El gobierno nacional mediante la expedición de la Ley 2064 del 2020, por medio de la cual se declaró “de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia” encaminó la vacunación en el país mediante el establecimiento de medidas administrativas y tributarias para la financiación y gestión de los asuntos relacionados con la adquisición de vacunas en contra del coronavirus en Colombia[1].

A partir de este marco normativo, el gobierno estableció diversas negociaciones con las grandes farmacéuticas, mismas que se fueron cerrando durante los meses de diciembre y enero, por ejemplo, el 16 de diciembre se contrató con AstraZeneca por 10 millones de dosis o el 30 de diciembre por la misma cantidad con Pfizer BioNTech, además de suscribirse mediante un acuerdo multilateral con el mecanismo COVAX hasta 20 millones de dosis que llegarán a Colombia en el transcurso de este año.

A pesar de esto, surgen dudas en diversos sectores sobre estas negociaciones, realizadas en el marco de la más estricta confidencialidad y mediante el establecimiento de cláusulas avaladas por el artículo 5 de la Ley 2064 de 2020, por medio de las cuales los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 adquiridas y suministradas por el gobierno nacional, sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura, lo que se constituye en un régimen especial de responsabilidad civil en Colombia.

Así lo comentaba el Profesor Fernando Andrés Pico en su columna “Vacuna y Responsable” publicada en ámbito legal el 16 de diciembre de 2020:

El artículo citado ha puesto en entredicho la declaratoria de “interés general (de) la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia” y riñe con el artículo 78 de nuestra Constitución Política —relativo a la responsabilidad de quienes, en la producción y comercialización de productos, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios—.” [2]

Esto genera una situación realmente problemática, debido a que los consumidores finales de estas vacunas, los cuales serán la gran mayoría de colombianos en el próximo año no cuentan con la protección que les brindaba el régimen común de responsabilidad civil en el país. Esto difiere de la situación de negociación que las grandes farmacéuticas llevaron a cabo con potencias como la Unión Europea o Estados Unidos en donde los regímenes de responsabilidad civil no fueron modificados. Esto en el sentido de que ante posibles conflictos legales los países de la Unión Europea han afirmado que la responsabilidad será exclusivamente de las empresas farmacéuticas.

Las dudas generadas por este nuevo régimen de responsabilidad civil creado a favor de los importadores y productores de vacunas en Colombia no son las únicas que existen sobre estos acuerdos. La publicidad de los contratos que versan sobre bienes de interés general se ha visto afectada diversas cláusulas de confidencialidad establecidas en las negociaciones las cuales han sido introducidas por los fabricantes para poder negociar precios diferentes para todos los países, tal como lo afirmaba Jonathan García, experto en salud pública de la Universidad de Harvard para la BBC[3]. Pese a ello, en nuestra región la vacunación inicio  el  18 de febrero de 2020, donde se  aplicaron las primeras de las 6570 vacunas que le fueron asignadas al departamento de Antioquia, de las 50,000 vacunas de Pfizer BioNTech que llegaron al país el pasado lunes 15 de febrero[4].  El 70% de dichas vacunas, (4,599)  fueron administradas en Medellín al personal de salud de primera línea en el Hospital General, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente, la Promotora Médica Las Américas y la Clínica Universitaria Bolivariana. Mientras las 1,971 vacunas restantes  fueron distribuidas en los municipios de Bello, Envigado, Sabaneta, Rionegro y La Ceja, por parte de las IPS de cada municipio[5]. El departamento de Antioquia, mediante el Decreto 0763 de 2020, creó la Mesa de Coordinación Permanente para la vacunación contra el covid-19, la cual es la encargada de definir el Plan de Acción y monitorear el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

 Por Felipe Arango y Manuel Londoño, estudiantes del Plan Semillero de Gómez-Pinzón.

[1] Con información extraída de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=150467
[2] Con información de https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/laboral-y-seguridad-social/vacuna-y-responsable
[3] Tomado de información de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55804567
[4] https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/dispositivo-de-seguridad-de-la-policia-para-custodiar-las-vacunas-contra-la-covid-19-en-medellin-BG14650760
[5] https://www.elcolombiano.com/antioquia/vacunacion-contra-el-coronavirus-en-antioquia-comienza-el-jueves-en-seis-municipios-GH14647735