructura genere los mayores beneficios sociales, ambientales y económicos posibles.
Sin embargo, hay que reconocer que la propuesta surge ante el rife y rafe a propósito de las obras de la PLMB, que ha hecho evidente que existe un largo camino en la implementación de estándares ESG en Colombia. Además del reto de reforzar el marco institucional para garantizar la colaboración armónica entre los diferentes niveles de administración y la toma de decisiones con base en análisis integrales e intersectoriales, hay un significativo desafío para generar conciencia social sobre la importancia de financiar hoy la infraestructura del futuro, así como sobre el rol de la ciudadanía en la generación efectiva de infraestructura sostenible.
Cualquiera que sea la suerte de la consulta popular propuesta por el concejal Ramírez Vahos, lo cierto es que una llamada de emergencia para que, a partir de la aplicación de los estándares ESG desde la etapa de planeación y estructuración, la suerte de los proyectos de infraestructura no dependa de consultas o acciones populares tardíos o que pongan en riesgo la continuidad de los mismos.
Por: María Alejandra Mora, Asociada del grupo Administrativo & Constitucional. Infraestructura.
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[1] Afirmaciones del concejal Óscar Ramírez Vahos en su columna de opinión titulada “Por qué firmar y votar la consulta popular ‘No más tener miedo’”, disponible para consulta en: https://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-firmar-y-votar-la-consulta-popular-no-mas-tener-miedo/202342/
[2] Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (“UNEP” por sus siglas en inglés) (2021). International Good Practice Principles for Sustainable Infrastructure. Nairobi.
[3] Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Quinto Periodo de Sesiones. (2022) Resolución UNEP/E.A5/Res. 9 del 2 de marzo de 2022. Nairobi. Disponible para consulta en: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39854/SUSTAINABLE%20AND%20RESILIENT%20INFRASTRUCTURE.%20Spanish.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[4] La brecha de inversión en infraestructura a nivel global alcanzaría en 2040 15 trillones de dólares, según la información disponible en Global Infrastructure Outlook, iniciativa del G20 disponible para consulta en: https://outlook.gihub.org/
[5] Los principios para para inversiones en infraestructura de calidad del G20 pueden ser consultados en inglés en https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf