¿Cuál es el estado de la Ley de Financiamiento?
El 28 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 1943 de 2018 por la cual se expidieron “normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”, es decir, la Ley de Financiamiento presentada por Alberto Carrasquilla, el actual Ministro de Hacienda. Esta Ley fue polémica no solo en su proceso de aprobación sino después de la fecha de publicación debido a que, para agosto de 2019, ya contaba con aproximadamente 30 demandas de inconstitucionalidad, unas 10 por vicios de forma y otras 20 por vicios de fondo[1].
En particular, hubo dos importantes demandas en contra de la Ley 1943 de 2018 que fueron analizadas por la Corte Constitucional: una presentada por Alberto Libreros y David Clemente Retamoso (investigadores de la Universidad Nacional), enfocada en vicios de procedimiento, la cual llegó al despacho del magistrado Alejandro Linares; y otra presentada por el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que llegó al despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido.
El 16 de octubre de 2019, la Corte Constitucional publicó un comunicado de prensa respecto del Expediente D-13207, referente a una demanda de inconstitucionalidad por vicios de forma en contra de la Ley de Financiamiento. En dicho comunicado se presentó el sentido del fallo de la Sentencia C-481 de 2019 (la cual no ha sido publicada oficialmente) con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo. En síntesis, el fallo declara inexequible la Ley 1943 de 2018 por vicios de procedimiento en su formación, aunque cabe aclarar que la Corte Constitucional hace la salvedad de que la inexequibilidad de dicha norma será diferida hasta el primero de enero de 2020, es decir, que esta Ley seguirá vigente por el año gravable 2019.
La Corte Constitucional otorgó este plazo de inexequibilidad diferida con el propósito de que el Congreso de la República, dentro de este plazo, pueda ratificar, modificar, derogar o subrogar esta Ley con un nuevo régimen que cumpla con los requisitos constitucionales de forma y fondo. Esto significa que toda situación consolidada a 31 de diciembre de 2019 permanece exactamente igual, puesto que los efectos jurídicos de la sentencia son hacia el futuro, y en este caso particular, desde el primero de enero de 2020, como se estableció anteriormente.
Según el comunicado de prensa, el cargo concreto formulado en contra de la Ley de Financiamiento fue el desconocimiento de los Artículos 157 de la Constitución Política y 160 del Reglamento del Congreso, referentes a la publicación del Proyecto de Ley aprobado en plenaria del Senado para que pudiera ser aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, debido a que el texto se aprobó sin haber sido conocido por la Cámara. Esto afectó la contradicción y el debate que se pudo haber generado dentro de la Cámara de Representantes, la cual estaba facultada para hacer los cambios que consideraran necesarios y, por ende, se vulneró el sistema legislativo bicameral colombiano. Así mismo, la Corte estableció que se afectó no sólo el principio constitucional de publicidad sino también el de consecutividad pues la Cámara de Representantes, al adoptar el texto tal cual fue presentado por el Senado (sin conocerlo y por ende si haber presentado posibles objeciones), suprimió el mecanismo de conciliación propio del Congreso. Este hecho constituye un vicio constitucional insubsanable, y por ende debe agotarse una vez más el procedimiento legislativo ordinario.
La propuesta del gobierno actual, en cabeza del Ministerio de Hacienda, fue radicar nuevamente el Proyecto de Ley inicial presentado, con algunos ajustes menores, y cumplir con los requisitos de procedimiento constitucionales. No obstante, esta propuesta presenta ciertos obstáculos.
Por un lado, actualmente en la Corte Constitucional ya se han presentado aproximadamente 20[2] demandas de inconstitucionalidad por vicios de fondo en contra del Proyecto de Ley, lo que podría llevar a fallos de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional y por ende a que el Congreso se vea en la forzosa tarea de legislar de nuevo sobre la misma materia. Por otro lado, muchos temas que pasaron en el trámite legislativo anterior sin mayor problema ahora se han convertido en temas controversiales a partir de la resistencia que manifiestan varios partidos políticos, lo cual implica mayores sesiones de revisión.
Independientemente de si se genera o no un debate respecto del Proyecto de Ley radicado, lo importante es que se pueda emitir una nueva Ley de Financiamiento antes del primero de enero de 2020. De no lograr dicho cometido, no serían aplicables las normas contenidas en la Ley 1943 de 2018 y operaría la reviviscencia de la norma, es decir, volverían a la vida jurídica las normas expedidas antes de la Ley 1943 de 2018, lo que produciría una desconfianza en el inversionista en el sistema tributario colombiano.
Por David Múnera Palacio
[1] Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandas-que-estudia-corte-constitucional-contra-ley-de-financiamiento-de-duque-405290
[2] Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandas-que-estudia-corte-constitucional-contra-ley-de-financiamiento-de-duque-405290
Read More
El Gobierno expide decreto 874 de 2019 por medio del cual se reglamenta el impuesto de normalización tributaria
El pasado 20 de mayo el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 874 de 2019 mediante el cual se reglamenta el Impuesto de Normalización Tributaria.
Debe recordarse que el impuesto de normalización fue creado por los artículos 42 y siguientes de la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, aplicable a aquellos contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2019.
Para efectos de normalizar los activos omitidos y/o los pasivos inexistentes, los contribuyentes deberán, a más tardar el 25 de septiembre de 2019, presentar una declaración por concepto del impuesto de normalización, liquidando un impuesto correspondiente al 13% de la base gravable, la cual podrá ser reducida en un 50% cuando, tratándose de activos omitidos, el contribuyente repatríe tales activos a Colombia y los invierta con vocación de permanencia en el país.
El Decreto 874 de 2019 establece, entre otras cosas, lo siguiente:
- Quien tenga el aprovechamiento económico, potencial o real de los activos será el obligado a declarar, liquidar y pagar el impuesto de normalización tributaria. Se definen quiénes se entienden como tenedores del aprovechamiento económico de los negocios fiduciarios del exterior (e.g. trusts, fundaciones de interés privado, fondos de inversión, etc.)
- Se definen como entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a sus activos subyacentes, aquellas entidades artificiosas sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, cuyo costo fiscal difiere sustancialmente de sus activos subyacentes, tales como: (i) entidades cuyo capital es sustancialmente inferior en comparación del costo fiscal de los activos recibidos, o (ii) entidades que no llevan contabilidad. A estas entidades les será aplicable el principio de transparencia fiscal y por consiguiente la base gravable del impuesto de normalización se calculará con fundamento en el costo fiscal de los activs subyacentes.
- Se establecen las condiciones para llevar cabo la repatriación e inversión de los activos omitidos, para efectos de dar aplicación a la disminución del 50% de la base gravable del impuesto.
Se fijan las condiciones de los activos omitidos para que sean objeto del saneamiento, los cuales corresponden a los activos que hacen parte del patrimonio bruto del contribuyente y se encuentran declarados a 31 de diciembre por un valor inferior al de mercado y que al momento del saneamiento: (i) no se enajenan dentro del giro ordinario del negocio, (ii) no se encuentran disponibles para la venta y, (iii) han sido poseídos por más de dos años. Si dichos activos son depreciables y no se encuentran totalmente depreciados al momento del saneamiento, podrán seguir depreciándose hasta agotar el remanente de vida útil tomando como base su nuevo valor.
Más información:
Mauricio Piñeros, Socio
Álvaro Andrés Díaz, Socio
Ignacio Vélez, Socio
Para descargar el boletín, haz click aquí.
Read More
Boletín GPA Novedades de Comercio Exterior (Enero 2019)
Circular No. 000006 del 31 de diciembre de 2018, expedida por la DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) expidió la Circular No. 000006, por medio de la cual establece los lineamientos para dar aplicación a la modificación sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (“IVA”) en la importación de productos terminados producidos en zona franca con componentes nacionales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de Financiamiento) contiene una modificación respecto del artículo 458 del Estatuto Tributario, eliminando la base gravable especial en las importaciones para las zonas francas declaradas antes del 31 de diciembre de 2012. Así las cosas, se unificó la base gravable para los bienes importados desde zona franca al territorio aduanero nacional (“TAN”), estableciendo que para estas operaciones se debe sumar a la base gravable el componente nacional exportado para producir el bien final.
En este sentido, los lineamientos expedidos por la DIAN incluyen que:
1. Cuando los productos que salgan de la zona franca hacia el TAN hayan sido elaborados en un 100% con componentes nacionales o desaduanados no será necesario presentar declaración de importación; y el IVA para los bienes gravados se liquidará en la correspondiente factura de venta.
2. Para los bienes producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales o desaduanados y componentes extranjeros, se deberá presentar una declaración de importación incluyendo el valor agregado nacional como un ajuste al valor FOB de las mercancías; y el IVA será liquidado de acuerdo con las normas aplicables en materia de base gravable en operaciones de importación.
Cabe anotar que en tanto se ajusta el sistema informático SYGA de la DIAN para hacer efectiva esta disposición, se encuentra autorizado el trámite manual para la presentación de declaraciones de importación.