El desarrollo de la infraestructura de la mano con la protección al medio ambiente, no son incompatibles, todo lo contrario, en la actualidad la potencialización de los servicios básicos de energía, saneamiento, agua potable, transporte, puede llevarse a cabo cumpliendo con objetivos de cobertura, calidad y eficiencia. De esta manera y fundamentado en los análisis realizados por el Banco Mundial, es viable concluir que las alternativas de infraestructura compatibles con la descarbonización y protección al medio ambiente no son necesariamente las más costosas frente a aquellas alternativas que presentan mayor volumen de contaminación. Para lograrlo hay un desafío fundamental consistente en obtener y destinar los recursos suficientes para preservar la infraestructura, a través de un correcto mantenimiento de esta.

Es así como en mayo de 2020 el Banco Mundial aprobó a favor del Gobierno Colombiano un préstamo por un valor de US$500 millones1, el cual tenía como finalidad garantizar el acceso y dar continuidad a servicios básicos como electricidad, agua, saneamiento y transporte público entre otros, y al mismo tiempo buscaba fomentar el desarrollo de obras de infraestructura como respuesta a la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

Los pilares fundamentales para la aprobación de estos recursos han sido tres principalmente, el primero de ellos, se enfoca en la financiación a empresas de servicios públicos y alianzas público-privadas (“APP”) que enfrenten tensiones financieras-2. El segundo, busca promover medidas para aumentar la eficiencia y competitividad del sector energético y logístico, con miras a lograr una reducción de las emisiones de carbono e incrementar el uso de energías renovables. El tercero, busca proporcionar una reactivación a través de la generación de empleos en proyectos de infraestructura sostenible en el largo plazo.

Dada la relevancia de este programa para el año 2021, el Banco Mundial dando continuidad al mismo, aprobó un nuevo préstamo para el Gobierno Colombiano por un valor de US$750 millones3 ofreciendo en esta segunda fase del programa, oportunidades de financiaciones que garanticen la continuidad y acceso de los servicios de infraestructura básica a los hogares y empresas vulnerables, encaminados principalmente al cierre de brechas sociales que se han presentado en el acceso a servicios de energía, transporte y desarrollo digital, buscando reducir las desigualdades sociales las cuales se vieron incrementadas durante la post-pandemia.

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Escrito por: Adriana Moreno Márquez, socia; y,  Manuel Londoño, asociado senior, de Infraestructura