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El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 31 de marzo de 2020 se debe cumplir con la actualización anual general obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo cambios no sustanciales que pudiesen haberse efectuado sobre la información consignada allí. El vencimiento de esta obligación no ha sido modificado o extendido por parte de la SIC con ocasión de la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
 
Este es el momento idóneo para realizar todas las actualizaciones de la información incluida en el RNBD que no se hubieran podido haber llevado a cabo con anterioridad.
 
Así mismo, les recordamos otros eventos en que proceden actualizaciones obligatorias de la información consignada en el RNBD: 

• Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.
• Cuando se genere una nueva base de datos, su registro en el RNBD debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a su creación.
• Actualización sobre reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales. La última de estas debió haberse cumplido el 21 de febrero de 2020 (referente a las reclamaciones del segundo semestre de 2019) y la próxima deberá cumplirse el 25 de agosto de 2020 (referente a las reclamaciones del primer semestre de 2020).

Por otro lado, tenga en cuenta que los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad, aun en aquellos eventos en que no estén obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD.
 
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.

Durante los próximos días todas las sociedades, en cumplimiento del artículo 422 del Código de Comercio, deberán realizar las reuniones ordinarias de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios y de Junta Directiva, en el caso de las sociedades que cuenten con ella, para examinar la situación de la sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio social y distribuir utilidades, de ser el caso.

Ante la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través del cual busca evitar la congregación de personas en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos sociales, facilitando mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, y ha tomado las siguientes medidas, las cuales son igualmente aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL):

1. Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que a la fecha de publicación del citado Decreto en el Diario Oficial (13 de marzo de 2020), hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social, podrán, hasta un día hábil antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, esto es, bajo el mecanismo de reunión no presencial.

2. En dicho alcance se deberá establecer el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios, sus apoderados y miembros de Junta Directiva.

3. El alcance de la convocatoria se deberá hacer por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria.

4. El representante legal deberá dejar constancia en el acta de la respectiva reunión, sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.

5. El representante legal deberá verificar la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto socios, sus apoderados, o miembros de Junta Directiva.

Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Junta de Socios, de Asamblea General de Accionistas o de Junta Directiva, cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, teniendo en cuanta la actual situación sanitaria, el Ministerio ha señalado que, por “todos los socios o miembros”, deberá entenderse que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente.

Reiteramos que las anteriores medidas serán igualmente aplicables a todos los órganos sociales, estos son, tanto los órganos societarios como las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas Directivas, como a las Entidades sin Ánimo de Lucro, ya sea en reuniones ordinarias o extraordinarias, así como a las reuniones mixtas, entendiéndose por estas, las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados, los miembros de Junta Directiva, fundadores o asociados.

El río Magdalena, el principal afluente de agua dulce del país, fue la ruta fluvial de pasajeros y carga más relevante hasta los inicios del siglo XX, cuando el transporte terrestre acaparó el mercado interno y la frontera de las aguas se vio disminuida por la sedimentación, unida a la cultura de la tala, la quema y el azadón. A partir de ese momento, el río más importante del país no volvería a ver pasar por sus aguas barcos a vapor que dinamizaban la economía y el turismo de las regiones. Hoy en día sus aguas tranquilas solo pueden ser navegadas por pequeñas lanchas y embarcaciones, dejando a sus puertos sin la boyante economía que conocieron cien años atrás.

Conscientes del abandono que ha sufrido el río Magdalena, los gobiernos nacionales de los últimos años han retomado los proyectos que pretenden devolverle la navegabilidad y la vía al río. Es así como el pasado 31 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de Infraestructura publicó el aviso de invitación a precalificar para el otorgamiento de una concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada, a través del cual el concesionario deberá llevar a cabo, bajo su cuenta y riesgo, las tareas de diseño, construcción, financiación, operación, conservación, mantenimiento y reversión de bienes a la Nación, para garantizar la navegabilidad del Río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, mediante la implementación de obras de encauzamiento, actividades de dragado, monitoreo y señalización del canal navegable.

Con este tipo de proyectos el gobierno nacional busca generar fuentes de desarrollo, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015, específicamente la creación de ciudades y comunidades sostenibles, la creación de medios de transporte alternativos, innovadores y protectores del medio ambiente, y el cuidado y preservación de la vida submarina y los ecosistemas terrestres. El proyecto de navegabilidad del río Magdalena tiene como objetivo lograr el equilibro entre la sostenibilidad medio ambiental, económica y social; busca dinamizar y reactivar la economía al mismo tiempo que revitaliza las comunidades aledañas al río.  

Quienes estén interesados en participar en esta precalificación deberán presentar una manifestación de interés en los términos y condiciones previstos por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI –, a más tardar el próximo 5 de mayo de 2020 a las 10:00 am, en el auditorio de la entidad.

Los datos clave:

El Banco de la República mediante el Boletín 8 del 28 de febrero de 2020 publicó la Resolución Externa No. 1 de 2020 por la cual modificó la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, en el sentido de incluir a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) y al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) como Intermediarios del Mercado Cambiario; y especificó las operaciones de cambio que pueden realizar. 

Adicionalmente, señaló que a partir del 1 de noviembre de 2020 las entidades públicas de redescuento que deseen desarrollar operaciones de cambio, deben estar inscritas ante el Banco de la República como Intermediarios del Mercado Cambiario.

Puede consultar la Resolución Externa No. 1 de 2020 aquí.

• El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;
• El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado;
• El Ministro de Minas y Energía o su delegado;
• El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado;
• Un representante experto en temas ambientales vinculado a una universidad acreditada;
• Un representante experto en temas de hidrocarburos vinculado a una universidad acreditada; y 
• Un representante de las asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales de la sociedad civil.

I. Introducción y hechos

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-447 de 2019, se pronunció sobre la modificación del nombre y sexo de un menor transgénero de 10 años en su registro civil de nacimiento. Lo anterior, toda vez que al nacer se asignó sexo femenino, fue educado como mujer y se registró como: “Lucrecia”. Esta decisión se tomó con fundamento en los siguientes hechos:

a. Cuando el menor nació, los médicos advirtieron una anomalía en la formación de los genitales, la cual les impidió determinar el sexo del bebé dentro de los binarios predeterminados. No obstante, le fue sugerido a los padres que lo registraran con sexo femenino y fuera criado bajo esta identidad de género.

b. Si bien se siguieron las recomendaciones médicas, años después le realizaron al menor pruebas genéticas, en las cuales predominaron cromosomas del sexo masculino.

c. El menor que actualmente tiene 10 años, rechazó la crianza femenina provista hasta el momento, escogiendo el nombre “Joaquín” y exigiéndole a su familia, amigos y a la institución educativa a la que asistía, un trato acorde a su identidad de género masculina.

d. Su madre solicitó a la Notaría de Ciudad Violeta que modificara el registro civil de nacimiento de su hijo e incluyera el nombre y el sexo que se ajustara a la identidad de género del menor. No obstante, la oficina no accedió a esta modificación, toda vez que la solicitud no cumplía con los requisitos previstos en los Decretos 1227 de 2015 y 1069 de 2015, la Sentencia T-675 de 2017 y la Instrucción Administrativa 12 de 2018 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a saber:

• La manifestación de voluntad concurrente del menor de edad y sus padres, siempre que estos ejerzan la patria potestad de manera conjunta;
• El menor de edad cuyo registro pretende modificarse, debe tener mínimo 17 años;
• La existencia de conceptos médicos en los que se demuestre que el menor de edad adelantó un proceso previo dirigido a reafirmar su identidad de género;
• Verificar que la decisión del menor de edad sea libre, informada y cualificada.

II. Análisis de la sentencia  

Al analizar el caso, la Corte Constitucional determinó que:

a. Debe enfatizarse el reconocimiento del nombre y sexo como elementos de la personalidad jurídica, la cual constituye un axioma básico para la interacción de la persona humana con el mundo jurídico y el entorno social. En ese sentido, le corresponde al Estado brindar mecanismos que les permitan a las personas una adecuación de su nombre y sexo a la construcción del individuo, principalmente, con respecto a su autodeterminación e identidad de género.

Con referencia a lo anterior, la Corte Constitucional reiteró que se ha cambiado el precedente sobre la manera de interpretar el componente “sexo” en el estado civil de las personas, siendo en un principio un dato inmodificable determinado a partir de un criterio biológico. Sin embargo, progresivamente esta Corte ha modificado la comprensión del concepto en mención y en la actualidad, se considera que el sexo está íntimamente relacionado con la identidad de género de cada sujeto.

b. Puntualizó la Corte que la identidad de género es un asunto que responde únicamente a la vivencia y a la autodeterminación de las personas, por lo que su amparo no puede estar condicionada a criterios físicos, médicos o psicológicos de comprobación. Frente a este particular, reiteró la Corte que, si bien existen consideraciones médicas, sociales y psicológicas que indican que, desde los 2 años el individuo tiene consciencia sobre su identidad de género y que la comprensión total del concepto se consolida entre los 5 y 7 años de vida, la identidad de género puede ser modificada en cualquier momento de la vida. 

c. Al realizar el análisis sobre el caso particular, en el que la entidad accionada adujo que no podía acceder a las pretensiones sin adelantar un examen diferenciado sobre los componentes cuya modificación se procuraba. En consecuencia, concluyó la Corte que la decisión de no modificar el componente nombre del registro civil de nacimiento vulneró los derechos fundamentales al nombre, a la personalidad jurídica y a la autodeterminación de Joaquín, debido a que todas las personas pueden modificar el nombre inscrito en el registro civil de nacimiento, mediante escritura pública y por una sola vez, incluso los menores de edad a través de la actuación de sus representantes legales.

d. En lo que se refiere a la modificación del sexo, la Corte señaló que si bien las disposiciones no establecieron la posibilidad de realizar este trámite vía escritura pública, el vacío legal en cuanto a la modificación notarial para menores de edad evidencia la transgresión de sus derechos fundamentales.

Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que las manifestaciones del accionante no solo fueron suficientes, sino los únicos elementos relevantes frente a la identidad de género del menor. Toda vez que, en concepto de los magistrados la decisión de Joaquín fue: (i) libre, pues se identificó que no había sido inducida u orientada por otras personas; (ii) informada, al reconocer en varias oportunidades el alcance de la misma; y (iii) cualificada, ya que de cara a la naturaleza de la decisión, esta no tiene un impacto definitivo en la autonomía futura del niño y puede ser modificada transcurridos 10 años.

III. Órdenes impartidas por la Corte Constitucional 

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la Notaría accionada que por medio de escritura pública protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento del accionante.

En el mismo sentido, ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro informar a los notarios del país que los requisitos comunicados en la Instrucción Administrativa 12 de 2018 deben ser leídos conforme al interés superior de los menores de edad y a las consideraciones expuestas en la sentencia.

Finalmente, exhortó al Congreso de la República para que expida una ley en la que diseñe las herramientas de reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género, que incluya el mecanismo notarial y expedito para la modificación del componente sexo del estado civil.

A partir del 20 de febrero de 2020 estará disponible en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la nueva plataforma a través de la cual los empresarios antioqueños pueden tramitar con mayor facilidad el Registro Único de Proponentes (RUP), indispensable para la participación en los procesos de contratación pública.

Las principales novedades son:

• Los modelos de certificación podrán ser firmados por el representante legal digitalmente con clave personal; esta clave es la misma que se utiliza para la renovación de la matrícula mercantil o el registro de Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL).
• Los revisores fiscales y contadores también podrán acceder con su clave personal para firmar de forma digital los modelos de certificación que se requieran. Una única clave personal puede ser usada por el contador o revisor fiscal para todas las empresas en las cuales desempeñe esta labor.
• El aplicativo permitirá que, al ingresar información al formulario RUES, esta se refleje simultáneamente en los modelos de certificación. El usuario no tendrá que replicar la información de los formularios en los modelos de certificación.
• El trámite es 100% virtual, de manera que los titulares de las firmas no necesitan acercarse a las taquillas de la Cámara de Comercio. El pago se hará vía tarjeta de crédito o PSE.
• Se podrán cargar al aplicativo los documentos adicionales que soportan los requisitos habilitantes del RUP (Estados Financieros, certificados de experiencia, contratos y actas de liquidación, entre otros).

Se recomienda realizar la renovación de la matrícula mercantil o registro de ESAL de manera previa a la actualización del RUP, ya que en caso de existir inconstancias entre el RUP y los demás registros, se hará la devolución del trámite.

Es importante recordar que el RUP debe estar actualizado a más tardar el 7 de abril de 2020 y debe estar en firme de manera previa a la presentación de la oferta en los procesos de selección. En este sentido, en Gómez-Pinzón Abogados estamos a la disposición de nuestros clientes para acompañarlos en la expedición y/o actualización de este registro, así como también para asesorarlos en trámites, autorizaciones y procedimientos de derecho público-administrativo, incluyendo procesos de selección pública como precalificaciones, licitaciones y concursos de méritos.

Los aprendices tienen derecho a un apoyo de sostenimiento económico con el fin garantizar su proceso de aprendizaje. El monto del apoyo de sostenimiento, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, se define con base en la tasa de desempleo, así:

“El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente”.

Es claro que el monto del sostenimiento puede variar entre el 75% y 100% de un salario mínimo legal mensual vigente “SMLMV”, de acuerdo con la tasa de desempleo.

Según informó el DANE, el pasado 31 enero de 2020, la tasa promedio de desempleo para el año 2019 en Colombia fue del 10,5%. Este aumento, desde una perspectiva general, supone la necesidad de realizar ajustes al monto del apoyo de sostenimiento de los aprendices, para que ya no sean del 100% del SMLMV, sino del 75% del SMLMV.

En complemento, el SENA informó, mediante la circular 1-8080 del 3 de enero de 2020, que los contratos de aprendizaje que iniciaron con anterioridad al 31 de enero de 2020 deberán acogerse al porcentaje pactado por las partes en el contrato de aprendizaje. Esto, sustentado en el concepto 8-2019-096345 emitido por la Dirección Jurídica del SENA.

Es decir, y de acuerdo con lo conceptuado por el SENA, que las compañías deberán verificar el porcentaje acordado como pago de sostenimiento con los aprendices (en los contratos de aprendizaje) vinculados antes del 31 de enero de 2020, y hacer efectivo dicho pago hasta la vigencia de dichos acuerdos.

Por lo anterior, es necesario que todas las compañías con contratos de aprendizaje vigentes al 31 de enero de 2020 revisen los acuerdos suscritos con los aprendices, con el objetivo de definir el valor del apoyo de sostenimiento que deberá aplicarse.

El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 21 de febrero de 2020 se debe cumplir con la primera actualización periódica obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) por concepto de las reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales durante el segundo semestre del 2019.

• La primera de las actualizaciones periódicas obligatorias deberá realizarse antes del 21 de febrero de 2020 y tiene como objeto reportar las reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales durante el segundo semestre del 2019.

Los Responsables obligados a cumplir con el RNBD deberán realizar esta actualización de forma semestral respecto de las reclamaciones recibidas por titulares en el semestre anterior. Este reporte deberá incluir, información tal como la cantidad el tipo y detalle de reclamos, entre otra, incluso en aquellos eventos en que no se hayan recibido reclamaciones.

• La segunda de las actualizaciones periódicas obligatorias deberá realizarse antes de 31 de marzo de 2020. Esta es una actualización general anual de todas las bases de datos reportadas en el RNBD y comprende cambios en la información allí consignada.

Así mismo, les recordamos otros eventos en que proceden actualizaciones obligatorias de la información consignada en el RNBD:

• Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del día del mes de inscripción de la respectiva base de datos. Esta obligación actualmente está en vigor, por lo que en caso de que advierta que hay algún cambio sustancial respecto de la información consignada en el RNBD, ésta deberá actualizarse.

• Cuando se genere una nueva base de datos, la actualización mediante la que se incluya esta nueva base de datos deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a su creación.

Por otro lado, tenga en cuenta que los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad, aun si no están obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD.

En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.