Según la OMS y ONU Mujeres, a nivel mundial una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia por ser mujer, convirtiéndose en un grave problema sociocultural y de salud pública[1]. En Colombia, donde la protección a la mujer y la igualdad entre géneros son una garantía constitucional, la implementación de estrategias y políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad y violencia contra la mujer va en aumento. Sin embargo, con ocasión a las medidas de aislamiento que tomó el gobierno como causa del Covid-19, estas estrategias tuvieron que ser intensificadas en la medida en que se aumentó la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y se evidenció un incremento de violencia (especialmente la doméstica) contra la mujer.
El Gobierno ha reconocido que el impacto del Covid-19 ha tenido costos diferenciados para las mujeres, especialmente en los factores relacionados con: (i) el sistema de cuidado, pues dos tercios de la fuerza laboral del sector salud son mujeres; (ii) el cuidado no remunerado, debido a que normalmente el cuidado de niños y familiares recae en las mujeres; (iii) los pequeños emprendimientos, considerando que la crisis ha afectado a la mayoría de sectores en donde tienen participación las mujeres con pequeños emprendimientos, (iv) el desempleo, en la medida en que la crisis ha afectado sectores en los que las mujeres tienen mayor participación, como la hotelería, el comercio y los servicios de restaurante; y (v) impactos en violencias, ya que se han registrado mayores tasas de violencia física y psicológica contra la mujer, particularmente al interior de sus familias[2], aislándolas y enfrentándolas a obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales[3].
Frente al último aspecto, es importante recordar que la violencia contra la mujer se entiende como “todo acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer”, a saber, bajo los siguientes tipos de violencia:
Las últimas cifras relativas al aislamiento obligatorio reflejan el aumento en los índices de violencia contra la mujer. Por un lado, Medicina Legal en su Boletín de abril de 2020 registró los siguientes casos por conducta descrita, en los que fue víctima una mujer[4]: (i) exámenes medicolegales relacionados con delitos sexuales (5.398); (ii) violencia interpersonal (8.004); (iii) homicidios (261); y (iv) violencia intrafamiliar (13.843), de los cuales 10.218 casos son por violencia ejercida por la pareja, 296 casos violencia en contra de adulta mayor, 955 casos de violencia en contra de niños y adolescentes, y 2.734 casos de violencia proveniente de otros familiares. Por otro lado, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en su Boletín No. 8 del 18 de mayo de 2020 registró que mientras en el año 2019 se recibieron 2.647 llamadas a la línea de ayuda “Línea 155”, en el periodo comparable de 2020 se han recibido 6.733 llamadas, aumentando en un 154%. Adicionalmente, los reportes telefónicos asociados a violencia doméstica crecieron en un 170%, van 104 homicidios catalogados como presuntos feminicidios durante el aislamiento obligatorio y 188 a mayo del presente año a nivel nacional[5]. En total, el año pasado fueron asesinadas 976 mujeres en Colombia[6]. Este año van 315[7].
Debido a lo anterior, el gobierno y entidades territoriales han avanzado en medidas en favor de las mujeres, algunas de las cuales serán mantenidas con posterioridad a la crisis sanitaria. Entre otras cosas, mediante el Decreto 810 de 2020 se implementó una iniciativa para apoyar emprendimientos de mujeres; mediante el Decreto 460 de 2020 se han mantenido activos los servicios de comisarías de familia (según las recomendaciones de ONU Mujeres)[8]; y mediante la Resolución 595 de 2020 el Ministerio de Salud destinó recursos para que las entidades territoriales apoyen a mujeres víctimas de la violencia.
En el caso de Bogotá, la Secretaría de la Mujer ha promovido la iniciativa “espacios seguros”, a partir de la cual las mujeres pueden activar un mecanismo de protección mediante los protocolos dispuestos en las tiendas Ara, Justo & Bueno, D1 y Farmatodo, y recientemente a través de las estaciones de servicio Terpel; además, las mujeres que necesiten salir de sus casas a fiscalías, comisarías o casas de refugio, podrán tener transporte seguro y gratuito con Smart Taxi, Sodexo y BYD (carros eléctricos). Por su parte, en Medellín se implementó el “amorometro” que busca crear conciencia en hombres y niños para gestionar nuevas masculinidades comprometidas con la equidad de género, y a mayo de 2020 se han tramitado 701 medidas de protección por violencia intrafamiliar.
Las problemáticas que se han intensificado para las mujeres como consecuencia de la crisis actual y las iniciativas implementadas para atenderlas deben servir de herramienta para que se siga combatiendo la desigualdad y la violencia en contra de la mujer, garantizando además mayor sensibilización y herramientas a distintos agentes de la sociedad[9], para que haya una detección e intervención más temprana en favor de aplicar los diferentes mecanismos de ayuda que están destinados a las mujeres.
En Gómez-Pinzón Abogados estamos comprometidos con la protección a la mujer, por lo que mediante este espacio también queremos comunicar cuáles son las líneas de atención ciudadana a las que una mujer puede acudir en caso de que se sienta en riesgo o sufra cualquier tipo de violencia:
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Por Silvia Robledo, Asociada de Banca, Finanzas & Mercado de Capitales, y María Paula Herrera, estudiante del Plan Semillero de Gómez-Pinzón Abogados.
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[1]ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women#:~:text=Las%20Naciones%20Unidas%20definen%20la,producen%20en%20la%20vida%20p%C3%BAblica.
[2] Decreto 810 de 2020 del Ministerio de Hacienda, citando a la OCDE “Women at the core of the fight against COVID-19 crisis”.
[3] Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Género y el Covid-19 en América Latina y el Caribe: Dimensiones de género en la respuesta, 2020. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/briefing%20coronavirusv1117032020.pdf?la=es&vs=930
[4]Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, abril de 2020. Disponible en: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/494197/Boletin-abril-2020.pdf/f0da11c1-355a-687b-2ded-911cf6817a87
[5] Observatorio de Feminicidios en Colombia. Disponible en: http://observatoriofeminicidioscolombia.org/
[6]Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, diciembre de 2019. https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/diciembre-2019.pdf/320ad04c-7c85-287f-804a-a49b1031d9f3
[7]Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mayo de 2020. https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/494197/5-mayo-2020.pdf/3f8d8422-ba5d-85fc-6524-cf2df79649fb
[8] Decreto 460 de 2020 del Ministerio de Justicia citando a ONU Mujeres.
[9]Guía de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia de Género en Contexto Doméstico, UNODC, 2011. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_crime/Publicacoes/Guia_violencia_genero_CESC.pdf.