No Olvidar 2019
El presente documento es elaborado por Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. para sus clientes y amigos con el fin de recordarles, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años, algunas de las obligaciones legales que las sociedades comerciales colombianas y sucursales de sociedades extranjeras deben revisar o cumplir a principios de cada año. Es importante aclarar que este boletín informativo no incluye obligaciones legales o reglamentarias específicas sobre ningún tema en particular. Para consultas particulares, ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados, especialistas en cada una de las ramas del derecho de la empresa.
La información suministrada no pretende hacer un análisis exhaustivo ni detallado de las obligaciones a ser cumplidas por las sociedades con actividad en el país. Por ello, es responsabilidad de cada destinatario determinar la aplicación o no de las obligaciones y trámites aquí consignados, así como de las demás obligaciones que les sean aplicables en razón a la actividad que cada empresa desarrolla y asegurar su cumplimiento por parte de los funcionarios de cada compañía.
Salvo mandato expreso de nuestros clientes, Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. no es responsable de realizar las gestiones que se enumeran a continuación, pero estamos a su disposición para asistirlos en los mismos.
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Alianza Affinitas asesoró a CDPQ en la adquisición de un porcentaje accionario en Sura Asset Management
- La Alianza Affinitas asesoró a CDPQ en una transacción regional coordinada desde sus oficinas en Gómez-Pinzón.
- La transacción consistió en la adquisición de un porcentaje de las acciones de Sura Asset Management por parte de CDPQ.
- Con esta transacción, CDPQ aumenta su presencia en Colombia al invertir en uno de los Grupos líderes en el sector financiero colombiano.
Bogotá, enero 22 de 2018 –La Alianza Affinitas prestó asesoría jurídica a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) en una transacción regional que fue coordinada desde sus oficinas en Colombia (Gómez-Pinzón). La transacción consistió en la adquisición de un porcentaje de las acciones de Sura Asset Management (una subsidiaria del Grupo Sura), por parte de CDPQ. El cierre de la transacción está sujeto a autorizaciones regulatorias.
En total, CDPQ adquirirá el 6.68% de las acciones de Sura Asset Management pertenecientes a Bancolombia y Grupo Wiese, por un monto equivalente a USD $ 247 millones. Con esta transacción, CDPQ aumentará su presencia en Colombia al invertir en uno de los Grupos líderes en el sector financiero colombiano.
Los asesores de Affinitas que acompañaron a CDPQ en esta transacción fueron Daniel Londoño (socio) y María Fernanda Restrepo (asociada sénior) de Gómez-Pinzón en Colombia; Roberto Maclean (socio) y Anahí Pazos (asociada) de Miranda & Amado en Perú; Bernardo Simian (socio), Nicole Ubal (asociada) y Francisco Borquez (senior judicial) de Barros & Errázuriz en Chile; Patricio Trad (socio), Said Vite (asociado) y Patricio Rivas (asociado) de Mijares Angoitia Cortés y Fuentes en México. Adicionalmente, CDPQ contó con el apoyo del equipo de la Firma internacional Clifford Chance en Nueva York.
Sobre Affinitas
Affinitas es una alianza basada en América Latina, compuesta por firmas independientes y líderes en cada uno de los países donde operan. Desde su creación en 2004, Affinitas ha sido considerada la red más prominente de la región por la relevancia de las firmas que la integran, pertenecientes todas a las principales economías que componen la Alianza del Pacífico.
Las Firmas que conforman la alianza son Barros & Errázuriz en Chile, Gómez-Pinzón en Colombia, Mijares Angoitia Cortés & Fuentes en México y Miranda & Amado en Perú.
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Borrador de Decreto de APPs para promover inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones
Tenemos el gusto de informarles que el MINTIC ha publicado para comentarios el borrador de decreto sobre las Asociaciones Público-Privadas (APPs) para proyectos de inversión en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Del borrador de decreto, que estará publicado para comentarios hasta el 31 de enero de 2019, resaltamos los siguientes puntos:
- Aplicará a proyectos que tengan por objeto, no solo el desarrollo de infraestructura física, sino también de sistemas de información y tecnologías de la información que sean útiles para el cumplimiento de funciones públicas o la prestación de servicios públicos.
- En consecuencia, los proyectos podrán incluir, además de infraestructura física, sistemas de información y tecnologías de información en sus distintas modalidades, tales como derechos de propiedad intelectual, derechos de uso de activos intangibles, la prestación de servicios en la nube, entre otros.
- Establece parámetros para gestionar y mitigar riesgos en el tratamiento de los datos públicos y privados que serán usados durante y después de la ejecución del proyecto, de acuerdo con las leyes 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Habeas Data) y 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).
- Dispone que dentro del proceso de estructuración deberán adoptarse medidas para enfrentar el riesgo a obsolescencia tecnológica de la infraestructura objeto del proyecto, de acuerdo con parámetros que expedirá el MINTIC.
- Establece que el MINTIC expedirá lineamientos para regular las condiciones de reversión de licenciamientos, infraestructura lógica, actualización u otros bienes relacionados con el desarrollo de los proyectos de APPs. Bajo esta figura, los bienes sujetos a reversión serán transferidos al Estado sin compensación en favor del concesionario al final del plazo contractual, lo que dependerá del esquema de remuneración que sea pactado.
En caso de que existan dudas sobre el borrador de proyecto publicado, de requerir información al respecto, o asesoría relacionada con este asunto no duden en comunicarse con nosotros:
Mauricio Jaramillo, Socio
Andrés Fernández De Castro, Asociado Sénior.
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Boletín GPA Novedades de Comercio Exterior (Enero 2019)
Circular No. 000006 del 31 de diciembre de 2018, expedida por la DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) expidió la Circular No. 000006, por medio de la cual establece los lineamientos para dar aplicación a la modificación sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (“IVA”) en la importación de productos terminados producidos en zona franca con componentes nacionales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de Financiamiento) contiene una modificación respecto del artículo 458 del Estatuto Tributario, eliminando la base gravable especial en las importaciones para las zonas francas declaradas antes del 31 de diciembre de 2012. Así las cosas, se unificó la base gravable para los bienes importados desde zona franca al territorio aduanero nacional (“TAN”), estableciendo que para estas operaciones se debe sumar a la base gravable el componente nacional exportado para producir el bien final.
En este sentido, los lineamientos expedidos por la DIAN incluyen que:
1. Cuando los productos que salgan de la zona franca hacia el TAN hayan sido elaborados en un 100% con componentes nacionales o desaduanados no será necesario presentar declaración de importación; y el IVA para los bienes gravados se liquidará en la correspondiente factura de venta.
2. Para los bienes producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales o desaduanados y componentes extranjeros, se deberá presentar una declaración de importación incluyendo el valor agregado nacional como un ajuste al valor FOB de las mercancías; y el IVA será liquidado de acuerdo con las normas aplicables en materia de base gravable en operaciones de importación.
Cabe anotar que en tanto se ajusta el sistema informático SYGA de la DIAN para hacer efectiva esta disposición, se encuentra autorizado el trámite manual para la presentación de declaraciones de importación.
Boletín GPA Inversiones en Sociedades de Innovación y Tecnología Financiera
Mediante la expedición del Decreto 2443 del 28 de diciembre de 2018, el Gobierno Nacional, con el fin de maximizar los beneficios que las innovaciones tecnológicas traen al sector financiero, y con miras lograr una mayor inclusión financiera, estableció los criterios generales que deben observar las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia autorizadas, para realizar inversiones de capital en Sociedades de Innovación y Tecnología Financiera (SITF), en los siguientes términos:
Decisión Andina para cosméticos entra a regir en 2019
Columna de opinión escrita por Andrea Pieschacón, Asociada Sénior del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia, para Asuntos Legales de Diario La República.
El 26 de noviembre de 2018, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 3450, la Decisión 833 que deroga parcialmente la Decisión 516 que venía rigiendo e introduce cambios importantes en materia de los requisitos sanitarios para la comercialización de Productos Cosméticos en la Subregión.
La Decisión 516 permanecerá regulando los temas relativos a Buenas Prácticas de Manufactura de productos Cosméticos y a etiquetado hasta que sean adoptados los reglamentos técnicos Andinos referentes a estas materias y entrará en vigencia conjuntamente con la Resolución que adoptará el reglamento para su correcta aplicación, en noviembre de 2019.
Dentro de los cambios que trae esta nueva Decisión Andina, se destaca la modificación en la estructura que traía la Decisión 516 y definición de los respectivos capítulos; la precisión en la definición de producto cosmético como “toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales” con la eliminación de la expresión “prevenir” dispuesta en la Decisión 516 y la premisa de que por su naturaleza no puede considerarse como tal el producto que contiene declaraciones terapéuticas; la posibilidad de que un mismo producto cosmético que cuente con código de NSO (Notificación sanitaria Obligatoria) tenga varios titulares compuestos por el principal y los terceros que manifiesten a la Autoridad Sanitaria su interés de acogerse a la NSO autorizada sin necesidad de mediar para estos efectos autorización del fabricante; la responsabilidad sanitaria compartida entre el titular de la NSO o el interesado que se acoge a una NSO existente; la exigencia de que el titular de la NSO persona natural o jurídica tenga domicilio legal en el País miembro de la notificación o reconocimiento; en los requisitos generales se incluye expresamente indicar el nombre del envasador o acondicionador cuando corresponda; señalar el nombre del producto con su denominación genérica y el nombre del responsable técnico (Químico Farmacéutico) y entre otros aspectos la posibilidad de permitir que los Países Miembros que lo consideren puedan no requerir el Certificado de Libre Venta del producto o una autorización similar expedida por la Autoridad Competente del país de origen.
No obstante, aún se encuentran en discusión algunos parámetros bajo los cuales se implementará la aplicación de esta Decisión 833 bajo el marco de las consideraciones de las políticas de protección de la salud pública y de los factores económicos y tecnológicos propios de esta industria cosmética.
La implementación de la mencionada decisión ha implicado un arduo trabajo de la industria en conjunto con Invima y los gremios todo con el propósito de trabajar en conjunto la armonización de la legislación. Uno de los aspectos a los que mayor cuidado se debe prestar es el tema relativo a la responsabilidad sanitaria antes mencionada ya que la misma involucra el estricto cumplimiento de los estándares técnicos de los productos, la específica información que debe contener el rotulado y la protección del consumidor al usarlos. No basta la libre comercialización sino la conciencia de la necesidad de proteger la calidad de los cosméticos desde origen, para ser puestos en el mercado.
Puede leer el artículo original aquí.
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Boletín GPA Plazos de Cumplimiento para el RNBD para Entidades Estatales
Las personas jurídicas de naturaleza pública tienen como plazo máximo para cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) hasta el 31 de enero de 2019. Para efectos de cumplir con el RNBD debe observar aspectos tales como:
- Identificar y declarar las bases de datos personales objeto de tratamiento.
- Identificar a los responsables y encargados involucrados en el tratamiento de los datos.
- Contar con las autorizaciones adecuadas en cuanto legalmente sea requerido.
- Publicar sus políticas actualizadas conforme con los mandatos legales sobre la materia.
“a)Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;
b)Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar;
c)Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio;
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.”
De requerir información o asesoría jurídica en estos asuntos, no dude en comunicarse con nosotros.
Gómez-Pinzón figura entre los abogados colombianos más reconocidos según ‘Best Lawyers’
Diciembre 5, 2018 – Best Lawyers, una ‘rankeadora’ cuya metodología se basa en la evaluación por pares, ha publicado la lista de abogados que serán reconocidos en la Edición de 2019. Este año, Daniel Londoño y Patricia Vergara obtuvieron el reconocimiento de Best Lawyers por primera vez. José Luis Suárez, William Araque, Patricia Arrázola, Ricardo Fandiño, Mauricio Jaramillo, Mauricio Piñeros, Paula Samper y Germán Villamil, fueron reconocidos nuevamente por la guía en cuestión. Por otro lado, William Araque obtuvo el reconocimiento de Mejor Abogado del año en el área de litigios.
Best Lawyers es una ‘rankeadora’ que se ha dedicado a investigar el mercado legal en el mundo por más de 30 años. A diferencia de otras rankeadoras, esta tiene la particularidad de basar su metodología de investigación en la evaluación por pares. En otras palabras, el insumo principal de Best Lawyers se encuentra en la evaluación que realizan abogados líderes sobre las habilidades y capacidades profesionales de sus colegas en la misma área geográfica y en la misma área de práctica.
A continuación, compartimos los expertos de Gómez-Pinzón que fueron reconocidos este año por la guía en cuestión:
Mejor Abogado del Año:
- William Javier Araque, en el área de litigios.
Abogados reconocidos en Colombia por Best Lawyers
- José Luis Suárez: Banca & Finanzas y Mercado de Capitales. Reconocido desde 2009.
- William Javier Araque: Arbitraje & Mediación; Litigios y Derecho de Insolvencia y Reorganización. Reconocido desde 2009.
- Ricardo Fandiño: Banca & Finanzas; Mercado de Capitales; Corporativo – F&A; Financiación de Proyectos y Desarrollo; Finanzas Estructuradas. Reconocido desde 2009.
- Paula Samper: Corporativo – F&A. Reconocida desde 2009.
- Mauricio Jaramillo: Propiedad Intelectual y Derecho Deportivo. Reconocido desde 2009.
- Patricia Arrázola: Corporativo – F&A y Recursos Naturales. Reconocida desde 2009.
- Germán Villamil: Banca & Finanzas y Recursos Naturales. Reconocido desde 2009.
- Mauricio Piñeros: Derecho Tributario. Reconocido desde 2012.
- Patricia Vergara: Derecho laboral. Reconocida por primera vez en esta edición.
- Daniel Londoño: Banca & Finanzas. Reconocido por primera vez en esta edición.