La emergencia de salud pública que enfrenta Colombia, con más de 150 mil casos positivos de COVID-19 y una economía (hasta ahora en crecimiento y frágil) que nos tiene como líderes en pérdida de empleos de los países miembro de la OCDE, ha llevado al país a una crisis humanitaria.
Un impacto de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para frenar los contagios del COVID-19 ha sido el incremento de los problemas sociales. Por ejemplo, antes de la pandemia había 2,4 millones de personas en condiciones de hambre; con la pandemia, se proyecta que la pobreza extrema podría crecer en 800 mil personas, lo que significa un incremento en la inseguridad alimentaria.
La pandemia tiene un impacto social indiscutible que afecta a grupos y personas vulnerables de la sociedad, y no sólo es deber del gobierno afrontar esta crisis. Históricamente, la solidaridad es lo que ha logrado que como sociedad se superen crisis como la reconstrucción de la II Guerra Mundial, la unificación alemana tras la caída del Muro de Berlín o la caída de las Torres Gemelas.
Los esfuerzos del gobierno para sobrellevar y superar esta crisis, buenos o malos, no serán suficientes, y es necesario que la sociedad civil actúe. El esfuerzo de enfrentar la realidad, de volver en actos las palabras, es el reto más grande que tenemos como sociedad, así como el actuar desde nuestras realidades, profesiones, aptitudes y habilidades para mejorar la situación de otros.
En ese sentido, nuestro papel como abogados es clave para ayudar a superar esta situación. Es el momento de hacer trabajo pro bono en favor de aquellos que lo necesitan sin necesidad de tener motivación alguna más allá de ser solidario; hacerlo porque comprendemos la capacidad que tenemos para cambiar la vida de otros.
Debemos entender que, a pesar de no estar regulado en el ejercicio de la profesión, el trabajo pro bono es un compromiso ético que va más allá de las políticas internas de una firma, de una compensación, de una bonificación o de una política de Estado. El trabajo pro bono es la oportunidad de dar aplicación de nuestros conocimientos especializados con el fin de mejorar las condiciones de vida de una persona, de velar por el Estado Social de Derecho y de construir juntos un mejor país.
La mejor recompensa es el agradecimiento de quienes, gracias al trabajo realizado, se logró ayudar o tutelar un derecho. La razón para hacer este trabajo debe ser sentirnos orgullosos de tener la capacidad de compartir nuestro conocimiento con otros. Por lo tanto, es necesario entender el derecho como una herramienta de cambio social, mediante la cual es posible impactar realidades y contextos vulnerables en pro de la justicia material y el interés general de la sociedad.
Por María Alejandra Salazar, Coordinadora del Grupo de Práctica ProBono de Gómez-Pinzón Abogados.