Bogotá D.C., 1 de febrero de 2024.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 30 de enero de 2024 expidió el Decreto 46 de 2024, por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, principalmente en los asuntos relativos al conflicto de interés y competencia de los administradores.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto está la definición de “conflictos de interés”, entendidos como la existencia de algún interés que pueda comprometer el criterio o independencia del administrador en la toma de decisiones.
El decreto señala también algunas presunciones de conflictos de interés cuando en los actos correspondientes sean partes los siguientes sujetos:
1. El cónyuge o compañero permanente del administrador;
2. Los parientes del administrador, de su cónyuge o compañero permanente;
3. Las sociedades en las que el administrador detente la calidad de controlante;
4. Las sociedades representadas simultáneamente por el administrador;
5. Los patrimonios autónomos en los que el administrador sea fideicomitente o beneficiario;
6. Las personas que ejerzan control sobre la sociedad en la que el administrador ejerce sus funciones.
Una de las principales novedades que introduce el decreto, es la denominada acción derivada, mediante la cual se habilita a cualquier asociado para que demande por su propia cuenta, pero en interés de la sociedad, a los administradores que hubieren causado un perjuicio a la sociedad, con el fin de que la compañía reciba una indemnización de perjuicios, como alternativa a la acción social de responsabilidad.
El decreto establece la posibilidad de que el máximo órgano social imparta autorizaciones generales para la celebración de operaciones recurrentes y del giro ordinario de los negocios, viciados de posibles conflictos de intereses, caso en el cual los administradores deberán llevar un registro de las operaciones celebradas bajo este amparo general y presentarlo en el informe de gestión durante la reunión ordinaria del máximo órgano social.
Otra novedad importante de este decreto es que reconoce expresamente la denominada business judgmente rule o regla de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los administradores.
Por último, el decreto expresamente señala que los procesos judiciales para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en conflicto de intereses se adelantará mediante el proceso verbal.