En días pasados, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña, PROCAÑA, realizó la XLVII Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados. En esta se trataron diversos temas, entre los cuales se destacaron el impacto de políticas nacionales y locales para el sector, la volatilidad del precio del azúcar y los efectos del COVID-19 para la agroindustria.

Es así como, en esta reunión se evaluó junto al Ministro de Agricultura la posibilidad de que las medidas para suspender la importación de alcohol carburante hasta el 8 de julio, concebidas en los Decretos 527 de 2020 y 820 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sean extendidas, con el fin de evitar el eventual colapso del sector azucarero por el creciente porcentaje de importaciones de etanol desde Estados Unidos, además del decrecimiento en el consumo de etanol dado el confinamiento que el País vive desde marzo de este año. Sin embargo, posterior a esto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 982 de 2020 donde se estableció que desde el 8 de julio hasta el 8 de agosto de este año, se desarrollará un periodo de transición en el que continuarán vigentes las antes mencionadas medidas con el objetivo de que una vez pasado este tiempo la importación de etanol sea retomada.

Del mismo modo, se destacó el crecimiento de la agricultura, pues según el DANE, en el primer semestre del 2020, la economía colombiana creció un 1.1% mientras que la agricultura tuvo un incremento del 6.8%, cifra que evidencia el superior crecimiento de este sector respecto al resto de los sectores de País. Por tal razón, se busca un mayor esfuerzo para continuar con estos buenos resultados, por lo cual, entre otros, se expidió la Resolución 01 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario con la que se dio apertura a la Línea Especial de Crédito Agro Produce, cuyo objetivo es mantener y fomentar la capacidad de producción del sector agropecuario a través del otorgamiento de créditos con tasa de interés subsidiada.

Finalmente, se hizo especial énfasis en la necesidad de continuar con la implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 796 de 2020 y en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.