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El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 31 de marzo de 2020 se debe cumplir con la actualización anual general obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo cambios no sustanciales que pudiesen haberse efectuado sobre la información consignada allí. El vencimiento de esta obligación no ha sido modificado o extendido por parte de la SIC con ocasión de la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
 
Este es el momento idóneo para realizar todas las actualizaciones de la información incluida en el RNBD que no se hubieran podido haber llevado a cabo con anterioridad.
 
Así mismo, les recordamos otros eventos en que proceden actualizaciones obligatorias de la información consignada en el RNBD: 

• Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.
• Cuando se genere una nueva base de datos, su registro en el RNBD debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a su creación.
• Actualización sobre reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales. La última de estas debió haberse cumplido el 21 de febrero de 2020 (referente a las reclamaciones del segundo semestre de 2019) y la próxima deberá cumplirse el 25 de agosto de 2020 (referente a las reclamaciones del primer semestre de 2020).

Por otro lado, tenga en cuenta que los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad, aun en aquellos eventos en que no estén obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD.
 
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.

A partir del 20 de febrero de 2020 estará disponible en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la nueva plataforma a través de la cual los empresarios antioqueños pueden tramitar con mayor facilidad el Registro Único de Proponentes (RUP), indispensable para la participación en los procesos de contratación pública.

Las principales novedades son:

• Los modelos de certificación podrán ser firmados por el representante legal digitalmente con clave personal; esta clave es la misma que se utiliza para la renovación de la matrícula mercantil o el registro de Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL).
• Los revisores fiscales y contadores también podrán acceder con su clave personal para firmar de forma digital los modelos de certificación que se requieran. Una única clave personal puede ser usada por el contador o revisor fiscal para todas las empresas en las cuales desempeñe esta labor.
• El aplicativo permitirá que, al ingresar información al formulario RUES, esta se refleje simultáneamente en los modelos de certificación. El usuario no tendrá que replicar la información de los formularios en los modelos de certificación.
• El trámite es 100% virtual, de manera que los titulares de las firmas no necesitan acercarse a las taquillas de la Cámara de Comercio. El pago se hará vía tarjeta de crédito o PSE.
• Se podrán cargar al aplicativo los documentos adicionales que soportan los requisitos habilitantes del RUP (Estados Financieros, certificados de experiencia, contratos y actas de liquidación, entre otros).

Se recomienda realizar la renovación de la matrícula mercantil o registro de ESAL de manera previa a la actualización del RUP, ya que en caso de existir inconstancias entre el RUP y los demás registros, se hará la devolución del trámite.

Es importante recordar que el RUP debe estar actualizado a más tardar el 7 de abril de 2020 y debe estar en firme de manera previa a la presentación de la oferta en los procesos de selección. En este sentido, en Gómez-Pinzón Abogados estamos a la disposición de nuestros clientes para acompañarlos en la expedición y/o actualización de este registro, así como también para asesorarlos en trámites, autorizaciones y procedimientos de derecho público-administrativo, incluyendo procesos de selección pública como precalificaciones, licitaciones y concursos de méritos.