MinMinas estableció criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos offshore
Con base en lo anterior, se establece que la Resolución aplicará a los operadores y proveedores de servicios petroleros para actividades off-shore, quienes se verán obligados a dar cumplimiento al contenido de la Resolución y en caso de que quieran aplicar otras normas, deberán solicitarlo formalmente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), justificando técnicamente el cambio de normativa aplicable.
La Resolución establece, entre otros, los siguientes criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta y cumplidos por los interesados en desarrollar este tipo de actividades:
- Seguridad de los procesos: De manera previa al inicio de las operaciones, los operadores deberán presentar el programa de Gestión de Seguridad de Procesos.
- Competencia del personal: El operador deberá garantizar que su personal cuente con la experiencia certificada necesaria para desarrollar las actividades, tanto para la seguridad de los procesos como para responder emergencias.
- Perforación de pozos: La maquinaria usada para realizar la perforación deberá cumplir con el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro. Asimismo, se deberá asegurar que las actividades se desarrollen en condiciones mecánicas y estructurales apropiadas, garantizando así la integridad del pozo.
- Intervención de pozos: Para realizar cualquier actividad que se considere como de intervención, se deberá solicitar a la ANH la autorización de los trabajos a través de la respectiva forma 7CR.
- Producción de pozos: De manera previa, se deberá presentar ante la ANH el plan de desarrollo para las operaciones, el cual deberá contener la información básica de los diseños y diagramas de la estructura que se usará.
Finalmente, se establece como régimen de transición que los contratos vigentes en fase de explotación deberán dar cumplimiento a la Resolución en lo relacionado con las actividades de perforación, completamente e intervención de pozos, mientras que para la producción se deberá seguir aplicando la normativa previa.
Última reglamentación de vivienda de interés social y prioritaria en Bogotá
Por medio del Decreto No. 221 de 20201, la Administración Distrital estableció la última reglamentación correspondiente a la exigencia de los porcentajes, condiciones e incentivos en materia de suelo destinado a la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, aplicable en Bogotá D.C.
A continuación, encontrarán los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el cumplimiento de dicha obligación:
- La obligación de VIP y VIS únicamente resulta exigible para los usos residencial, comercio y servicios, clasificados en los tratamientos de desarrollo y renovación urbana en la modalidad de redesarrollo y reactivación.
- Para los suelos de expansión sur y occidental de la ciudad se mantiene el porcentaje establecido en el POT de Bogotá D.C, es decir el 30% en VIP o 50% en VIS subsidiable, no obstante, es posible aplicar los incentivos del Decreto, lo que lo diferencia de la norma contenida en el Decreto 553 de 2018.
- Los porcentajes de VIP y VIS establecidos no serán aplicables a los suelos delimitados por los Planes de Ordenamiento Zonal del Norte – “Ciudad Lagos de Torca”, y Usme.
- La obligación de VIP y VIS podrá cumplirse en el mismo proyecto, en otra zona por traslado, o mediante compensación.
- Frente a las condiciones para el cumplimiento de la obligación e incentivos, se estableció lo siguiente:
| Cumplimiento de la obligación de VIP | Cumplimiento de la obligación de VIS |
| Tratamiento de desarrollo | Tratamiento de renovación urbana- redesarrollo |
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| En los proyectos por etapas se deberá garantizar: (i) para cada una de ellas el cumplimiento autónomo del porcentaje VIP o, (ii) en una sola etapa toda la obligación | |
- Por su parte, el Decreto 221 de 2020 introdujo cambios respecto al régimen anterior, en relación con los incentivos para la construcción de productos inmobiliarios VIP/VIS. A continuación se describen los aspectos más relevantes:
| Incentivos para la provisión de suelo útil, urbanizado y la construcción efectiva de VIS y VIP en tratamiento de desarrollo | |
| VIP | VIS |
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Área Construida para VIS.
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| Incentivos para la provisión de suelo útil, urbanizado y la construcción efectiva de VIS y VIP en tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo | |
| VIP | VIS |
Área Construida para VIP.
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Área Construida en Suelo de Obligación VIS.
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| Para acceder a los incentivos se establece un estándar de habitabilidad que corresponde a un mínimo de 42 m2 de área total construida por unidad de VIP o VIS. | |
| Incentivos para la provisión de suelo útil, urbanizado y la construcción efectiva de VIS en tratamiento de renovación urbana en la modalidad de reactivación |
| VIS |
Área Construida para VIS
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1“Por medio del cual se establecen los porcentajes mínimos de suelo destinado a la construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), las condiciones e incentivos para su cumplimiento, en desarrollo del artículo 75 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 ´Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’ y se adoptan otras disposiciones”
Se expidieron términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental para PPII
Mediante la Resolución 821 del 24 de septiembre de 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicó los términos de referencia (TdR 029) para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de las licencias ambientales para el desarrollo de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre Yacimientos no Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la técnica de Fracturamiento Hidráulico multietapa con Perforación Horizontal (FH-PH).
La Resolución establece entre otras las siguientes disposiciones:
- Los TdR 029, se aplicarán por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a los particulares interesados en realizar PPII sobre YNC usando la técnica de FH-PH.
- El interesado en obtener la licencia ambiental deberá incluir en el EIA todos los aspectos que puedan afectar los recursos naturales renovables o el ambiente y en caso de que no lo haga, se deberá justificar técnica y jurídicamente las razones de la exclusión de esta información.
- La ANLA podrá requerir información adicional que considere útil e indispensable para realizar la evaluación de la viabilidad del proyecto, así dicha información no se incluya en los TdR 029.
- Objetivos del PPII, con base en el Decreto 328 de 2020.
- La localización y caracterización del área de influencia para definir la línea base local.
- Descripción de las necesidades de uso y aprovechamiento de recursos naturales.
- Síntesis del proceso de consulta previa, en caso de que aplique.
- Levantamiento de una línea base del componente hidrológico, incluyendo la identificación de fuentes potenciales de contaminación de acuíferos
- Medidas para la protección de acuíferos y ecosistemas conexos en las actividades de FH-PH
- Método de evaluación ambiental de impactos usado y cuantificación de los impactos ambientales significativos.
- Plan de Manejo Ambiental.
- Costo estimado del proyecto y del Plan de Manejo Ambiental.
- Cronograma de ejecución del proyecto.
- Actividades por ejecutar en la etapa de desmantelamiento y abandono.
Novedades regulatorias de la CRC frente a despliegue de infraestructura y servicios de televisión
El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les informa que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha hecho públicas las siguientes novedades regulatorias del sector TIC:
1. Se emitieron dos circulares con directrices a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y en materia de relaciones de acceso con propietarios de infraestructura eléctrica:
1.1. Circular 130 de 2020: Por medio de la cual la CRC recuerda a los PRST lo previsto en el artículo 2 de la Resolución 5890 de 2020 en lo relativo a:
- La modificación de los acuerdos de uso de infraestructura de energía eléctrica que a la fecha de entrada en vigencia de dicha resolución contemplaran condiciones de remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica que fueran superiores a los topes regulatorios del Artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales, deberán reducirse a dichos topes.
- La obligación de los PRST de efectuar el reporte de todos sus acuerdos sobre uso de infraestructura de energía eléctrica que se encuentren en curso a la entrada de la resolución 5890 de 2020, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
1.2. Circular 131 de 2020: Por medio de la cual se actualizó el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de telecomunicaciones.
Este documento constituye una guía técnica de consulta para autoridades locales, PRST y otros interesados sobre los aspectos básicos de despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones y las condiciones apropiadas para ello, de manera tal que se puedan promover mejores condiciones para un despliegue organizado.
2. La CRC está adelantando un proceso de consulta pública con miras a simplificar las normas en desuso en materia de televisión y contenidos. El plazo de los interesados para presentar sus comentarios es hasta el 23 de octubre de 2020.
Para efectos de la consulta a cargo de la CRC, por desuso se deberá entender aquella norma que debe ser eliminada de los acuerdos o resoluciones vigentes expedidas por la CNTV y la ANTV debido a que actualmente no es aplicable. Lo anterior, con base en alguno de los siguientes factores: (i) evolución del mercado; (ii) evolución tecnológica; (iii) duplicidad normativa o (iv) normas transitorias.
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos
SIC introdujo modificaciones en el Título X de la Circular Única
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución No 59671 del 25 de septiembre de 20201, adicionó y modificó numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. A continuación, un resumen de los cambios más relevantes:
- Se adicionó regulación respecto a las marcas de posición. “Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él2”.
| NUEVA REGULACIÓN | EJEMPLO |
| Dentro de la solicitud de una marca de posición se deberá presentar una representación gráfica, que consista en una única vista en la que se aprecie la posición, tamaño, disposición y proporción del signo solicitado sobre la superficie en la que se aplicará.
La superficie deberá representarse con líneas punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la cual no se reivindica protección. |
 La marca consiste en la posición de una estrellade color metalizado, ubicada en la parte frontal central de la ropa interior. La línea puntada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa3. |
- Se adicionó regulación sobre las marcas animadas. Y se mencionó que para su solicitud deberá aportarse:
- “Un documento que contenga la secuencia de movimientos representados en imágenes fijas, que permitan establecer de manera inequívoca el movimiento que se pretende proteger”.
- “Una reproducción animada sin sonido en formato GIF de máximo 50MB, en el que se visualice el movimiento a proteger”.
- Respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la SIC incluyó diferentes medios, que puede el solicitante aportar, para representar gráficamente la marca sonora (como notación musical, partitura, entre otros). Y diversificó los formatos de archivo de audio y soporte de la grabación digital que se deben aportar, ahora pueden ser formatos WAV, CDA, WMA, DOC, DOCX, PDF, (y no solo MP3, como establecía la regulación pasada).
- LA SIC especificó nuevos requisitos que deben aportarse dentro la solicitud de registro de una marca de color, y añadió exigencias adicionales si la solicitud consiste en un registro de una marca que tenga una combinación de colores.
- Se detallaron reglas sobre la solicitud de reivindicación del color como característica distintiva de las marcas, y la representación gráfica para el registro de esta clase de signos.
- La SIC estableció que las solicitudes mencionadas a continuación se tramitarán a través del SIPI, previo pago de la tasa oficial correspondiente.
- La solicitud de reducción de tasas
- Las solicitudes de registro de marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen
- la solicitud de renovación del registro de una marca o lema comercial
- La solicitud de cancelación de registro de marca, lema y de autorización de uso de una denominación de origen protegida
- La solicitud de renuncia a los derechos de signos distintivos
- La solicitud de depósito de nombre y/o enseña comercial
Igualmente, se anotó que la presentación de estas solicitudes se podrá realizar a través de la Oficina Virtual o de forma física; de realizarse físicamente, el solicitante deberá diligenciar y radicar el formulario correspondiente a la naturaleza de la solicitud.
Corte Constitucional se pronunció sobre descuento del impuesto sobre la renta
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-379/2020, declaró exequible la expresión “Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA)” del artículo 258-1 del Estatuto Tributario (modificado por el articulo 95 de la Ley 2010 de 2019), bajo el entendido de que el beneficio tributario contemplado por la norma también es aplicable a aquellos sujetos que no son responsables del IVA.
Al estudiar la norma, la Corte concluyó que la norma preveía un trato desigual al excluir del beneficio tributario, sin razón constitucionalmente suficiente, a aquellos sujetos no responsables del impuesto. Lo anterior, desconociendo la exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, que pretende incentivar la inversión en bienes de capital, mejorar la competitividad e incrementar el potencial productivo de las empresas nacionales grandes y pequeñas.
Así las cosas, las personas responsables y no responsables del IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización.
MinHacienda modificó clasificación de inversionistas, régimen de fondos y dictó otras disposiciones
El pasado 28 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1291 de 2020 que busca modificar el Decreto 2555 de 2010 en algunos temas relacionados con la clasificación de inversionistas y al régimen de fondos de capital privado.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las siguientes:
(i) se elimina el requisito que exigía que el monto mínimo por cada inversionista para constituir participaciones en fondos de capital privado no podía ser inferior a 600 SMMLV. En su lugar, establece que el monto no podrá ser superior al 20% de los ingresos anuales o del patrimonio del inversionista, el que resulte mayor.
Los inversionistas que a la fecha no cumplan con el límite del 20% mencionado, podrán mantener sus participaciones hasta su redención.
(ii) se modifican los montos de los requisitos para ser inversionista profesional: (a) el patrimonio que debe acreditar al intermediario debe ser igual o superior a 6.000 SMMLV; (b) debe ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a 3.000 SMMLV, y (c) el valor agregado de las operaciones de enajenación o de adquisición que tuvo que realizar el cliente debe ser igual o superior al equivalente a 21.000 SMMLV.
(iii) para determinar el valor del portafolio de inversión de valores, se adiciona que se tendrán en cuenta las inversiones realizadas por medio de contratos de fiducia de inversión, administración de portafolios de terceros, las participaciones que el inversionista tenga en fondos de inversión y, demás vehículos que administren recursos del inversionista, distintos a los de seguridad social.
Gobierno adopta protocolo de bioseguridad para el sector educativo
Mediante Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Este protocolo es complementario a las demás medidas que los establecimientos educativos consideren necesarias, y al protocolo general de bioseguridad adoptado mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social (consulte dicha resolución en este enlace).
Este nuevo protocolo de bioseguridad para el sector educativo contiene medidas adicionales en materia de:
- Adecuación de espacios físicos;
- Medidas de limpieza y desinfección;
- Manejo de residuos sólidos;
- Planes de comunicaciones;
- Ingreso a las instalaciones del establecimiento educativo;
- Ingreso, trayecto y llegada de rutas escolares;
- Desplazamiento desde y hacia los lugares de residencia;
- Prevención de situaciones de contagio;
- Manejo de situaciones de contagio;
- Consideraciones especiales para niños entre dos (2) y cinco (5) años de edad;
- Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores;
- Medidas para estudiantes; entre otros.
Banco de la República introdujo modificaciones al Régimen Cambiario
A partir del 25 de septiembre, con ocasión de la expedición de la Resolución Externa No. 24 de 2020, de la Junta Directiva del Banco de la República (BR), se modifica la Resolución Externa No. 1 de 2018 (Resolución 1) en los siguientes aspectos:
1. El BR podrá realizar operaciones de compra o venta de divisas, de contado y a futuro, con las cámaras de riesgo central de contraparte (CRCC) para intervenir en el mercado cambiario con el fin de regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, entre otros fines descritos en el artículo 2 de la Resolución 1.
2. Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras, la FDN y Bancoldex, con patrimonio técnico igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una corporación financiera podrán obtener financiación estipulada en moneda extranjera para realizar operaciones en su condición de proveedores locales de liquidez en moneda extranjera con las CRCC, de acuerdo con el reglamento de operación de la respectiva CRCC.
3. FINDETER, FINAGRO, ICETEX, ENTerritorio y el FNA podrán obtener financiación estipulada en moneda extranjera para realizar operaciones en su condición de proveedores locales de liquidez en moneda extranjera con las CRCC, de acuerdo con el reglamento de operación de la respectiva CRCC.
4. Cabe aclarar que las operaciones por medio de las cuales los intermediarios del mercado cambiario (IMC) mencionados en los numerales 2 y 3 obtengan financiación para realizar las operaciones descritas con las CRCC, no estarán sujetas a la constitución del depósito de que trata el artículo 47 de la Resolución 1.
5. No harán parte del cálculo de la posición bruta de apalancamiento las operaciones de cambio que realicen los IMC, en su condición de proveedores locales de liquidez de moneda legal o extranjera, con las CRCC (tal y como éstas se describen arriba).
Presidencia establece guía para la realización de consulta previa
El principal cambio que introduce esta Directiva es la eliminación del certificado de presencia de comunidades, el cual es remplazado por la expedición de un acto administrativo emitido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (“DANCP”) respecto de la procedencia o no de la consulta previa, lo cual ya venía realizándose desde la creación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante el Decreto 2353 de 2019.
En general, la Directiva establece que el proceso de consulta previa se encuentra compuesto por cinco (5) etapas, las cuales corresponden a:
1. Determinar la procedencia de la consulta previa;
2. Coordinación y preparación de las actividades de consulta;
3. Preconsulta;
4. Consulta previa; y
5. Seguimiento de los acuerdos.
Cada una de estas etapas se caracteriza en términos generales por lo siguiente:
Determinación de procedencia de la consulta previa
En esta etapa se revisará si el proyecto, obra o actividad requiere de la realización de la consulta previa al generar una afectación directa a las comunidades, para lo cual la Dirección de la DANCP deberá:
- Recibir la solicitud que presente el interesado en el proyecto;
- Consultar la información registrada en distintas entidades estatales para confirmar la presencia o no de comunidades;
- Realizar una visita de verificación en caso de que la información suministrada por el promotor sea insuficiente;
- Dar respuesta a la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción; y
- Expedir un acto administrativo en el que se establezca si hay o no lugar a la consulta previa.
En caso de que sea necesaria la realización de la consulta previa, en esta etapa se realizará un diálogo con las autoridades de las comunidades para establecer la ruta metodológica mediante la cual se desarrollará la consulta.
Para esto, la Directiva adiciona las siguientes actividades a la Directiva 10 dentro de la etapa de preconsulta:
- Se establece un plazo mínimo para convocar la reunión de preconsulta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud;
- Cuando se llegue a un acuerdo parcial, la DANCP fijará los elementos faltantes de la ruta metodológica.
Para lo anterior, se adicionan a la Directiva 10 las siguientes actividades:
- Se establece un plazo mínimo para convocar la primera reunión de consulta previa con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles;
- En los eventos en que haya (i) falta de acuerdo; (ii) inasistencia de las autoridades representativas de las comunidades; y (iii) falta de solución al conflicto de representatividad de la comunidad, se aplicará por un término máximo de tres (3) meses, el test de proporcionalidad con el objetivo de determinar las medidas de manejo para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas que pueden sufrir las comunidades, para lo cual se realiza una ponderación entre las restricciones a los derechos y los beneficios que reporta la ejecución de la actividad o proyecto propuesto.
En relación con el seguimiento de las medidas acordadas entre las comunidades y el desarrollador del proyecto o establecidas por la DANCP en aplicación del test de proporcionalidad, se transfiere a la autoridad ambiental correspondiente el deber de hacer el seguimiento al cumplimiento de las medidas de carácter ambiental. El seguimiento de las demás medidas seguirá en cabeza de la DANCP.