Según estudio realizado por Oxfords Economics (OE) en el 2019 se esperan transacciones por un valor de USD $6.000 millones, en comparación a lo que inicialmente se estimó para los USD $1.300 millones del 2018, de los cuales USD $4.000 millones corresponderían a transacciones transfronterizas y los USD $2.000 millones restantes a transacciones nacionales.


Visa y MasterCard lograron en su segundo intento, conciliar por un valor entre USD $5.56 y $6.26 billones con aproximadamente 12 millones de comerciantes, por acusaciones en materia de competencia, luego de haber intentado llegar a un arreglo en el 2012 que fue rechazado por la mayoría de los comerciantes. Este se convierte en el arreglo más grande de la historia en temas de competencia.

El pleito duró más de 10 años, y consistió en acusaciones realizadas a las compañías por violar las leyes federales de competencia. Esta denuncia fue realizada por parte comerciantes al tener la obligación de pagar fees a estas compañías por “pasar” tarjetas y prohibirles a dichos comerciantes que pudieran sugerirles a los clientes otros medios de pago.


La autoridad de competencia brasilera le indicó a Petrobras que debe vender 4 de las 13 refinerías brasileras de la cual es propietario, con el objetivo de descentralizar el control del suministro de combustible que actualmente esta compañía ostenta, pues su preocupación se centra en el control que esta empresa tiene sobre la venta de combustible, así como la influencia que ejerce sobre la recolección, el tratamiento y la eliminación del crudo.

Esta desinversión la solicitan con el fin de reducir la participación de mercado de Petrobras en el mercado de refinado de petróleo, pues actualmente cuenta con el 98% del mercado y se espera que luego de la desinversión su participación quede en 75%, aún así teniendo en cuenta que Petrobras mantendrá el control sobre 17 refinerías brasileras, adicionales a las 36 terminales marinas que controla; y también para lograr disminuir los costos de distribución y estimular la competencia en el sector de refinería.

Sin embargo, Petrobras ha tratado en dos oportunidades cumplir la orden de desinversión, pero ha encontrado dos problemas puntuales que han retrasado dicha desinversión: (i) en junio del año pasado cuando ya estaba cerca de enajenar el 60% de las acciones de las 4 refinerías, la Corte les impuso una obligación adicional a las empresas que se encontraran con capital del Estado, esto es una aprobación previa por parte del Congreso; (ii) en diciembre del año pasado, la Corte Suprema nuevamente impidió que se concretara la desinversión, pues suspendió un decreto presidencial en el que se establecían los requisitos a cumplir para la desinversión de activos aguas arriba. Esta suspensión ya se encuentra en apelación pendiente por decisión.


Starkist compañía productora de alimentos de atún, salmón y pollo (una de las 3 mayores principales productoras de atún de Estados Unidos), llegó a un arreglo con Walmart (mayor comercializador de atún enlatado en Estados Unidos), por un valor de USD $20.5 millones en virtud de conflictos en materia de competencia.

Starkist, en conjunto con otros productores, recientemente ha sido investigado por fijación artificial de precios, con ocasión de varias demandas realizadas por minoristas, comercializadores, productores y mayoristas.

Adicional al arreglo económico, Starkist comenta que se negociaron también términos comerciales favorables con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.

El presidente y CEO de Starkist, Andrew Choe, manifestó que “Starkist es una compañía socialmente comprometida, y está complacido por haber logrado resolver este pleito con su cliente más grande, en términos legales y razonables”.

Vale la pena recordar que en el 2017 Starkist se declaró culpable por uno de los cargos imputados dentro de la investigación por violación federal a una conducta prohibida por el Sherman Antitrust Act, y pagó una multa de USD $100 millones.


La autoridad de competencia británica, (CMA), anunció el miércoles 23 de enero que ha llegado a suscribir acuerdo formal con 16 celebridades para que éstas indiquen en los posts que realizan si éstos fueron o no pagados para su publicación.

Dentro de las celebridades que se encuentran participando de la propuesta están: Rita Ora, Ellie Goulding, Alexa Chung, Rosie-Huntington-Whiteley, entre otros.

Esta iniciativa proveniente de la ley de protección al consumidor tiene como objetivo informarle a los millones de seguidores de una celebridad que cualquier mención que hagan de un producto en sus redes sea lo suficientemente clara y transparente de haber recibido algún beneficio por su publicación o si la misma corresponde a la opinión personal de la celebridad que la pública.

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