Boletín GPA Tag

Plazos justos de pago – Ley 2024 de 2020

1. Objeto
Establecer la obligación para los comerciantes o no comerciantes que celebren actos mercantiles, de pagar sus obligaciones en un plazo máximo de 60 días calendario, para el primer año de entrada en vigencia de la ley y de máximo 45 días, para los años subsiguientes, plazos los cuales serán calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o la terminación de la prestación de los servicios respectivos.

2. Alcance
Si se trata de operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo para el pago de obligaciones será de 60 días calendario, plazo el cual, empezará a regir desde el inicio del tercer año de entrada en vigencia de la ley.

En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración pública que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días calendario siguientes a la aceptación de la factura.

3. ESTA LEY NO ES APLICABLE A:

• Operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas. En todo caso, la Ley 2024 establece que sin perjuicio de los acuerdos de pago entre grandes empresas, la inclusión de cláusulas que desconozcan (a) el plazo de 45 y 60 días calendario; (b) el pago de intereses de mora; o (c) que limiten la responsabilidad del deudor, serán ineficaces de pleno derecho, es decir, no tendrán ningún efecto legal.
• Pagos efectuados en operaciones comerciales en las que intervengan los consumidores y que estén sujetas a las normas de protección al consumidor.
• Intereses de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos de entidades aseguradoras, contratos de muto o préstamo y cualquier tipo de contrato donde los plazos diferidos sean propios de su esencia.
• Deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración empresarial. 

4. Procedimientos de Facturación y Pago de obligaciones

• Si existe algún procedimiento de aceptación del bien o servicio, dicho procedimiento se deberá realizar dentro del plazo para el pago establecido en la Ley 2024.
• En el evento que el contratante requiera que el contratista realice alguna corrección o subsanación, este requerimiento interrumpirá el cómputo del plazo para pago justo y se reanudará su computo a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes o subsanación.
• En caso de que el contratante requiera del contratista alguna corrección o subsanación de la factura física o electrónica y/o de sus documentos soporte, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para el pago justo, el cual se reanudará a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes respectivos.
• Será responsabilidad del contratante emitir de forma oportuna dentro del plazo del pago justo, los documentos de cualquier índole que sean prerrequisito para la radicación de las facturas. En ningún caso, el plazo de pago justo se podrá extender por demora del contratante.
• La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo del plazo de pago.
• Las demoras imputables al acreedor/contratista interrumpirán el plazo de pago justo.

5. Indemnización por costos de cobro
Cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor, una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido el contratista/acreedor con ocasión de la mora del contratante.

• El contratante solo podrá exonerarse demostrando fuerza mayor o caso fortuito.
• La aplicación errónea o indebida por parte del contratante del cálculo de retenciones de cualquier naturaleza, que resulte en un mayor valor retenido, se entenderá como incumplimiento del plazo de pago justo y por tanto, se generará la indemnización en favor del contratista,

6. Asuntos varios

1. La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2021.
2. Las disposiciones establecidas en la Ley no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo de las partes y cualquier disposición contractual que la modifique o contraríe, será ineficaz de pleno derecho.
3. El Gobierno Nacional elaborará y publicará anualmente un listado de las empresas y los tiempos en que cumplen con sus pagos y otorgará un reconocimiento (creación de sellos) para aquellas que se encuentren en los primeros lugares.
4. A los 3 años de entrada en vigencia la Ley 2024, el Gobierno realizará una evaluación su impacto  sobre la competitividad y productividad en el sector privado.

• Su propósito es establecer los requerimientos técnicos para la ejecución de proyectos y actividades de exploración de producción de hidrocarburos costa afuera, con el fin de fomentar un desarrollo seguro, sostenible y responsable del sector.
• El ámbito de aplicación incluye a los operadores que desarrollen actividades de perforación, intervención de pozos y producción de hidrocarburos costa afuera bajo el lecho marino en aguas someras, profundas y/o ultra profundas del territorio colombiano, y a las personas jurídicas que hayan suscrito cualquier contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos o con Ecopetrol S.A.
• La utilización de normas, estándares o prácticas diferentes a las señaladas en la resolución por parte de un operador, requerirá de la aprobación previa  del MME Energía o la autoridad que este delegue, solicitud que deberá contener razones técnicas que justifiquen apartarse de la resolución y que demuestren que lo propuesto garantiza las mismas o mejores condiciones del desarrolle sostenible y responsable de la actividad, en aras de reducir al mínimo el impacto medioambiental, la seguridad de las personas y los equipos utilizados. 
• El operador deberá dar cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad de los procesos durante las actividades de perforación, intervención de pozos y producción de hidrocarburos costa afuera, y la obligación de exigirles a los proveedores de bienes y servicios entrenamiento y certificaciones para que se adopten prácticas responsables de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiental (Título 2). 
• Para la realización de actividades de diseño, construcción y operación de plataformas fijas, construcción, completamiento, perforación y abandono de pozos, el operador deberá dar cumplimiento a ciertos estándares internacionales y/o requisitos técnicos contenidos en el Título 3 del borrador de resolución. Así mismo, en el Título 4 se establece que cuando el operador considere necesario intervenir un pozo o realizar pruebas iniciales de producción, deberá contar con la autorización previa del MME o a quien este designe.
• Para llevar a cabo actividades de producción, el operador deberá remitir al MME o a quien este designe un plan de desarrollo que deberá contener la información a que se refiere el artículo 24 de la resolución y deberá dar cumplimiento a los estándares y prácticas señaladas en el artículo 25 y siguientes para el diseño y montaje de las estructuras fijas y flotantes de producción, las facilidades y ductos y las instalaciones submarinas. 
• El MME o a quien este delegue podrá llevar a cabo directamente, o a través de terceros, inspecciones programadas a los equipos de perforación e intervención de pozos, comunicando por escrito al operador con un plazo de antelación.
• Para asegurar su capacidad de respuesta ante derrames y contención de pozo, y sin perjuicio del Plan de Contingencias que apruebe la autoridad ambiental competente, el operador que emplee válvulas de seguridad tipo BOPs submarinas o superficiales, deberá demostrar que podrá desplegar recursos de contención adecuados para responder ante explosiones o pérdidas de control del pozo, certificando la existencia de un contrato con alguna compañía de contención de pozos acreditada para el efecto.

Desde marzo de 2020, el Gobierno Nacional ha expedido numerosos Decretos y Resoluciones para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas.

Mediante este Boletín, les presentamos una guía práctica para entender la naturaleza y vigencia de las numerosas normas que se han expedido. No se confunda, no todos los Decretos emitidos son iguales.

¿Qué clase de Decretos pueden ser expedidos por el Gobierno Nacional?

Los decretos pueden ser de contenido legislativo (con rango de ley) o de contenido administrativo (ordinarios). Los primeros obedecen a facultades legislativas extraordinarias, mientras que los segundos desarrollan la facultad reglamentaria ordinaria en cabeza del Ejecutivo. A su vez, estos tipos de decretos se subdividen en otras categorías:

DECRETOS DE CONTENIDO ADMINISTRATIVO
Decretos Reglamentarios	Decretos Reglamentarios “Especiales”	Decretos Ejecutivos
Facultad permanente del Presidente para garantizar el desarrollo y ejecución de las leyes. No pueden modificar normas de superior jerarquía. Control de constitucionalidad asignado al Consejo de Estado.	El Gobierno puede expedir estos Decretos en cualquier tiempo y en el número necesario, siempre que los Decretos se enmarquen en los criterios y objetivos definidos por leyes marco.	Permiten la ejecución de actividades administrativas del Ejecutivo.

Las anteriores facultades no son excluyentes, por lo que el Gobierno Nacional – durante la vigencia del estado de excepción – ha expedido tanto decretos de contenido administrativo como decretos legislativos en desarrollo del Estado de Emergencia. 

¿El Estado de Emergencia es equivalente a la Emergencia Sanitaria?

El Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria no son equivalentes, ni tienen los mismos efectos.

El pasado 13 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI publicó la minuta de la parte general del contrato de concesión bajo esquema de asociación público-privada de los proyectos de Quinta Generación (“5G”). De conformidad con el anuncio de la ANI, la estructuración de estos proyectos se basó en experiencias pasadas de los proyectos 4G para así “construir sobre lo construido”. Por tanto, se busca que los proyectos 5G se fundamenten en la sostenibilidad aplicada a cuatro niveles: institucional, ambiental, económica y social.

Así mismo, el 6 de abril de 2020, la ANI publicó el proyecto de pliego de condiciones de lo que será el primer proyecto 5G: la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca (Corredor Accesos Cali y Palmira), a la vez que anunció que la vía Pasto – Popayán también será estructurada como una 5G.

A continuación destacamos los principales cambios introducidos por la ANI con motivo de las 5G, así como también las características del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.

Puntos clave de la minuta de contrato 5G

En términos generales, la minuta mantiene las características básicas de los proyectos 4G en aspectos tales como las compensaciones por diferencias en el recaudo, el régimen de riesgos compartidos en materia predial, ambiental y de redes, así como en la necesidad de obtener el cierre financiero del proyecto.

Ahora bien y aun cuando las 5G no se amparan en un nuevo documento de política pública (CONPES), se introducen cambios importantes respecto a las más recientes concesiones viales. Especial atención requiere el riesgo en cabeza del concesionario de agotamiento del plazo sin alcanzar el VPIP, o el que en seguimiento de lo dispuesto en la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) la ANI entregue estudios y diseños en etapa de factibilidad, así como también surta las consultas previas antes de la adjudicación del proyecto.

A continuación destacamos los principales cambios introducidos en la minuta 5G y el proyecto de pliego de condiciones de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, respecto a lo que el mercado ya ha conocido con motivo de las concesiones 4G:

Confiamos en que esta información será de utilidad. En caso de tener dudas o requerir más detalles, no dude en contactarnos. En Gómez-Pinzón contamos con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en licitaciones públicas, procesos de selección, derecho administrativo e infraestructura.

[1] Corresponde a la medición de ingresos reales del proyecto que se medirá anualmente. Sin embargo, este mecanismo de compensación no es utilizado en el proyecto Malla Vial del Valle del Cauca.

El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 31 de marzo de 2020 se debe cumplir con la actualización anual general obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo cambios no sustanciales que pudiesen haberse efectuado sobre la información consignada allí. El vencimiento de esta obligación no ha sido modificado o extendido por parte de la SIC con ocasión de la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
 
Este es el momento idóneo para realizar todas las actualizaciones de la información incluida en el RNBD que no se hubieran podido haber llevado a cabo con anterioridad.
 
Así mismo, les recordamos otros eventos en que proceden actualizaciones obligatorias de la información consignada en el RNBD: 

• Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.
• Cuando se genere una nueva base de datos, su registro en el RNBD debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a su creación.
• Actualización sobre reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales. La última de estas debió haberse cumplido el 21 de febrero de 2020 (referente a las reclamaciones del segundo semestre de 2019) y la próxima deberá cumplirse el 25 de agosto de 2020 (referente a las reclamaciones del primer semestre de 2020).

Por otro lado, tenga en cuenta que los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad, aun en aquellos eventos en que no estén obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD.
 
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.