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Cámara de Comercio de Medellín implementa cambios en plataforma para RUP

El sello “Crea Colombia” dinamiza la Economía Naranja

Durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Economía Naranja (CNEN) realizada el pasado mes de marzo, ProColombia presentó el sello “Crea Colombia” como distintivo de la creatividad y el talento de los empresarios colombianos en el mundo.

El sello “Crea Colombia” identificará a los emprendedores colombianos ante el mundo. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el sello buscaría robustecer las industrias creativas que aportan a la economía colombiana y fortalecen la identidad, facilitando el acceso a los bienes y servicios creativos originados en el país, y fomentando así la apropiación cultural de los contenidos que este sello identificaría y la riqueza e identidad del país[1].

La ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) Sylvia Constaín, en el evento Colombia 4.0 (que reúne a los sectores de la tecnología, la creatividad y las industrias creativas digitales) definió el sello así:

“El sello ‘Crea Colombia’ será un distintivo que irá con todo aquello que ustedes están haciendo en este sector (…) ese será nuestro sello de la industria creativa pura de nuestro país, algo de lo que tenemos que sentirnos más que orgullosos. Este sello irá en nuestros videojuegos, en nuestros contenidos, en el software que hagan ustedes. Así demostraremos que tenemos talento y que lo estamos poniendo al servicio del país y del mundo”[2]

Hasta el momento el Ministerio de Cultura afirma que el distintivo funcionará en adelante como una marca de origen, y en este sentido existen varios caminos para proteger este tipo de signos, dependiendo del enfoque que el Gobierno Nacional quiera darle y de la administración que vaya a tener el signo.

Este sello se enmarca en los signos que identifican un interés colectivo, que pueden ser una marca colectiva, una marca de certificación o una denominación de origen.

¿Marca colectiva, marca de certificación o denominación?

La marca colectiva es un signo que distingue el origen o una característica particular y común de productos o servicios pertenecientes a diferentes empresas y que es administrado por un solo titular. Este tipo de marcas requieren que al momento de la solicitud se aporten copias de los estatutos de la asociación u organización que la solicita y los integrantes, condiciones y forma en la que el signo será utilizado en el mercado.

A pesar de ser una de las formas de protección, no es la más adecuada porque si el signo ha ser administrado por el Gobierno Nacional, no existiría una asociación en la que recaiga la mencionada administración.

La denominación de origen, por su parte, consiste en un signo que identifica un producto con un origen geográfico especifico y con unas características que se deben al medio geográfico en el que se produce. La denominación de origen tampoco es aplicable al signo sello Colombia Crea, en la medida que no se trata de unos productos y servicios cuyas características o calidad esté asociada a un territorio en particular.

Finalmente, se tiene la marca de certificación, que es un signo que tiene como objetivo distinguir productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Este tipo de signos pueden ser solicitados por entidades públicas o privadas u organismos internacionales.  Así mismo estas solicitudes deben estar acompañadas de un reglamento de uso de marca, las características que la marca certifica y la forma en la que el titular ejerce control sobre la misma.

Esta clase de marca es la más adecuada en el caso del sello “Colombia Crea”, en la medida que identificaría directamente el origen y las características de unos productos y servicios y le permitiría al Gobierno Nacional tener control y administración sobre el uso de esta marca.

Sin importar el medio de protección por el que opte el Gobierno nacional, el signo sello “Colombia Crea” será la marca de la creatividad y el talento colombiano, que cuenta con el potencial de convertirse en una importante alianza entre el sector público y los empresarios, para estar alineados, hablando un mismo lenguaje en lo relativo a las industrias creativas y culturales.

Por Juan Pedro Arias

[1] Ministerio de Cultura, Estrategia Colombia Crea 2030, Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/Economa%20Naranja/assets/files/COLOMBIA%20CREA%202030.pdf

[2] Ministerio de Cultura, Se consolida la Economía Naranja colombiana, Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Se-consolida-la-Econom%C3%ADa-Naranja-colombiana.aspx

¿Cuál es el estado de la Ley de Financiamiento?

El 28 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 1943 de 2018 por la cual se expidieron “normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”, es decir, la Ley de Financiamiento presentada por Alberto Carrasquilla, el actual Ministro de Hacienda. Esta Ley fue polémica no solo en su proceso de aprobación sino después de la fecha de publicación debido a que, para agosto de 2019, ya contaba con aproximadamente 30 demandas de inconstitucionalidad, unas 10 por vicios de forma y otras 20 por vicios de fondo[1].

En particular, hubo dos importantes demandas en contra de la Ley 1943 de 2018 que fueron analizadas por la Corte Constitucional: una presentada por Alberto Libreros y David Clemente Retamoso (investigadores de la Universidad Nacional), enfocada en vicios de procedimiento, la cual llegó al despacho del magistrado Alejandro Linares; y otra presentada por el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que llegó al despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido.

El 16 de octubre de 2019, la Corte Constitucional publicó un comunicado de prensa respecto del Expediente D-13207, referente a una demanda de inconstitucionalidad por vicios de forma en contra de la Ley de Financiamiento. En dicho comunicado se presentó el sentido del fallo de la Sentencia C-481 de 2019 (la cual no ha sido publicada oficialmente) con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo. En síntesis, el fallo declara inexequible la Ley 1943 de 2018 por vicios de procedimiento en su formación, aunque cabe aclarar que la Corte Constitucional hace la salvedad de que la inexequibilidad de dicha norma será diferida hasta el primero de enero de 2020, es decir, que esta Ley seguirá vigente por el año gravable 2019.

La Corte Constitucional otorgó este plazo de inexequibilidad diferida con el propósito de que el Congreso de la República, dentro de este plazo, pueda ratificar, modificar, derogar o subrogar esta Ley con un nuevo régimen que cumpla con los requisitos constitucionales de forma y fondo. Esto significa que toda situación consolidada a 31 de diciembre de 2019 permanece exactamente igual, puesto que los efectos jurídicos de la sentencia son hacia el futuro, y en este caso particular, desde el primero de enero de 2020, como se estableció anteriormente.

Según el comunicado de prensa, el cargo concreto formulado en contra de la Ley de Financiamiento fue el desconocimiento de los Artículos 157 de la Constitución Política y 160 del Reglamento del Congreso, referentes a la publicación del Proyecto de Ley aprobado en plenaria del Senado para que pudiera ser aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, debido a que el texto se aprobó sin haber sido conocido por la Cámara. Esto afectó la contradicción y el debate que se pudo haber generado dentro de la Cámara de Representantes, la cual estaba facultada para hacer los cambios que consideraran necesarios y, por ende, se vulneró el sistema legislativo bicameral colombiano. Así mismo, la Corte estableció que se afectó no sólo el principio constitucional de publicidad sino también el de consecutividad pues la Cámara de Representantes, al adoptar el texto tal cual fue presentado por el Senado (sin conocerlo y por ende si haber presentado posibles objeciones), suprimió el mecanismo de conciliación propio del Congreso. Este hecho constituye un vicio constitucional insubsanable, y por ende debe agotarse una vez más el procedimiento legislativo ordinario.

La propuesta del gobierno actual, en cabeza del Ministerio de Hacienda, fue radicar nuevamente el Proyecto de Ley inicial presentado, con algunos ajustes menores, y cumplir con los requisitos de procedimiento constitucionales. No obstante, esta propuesta presenta ciertos obstáculos.

Por un lado, actualmente en la Corte Constitucional ya se han presentado aproximadamente 20[2] demandas de inconstitucionalidad por vicios de fondo en contra del Proyecto de Ley, lo que podría llevar a fallos de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional y por ende a que el Congreso se vea en la forzosa tarea de legislar de nuevo sobre la misma materia. Por otro lado, muchos temas que pasaron en el trámite legislativo anterior sin mayor problema ahora se han convertido en temas controversiales a partir de la resistencia que manifiestan varios partidos políticos, lo cual implica mayores sesiones de revisión.

Independientemente de si se genera o no un debate respecto del Proyecto de Ley radicado, lo importante es que se pueda emitir una nueva Ley de Financiamiento antes del primero de enero de 2020. De no lograr dicho cometido, no serían aplicables las normas contenidas en la Ley 1943 de 2018 y operaría la reviviscencia de la norma, es decir, volverían a la vida jurídica las normas expedidas antes de la Ley 1943 de 2018, lo que produciría una desconfianza en el inversionista en el sistema tributario colombiano.

Por David Múnera Palacio

[1] Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandas-que-estudia-corte-constitucional-contra-ley-de-financiamiento-de-duque-405290

[2] Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandas-que-estudia-corte-constitucional-contra-ley-de-financiamiento-de-duque-405290

Big Data en la prestación de servicios legales

“Data is the oil of the digital era”

– The Economist (2017)[1]

En la actualidad, el desarrollo exponencial de la tecnología y la complejidad que implica la era digital para la industria legal ha obligado a los agentes involucrados a implementar métodos innovadores y en sintonía con estos fenómenos, para continuar siendo competitivos dentro de un mercado cada vez más cambiante, exigente y flexible. Una manifestación importante de la era digital para todas las industrias es el Big Data o Macrodatos. El concepto de Big Data ha sido utilizado desde los años 90 y hace referencia a grandes conjuntos de datos e información que sobrepasan la habilidad común de procesamiento en un tiempo relativamente corto[2].

Al trasladar este concepto a la prestación de servicios legales, cabe preguntarse: ¿cómo podrían beneficiarse los clientes que contratan prestadores de servicios legales que usan y analizan Big Data?

Un reporte emitido por McKinsey & Company[3] estableció que las organizaciones que dirigen sus actividades regidos por políticas de manejo de Big Data tienen 23 veces más posibilidades de adquirir clientes, 6 veces más posibilidades de retener dichos clientes y 19 veces más posibilidades de tener resultados rentables.

Aunque el uso y análisis de Big Data trae grandes beneficios para los prestadores de servicios legales, también se pueden encontrar varios beneficios para los clientes que contratan oficinas o firmas que usen esta herramienta:

• Esta herramienta permite que una oficina o firma logre sistematizar su experiencia a través de diversos filtros, como áreas del Derecho, casos exitosos y cuantías entre otros; en general, información que resulta útil para el cliente a la hora de elegir un determinado asesor legal para un caso concreto.

• El manejo de Big Data al interior de oficinas y firmas de abogados permite establecer propuestas de honorarios más estandarizadas y predecibles para el cliente, tema que suele ser complejo en la práctica legal. De esta forma se estandarizan precios según experiencias sistematizadas y así no hay sorpresas para el cliente ni precios disparejos.

• El uso y análisis de Big Data permite predecir fallos o consecuencias jurídicas de trámites en específico, situación que beneficia al cliente al ofrecerle un escenario probable del desarrollo de su caso concreto a partir del estudio sistematizado de casos pasados similares.

• Adicionalmente, se facilita la etapa investigativa de cualquier caso o transacción debido a que permite organizar información obtenida en procesos o trámites anteriores que probablemente se repiten en casos de la misma naturaleza. De esta forma se reutiliza información bajo un sistema de fácil acceso y los abogados se pueden enfocar en los elementos diferenciadores de cada caso.

• Finalmente, el Big Data permite automatizar ciertos procesos que se repiten en trámites iguales. Esto se presenta cuando el prestador del servicio legal usa el mismo formato documental para varios casos, como por ejemplo demandas, quejas, contratos, poderes, entre otros. Con un análisis de las versiones de estos documentos usados en casos exitosos, se pueden generar modelos en donde solo se requiera incluir los datos de cada supuesto, beneficiando al cliente a través de un número menor de horas facturadas y los abogados pueden enfocarse en la parte analítica del caso.

En conclusión, el desarrollo de nuevas tecnologías le plantea a la industria de servicios legales el reto de transformarse y adaptarse a nuevos modelos que están acordes con la realidad global, siendo competitivos en un mercado acelerado y cambiante. Aunque esta industria, por la forma en que se ha desarrollado y el valor que le otorga a la tradición, ha sido bastante resistente a incorporar cambios, el Big Data como manifestación de la era digital pone sobre la mesa una oportunidad eficiente, rápida, escalable y confiable de manejar la cantidad de información que produce a favor de las firmas y oficinas de abogados, agilizando y mejorando procesos respecto de la forma en que trabajan.

[1] Tomado de: https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

[2] Snijders, C.; Matzat, U.; Reips, U.-D. (2012). “‘Big Data’: Big gaps of knowledge in the field of Internet”. International Journal of Internet Science. 7: 1–5.

[3] Tomado de: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/consumer-data-privacy-and-personalization-at-scale

Por David Múnera Palacio

Referencias

• The Legal Festival. “The Legal Innovation Report 2019” (2019)
• Business Collective. “The New Implications of Big Data on the Legal Industry” Tomado de: https://businesscollective.com/the-new-implications-of-big-data-on-the-legal-industry/index.html
• Mark A. Cohen “Why Is Law So Slow To Use Data?” (2019) Tomado de: https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2019/06/24/why-is-law-so-slow-to-use-data/#415405efb8eb
• Ed Walters “Data-Driven Law: Data Analytics and the New Legal Services” (2018). Tomado de: https://www.crcpress.com/Data-Driven-Law-Data-Analytics-and-the-New-Legal-Services/Walters/p/book/9781498766654#googlePreviewContainer
• Jason Thomas “AI and big data in the legal profession” (2019). Tomado de: https://theaseanpost.com/article/ai-and-big-data-legal-profession
• Holli Sargeant “Opportunities for Big Data + Big Law” (2019). Tomado de: https://medium.com/dataseries/opportunities-for-big-data-big-law-cd1318414497
• Doug Laney. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. (2001) Tomado de: https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf

Cannabis medicinal en Colombia, el nuevo auge en el sector agropecuario

El negocio del cannabis medicinal se ha convertido en un mercado considerablemente atractivo para posibles empresarios e inversionistas. Colombia ha sido uno de los países pioneros a nivel global y regional en este nuevo auge, en el que Antioquia se erige como departamento líder en el país en esta nueva industria.

Contexto Regulatorio Colombiano

Desde la Ley 30 de 1986[1], la producción y comercialización de cannabis para el uso médico y científico están autorizadas en Colombia. Posteriormente, en el Acto Legislativo 02 de 2009[2] se incluyó, en el Artículo 49 de la Constitución Política, el porte y consumo de este tipo de sustancias, siempre y cuando se tenga prescripción médica.

En este sentido, la Ley 1787 de 2016[3]creó un marco regulatorio concreto alrededor de este acto legislativo en relación con el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis, como lo establece el objeto de la misma Ley en su primer artículo.

Posteriormente, el Decreto 613 de 2017[4]reglamentó las disposiciones de la Ley 1787 de 2016 en el tema específico de expedición de distintos tipos de licencias mediante su Art. 2.8.11.2.1.1, el cual en términos generales las define como una autorización que dan las autoridades para realizar actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de semillas para la siembra de planta de cannabis y sus derivados, para fines médicos y científicos.

Oportunidad de negocio

Dentro de este amplio marco regulatorio se debe mencionar la oportunidad de negocio que significa el cannabis medicinal, ya que el país cuenta con las condiciones ideales para su producción y expansión, especialmente en Antioquia, en donde este mes se llevaron a cabo dos congresos internacionales sobre el tema: ExpoMedeWeed (entre el 22 y 24 de noviembre) y Cannaworld Congress (el 26 de noviembre), los cuales reunieron a los mayores expertos en este tema en Latinoamérica y el mundo.[5]

El departamento antioqueño se posiciona como líder regional en esta industria debido a que reúne las condiciones óptimas para el cultivo del cannabis y cuenta con iniciativas tanto del sector público como privado. En una Alianza entre la Gobernación y la Universidad de Antioquia se espera que, para fin de año, opere la primera empresa de Cannabis Medicinal de iniciativa pública.[6] En el departamento hoy operan 14 empresas distintas en 13 municipios diferentes[7] en actividades relacionadas con esta industria, y la cifra continúa creciendo.

Con relación a la inversión necesaria para incursionar en este sector, producir un gramo de flor de cannabis en Colombia puede costar 5 centavos de dólar, mientras que en otros países como en Canadá o Estados Unidos la cifra es de USD $1,30 a USD $2. En Colombia un invernadero puede requerir inversiones entre los USD $100 mil y USD $200 mil, mientras que en otros países esta inversión puede significar hasta USD $1.5 millones[8]. Para septiembre de 2019 ya se contaba con 56 hectáreas cultivadas en Colombia, lo que significarían ganancias por USD $99 millones en 2020[9].

En conclusión, Colombia, y especialmente Antioquia, tiene una gran oportunidad dentro del crecimiento que se observa en esta industria, ya que cuenta con amplias áreas de cultivo, un clima ideal para el desarrollo de esta planta e infraestructura accesible al inversionista, así como un marco regulatorio favorable para el empresario. En general, el cannabis se observa como una industria activa e interesada, como lo evidencian los próximos eventos a realizar en la ciudad de Medellín.

Por Manuel Londoño Londoño

[1] Artículo 3 de la ley 30 de 1986

[2] Acto Legislativo 02 de 2009

[3] Artículo 1 de la ley 1787 de 2016

[4] Decreto 613 de 2017.

[5] ExpoMedeWeed. (13 de Noviembre de 2019). ExpoMedeWeed. Obtenido de En 2019: https://www.expomedeweed.com/

[6] Telemedellín. (30 de julio de 2019). A final de año comenzaría a funcionar empresa de Cannabis Medicinal. Obtenido de Telemedellín Noticias : https://telemedellin.tv/empresa-de-cannabis-medicinal/343817/

[7] La República . (2019). EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE CANNABIS MEDICINAL. Bogotá: La República .

[8] Revista Dinero. (2 de junio de 2019). Cannabis Medicinal: Colombia se vuelve potencia. Obtenido de Agroindustria: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/asi-crece-el-prospero-negocio-del-cannabis-en-colombia/26678

[9] El Tiempo. (29 de septiembre de 2019). “Fiebre del oro” de la marihuana medicinal, oportunidad para Colombia. Obtenido de Economía: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-fiebre-del-oro-que-vive-la-marihuana-medicinal-es-una-oportunidad-para-colombia-417514

Línea de crédito para industrias creativas en Antioquia

A finales de agosto de 2019, Bancóldex y Ruta N lanzaron un cupo de crédito de COP $6 mil millones al cual pueden acceder personas naturales o jurídicas que realicen actividades creativas y culturales a través de micro, pequeñas y medianas empresas que tengan mínimo seis meses de constitución y que estén domiciliadas en el Departamento de Antioquia.

Para solicitar el crédito, las empresas interesadas deben someter el proyecto beneficiario a la aprobación del Comité Técnico de Ruta N. Una vez reciban dicha aprobación, la solicitud de crédito debe ser presentada ante los intermediarios financieros que cuenten con el cupo de crédito mencionado, para lo cual cada empresa es asesorada por Ruta N para escoger al intermediario financiero.

Destinación de los recursos:

• Capital de trabajo:
  • Materia prima, insumos, inventarios y similares.
• Modernización:
  • Compra o arrendamiento de inmuebles, maquinaria o equipos vinculados a la actividad económica.
  • Adecuaciones o mejoras a las instalaciones
  • Certificaciones de calidad, licencias, patentes, registros sanitarios, entre otros.
• Acciones de crecimiento y expansión:
  • Compra o contratación de actividades específicas para el crecimiento
  • Participación en mercados internacionales, giras y festivales.

Condiciones:

• Cada empresa tendrá derecho a un crédito de hasta COP 750 millones.
• El cupo está disponible hasta el agotamiento de los recursos.
• El plazo podrá ser de máximo 3 años.
• La tasa de interés podrá ser libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero.

Como esta propuesta, el municipio de Medellín ha venido impulsando iniciativas dirigidas a las economías creativas y culturales, como por ejemplo “El Pauer”, una plataforma lanzada por Comfama y Ruta N dirigida a los emprendimientos creativos y culturales de Antioquia en la que se muestran los principales eventos, iniciativas e historias relacionadas con la economía naranja. También se destaca la Cumbre de Economía Naranja realizada el pasado mes de septiembre, la cual fue organizada por el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la ALF (Advanced Leadership Foundation).

En este sentido, Gómez Pinzón Abogados también está comprometido con el impulso de este tipo proyectos a través de su programa para emprendimientos Impacta. Teniendo en cuenta que las asesorías legales se han convertido en un obstáculo para los emprendedores, Impacta tiene el objetivo de brindarles asesoría legal ofreciendo descuentos según las características de cada emprendimiento. Para esto, los emprendedores deben estar en su etapa final o deben haber finalizado un programa de aceleración reconocido; deben haber sido receptores de capital o participado en una ronda de inversión; y deben contar con ingresos anuales iguales o superiores a COP $120 millones e inferiores a COP $2 mil millones. De esta manera, los emprendedores tienen la posibilidad de acceder a asesorías legales sobre temas desconocidos como contratación, tributación, entre otros.

Por: Eliana Villa Siegert

Desfile de Silleteros: del orgullo paisa a Patrimonio Cultural Nacional

En 1957 Arturo Uribe Arango, el entonces director de la oficina de Turismo y Fomento de Medellín, decidió invitar a un grupo de silleteros de Santa Elena para que hicieran parte de un desfile en la ciudad de Medellín en donde pudieran mostrar su trabajo con las flores que hasta el momento venían realizando de manera reservada. En ese momento nació el Desfile de Silleteros en Antioquia, evento del cual se han celebrado 62 versiones.

El Desfile de Silleteros se convirtió en una manifestación histórica y cultural representativa de todos los colombianos. En el desfile de este año participaron 550 silleteros, asistieron aproximadamente 800.000 personas y fue el gran cierre de la Feria de las Flores. El recorrido fue de 2.8 kilómetros, partiendo desde el puente Guayaquil y terminando en la avenida ferrocarril a la altura de Plaza Mayor.[1]

Patrimonio Cultural Inmaterial en la ley colombiana

El artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997 contiene el régimen legal del Patrimonio Cultural Inmaterial, el cual es constituido por “las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.”[2] Dentro de este régimen se crearon dos figuras jurídicas importantes: la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (en adelante “LRPCI”) y los Planes de Salvaguardia (en adelante “PES”) como mecanismos de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, regulados de manera concreta por el Decreto 1080 del 2015.

La LRPCI tiene una función enunciativa, esto es, establece cuáles son las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que son considerados jurídicamente como Patrimonio Cultural Inmaterial. Por su parte, según el artículo 2.5.3.1. del Decreto 1080, un PES “es un acuerdo social y administrativo, concebido como un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial.”[3] Estas dos figuras legales recobran gran importancia respecto de la protección jurídica otorgada al Desfile de Silleteros como expresión cultural e histórica como se explica a continuación.

Protección legal del Desfile de Silleteros

Debido a su importancia a nivel regional y nacional, el Desfile de Silleteros ha sido objeto de varias protecciones legales que lo ubican hoy como una de las manifestaciones culturales más representativas. En el año 2003, el Congreso expidió la Ley 838 en donde se declara patrimonio cultural de la Nación a los Silleteros y a la Feria de las Flores de Medellín. Específicamente se consagra lo siguiente:

“Declárese como patrimonio cultural de la Nación a los silleteros del corregimiento de Santa Elena, municipio de Medellín, departamento de Antioquia, y a la Feria de las Flores que se celebra en la ciudad de Medellín y se les reconoce la especificidad de cultura paisa y antioqueña, a la vez que se les brinda protección a sus diversas expresiones de tradición y cultura.”

En el 2011 se empieza a desarrollar por parte de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, la Corporación Caminos del Silletero, la Corporación Cultural y Ambiental Familia Londoño, la Corporación Internacional de Silleteros por el Mundo y la Corporación Flores del Silletero, un plan para solicitar la protección jurídica del Desfile de Silleteros como consecuencia de la necesidad de preservar, visibilizar, proteger, revitalizar y promocionar esta manifestación como un símbolo de identidad, cultura e historia en la región. Finalmente, el 25 de junio de 2015 se materializa dicha protección puesto que la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba a través de la Resolución 1843, siguiendo el precedente de la Ley 838 de 2003, incluye en la LRPCI la manifestación cultural silletera del territorio de Santa Elena, de los municipios de Medellín, Guarne, Envigado y Rionegro (Antioquia) y se aprueba su PES.

Dentro de este PES se plantearon cuatro ejes básicos de acción que son la productividad campesina y sostenibilidad de la vida silletera, proyectos de investigación, transmisión, educación y comunicación social del patrimonio y gestión e incidencia en políticas públicas. El PES, adicional a relatar el contexto histórico del Desfile de Silleteros y de identificar sus elementos esenciales, estructura un plan organizado con objetivos medibles para cada cinco años, el cual se puede consultar en el siguiente enlace.

[1] “Con Desfile de Silleteros se cierra la Feria de las Flores en Medellín”. RCN Radio. 11/08/19. Tomado de: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/con-desfile-de-silleteros-se-cierra-la-feria-de-las-flores-en-medellin

[2] Artículo 11-1 de la ley 397 de 1997

[3] Artículo 2.5.3.1. del Decreto 1080

Las nuevas tecnologías como instrumento para comercialización de productos y servicios

En el marco del cierre de Colombiamoda, nace un tema de relevancia nacional e internacional que cada día cobra más importancia: la creación de plataformas digitales para la comercialización de productos y servicios.

Este año, la feria tuvo un enfoque diferente al de los años anteriores pues giró en torno a la transformación digital y a la tecnología como medio para potencializar el crecimiento de la industria de la moda. Una de las novedades que trajo Colombiamoda fue la creación de una plataforma digital llamada “Colombiamoda Digital”, orientada a la promoción y al posicionamiento de las marcas participantes a través de la comercialización de productos por medios virtuales.

Como Colombiamoda, otros empresarios colombianos también han recurrido a las nuevas tecnologías para ofertar sus bienes y servicios, e inclusive han llegado al país compañías extranjeras cuyo principal o único método de ventas es a través de plataformas digitales. Surge entonces la pregunta acerca de la regulación de estas plataformas, pues si bien en un principio operaban de manera libre por la ausencia de una regulación legal, hoy no pasa lo mismo.

Desde finales del siglo pasado, el legislador colombiano comenzó a expedir normas relativas al comercio a través de nuevas tecnologías, y aunque quedó corto en algunos aspectos, logró sentar la base para futuras normas. Una de estas es la Ley 527 de 1999, a través de la cual se regula el acceso y uso del comercio electrónico, de los mensajes de datos y de las firmas digitales. La norma define el comercio electrónico como aquel que “abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar (…)”, así como también regula el comercio electrónico en materia de transporte de mercancías.

Por otro lado, la Ley 1341 de 2009, que ha sido ampliamente modificada, regula ciertos principios y conceptos relacionados con la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en aspectos como el régimen de protección al usuario, el régimen de los proveedores de redes y servicios de las TIC, el régimen de infracciones y sanciones, entre otros. Asimismo, el Estatuto del Consumidor nos acerca un poco más al tema de plataformas digitales al establecer el concepto de ventas a distancia, definidas como aquellas en las que el consumidor no tiene contacto directo con el producto que adquiere, pues esta adquisición se puede dar por correo, teléfono, catálogo, o a través del comercio electrónico. Esta norma regula temas como los deberes del productor que realiza ventas a distancia, el derecho de retracto, la protección al consumidor del comercio electrónico, la reversión del pago, la protección de los menores de edad y los portales de contacto, entre otros.

Resulta de especial relevancia la Resolución 51 de 2018 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que ha causado gran polémica en los medios de comunicación por establecer el deber de pagar el impuesto sobre las ventas (IVA) en cabeza de los prestadores de servicios desde el exterior y sin residencia o domicilio en Colombia, dentro de los cuales se incluyen los proveedores de plataformas digitales.

Teniendo en cuenta las normas anteriores, se evidencia un ánimo del legislador y de los distintos órganos administrativos por establecer lineamientos para el funcionamiento de las plataformas digitales y de los distintos medios tecnológicos de comercialización de bienes y servicios. Igualmente, se puede apreciar la iniciativa que ha tenido el Gobierno Nacional frente estos temas al impulsar proyectos como “APPS.CO”, orientado al desarrollo de aplicaciones móviles, y el proyecto para la promoción de la industria de contenidos digitales, ambas iniciativas promovidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Con relación a la creación de plataformas digitales de moda, aún no existen regulaciones específicas en la materia, y por lo tanto su funcionamiento deberá seguir las normas generales expuestas previamente relativas al comercio electrónico y a las ventas a distancia. No obstante, debido al crecimiento acelerado de los servicios electrónicos o digitales, las normas existentes pueden quedarse cortas y surgirá la necesidad de expedir nuevas leyes que regulen ampliamente el nuevo uso de las TIC.

Medellín como marca ciudad

La marca ciudad es un concepto del mercadeo que sirve para destacar los atributos de una ciudad con el propósito de atraer turismo o negocios.

Es común asociar algunas ciudades con unas características exclusivas que las diferencian de otras alrededor del mundo, características derivadas de atractivos como la calidad de vida, la seguridad, la facilidad para invertir, la cultura, y en general todas las características que representen una ventaja competitiva.

Generalmente se conoce a Londres como la capital de las finanzas; París como la capital de la moda; Roma como la ciudad “eterna” por su riqueza cultural; y Tokio como la capital más segura del mundo. Otras como Barcelona, Chicago y Madrid se destacan por su calidad de vida y atractivo turístico. Entonces, en el ámbito del city branding o mercadeo territorial, ¿por qué se destacaría a Medellín como marca?

Medellín es un polo de desarrollo nacional. Por un lado, es reconocida por tener sede de 5 de las 10 empresas principales del país[1] y por desarrollar una cultura de negocios que va de la mano con un ecosistema de innovación que articula el sector público, la academia, los empresarios, los emprendedores y los inversionistas. Pero también es una ciudad reconocida por sus atractivos turísticos (recibió más de 800.000 turistas en el año 2018[2]), siendo el logro más reciente tener el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en América Latina, un centro afiliado al Foro Económico Mundial dedicado desarrollo de principios y políticas que aceleren la aplicación de la ciencia y la tecnología[3].

El atractivo de la ciudad generado por la cultura, la transformación, sus especiales condiciones naturales, su infraestructura y su tejido empresarial, marcado por el compromiso del sector público y del empresariado antioqueño con la innovación y el desarrollo de la región, han hecho de Medellín un territorio significativo para el turismo y la inversión. Medellín es una ciudad única en el contexto latinoamericano y es capaz de convertirse en un distintivo de los empresarios nacionales, que encontrarían en la marca ciudad un aliado para la promoción de sus negocios y un generador de confianza en el inversionista, el consumidor y el turista nacional e internacional.

En este sentido, con el objetivo de institucionalizar los progresos de la ciudad orientados a su distinción de otras urbes, el gobierno local viene adelantando desde 2015 un proceso para que Medellín cuente con una marca que la diferencie y le de reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. Concretamente, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo 40 de 2015 que creó el “Concurso marca de ciudad”, y posteriormente la Alcaldía expidió el Decreto 162 que promovió el mencionado concurso, aunque hasta el momento ninguna propuesta ha sido seleccionada. La administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico, se encuentran desarrollando las directrices de un nuevo concurso que busca el desarrollo de la marca de la ciudad antes de que finalice el 2019[4].

De esta manera el gobierno local, a través de la marca ciudad Medellín, busca unirse al gobierno nacional (que ya cuenta con la marca país Colombia CO[5]) para promover la ciudad en el ámbito de los negocios, la innovación, la competitividad y el turismo. En palabras de la administración, promover “una marca que represente a sus habitantes, ¡y aquello que nos hace únicos!”.

[1] Revista Semana, Las 100 empresas más grandes de Colombia, recuperado de: https://www.semana.com/100-empresas/articulo/100-empresas-mas-grandes-de-colombia-en-el-2019/616937

[2] Blu Radio, Más de 800.000 turistas visitaron Medellín en 2018: Alcaldía, recuperado de https://www.bluradio.com/medellin/mas-de-800000-turistas-visitaron-medellin-en-2018-alcaldia-201623-ie1994153

[3] World Economic Forum, Centro para la Cuarta Revolución Industrial, recuperado de: https://es.weforum.org/focus/centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial

[4] Periódico El Colombiano, Medellín tendrá marca de ciudad antes de diciembre, recuperado de: https://www.elcolombiano.com/negocios/medellin-busca-marca-de-ciudad-BJ10193046

[5] Colombia CO, Marca país Colombia, recuperado de: https://www.colombia.co/