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El pasado 27 de julio fue expedida la Ley 2031 de 2020, la cual ratifica el acuerdo para la cooperación financiera entre los gobiernos de Francia y Colombia. Este acuerdo busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones a través de la implementación de medidas de tipo tributario y financiero, que a continuación resumimos:

1. La Agencia de Desarrollo Francesa otorgará recursos a entidades públicas colombianas para el funcionamiento de programas y proyectos que dichas entidades promuevan o administren, a través de la celebración de acuerdos complementarios de desarrollo celebrados entre estas y aquella.
2. Los recursos así otorgados podrán ser de carácter reembolsable o no reembolsable, de libre destino o destino específico, y su aceptación debe ser aprobaba por el Ministerio de Hacienda cuando se entreguen a título de préstamo.
3. Los recursos también podrán consistir en servicios de asistencia técnica, tecnológica, de conocimiento, habilidades o experiencias entregadas a las entidades beneficiarias de aquellos.
4. El Estado Colombiano será el garante final de todas las sumas que reciban las entidades públicas colombianas a título de préstamo en virtud de este acuerdo, siempre que el acuerdo particular incluya garantía soberana.
5. Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Francesa serán considerados funcionarios diplomáticos durante su estancia en el país en virtud del acuerdo.

Nota aparte merecen los efectos tributarios del acuerdo, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

• La Agencia de Desarrollo Francesa estará exenta del pago de los gravámenes tributarios de carácter nacional que se devengarían de la aplicación de los convenios complementarios de desarrollo, durante la vigencia de los mismos.
• Todos los pagos efectuados en virtud del servicio de pago de la deuda estarán exentos de impuestos y gravámenes de carácter nacional.
• El Estado Colombiano velará por que los impuestos y gravámenes de carácter nacional asumidos por las entidades públicas colombianas encargadas de ejecutar los acuerdos complementarios de desarrollo, no sean financiados con fondos provenientes de la Agencia de Desarrollo Francesa, salvo que se acuerde lo contrario en casos particulares.
• El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional los contratos celebrados para la realización de los programas y proyectos acordados y ejecutados con fondos provenientes de la Agencia Francesa de Desarrollo.
• El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional la adquisición de bienes y/o servicios y las transacciones financieras realizadas directamente con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo.

El Presidente de la República expidió el Decreto 642 del 11 de mayo de 2020, por medio del cual reglamentó las gestiones a cargo de las entidades estatales que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para reconocer y pagar como deuda pública las sentencias y conciliaciones en mora al 25 de mayo de 2019 (denominadas “Providencia”), lo que incluye la celebración de un acuerdo de pago con el Beneficiario Final del crédito.

Para esos efectos, las entidades estatales deben publicar en su página web, a más tardar el 16 de mayo de 2020, una invitación general que indique los requisitos mínimos del Decreto, así como contactar directamente, a más tardar el 11 de junio de 2020, al Beneficiario Final de la Providencia para invitarlo a celebrar un acuerdo de pago.

El Decreto prevé que es la entidad estatal la encargada de definir la fecha máxima para que el Beneficiario Final acepte la celebración del acuerdo de pago, sin superar el 31 de diciembre de 2020.  

Dentro de los aspectos relevantes, se destaca la suspensión de intereses por 5 meses luego de la suscripción del acuerdo de pago, el requisito relacionado con el retiro de la demanda ejecutiva presentada para el cobro de la sentencia o conciliación, previa suscripción del acuerdo de pago; y la definición de criterios para determinar la entidad estatal que debe adelantar el trámite, en caso de haber solidaridad o una condena colectiva.

Una vez la entidad estatal cumpla el procedimiento previsto en el Decreto, dentro de los 30 días calendario siguientes el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá un acto administrativo ordenando el pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos.

Con la expedición del Decreto 642 de 2020, se da inicio al mecanismo para que los acreedores de las sentencias y conciliaciones cobijadas por la norma reciban efectivamente el pago, a su vez que sirve de instrumento para reducir el impacto fiscal derivado de sentencias y conciliaciones que constituyen un pasivo cierto para el Estado.

En Gómez-Pinzón, nuestro Grupo de Resolución de Conflictos y Protección de Inversiones cuenta con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales para la presentación de las solicitud de pago ante la entidad estatal y la celebración del acuerdo de pago para el cobro de las sentencias o conciliaciones que adeude el Estado Colombiano, contando además con el apoyo de nuestras distintas áreas de práctica (derecho corporativo, tributario, financiero, entre otros) a efectos de proveer una asesoría integral a nuestros clientes. En caso de tener inquietudes respecto a este tema, no dude en comunicarse con nosotros.