Presidencia establece guía para la realización de consulta previa
El principal cambio que introduce esta Directiva es la eliminación del certificado de presencia de comunidades, el cual es remplazado por la expedición de un acto administrativo emitido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (“DANCP”) respecto de la procedencia o no de la consulta previa, lo cual ya venía realizándose desde la creación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante el Decreto 2353 de 2019.
En general, la Directiva establece que el proceso de consulta previa se encuentra compuesto por cinco (5) etapas, las cuales corresponden a:
1. Determinar la procedencia de la consulta previa;
2. Coordinación y preparación de las actividades de consulta;
3. Preconsulta;
4. Consulta previa; y
5. Seguimiento de los acuerdos.
Cada una de estas etapas se caracteriza en términos generales por lo siguiente:
Determinación de procedencia de la consulta previa
En esta etapa se revisará si el proyecto, obra o actividad requiere de la realización de la consulta previa al generar una afectación directa a las comunidades, para lo cual la Dirección de la DANCP deberá:
- Recibir la solicitud que presente el interesado en el proyecto;
- Consultar la información registrada en distintas entidades estatales para confirmar la presencia o no de comunidades;
- Realizar una visita de verificación en caso de que la información suministrada por el promotor sea insuficiente;
- Dar respuesta a la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción; y
- Expedir un acto administrativo en el que se establezca si hay o no lugar a la consulta previa.
En caso de que sea necesaria la realización de la consulta previa, en esta etapa se realizará un diálogo con las autoridades de las comunidades para establecer la ruta metodológica mediante la cual se desarrollará la consulta.
Para esto, la Directiva adiciona las siguientes actividades a la Directiva 10 dentro de la etapa de preconsulta:
- Se establece un plazo mínimo para convocar la reunión de preconsulta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud;
- Cuando se llegue a un acuerdo parcial, la DANCP fijará los elementos faltantes de la ruta metodológica.
Para lo anterior, se adicionan a la Directiva 10 las siguientes actividades:
- Se establece un plazo mínimo para convocar la primera reunión de consulta previa con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles;
- En los eventos en que haya (i) falta de acuerdo; (ii) inasistencia de las autoridades representativas de las comunidades; y (iii) falta de solución al conflicto de representatividad de la comunidad, se aplicará por un término máximo de tres (3) meses, el test de proporcionalidad con el objetivo de determinar las medidas de manejo para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas que pueden sufrir las comunidades, para lo cual se realiza una ponderación entre las restricciones a los derechos y los beneficios que reporta la ejecución de la actividad o proyecto propuesto.
En relación con el seguimiento de las medidas acordadas entre las comunidades y el desarrollador del proyecto o establecidas por la DANCP en aplicación del test de proporcionalidad, se transfiere a la autoridad ambiental correspondiente el deber de hacer el seguimiento al cumplimiento de las medidas de carácter ambiental. El seguimiento de las demás medidas seguirá en cabeza de la DANCP.
Se modifican varios aspectos de la administración de fondos, el neteo de operaciones y las emisiones de valores
El pasado 14 de septiembre fue expedido el Decreto 1235 de 2020, el cual modifica el régimen aplicable al fondo único de garantías de las Sociedades Comisionistas de Bolsa que sirve como respaldo a las operaciones que estas entidades celebran en nombre de sus clientes. Entre los cambios más significativos resaltamos:
- Las operaciones autorizadas a dichos fondos no están limitadas en la regulación, sino que dependerá completamente de las políticas que establezca su Consejo de Administración.
- Dichas operaciones deberán reflejarse en el reglamento del fondo a ser aprobado por la Superintendencia Financiera.
Adicionalmente, el Decreto modificó varios aspectos de la regulación financiera con respecto a las cámaras de riesgo central de contraparte aquí resumidos:
- Es posible ahora para las entidades financieras otorgar garantías sobre operaciones compensadas y liquidadas a través de cámaras de riesgo central de contraparte, incluyendo las celebradas por los fondos que algunas de estas entidades administran (fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, fiduciarias, etc.).
- Las instituciones financieras que administran fondos, fideicomisos, o portafolios de terceros, podrán actuar como miembros liquidadores o no de cámaras de riesgo central de contraparte por cuenta de dichas entidades.
Por otro lado, el Decreto incluye condiciones operativas adicionales y de entrega de información para las Sociedades de Financiación Colaborativa, autorizándoles la realización de ciertas operaciones adicionales. Se destaca el incremento en el monto de recursos que puede ser aportados en una operación de financiación colaborativa (Pasa de 10.000 a 58.000 SMMLV).
Finalmente, la norma amplió el plazo para la realización de oferta públicas que hacen parte de un programa de emisiones de valores de 3 a 5 años, incluyó deberes adicionales para los representantes de tenedores de bonos y definió las condiciones de gobierno corporativo que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) deben cumplir para emitir valores en el Segundo Mercado.
En general, estas modificaciones buscan facilitar la negociación de valores en el mercado colombiano, pudiendo representar una oportunidad de negocios para su compañía como emisor o adquirente de los mismos.
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Se expide sandbox como una herramienta de innovación financiera segura y sostenida
En desarrollo de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, por medio del cual se estableció la posibilidad de crear empresas dedicadas a implementar desarrollos tecnológicos innovadores y obtener un certificado para operar temporalmente con el fin de realizar actividades propias de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1234 de 2020, por medio del cual reglamenta los objetivos, requisitos y etapas de funcionamiento del espacio controlado de prueba (sandbox), con el fin de promover la innovación en la prestación de los servicios financieros y al mismo tiempo facilitar a las autoridades de supervisión y regulación la identificación de nuevos desarrollos financieros.
El espacio controlado de pruebas (sandbox) es una herramienta que permite a las entidades interesadas de manera temporal probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de servicios y actividades propias de las entidades financieras bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dentro de la regulación mencionada se fijan los objetivos que debe cumplir cada desarrollo tecnológico, siempre con miras a la innovación en la prestación de servicios y productos financieros, salvaguardando en todo caso la integridad y estabilidad del sistema financiero y velando en todo momento por la protección de los intereses de los consumidores financieros.
De esta manera, para la aceptación en el espacio controlado de prueba se debe demostrar que el desarrollo busca aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento de productos financieros, resolver una problemática para los consumidores financieros, facilitar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, desarrollar los mercados financieros o mejorar su competitividad, así como también, que el mismo se encuentra suficientemente avanzado y listo para ser probado y que los servicios financieros van a ser prestados en Colombia.
Así mismo, se regulan los requisitos que deben cumplir los interesados para la presentación de la solicitud de ingreso al espacio de prueba de controlado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, quien se encargará de revisar las solicitudes y expedir, en caso de encontrar los requisitos cumplidos, el certificado de operación temporal, que corresponde al punto de partida para iniciar las pruebas y que en ningún caso tendrá un plazo superior inicial de más de dos (2) años. La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá la inspección, vigilancia y control de los participantes del espacio controlado de prueba en todo momento.
Todo análisis que realice la Superintendencia Financiera respecto de los trámites y solicitudes relacionados con el espacio de prueba controlado estará sometido a un principio de proporcionalidad, el cual variará de acuerdo con los riesgos y características de cada desarrollo tecnológico propuesto.
Por último, se regula las diferentes opciones que se presentan frente a la finalización del certificado de operación temporal, dentro de las cuales se encuentran, la transición a la licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora regulada y su correspondiente plan de ajuste a la actividad o su desmonte, y los procedimientos a seguir frente a cualquiera de los dos (2) casos.
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El principio de corresponsabilidad frente al regreso a clases presenciales
En Colombia, la responsabilidad de las instituciones educativas frente a sus estudiantes debe analizarse a partir del artículo 2347 del Código Civil, el cual dispone que dichas instituciones responden por los hechos de sus estudiantes y por los daños que les sean ocasionados, mientras están bajo su cuidado.
Así, para poder atribuir responsabilidad a un colegio por un contagio de COVID-19 de alguno de sus estudiantes durante el regreso a clases presenciales, dicho estudiante debería acreditar que: i) el colegio soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso del contagio (es decir, que el contagio se produjo estando el estudiante bajo la guarda y cuidado del colegio); y ii) el colegio no actuó con la debida diligencia en la estructuración e implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19.
La institución educativa podría en todo caso exonerarse de dicha responsabilidad si acredita que: i) actuó con absoluta diligencia, tanto en el cumplimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad, como en la preparación del regreso a clases presenciales bajo el esquema de alternancia; ii) el contagio se produjo por una situación de fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima (por ejemplo, si fue el mismo estudiante quien incumplió las instrucciones del colegio en materia de protocolos de bioseguridad).
Ahora bien, con fundamento en el documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional denominado “Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, es posible establecer una responsabilidad compartida entre colegio y padres de familia, teniendo en cuenta que el regreso a clases presenciales debe necesariamente contar con su autorización.
Ante esta corresponsabilidad que se plantea, una práctica recomendable es que los padres de familia que voluntariamente decidan y autoricen a sus hijos a regresar a actividades presenciales, firmen un documento de consentimiento informado en el que se reconozcan las circunstancias particulares del COVID-19. Ahora bien, este principio de corresponsabilidad no se plasma simplemente con la firma del mencionado documento, sino que debe adelantarse un verdadero proceso de construcción y de socialización (que involucre a todos los estamentos de la comunidad educativa), de las medidas bajo las cuales cada colegio implementará y llevará a cabo el esquema de alternancia y el regreso progresivo y gradual a las actividades presenciales.
Así, es indispensable garantizar que los miembros de la comunidad educativa:
- Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 y reciban acompañamiento para ponerlas en práctica.
- Participen en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
- Tengan la oportunidad de analizar sus propias circunstancias particulares con respecto a estos requerimientos y de valorar si está en condiciones de cumplirlas o no.
- Sean acompañados en la elaboración, comprensión y asimilación de la circunstancia del contagio por COVID-19.
- Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir el contagio.
Visto lo anterior, es claro pues que el regreso progresivo a las clases presenciales en los colegios, es un escenario más en el que cobra especial relevancia el trabajo conjunto entre padres de familia e instituciones educativas.
Artículo de opinión escrito por Paula Morales, asociada senior del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones.
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Primer Sandbox regulatorio para la innovación en servicios de comunicaciones
La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a proveedores de contenidos y aplicaciones y a operadores de servicios postales a participar en las capacitaciones y talleres del primer Sandbox regulatorio, para las cuales se podrán adelantar las inscripciones aquí.
Gómez-Pinzón Abogados, a través de su grupo de práctica de tecnología, comunicaciones y protección de datos, está en capacidad de acompañarlo en el proceso de participación e implementación de los proyectos en el Sandbox regulatorio de la CRC. La participación de aquellos proveedores interesados deberá agotar las siguientes fases:
1) Fase de Aplicación: Quienes cumplan los requisitos exigidos, podrán presentar propuestas a la CRC. Durante esta fase, los proponentes podrán subsanar requisitos y hacer observaciones.
2) Fase de Evaluación: Como criterios de evaluación y habilitación se revisarán principalmente la coherencia del proyecto, la argumentación del proponente y los soportes de su propuesta.
2.1 La propuesta se evaluará bajo los siguientes criterios:
- Innovación frente a oferta disponible en el mercado: ¿Es tecnología de última generación? ¿Es una nueva forma de usar la tecnología? ¿Es una oferta comercial diferente a la que existe en el mercado?
- Ofrecimiento de beneficios para los ciudadanos: ¿Cumple lo establecido en el marco legal de TIC y del PND (Plan Nacional de Desarrollo)? ¿Ofrece acceso en zonas rurales o apartadas (municipios focalizados)? ¿Incentiva la competencia? ¿Puede tener un efecto positivo en el precio o la calidad de los servicios de comunicaciones?
- Imposibilidad de implementación bajo la regulación vigente: ¿Se ajustaría a la regulación vigente? ¿Se requiere de una alta inversión para ajustarse a la regulación actual? ¿Perjudica infraestructura, operarios, redes o servicios de PRST, PCA u OSP?
- Capacidad del proponente para implementar efectivamente el proyecto: ¿Cuenta con experiencia previa en proyectos similares y con los recursos para adelantar el proyecto?
2.2 El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Análisis de los riesgos del proyecto.
- Salvaguardas para proteger a los usuarios.
- Indicadores para medir sus resultados.
- Contar con un Plan de Salida y un Protocolo de Recolección de Información.
- Ser autorizado y adecuado conforme se requiera por la CRC.
3) Fase de Experimentación: Se podrán comercializar o utilizar productos, servicios o soluciones por parte de los proveedores por un plazo de 12 meses que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 12 meses adicionales de ser pertinente.
4) Fase de Salida: Al cierre del proyecto, si los proveedores desean continuar con la comercialización o utilización de los productos, deberán realizar las adecuaciones para dar cumplimiento al marco regulatorio vigente.
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.
Gobierno Nacional reglamentó el acceso y operación del Piso de Protección Social – PPS
Mediante el Decreto 1174 de 2020 el Gobierno Nacional reglamentó el acceso y operación del Piso de Protección Social (“PPS”) incluido en el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022). A continuación, incluimos las principales novedades.
Piso de Protección Social.
El Piso de Protección Social (PPS) se encuentra integrado por: (i) el Régimen Subsidiado en Salud; (ii) un Seguro Inclusivo que ampara los riesgos derivados de la actividad laboral; y (iii) los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Estos últimos constituyen un mecanismo complementario de protección a la vejez.
*En ningún caso se reconocerán prestaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud al pertenecer al Régimen Subsidiado.
Ámbito de aplicación.
- Serán vinculados obligatorios al PPS: (i) los trabajadores o contratistas que reciban una contraprestación mensual total inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (“smlmv”); y (ii) las personas que cuenten con diferentes vínculos laborales o de prestación de servicios cuya, sumatoria mensualizada de ingresos no supere un smlmv.
- Quienes reúnan las siguientes condiciones serán vinculados voluntarios al PPS:
- No tener vinculación laboral.
- No tener un contrato de prestación de servicios.
- No tener capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social.
- Tener un ingreso total mensual inferior a 1 smlmv.
* El PPS no aplica para aquellas personas que tienen ingresos mensuales superiores a un (1) smlmv.
Etapas
El PPS se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:
- Registro del empleador/contratante ante la administradora de los BEPS.
- Vinculación del trabajador/contratista al PPS.
- Pago de los aportes.
Registro de Empleadores y Contratantes
Los empleadores y contratantes que tengan a su servicio personas con ingresos mensuales menores a 1 smlmv se deberán registrar ante la Entidad Administradora de los BEPS. Dicho registro deberá realizarse al momento de efectuar el primer aporte al PPS.
Aportes
Los aportes se clasificarán según el tipo de vinculado al PPS, tal como se explica a continuación:
| Aportes de vinculados obligatorios | Aportes de vinculados voluntarios |
*Debe ser un valor adicional al convenido por la actividad a realizar. No se puede atribuir dicho valor al trabajador/contratista. |
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*Los vinculados podrán hacer aportes adicionales y voluntarios, consignándolos directamente en la cuenta de ahorro individual de los BEPS.
Límite del aporte
El valor del aporte anual máximo al PPS no podrá superar el valor fijado para los BEPS, lo que para el año 2020 es COP $1.260.000. En caso de superarlo se contabilizarán para el año siguiente.
Fiscalización
La UGPP será la encargada de efectuar la respectiva fiscalización de los aportes.
Cumplimiento de obligaciones
La inscripción de un trabajador/contratista al PPS no exonera:
- Al empleador del pago de prestaciones sociales y demás acreencias que se deriven de la relación laboral.
- Al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato.
Posibilidad de afiliación voluntaria al Sistema Integral de Seguridad Social (SISS)
De manera voluntaria el trabajador o contratista (que devenga menos de 1 smlmv) podrá ser afiliado al SISS. Para ello se deberá realizar el aporte sobre un IBC equivalente a 1 smlmv.
Entrada en operación del PPS
El PPS empezará a regir desde el 1 de febrero de 2021.
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Gobierno sancionó Ley para racionalizar, automatizar y digitalizar trámites de las entidades públicas
Recientemente se expidió la Ley 2052 de 2020, la cual tiene como objeto establecer las condiciones a través de las cuales, las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, deberán racionalizar trámites y facilitar, agilizar y garantizar los derechos de las personas, y en general, cumplir con sus obligaciones.
- Los obligados deberán establecer una estrategia de racionalización de trámites actuales, y garantizar que los nuevos trámites, luego de la entrada en vigencia de la Ley, sean automatizados y digitalizados, de manera que se realicen totalmente en línea.
- En materia de servicios ciudadanos digitales, la Ley ratifica la obligación de implementarlos conforme los lineamientos del MINTIC, y señala la posibilidad de que las personas jurídicas privadas lo hagan previa habilitación, de conformidad con los principios de la Ley 527 de 1999. Para dichos efectos, los obligados deberán cumplir el marco de interoperabilidad que establezca el MINTIC, integrarse al servicio de autenticación digital, y crear, diseñar o adecuar los mecanismos técnicos para el servicio de carpeta ciudadana digital.
- Se prevé la desmaterialización de estampillas, y en concreto, se dispone que las mismas, como tributo documental, deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional.
- Se dispone que los trámites que hayan sido establecidos o reglamentados con. anterioridad a la expedición de la ley 1712 de 2014, que tengan alguna tarifa asociada y que cumplan con las características de consulta de acceso a información pública, deberán ser gratuitos de inmediato, salvo que se trate de normas de carácter especial, asociados al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad social.
- Se promueve la racionalización de trámites de licencias, autorizaciones y permisos para producir, comercializar, comunicar, importar, exportar, envasar, procesar, semielaborar y/o expender un producto o bien, de manera que se tienda a la adopción de esquemas de vigencia indefinida, salvo por excepciones que deberán ser justificadas por los sujetos obligados.
- Los sujetos obligados deberán habilitar una plataforma de pagos en línea para el pago por parte de las personas naturales y jurídicas de los costos asociados a los trámites, procesos y procedimientos a su cargo.
- Los sujetos obligados tendrán un plazo máximo de 12 meses para dar cumplimiento a la Ley, salvo que otra disposición en la misma indique un término diferente, para lo cual deberán hacer los ajustes institucionales, normativos, administrativos y presupuestales correspondientes.
Registro para la reapertura de colegios privados en Bogotá
La Secretaría de Educación Distrital (SED) implementó el sistema de registro para la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios privados en Bogotá, D.C.
En el link que se indica a continuación, la SED ha puesto a disposición de los colegios privados: i) una guía general para la adopción de protocolos de bioseguridad; ii) un instructivo para diligenciar el Formulario de Registro para Reapertura; iii) el Formulario de Registro para Reapertura; y iv) un espacio de preguntas frecuentes:
- Aprobación de la reapertura gradual, progresiva y segura del establecimiento educativo.
- Revisión y aceptación de los protocolos de bioseguridad que serán implementados en el establecimiento educativo.
- Se cuenta con los consentimientos informados por parte de los padres de familia o acudientes de todos los estudiantes que decidan iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura.
- Se cuenta con el registro de las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, personal administrativos y visitantes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a las instalaciones del establecimiento educativo.
- Se cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que presentan condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus, entre otras) o aquellos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación remota.
Gómez-Pinzón continúa posicionada como firma líder en rankings de Chambers
- En la guía para Latinoamérica, 2021, fuimos rankeados en 13 áreas diferentes.
- En esta misma guía, 23 abogados fueron rankeados en 15 áreas.
- José Luis Suárez fue nombrado “Eminent Practitioner” por segundo año consecutivo.
Bogotá, 03 de septiembre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados ha sido reconocida nuevamente por Chambers & Partners como una de las firmas líder del mercado legal colombiano, según los resultados publicados en la Guía para Latinoamérica 2021. En total, la firma fue incluida en 13 áreas de práctica diferentes, y 23 abogados fueron rankeados en 15 especialidades, incluyendo 16 socios, 2 directores y 5 asociados senior.
Entre los diferentes rankings, Gómez-Pinzón nuevamente fue posicionado en la Banda 1 de las prácticas de Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, y Resolución de Conflictos, mientras que las prácticas de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Energía y Recursos Naturales (que incluye energía, hidrocarburos, ambiental), Minería, Inmobiliario y Tributario fueron rankeadas en la Banda 2.
José Luis Suárez Parra, socio director de Gómez-Pinzón y quien fue nombrado por segundo año consecutivo como Eminent Practitioner para la práctica de Mercado de Capitales, comentó:
“La guía de Chambers nos permite ver una perspectiva internacional del mercado colombiano legal, y este año los rankings no son diferentes y ratifican el liderazgo y proyección que tenemos en Gómez-Pinzón. Por esta razón, nos sentimos honrados de haber sido incluidos nuevamente en esta publicación, en especial porque estamos convencidos de que lo más importante es la satisfacción de nuestros clientes, que son quienes dan los comentarios y opiniones que dan la pauta para este reconocimiento”.
Los rankings fueron publicados el día de hoy por Chambers & Partners, una publicación inglesa que basa su investigación del sector legal global en una metodología que integra los casos suministrados por las firmas de abogados, las referencias y comentarios directos de los clientes, y la evaluación entre las firmas competidoras.
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Medellín, en la meseta de la pandemia
Entérese de cómo va Medellín, las medidas y los datos relevantes de los sectores económicos en la capital de Antioquia.
