Bonos Verdes: un nuevo camino a la sostenibilidad
Los bonos verdes o también conocidos como bonos sostenibles son un mecanismo de financiación de proyectos sostenibles, amigables con el ambiente y socialmente responsables. Estos títulos se han popularizado en los últimos años hasta el punto de generar en el país la movilización de $ 1,5 billones de pesos entre agosto del 2017 y septiembre de este año.
Su éxito se debe a la necesidad de las empresas de considerar no solo la rentabilidad financiera, sino también el impacto social y ambiental de sus operaciones ya que estos títulos tienen por objeto la captación de recursos del público para que se puedan financiar proyectos de sostenibilidad. La financiación está especialmente dirigida a proyectos relacionados con energía renovable, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.
Por lo anterior, Colombia se encuentra en el proceso de definir una política de crecimiento verde que permita un desarrollo económico que sea sostenible, inclusivo y amigable con el clima y por ello se evidencian los diferentes esfuerzos realizados por diversas entidades estatales para proferir regulación en esta materia.
En particular, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha fomentado la emisión de estos instrumentos con el objeto de consolidar la relación entre las sociedades y sus inversionistas donde, se desataca la Circular Externa No.28 del 7 de septiembre de 2020 de la SFC, en la que se imparten las instrucciones para la emisión de bonos verdes en el mercado de valores.
Asimismo, el Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto de Ley número 085 de 2020 en cual establece en su artículo 4 que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será el encargado de elaborar y adoptar mediante acto administrativo los marcos de referencia para la emisión de bonos temáticos de deuda pública a nombre de la Nación, dentro de los que están los bonos verdes, sociales, sostenibles, azules y todos los similares.
A partir de lo anterior, es necesario destacar que en Colombia estos bonos constituyen una herramienta prometedora para el sector agroindustrial, pues los métodos tradicionales de financiación de proyectos agrícolas pueden ser un desafío en tanto resultan incompatibles con el incremento de la productividad y de la sostenibilidad ambiental, ya que la deuda genera una dependencia entre el uso de la tierra como garantía del préstamo y la productividad de ésta.
Además, el Informe del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 realizado en el 2019, reveló la necesidad del sector agroindustrial de aumentar su productividad y sostenibilidad, pues debido a su bajo desempeño en el uso de recursos naturales como el agua y la tierra se está limitando su productividad y competitividad, y esto se debe a que solo el 3% de los productores recibe asistencia técnica en temas ambientales.
En conclusión, los bonos verdes constituyen una herramienta fundamental para consolidar las relaciones entre las sociedades y sus inversionistas, además de ser la oportunidad de aumentar la productividad del sector agroindustrial a través de inversiones destinadas a fomentar su desarrollo sostenible, pues ha quedado en evidencia la necesidad de priorizar la responsabilidad social empresarial, de manera que el interés de los inversionistas este dirigido hacia proyectos sostenibles.
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MinHacienda modificó clasificación de inversionistas, régimen de fondos y dictó otras disposiciones
El pasado 28 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1291 de 2020 que busca modificar el Decreto 2555 de 2010 en algunos temas relacionados con la clasificación de inversionistas y al régimen de fondos de capital privado.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las siguientes:
(i) se elimina el requisito que exigía que el monto mínimo por cada inversionista para constituir participaciones en fondos de capital privado no podía ser inferior a 600 SMMLV. En su lugar, establece que el monto no podrá ser superior al 20% de los ingresos anuales o del patrimonio del inversionista, el que resulte mayor.
Los inversionistas que a la fecha no cumplan con el límite del 20% mencionado, podrán mantener sus participaciones hasta su redención.
(ii) se modifican los montos de los requisitos para ser inversionista profesional: (a) el patrimonio que debe acreditar al intermediario debe ser igual o superior a 6.000 SMMLV; (b) debe ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a 3.000 SMMLV, y (c) el valor agregado de las operaciones de enajenación o de adquisición que tuvo que realizar el cliente debe ser igual o superior al equivalente a 21.000 SMMLV.
(iii) para determinar el valor del portafolio de inversión de valores, se adiciona que se tendrán en cuenta las inversiones realizadas por medio de contratos de fiducia de inversión, administración de portafolios de terceros, las participaciones que el inversionista tenga en fondos de inversión y, demás vehículos que administren recursos del inversionista, distintos a los de seguridad social.
Se aprobó acuerdo de cooperación financiera entre Francia y Colombia
El pasado 27 de julio fue expedida la Ley 2031 de 2020, la cual ratifica el acuerdo para la cooperación financiera entre los gobiernos de Francia y Colombia. Este acuerdo busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones a través de la implementación de medidas de tipo tributario y financiero, que a continuación resumimos:
- La Agencia de Desarrollo Francesa otorgará recursos a entidades públicas colombianas para el funcionamiento de programas y proyectos que dichas entidades promuevan o administren, a través de la celebración de acuerdos complementarios de desarrollo celebrados entre estas y aquella.
- Los recursos así otorgados podrán ser de carácter reembolsable o no reembolsable, de libre destino o destino específico, y su aceptación debe ser aprobaba por el Ministerio de Hacienda cuando se entreguen a título de préstamo.
- Los recursos también podrán consistir en servicios de asistencia técnica, tecnológica, de conocimiento, habilidades o experiencias entregadas a las entidades beneficiarias de aquellos.
- El Estado Colombiano será el garante final de todas las sumas que reciban las entidades públicas colombianas a título de préstamo en virtud de este acuerdo, siempre que el acuerdo particular incluya garantía soberana.
- Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Francesa serán considerados funcionarios diplomáticos durante su estancia en el país en virtud del acuerdo.
Nota aparte merecen los efectos tributarios del acuerdo, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:
- La Agencia de Desarrollo Francesa estará exenta del pago de los gravámenes tributarios de carácter nacional que se devengarían de la aplicación de los convenios complementarios de desarrollo, durante la vigencia de los mismos.
- Todos los pagos efectuados en virtud del servicio de pago de la deuda estarán exentos de impuestos y gravámenes de carácter nacional.
- El Estado Colombiano velará por que los impuestos y gravámenes de carácter nacional asumidos por las entidades públicas colombianas encargadas de ejecutar los acuerdos complementarios de desarrollo, no sean financiados con fondos provenientes de la Agencia de Desarrollo Francesa, salvo que se acuerde lo contrario en casos particulares.
- El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional los contratos celebrados para la realización de los programas y proyectos acordados y ejecutados con fondos provenientes de la Agencia Francesa de Desarrollo.
- El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional la adquisición de bienes y/o servicios y las transacciones financieras realizadas directamente con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo.
Presidente reglamentó procedimiento para pago de sentencias y conciliaciones en mora por parte del Estado
El Presidente de la República expidió el Decreto 642 del 11 de mayo de 2020, por medio del cual reglamentó las gestiones a cargo de las entidades estatales que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para reconocer y pagar como deuda pública las sentencias y conciliaciones en mora al 25 de mayo de 2019 (denominadas “Providencia”), lo que incluye la celebración de un acuerdo de pago con el Beneficiario Final del crédito.
Para esos efectos, las entidades estatales deben publicar en su página web, a más tardar el 16 de mayo de 2020, una invitación general que indique los requisitos mínimos del Decreto, así como contactar directamente, a más tardar el 11 de junio de 2020, al Beneficiario Final de la Providencia para invitarlo a celebrar un acuerdo de pago.
El Decreto prevé que es la entidad estatal la encargada de definir la fecha máxima para que el Beneficiario Final acepte la celebración del acuerdo de pago, sin superar el 31 de diciembre de 2020.
Dentro de los aspectos relevantes, se destaca la suspensión de intereses por 5 meses luego de la suscripción del acuerdo de pago, el requisito relacionado con el retiro de la demanda ejecutiva presentada para el cobro de la sentencia o conciliación, previa suscripción del acuerdo de pago; y la definición de criterios para determinar la entidad estatal que debe adelantar el trámite, en caso de haber solidaridad o una condena colectiva.
Una vez la entidad estatal cumpla el procedimiento previsto en el Decreto, dentro de los 30 días calendario siguientes el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá un acto administrativo ordenando el pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos.
Con la expedición del Decreto 642 de 2020, se da inicio al mecanismo para que los acreedores de las sentencias y conciliaciones cobijadas por la norma reciban efectivamente el pago, a su vez que sirve de instrumento para reducir el impacto fiscal derivado de sentencias y conciliaciones que constituyen un pasivo cierto para el Estado.
En Gómez-Pinzón, nuestro Grupo de Resolución de Conflictos y Protección de Inversiones cuenta con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales para la presentación de las solicitud de pago ante la entidad estatal y la celebración del acuerdo de pago para el cobro de las sentencias o conciliaciones que adeude el Estado Colombiano, contando además con el apoyo de nuestras distintas áreas de práctica (derecho corporativo, tributario, financiero, entre otros) a efectos de proveer una asesoría integral a nuestros clientes. En caso de tener inquietudes respecto a este tema, no dude en comunicarse con nosotros.
MinHacienda reglamenta el régimen de compañías holding colombianas
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 598 mediante el cual se reglamenta el régimen de compañías holding colombianas (“CHC”), y se determina el procedimiento que deberá surtirse para acogerse a dicho régimen.
Para que una sociedad pueda acceder al régimen CHC, además de tener como objeto principal la tenencia de valores e inversión en Colombia o en el exterior, deberá contar con al menos tres (3) empleados, demostrar que tiene una dirección propia para la toma de decisiones estratégicas en Colombia y tener un participación directa o indirecta de al menos el 10% de capital de dos o más sociedades colombianas o extranjeras, por un periodo mínimo de doce (12) meses.
Las sociedades que quieran acogerse a este régimen deben presentar ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales – DIAN una solicitud expresa suscrita por el representante legal junto con los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
El Decreto reglamenta, entre otros, los siguientes aspectos para acogerse al régimen CHC:
1. Establece el cálculo para la determinación del porcentaje de participación indirecta de la compañía holding colombiana.
2. Aclara la información que se requiere incluir en la solicitud y fija el procedimiento para su presentación y aprobación.
3. Determina los casos excepcionales en los que se aplica automáticamente el régimen CHC.
4. Señala los documentos que deberán conservarse como soporte de la transacción que da lugar a las ganancias ocasionales exentas de que trata el articulo 896 del Estatuto Tributario.
Boletín GPA: MinHacienda reglamentó excepción de imporenta a empresas de la economía naranja
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1669 del 12 de septiembre de 2019, mediante el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre la renta para las empresas de economía naranja, creada por la Ley 1943 de 2018.
La exención está prevista por siete años y aplica para aquellas empresas que desarrollen industrias de valor agregado tecnológico o actividades creativas, entre las que se encuentran: fabricación de joyas, edición de libros y de software, actividades de producción, postproducción y distribución de películas cinematográficas, videos, anuncios y comerciales de televisión, actividades de grabación de sonido y edición de música, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de arquitectura e ingeniería, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, actividades especializadas de diseño, creación literaria, musical, teatral y audiovisual, y actividades referentes al turismo cultural, entre otros.
El decreto regula, entre otros, los siguientes aspectos para la aplicación del beneficio: