Covid-19: Litigios / Arbitramentos

Obligación para empleadores de desarrollar un programa de siembra de árboles

La Ley 2174 de 2021, sancionada el 30 de diciembre de 2021, contempla una nueva obligación para empleadores públicos y privados de reconocer una (1) vez por año una licencia remunerada para el cuidado de menores de edad que padezcan de una enfermedad o condición terminal, la cual tendrá una duración de diez (10) días hábiles.

Nuevo arancel de aduanas

El pasado 30 de diciembre del año 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1881, mediante el cual se adopta el nuevo Arancel de Aduanas, derogando el Decreto 2153 de 2016.

¿Salvedades en acuerdos modificatorios de contratos estatales?

A lo largo de los años, se han desarrollado dos corrientes en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la necesidad de incluir salvedades en los acuerdos modificatorios de los contratos estatales, como un presupuesto para elevar reclamaciones relacionadas con hechos anteriores a la celebración de dichos acuerdos. Sin embargo, la tesis aplicada en recientes sentencias de este alto tribunal garantiza -en mayor medida- los derechos de las partes respecto del contrato y, a su turno, vela porque aquellas se comporten de conformidad con la buena fe contractual.

Tribunal Superior de Bogotá revoca sentencia Caso Bavaria-Central Cervecera de Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia del 29 de abril de 2021 emitida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se había declarado la comisión, por parte de Bavaria, del acto desleal de pactos desleales de exclusividad, establecido en el artículo 19 de la Ley 256 de 1996.

Recomendación Antisoborno Transnacional 2021 de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE- organismo de cooperación internacional del cual hace parte Colombia desde el 28 de abril de 2020-, siguiendo su misión de promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, el pasado 26 de noviembre de 2021 emitió la Recomendación Antisoborno que complementa la Convención Antisoborno, para que sus países miembro la implementen y la dirijan no solo al sector público sino también a las empresas del sector privado.

Anulada la limitación de 420 UVT a las deducciones y rentas exentas sobre pagos laborales

Con Sentencia No. 24047 de 2021 el Consejo de Estado, anuló el aparte “es decir cuatrocientos veinte (420) Unidades de Valor Tributario – UVT mensuales”, contenido en el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Decreto 1625 de 2016 eliminando la limitación mensual a rentas exentas y deducciones aplicable en la depuración de la retención en la fuente sobre pagos laborales, de esta forma solo resultará aplicable la limitación anual.

¿Sabe usted si su empresa está obligada a prevenir la corrupción?

Este fenómeno social, económico y político afecta a toda la población mundial; tiene origen en las decisiones que toma cada integrante de la sociedad, aunque las consecuencias más graves se evidencian en las acciones de los dirigentes, funcionarios públicos y grandes compañías.

Ajustes a la regulación en materia de reportes de información

El desarrollo de la infraestructura de la mano con la protección al medio ambiente, no son incompatibles, todo lo contrario, en la actualidad la potencialización de los servicios básicos de energía, saneamiento, agua potable, transporte, puede llevarse a cabo cumpliendo con objetivos de cobertura, calidad y eficiencia.

Preguntas frecuentes del COVID-19

1. ¿El COVID-19 es considerado un hecho de Fuerza Mayor en contratos estatales?

Sí, bajo la ley colombiana aplicable en virtud del artículo 13 de la Ley 80, de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil, la pandemia del coronavirus se considera un evento imprevisible e irresistible que constituye Fuerza Mayor.

Sin embargo, se deben revisar las cláusulas de cada contrato para verificar cómo se aplica, qué obligaciones afectas, cómo está distribuido el riesgo y cómo se deben asumir los impactos adversos entre las partes. 

2. Qué pasa con los contratos de arrendamiento de establecimiento de comercio cuando su apertura está restringida por medidas gubernamentales con ocasión del COVID-19?

Recomendamos que en este evento el empresario revise (i) si el contrato prevé este supuesto como causal de fuerza mayor a favor de una o de ambas partes o como causal de suspensión del contrato; (ii) si en el contrato se asignaron riesgos derivados de la imposibilidad de cumplimiento de algunas o todas de las obligaciones; (iii) el arrendador debe evaluar si su obligación de garantizar el uso y goce de la cosa se ha tornado imposible. En dado caso, podrá estarse ante un evento de fuerza mayor que impida la ejecución del contrato; (iv) el arrendatario debe evaluar si, en el contrato, el pago del canon está asociado al uso de la cosa para la destinación acordada. En dado caso, podrá estarse ante un supuesto de fuerza mayor; y (v) en caso de estarse ante un evento de fuerza mayor, la consecuencia por regla general es excusar el incumplimiento de las obligaciones. Por regla general, para que proceda la suspensión del contrato debe haber una cláusula contractual que así lo disponga o -en contados casos- derivarse de la esencialidad de la obligación que se hace imposible.

3. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento de establecimiento de comercio cuando su apertura NO fue restringida por medidas gubernamentales con ocasión del COVID-19 y, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones NO se ha tornado imposible?

Recomendamos que en este evento el empresario revise: (i) cuál fue la asignación de riesgos en el contrato pues esta, en principio, debe prevalecer; (ii) establezca si la situación generada por el COVID-19 ha vuelto excesivamente oneroso el cumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. La excesiva onerosidad debe revisarse en atención a la distribución original de cargas entre las partes; (iii) si las circunstancias que llevaron a la excesiva onerosidad son imprevisibles y extraordinarias. Si bien es posible que la pandemia en sí lo sea, el análisis debe contemplar los riesgos originalmente asignados en el contrato – por ejemplo, si se asignó el riesgo cambiario, o el riesgo en volatilidad de precios, etc.  Incluso bajo una asignación contractual de riesgos, podría establecerse (y habría que demostrarse) que las nuevas circunstancias extraordinarias han alterado el equilibrio contractual en forma (a) imprevisible y (b) desproporcionada a las previsiones iniciales

4. ¿Puede el arrendador solicitar el pago completo del canon de arrendamiento en el actual contexto?

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