Gómez-Pinzón asesoró a BID Invest en la suscripción del primer bono social de género emitido por Banco W
- El valor de los bonos emitidos fue de COP $150.000 millones.
- Los fondos serán destinados a la financiación del crecimiento de la cartera de microempresas lideradas por mujeres clientes de Banco W.
- Es el primer bono social de género en la región emitido por un banco dedicado a las microfinanzas.
Bogotá, 24 de noviembre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), miembro del Grupo BID, en la suscripción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actuando por medio de BID Invest como agente, de los bonos sociales con enfoque de género emitidos por Banco W S.A. en el segundo mercado colombiano por COP $150.000.000.000 a un plazo de cuatro (4) años. Los fondos de los bonos serán usados por el emisor para otorgar sub-créditos que financien el crecimiento de la cartera de microempresas lideradas por mujeres en Colombia.
El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por Daniel Londoño Pinzón (socio), Catalina Prieto Núñez (asociada senior), Santiago Ariza Góngora (asociado) y Laura Villarreal Corredor (asociada), miembros del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales de la firma.
La abogada in-house de IDB Invest fue Ofelia Díaz.
Esta es la segunda suscripción de bonos sociales con enfoque de género que asesora Gómez-Pinzón, precedida por la suscripción de los bonos emitidos por Banco Davivienda S.A. en agosto de 2020 por COP $362.500 millones.
Read More
Bonos Verdes: un nuevo camino a la sostenibilidad
Los bonos verdes o también conocidos como bonos sostenibles son un mecanismo de financiación de proyectos sostenibles, amigables con el ambiente y socialmente responsables. Estos títulos se han popularizado en los últimos años hasta el punto de generar en el país la movilización de $ 1,5 billones de pesos entre agosto del 2017 y septiembre de este año.
Su éxito se debe a la necesidad de las empresas de considerar no solo la rentabilidad financiera, sino también el impacto social y ambiental de sus operaciones ya que estos títulos tienen por objeto la captación de recursos del público para que se puedan financiar proyectos de sostenibilidad. La financiación está especialmente dirigida a proyectos relacionados con energía renovable, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.
Por lo anterior, Colombia se encuentra en el proceso de definir una política de crecimiento verde que permita un desarrollo económico que sea sostenible, inclusivo y amigable con el clima y por ello se evidencian los diferentes esfuerzos realizados por diversas entidades estatales para proferir regulación en esta materia.
En particular, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha fomentado la emisión de estos instrumentos con el objeto de consolidar la relación entre las sociedades y sus inversionistas donde, se desataca la Circular Externa No.28 del 7 de septiembre de 2020 de la SFC, en la que se imparten las instrucciones para la emisión de bonos verdes en el mercado de valores.
Asimismo, el Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto de Ley número 085 de 2020 en cual establece en su artículo 4 que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será el encargado de elaborar y adoptar mediante acto administrativo los marcos de referencia para la emisión de bonos temáticos de deuda pública a nombre de la Nación, dentro de los que están los bonos verdes, sociales, sostenibles, azules y todos los similares.
A partir de lo anterior, es necesario destacar que en Colombia estos bonos constituyen una herramienta prometedora para el sector agroindustrial, pues los métodos tradicionales de financiación de proyectos agrícolas pueden ser un desafío en tanto resultan incompatibles con el incremento de la productividad y de la sostenibilidad ambiental, ya que la deuda genera una dependencia entre el uso de la tierra como garantía del préstamo y la productividad de ésta.
Además, el Informe del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 realizado en el 2019, reveló la necesidad del sector agroindustrial de aumentar su productividad y sostenibilidad, pues debido a su bajo desempeño en el uso de recursos naturales como el agua y la tierra se está limitando su productividad y competitividad, y esto se debe a que solo el 3% de los productores recibe asistencia técnica en temas ambientales.
En conclusión, los bonos verdes constituyen una herramienta fundamental para consolidar las relaciones entre las sociedades y sus inversionistas, además de ser la oportunidad de aumentar la productividad del sector agroindustrial a través de inversiones destinadas a fomentar su desarrollo sostenible, pues ha quedado en evidencia la necesidad de priorizar la responsabilidad social empresarial, de manera que el interés de los inversionistas este dirigido hacia proyectos sostenibles.
Read More
Ley de pagos en plazos justos: Un amparo a las micro, pequeñas y medianas empresas
El pasado 23 de julio el Congreso de la República expidió la Ley 2024 de 2020, mediante la cual se adoptan medidas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil, con el fin de proteger a personas naturales o jurídicas constituidas como micro, pequeñas o medianas empresas que tienen una posición de desventaja en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales. Del ámbito de aplicación de la presente norma se excluyen las operaciones entre grandes empresas o cuando ésta última sea la destinataria del pago.
Esta norma representa una de las iniciativas del gobierno para proteger a uno de los sectores más importantes para la economía colombiana, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). A través de las medidas establecidas en la ley 2024, tiene por objeto que la gran empresa no se apalanque en su capital de trabajo en las Mypme, obligando a estas contratar onerosos créditos con la banca para cubrir sus costo y gastos de operación. Se busca mejorar la rotación de cartera para de esta manera reducir el capital de trabajo requerido por las Mypme. Por otro lado, las medidas también incentivan el emprendimiento, empelo y construcción de tejido empresarial estableciendo condiciones más favorables para la creación de nuevas empresas y para preservar la continuidad de las existentes.
Las medidas adoptadas aplican para todos los pagos causados como contraprestación en los negocios mercantiles, así como las realizadas entre contratistas principales, sus proveedores y subcontratistas. Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la norma:
- Transacciones u operaciones donde intervengan consumidores;
- Los intereses y pagos debidos por indemnizaciones de perjuicios, títulos valores o contratos en los que los pagos diferidos sean propios de su esencia (tales como el pago de créditos);
- las deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración; y las operaciones entre grandes empresas.
A partir del 1 de enero de 2021, se aplicará un proceso de transición gradual para las empresas privadas respecto del plazo para el pago de las obligaciones, en los siguientes términos, contados desde la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios:
- Primer año: máximo 60 días calendario
- Segundo año y siguientes: máximo 45 días calendario
En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenta (60) días calendario, lo cual aplicará a partir del primero (1) de enero del año 2022.
En el caso de los contratos o las obligaciones contraídas con entidades del Estado (en calidad de contratante), los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura.
Los términos descritos anteriormente son de obligatorio cumplimiento y no podrán ser negociados por las partes. Cualquier acuerdo que amplíe esos plazos o que busque limitar la responsabilidad del deudor por su incumplimiento se tendrá por no escrito y no tendrá ningún efecto legal.
Respecto de los procesos de facturación y pago de obligaciones, tanto para las empresas privadas como las entidades públicas, en los casos en que se requiera el cumplimiento de alguna gestión por parte del contratante, tales como, la verificación de la conformidad de los bienes o servicios prestados, la verificación de facturas y/o documentos de soporte, éste deberá realizarlo dentro del plazo máximo, sin posibilidad de extenderse. En caso de que se requiera al contratista para que realice alguna corrección y/o subsanación, dicha solicitud interrumpirá el plazo hasta que se realice la corrección solicitada. En ninguna circunstancia se podrá alegar la propia culpa, incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes, o de sus procedimientos de facturación y pago para evitar la responsabilidad por el incumplimiento.
A título de sanción por el incumplimiento, la norma dispone que cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo, por causas diferentes al caso fortuito o fuerza mayor, el acreedor tendrá derecho a reclamar una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora de éste, la cual podrá ser, cobrada judicialmente a través de un proceso ejecutivo u objeto de conciliación, transacción o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, en lo relacionado con la forma y los términos de pago y condonación.
La normatividad expuesta apunta al logro de varios objetivos; por un lado, busca la protección del empleo en Colombia al nivelar las cargas económicas que se generan para las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, que representan más del 90% del sector productivo nacional y generan el 80% del empleo en Colombia[1].
En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, bajo el amparo de esta norma, se distingue el cumplimiento en los pagos dentro del entorno empresarial, convirtiéndose en una herramienta de distinción para las empresas y de seguimiento y control por parte del Estado.
Por último, busca robustecer las iniciativas de emprendimiento, por medio del establecimiento de un marco regulatorio que incentiva la creación de nuevos productos y servicios, que garantiza su sostenibilidad en el tiempo y que propende por su expansión, incluyendo en este aspecto además a las entidades oficiales como actores obligados al cumplimiento de la norma.
Por Antonio Elcure, asociado del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales,
y Felipe Arango, estudiante del Plan Semillero de Gómez-Pinzón Abogados.
———————————————————————————————————–
[1] https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes-representan-mas-de-90-del-sector-productivo-nacional-y-generan-el-80-del-empleo-en-colombia-ministra-alicia-arango
Read More
El impacto de la moneda digital en las Sociedades de Mercado
En la actualidad, para las empresas y procesos productivos hay nuevas alternativas de fortalecimiento del mercado con el fin de contribuir con la reactivación económica y la capacidad productiva del país a través de diversos avances tecnológicos y económicos.
Uno de estos grandes avances es la moneda digital utilizada como medio de pago o activos de especulación en el mercado financiero.
En la actualidad, debido a la pandemia por Covid-19, es importante resaltar la importancia de la realización de transacciones sin contacto físico, por ello los principales Bancos del mundo se unen para evaluar la necesidad de los consumidores y empresas para buscar una mejoría en la transmisión de una Política monetaria.[1]
La tendencia en la incorporación de nuevas tecnologías cobran mayor fuerza, ya que a través de un estudio con base en unas encuestas realizadas se indica que el 93% de los colombianos creen que el pago sin contacto es una forma higiénica de realizar transacciones.[2] Sin embargo, no se debe descartar la universalidad del dinero en efectivo como principal medio de pago en Colombia.
La Superintendencia Financiera de Colombia a través de la realización de pruebas piloto, estructuró un proyecto en materia de Criptoactivos con el fin de crear un espacio seguro para realizar transacciones de intercambio y trazabilidad de monedas digitales.[3] Esta entidad señala que esta evolución tecnológica aún no está legalizada, la misma debe estar regulada bajo una normatividad local y requiere la habilitación de un espacio propicio para evaluar las transacciones de estas monedas digitales y que estén bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico gana cada vez más fuerza e impulsa a la gente a explorar cosas nuevas y los servicios financieros cada vez son más partícipes de esta tendencia,[4] ya que son parte de la revolución de la economía digital, la cual tiene como finalidad reducir el uso del papel moneda, que permite a los mercados ser más sostenibles y optimizar el desempeño de sus operaciones.
Incluso, una forma eficiente de reactivar la economía es la utilización del comercio electrónico[5], el cual ofrece diversas alternativas y utilidades para un trabajo eficiente y productivo a través de transacciones digitales, aplicaciones móviles y sitios web apoyados en entidades financieras que permiten habilitar plataformas de pago seguras.[6]
Es una realidad que en Colombia ya se encuentra en funcionamiento un sistema de pagos eficiente, por lo que es necesaria una continua educación económica, financiera y tecnológica en el país, ya que la gente está muy acostumbrada a utilizar efectivo.
Por Laura Barrera, asistente legal de Gómez-Pinzón Abogados.
———————————————————————————————————–
[1] http://www.elcaptor.com/economia/politica-monetaria-bancos-centrales-mundial
[2] https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/bancarizacion-en-la-pandemia-lleva-a-fuerte-caida-del-uso-del-dinero-en-efectivo-532616
[3] https://www.rcnradio.com/economia/colombia-autoriza-pilotos-para-transacciones-con-monedas-virtuales
[4] https://www.dinero.com/tecnologia/articulo/cual-es-el-futuro-del-dinero-electronico-en-el-mundo/284293
[5] https://www.ccce.org.co/noticias/coronavirus-comercio-electronico-economia/
[6] https://www.ccce.org.co/noticias/reactivacion-del-comercio-electronico-en-colombia-se-acerca-a-niveles-previos-a-la-pandemia/
[7] https://poincenot.com/banking-experience/del-efectivo-a-la-banca-digital-el-nuevo-paradigma-en-america-latina/
MinHacienda modificó clasificación de inversionistas, régimen de fondos y dictó otras disposiciones
El pasado 28 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1291 de 2020 que busca modificar el Decreto 2555 de 2010 en algunos temas relacionados con la clasificación de inversionistas y al régimen de fondos de capital privado.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las siguientes:
(i) se elimina el requisito que exigía que el monto mínimo por cada inversionista para constituir participaciones en fondos de capital privado no podía ser inferior a 600 SMMLV. En su lugar, establece que el monto no podrá ser superior al 20% de los ingresos anuales o del patrimonio del inversionista, el que resulte mayor.
Los inversionistas que a la fecha no cumplan con el límite del 20% mencionado, podrán mantener sus participaciones hasta su redención.
(ii) se modifican los montos de los requisitos para ser inversionista profesional: (a) el patrimonio que debe acreditar al intermediario debe ser igual o superior a 6.000 SMMLV; (b) debe ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a 3.000 SMMLV, y (c) el valor agregado de las operaciones de enajenación o de adquisición que tuvo que realizar el cliente debe ser igual o superior al equivalente a 21.000 SMMLV.
(iii) para determinar el valor del portafolio de inversión de valores, se adiciona que se tendrán en cuenta las inversiones realizadas por medio de contratos de fiducia de inversión, administración de portafolios de terceros, las participaciones que el inversionista tenga en fondos de inversión y, demás vehículos que administren recursos del inversionista, distintos a los de seguridad social.
Banco de la República introdujo modificaciones al Régimen Cambiario
A partir del 25 de septiembre, con ocasión de la expedición de la Resolución Externa No. 24 de 2020, de la Junta Directiva del Banco de la República (BR), se modifica la Resolución Externa No. 1 de 2018 (Resolución 1) en los siguientes aspectos:
1. El BR podrá realizar operaciones de compra o venta de divisas, de contado y a futuro, con las cámaras de riesgo central de contraparte (CRCC) para intervenir en el mercado cambiario con el fin de regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, entre otros fines descritos en el artículo 2 de la Resolución 1.
2. Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras, la FDN y Bancoldex, con patrimonio técnico igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una corporación financiera podrán obtener financiación estipulada en moneda extranjera para realizar operaciones en su condición de proveedores locales de liquidez en moneda extranjera con las CRCC, de acuerdo con el reglamento de operación de la respectiva CRCC.
3. FINDETER, FINAGRO, ICETEX, ENTerritorio y el FNA podrán obtener financiación estipulada en moneda extranjera para realizar operaciones en su condición de proveedores locales de liquidez en moneda extranjera con las CRCC, de acuerdo con el reglamento de operación de la respectiva CRCC.
4. Cabe aclarar que las operaciones por medio de las cuales los intermediarios del mercado cambiario (IMC) mencionados en los numerales 2 y 3 obtengan financiación para realizar las operaciones descritas con las CRCC, no estarán sujetas a la constitución del depósito de que trata el artículo 47 de la Resolución 1.
5. No harán parte del cálculo de la posición bruta de apalancamiento las operaciones de cambio que realicen los IMC, en su condición de proveedores locales de liquidez de moneda legal o extranjera, con las CRCC (tal y como éstas se describen arriba).
Se modifican varios aspectos de la administración de fondos, el neteo de operaciones y las emisiones de valores
El pasado 14 de septiembre fue expedido el Decreto 1235 de 2020, el cual modifica el régimen aplicable al fondo único de garantías de las Sociedades Comisionistas de Bolsa que sirve como respaldo a las operaciones que estas entidades celebran en nombre de sus clientes. Entre los cambios más significativos resaltamos:
- Las operaciones autorizadas a dichos fondos no están limitadas en la regulación, sino que dependerá completamente de las políticas que establezca su Consejo de Administración.
- Dichas operaciones deberán reflejarse en el reglamento del fondo a ser aprobado por la Superintendencia Financiera.
Adicionalmente, el Decreto modificó varios aspectos de la regulación financiera con respecto a las cámaras de riesgo central de contraparte aquí resumidos:
- Es posible ahora para las entidades financieras otorgar garantías sobre operaciones compensadas y liquidadas a través de cámaras de riesgo central de contraparte, incluyendo las celebradas por los fondos que algunas de estas entidades administran (fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, fiduciarias, etc.).
- Las instituciones financieras que administran fondos, fideicomisos, o portafolios de terceros, podrán actuar como miembros liquidadores o no de cámaras de riesgo central de contraparte por cuenta de dichas entidades.
Por otro lado, el Decreto incluye condiciones operativas adicionales y de entrega de información para las Sociedades de Financiación Colaborativa, autorizándoles la realización de ciertas operaciones adicionales. Se destaca el incremento en el monto de recursos que puede ser aportados en una operación de financiación colaborativa (Pasa de 10.000 a 58.000 SMMLV).
Finalmente, la norma amplió el plazo para la realización de oferta públicas que hacen parte de un programa de emisiones de valores de 3 a 5 años, incluyó deberes adicionales para los representantes de tenedores de bonos y definió las condiciones de gobierno corporativo que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) deben cumplir para emitir valores en el Segundo Mercado.
En general, estas modificaciones buscan facilitar la negociación de valores en el mercado colombiano, pudiendo representar una oportunidad de negocios para su compañía como emisor o adquirente de los mismos.
Read More
Se expide sandbox como una herramienta de innovación financiera segura y sostenida
En desarrollo de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, por medio del cual se estableció la posibilidad de crear empresas dedicadas a implementar desarrollos tecnológicos innovadores y obtener un certificado para operar temporalmente con el fin de realizar actividades propias de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1234 de 2020, por medio del cual reglamenta los objetivos, requisitos y etapas de funcionamiento del espacio controlado de prueba (sandbox), con el fin de promover la innovación en la prestación de los servicios financieros y al mismo tiempo facilitar a las autoridades de supervisión y regulación la identificación de nuevos desarrollos financieros.
El espacio controlado de pruebas (sandbox) es una herramienta que permite a las entidades interesadas de manera temporal probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de servicios y actividades propias de las entidades financieras bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dentro de la regulación mencionada se fijan los objetivos que debe cumplir cada desarrollo tecnológico, siempre con miras a la innovación en la prestación de servicios y productos financieros, salvaguardando en todo caso la integridad y estabilidad del sistema financiero y velando en todo momento por la protección de los intereses de los consumidores financieros.
De esta manera, para la aceptación en el espacio controlado de prueba se debe demostrar que el desarrollo busca aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento de productos financieros, resolver una problemática para los consumidores financieros, facilitar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, desarrollar los mercados financieros o mejorar su competitividad, así como también, que el mismo se encuentra suficientemente avanzado y listo para ser probado y que los servicios financieros van a ser prestados en Colombia.
Así mismo, se regulan los requisitos que deben cumplir los interesados para la presentación de la solicitud de ingreso al espacio de prueba de controlado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, quien se encargará de revisar las solicitudes y expedir, en caso de encontrar los requisitos cumplidos, el certificado de operación temporal, que corresponde al punto de partida para iniciar las pruebas y que en ningún caso tendrá un plazo superior inicial de más de dos (2) años. La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá la inspección, vigilancia y control de los participantes del espacio controlado de prueba en todo momento.
Todo análisis que realice la Superintendencia Financiera respecto de los trámites y solicitudes relacionados con el espacio de prueba controlado estará sometido a un principio de proporcionalidad, el cual variará de acuerdo con los riesgos y características de cada desarrollo tecnológico propuesto.
Por último, se regula las diferentes opciones que se presentan frente a la finalización del certificado de operación temporal, dentro de las cuales se encuentran, la transición a la licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora regulada y su correspondiente plan de ajuste a la actividad o su desmonte, y los procedimientos a seguir frente a cualquiera de los dos (2) casos.
Read More
Gómez-Pinzón asesoró a BID Invest en la suscripción del primer bono social de género emitido por Davivienda
- El valor de los bonos emitidos fue de COP $362.500 millones.
- Los fondos serán destinados a la financiación de viviendas de interés social y pequeñas y medianas empresas de mujeres en Colombia.
- Los bonos hacen parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi).
Bogotá, 27 de agosto de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados, actuando como asesores locales, acompañó a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), miembro del Grupo BID, en la suscripción de los bonos sociales con enfoque de género emitidos por Banco Davivienda S.A. en el segundo mercado colombiano por COP $362.500.000.000 a un plazo de siete (7) años. Los fondos de los bonos serán usados por el emisor para otorgar sub-créditos que financien la compra de viviendas de interés social por parte de mujeres, así como pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Colombia.
El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por Daniel Londoño (socio), Catalina Prieto (asociada senior) y Santiago Ariza (asociado), miembros del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales de la firma.
Hunton Andrews Kurth actuó como asesor legal de BID Invest bajo ley de Nueva York, con la participación de Alejandro Silva (consejero internacional) y Yasmina Hammoumi (asociada internacional).
La abogada in-house de BID Invest fue Ofelia Díaz.
El Comité de Diversidad de Gómez-Pinzón, junto con su línea de Equidad de Género, celebró esta noticia, pues gracias a esta emisión se generarán oportunidades significativas para las mujeres beneficiarias en Colombia.
Este es el primer bono social con enfoque de género alineado a estándares internacionales en Suramérica, y el primer bono social con enfoque de género en el mundo con incentivos vinculados a objetivos, como parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza internacional que busca habilitar la financiación y acceso al mercado para compañías lideradas por mujeres.
Read More
Se aprobó acuerdo de cooperación financiera entre Francia y Colombia
El pasado 27 de julio fue expedida la Ley 2031 de 2020, la cual ratifica el acuerdo para la cooperación financiera entre los gobiernos de Francia y Colombia. Este acuerdo busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones a través de la implementación de medidas de tipo tributario y financiero, que a continuación resumimos:
- La Agencia de Desarrollo Francesa otorgará recursos a entidades públicas colombianas para el funcionamiento de programas y proyectos que dichas entidades promuevan o administren, a través de la celebración de acuerdos complementarios de desarrollo celebrados entre estas y aquella.
- Los recursos así otorgados podrán ser de carácter reembolsable o no reembolsable, de libre destino o destino específico, y su aceptación debe ser aprobaba por el Ministerio de Hacienda cuando se entreguen a título de préstamo.
- Los recursos también podrán consistir en servicios de asistencia técnica, tecnológica, de conocimiento, habilidades o experiencias entregadas a las entidades beneficiarias de aquellos.
- El Estado Colombiano será el garante final de todas las sumas que reciban las entidades públicas colombianas a título de préstamo en virtud de este acuerdo, siempre que el acuerdo particular incluya garantía soberana.
- Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Francesa serán considerados funcionarios diplomáticos durante su estancia en el país en virtud del acuerdo.
Nota aparte merecen los efectos tributarios del acuerdo, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:
- La Agencia de Desarrollo Francesa estará exenta del pago de los gravámenes tributarios de carácter nacional que se devengarían de la aplicación de los convenios complementarios de desarrollo, durante la vigencia de los mismos.
- Todos los pagos efectuados en virtud del servicio de pago de la deuda estarán exentos de impuestos y gravámenes de carácter nacional.
- El Estado Colombiano velará por que los impuestos y gravámenes de carácter nacional asumidos por las entidades públicas colombianas encargadas de ejecutar los acuerdos complementarios de desarrollo, no sean financiados con fondos provenientes de la Agencia de Desarrollo Francesa, salvo que se acuerde lo contrario en casos particulares.
- El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional los contratos celebrados para la realización de los programas y proyectos acordados y ejecutados con fondos provenientes de la Agencia Francesa de Desarrollo.
- El Estado Colombiano eximirá de impuestos y gravámenes de carácter nacional la adquisición de bienes y/o servicios y las transacciones financieras realizadas directamente con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo.