Boletín GPA: Superfinanciera publicó para comentarios Proyecto de Circular de Derivados
La Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) publicó para comentarios el “Proyecto de Circular Externa: Por medio del cual se imparten instrucciones relativas a las operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados” (el “Proyecto de Circular”), el cual reemplazaría el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera (la “Circular Vigente”) y simplificaría los requisitos para que las entidades vigiladas por la SFC (las “Vigiladas”) celebren operaciones de derivados, tomando en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como el uso de plataformas virtuales:
1. Las confirmaciones ya no tendrían que ser documentos “escritos, enviados por medios físicos o electrónicos”, pues simplemente podrían ser documentos privados que sean archivados en cualquier medio verificable; y (ii) en ese mismo orden de ideas, el contrato marco y los acuerdos de intercambio de garantías, también podrían constar simplemente “en cualquier medio verificable” (ver Sección 2.2 y 2.5 del Proyecto de Circular).
2. Se regularían “los acuerdos de intercambio de garantías” y se dejaría de hacer referencia a “la constitución de garantías” (ver Secciones 2.13 y 4.1 del Proyecto de Circular, así como la Secciones 3.5.2 y 3.10 del Anexo 2 del Proyecto de Circular). En esa misma línea, la exposición crediticia que las Vigiladas deben calcular con respecto a sus contrapartes en operaciones de instrumentos financieros derivados, incorporaría las garantías y/o demás mitigantes de riesgo de crédito (de haberlos) (ver la Sección 1 del Anexo 3 del Proyecto de Circular). Sin perjuicio de esto, el Proyecto de Circular no define qué se entiende, desde el punto de vista jurídico, por “intercambio de garantías”, lo cual debería tenerse en cuenta una vez sea expedida la nueva regulación, ya que el cambio en el cálculo de la exposición crediticia permitiría que las Vigiladas puedan tomar exposiciones más amplias con determinadas contrapartes.
3. Se flexibilizarían los requisitos para que las Vigiladas puedan celebrar operaciones de derivados OTC con el uso de Long Form Confirmations (“LFC”), de modo que se podrían celebrar hasta 2 operaciones con una misma contraparte a través de LFC (ver Sección 1 del Anexo 2 del Proyecto de Circular), sujeto a que esto se dé en un periodo de máximo 6 meses. Bajo la Circular Vigente, las LFC solo se pueden utilizar para cerrar 1 sola operación con la misma contraparte.
4. El Proyecto de Circular reduciría los requisitos de las operaciones de derivados cuando en éstas se interpongan las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte (“CRCC”), ya que se establece que: (i) no sería necesario celebrar un contrato marco cuando la contraparte de las operaciones sea una CRCC (ver Sección 2.5 del Proyecto de Circular y la Sección 1 del Anexo 2 del Proyecto de Circular-); (ii) las partes podrían acordar llevar a CRCC una operación, desde el momento de su celebración, por medio de documentos estandarizados establecidos por entidades reconocidas en la industria de derivados, sin necesidad de contrato marco (ver Sección 3.11 del Proyecto); y (iii) la respectiva CRCC tendría funciones de valorador para los efectos de operaciones de derivados que se compensen y liquiden a través de ésta (ver Secciones 7.2.1 y 7.2.2.2 del Proyecto de Circular).
5. Se incluyen disposiciones que implicarían que las Vigiladas deban establecer políticas internas para gestionar aquellas operaciones no confirmadas, bien sea para confirmarlas y/o registrarlas una vez aclaradas y generar acciones correctivas frente a dichas operaciones (ver Secciones 3.2 y 4.2.14 del Proyecto de Circular).
6. Se reducen los eventos de terminación anticipada que deben ser pactados por las Vigiladas, de modo que el único evento de terminación anticipada requerido sería una baja en la calificación crediticia de la contraparte (ver Sección 3.4 del Anexo 2 del Proyecto de Circular).
Boletín GPA: MinHacienda reglamentó excepción de imporenta a empresas de la economía naranja
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1669 del 12 de septiembre de 2019, mediante el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre la renta para las empresas de economía naranja, creada por la Ley 1943 de 2018.
La exención está prevista por siete años y aplica para aquellas empresas que desarrollen industrias de valor agregado tecnológico o actividades creativas, entre las que se encuentran: fabricación de joyas, edición de libros y de software, actividades de producción, postproducción y distribución de películas cinematográficas, videos, anuncios y comerciales de televisión, actividades de grabación de sonido y edición de música, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de arquitectura e ingeniería, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, actividades especializadas de diseño, creación literaria, musical, teatral y audiovisual, y actividades referentes al turismo cultural, entre otros.
El decreto regula, entre otros, los siguientes aspectos para la aplicación del beneficio:
Boletín GPA: Hasta el 20 de septiembre la DNP recibirá comentarios sobre borrador de Decreto de APPs en TIC
El Grupo de Práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados le informa que la Dirección Nacional de Planeación (DNP) publicó para comentarios el borrador de decreto sobre Asociaciones Público-Privadas (APPs) en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de encargar a un inversionista privado el diseño, la construcción, la operación o el mantenimiento de infraestructura.
Del borrador de decreto, que está publicado para comentarios hasta el 20 de septiembre de 2019, resaltamos los siguientes puntos:
- El documento asume como definición de infraestructura, para efectos de la estructuración de este tipo de proyectos, “el conjunto de estructuras de ingeniería y sus respectivas instalaciones que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de sus servicios asociados”. A diferencia de la versión publicada para comentarios por el MINTIC en enero de 2019, no hay mención expresa a si las inversiones podrán cumplirse a través de infraestructura lógica, en contraste de la infraestructura física.
- No se prevé, a diferencia de la versión publicada en enero de 2019, la posibilidad de aportar en los proyectos por parte de las entidades privadas, además de infraestructura física, sistemas de información y tecnologías de información en sus distintas modalidades, tales como derechos de propiedad intelectual, derechos de uso de activos intangibles, la prestación de servicios en la nube, entre otros.
- Se prohíbe la posibilidad de presentar iniciativas privadas que versen sobre contratos existentes, o cuando la entidad estatal haya adelantado la estructuración del proyecto.
- Dentro de la estructuración deberán adoptarse medidas para enfrentar el riesgo a obsolescencia tecnológica de la infraestructura, incluyendo la necesidad de reposición o actualización de la misma.
- Los contratos de APPs deberán prever los bienes afectos a la prestación del servicio que se revertirán al Estado.
- Las entidades que pretendan implementar este tipo de proyectos deberán evaluar su conveniencia versus otros mecanismos de adquisición de bienes y servicios ya previstos en la Ley.
Corte Constitucional falla a favor de colegio que determinó repetición de año a estudiante en situación de discapacidad
La Corte Constitucional, en sentencia T-020 de 2019, nuevamente se pronunció sobre el derecho fundamental a la educación de los menores de edad en situación de discapacidad.
En el caso objeto de estudio, una menor de edad que cursaba sexto grado, fue diagnosticada con diplejía espástica y marcha agazapada, requiriendo una intervención quirúrgica que tuvo lugar en marzo de 2017. Inicialmente, se había determinado que el tiempo de recuperación que la menor requeriría después de la intervención quirúrgica sería de cuatro (4) meses.
Ante esta situación, la madre de la menor se reunió con el colegio en varias ocasiones con el fin acordar los compromisos y medidas tendientes a salvaguardar el derecho a la educación de la estudiante. Como resultado de estas reuniones, se acordó: (i) el acompañamiento por parte de docentes y psicólogos a la menor; ii) la creación de una plataforma virtual para su proceso educativo; iii) el envío de guías y otros materiales educativos a su casa; y iv) que la menor presentaría evaluaciones de las materias cursadas.
Si bien inicialmente se estimó que el tiempo de recuperación sería de cuatro (4) meses, las secuelas de la operación agravaron la situación de la menor, quien fue incapacitada sucesivamente desde abril hasta octubre del mismo año, imposibilitándosele la asistencia a aproximadamente el ochenta por ciento (80%) del calendario escolar. Adicionalmente, a pesar de haber recibido todos los apoyos pactados por parte del colegio, al finalizar el año escolar la menor reprobó las evaluaciones de las materias cursadas.
En este caso la Corte Constitucional encontró que el colegio sí cumplió con sus obligaciones relativas a la adaptación del modelo educativo a las condiciones particulares de la menor, pues proporcionó un esquema de trabajo y de estudio compatible con sus incapacidades médicas, alejándose incluso de su modelo educativo tradicional, pues se comprometió a brindar el servicio de educación domiciliaria (servicio que efectivamente fue proporcionado).
La Corte encontró demostrado que, desde antes de que la menor fuera incapacitada y a lo largo de todo el año escolar, incluyendo los días en que se presentaron las evaluaciones, se realizaron al menos 14 reuniones entre representantes del colegio y la madre de la menor; adicionalmente hubo una constante comunicación a través de medios electrónicos y se brindó acompañamiento con una psicóloga a lo largo de todo el año escolar. Siendo así, la Corte encontró que el colegio accionado se esforzó por mantener y fortalecer el proceso educativo de la menor, estableciendo constantes canales de comunicación con su madre.
Otra de las actuaciones realizadas por el colegio fue el envío de docentes y compañeros de clase a la residencia de la estudiante. Esta actuación demuestra que el colegio accionado, a pesar de contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) presencial, adaptó su modelo educativo a las necesidades de la menor porque brindó un acompañamiento fuera de las instalaciones educativas en aras de que la menor continuara estudiando.
Dado que la incapacidad médica de la menor se extendió más de lo inicialmente previsto, causando que la menor no asistiera a aproximadamente el ochenta por ciento (80%) del calendario escolar, sumado al hecho de que ella reprobó las evaluaciones de las materias cursadas, la Corte estimó que el colegio “acertadamente supeditó la promoción al siguiente año escolar al cumplimiento de unos estándares mínimos de rendimiento académico en el entendido que la condición de incapacidad no puede traducirse en una supresión de las exigencias académicas.” Al respecto, se consideró que “la decisión de exigir la repetición del año escolar es, precisamente, una medida encaminada a asegurar la calidad de la enseñanza, pues se busca evitar que se inicie un nuevo año académico sin los conocimientos científicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos necesarios.”
III. Conclusión
La importancia de esta sentencia radica fundamentalmente en su argumentación de que la “educación inclusiva no puede ser entendida como laxitud o reducción en los estándares de calidad, pues esto desconocería el contenido de la faceta de aceptabilidad de la educación y conllevaría una actuación discriminatoria y contraria a los intereses de los estudiantes en situación de discapacidad.”
De esta forma, la Corte ahondó en la faceta de aceptabilidad de la educación al señalar que ésta se garantizó en el caso concreto y que la repetición del año escolar no es per se una medida discriminatoria, pues está pensada como una forma de garantizar la calidad de la enseñanza.
Así, a juicio de la Corte, el colegio cumplió plenamente con sus obligaciones bajo el modelo de educación inclusiva y no vulneró ninguno de los derechos fundamentales de la estudiante.
DIAN reglamentó retención en la fuente de IVA para prestadores de servicios digitales desde el exterior
Por medio de la expedición de la Resolución 49 del 1 de agosto de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó la retención en la fuente a título de IVA para los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior. Esta retención deberá ser practicada por los agentes retenedores en el momento del pago o abono en cuenta a los proveedores del exterior, quienes podrán solicitar por una única vez la aplicación de este mecanismo. Están calificados como agentes de retención, para estos efectos, (i) las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito; (ii) los vendedores de tarjetas prepago; (iii) los recaudadores de efectivo a cargo de terceros; (iv) las entidades emisoras de otros medios de pago, y (v) todos los demás agentes retenedores que recauden, a través de cualquier otro medio de pago, estos servicios electrónicos o digitales.
El valor del impuesto deberá ser informado por los prestadores de servicios electrónicos o digitales a los usuarios, al momento de efectuar la transacción correspondiente. En todo caso, y hasta tanto los agentes retenedores comiencen a practicar la retención en la fuente a título de IVA, los prestadores de servicios desde el exterior deberán cumplir con la presentación de sus declaraciones de IVA, siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución 51 de 2018.
Con el fin de acogerse a este procedimiento, los prestadores de servicios electrónicos o digitales deberán elevar la solicitud ante la DIAN, incluyendo la información solicitada para tal efecto, tales como la razón o denominación social, poder debidamente otorgado por el representante legal y los documentos que acrediten la existencia y representación legal del prestador de servicios desde el exterior (como, por ejemplo, el equivalente al certificado de cámara de comercio). Adicionalmente, la DIAN podrá designar el listado de prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior a quienes se les deberá practicar esta retención en la fuente.
Estaremos muy atentos en caso de que requieran de nuestros servicios para la solicitud de suscripción ante la DIAN, o para resolver cualquier inquietud al respecto.
Hasta el 23 de agosto hay plazo de cumplir con la actualización del RNBD
El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados les recuerda que a más tardar el 23 de agosto de 2019 se debe cumplir con la actualización obligatoria de la información de las bases de datos registradas en el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (o “RNBD”) por concepto de las reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales durante el primer semestre del 2019.
Contexto
De acuerdo al Decreto 090 del 18 de enero de 2018 la actualización procede en los siguientes eventos:
a. La primera de las actualizaciones obligatorias deberá realizarse en los primeros 15 días hábiles de agosto de 2019, y tiene como objeto reportar las reclamaciones efectuadas por titulares de datos personales durante el primer semestre del 2019.
El reporte debe consolidar los reclamos presentados por los Titulares ante los respectivos Responsables del Tratamiento. De ahora en adelante, los Responsables obligados a cumplir con el RNBD deben realizar esta actualización dentro de los quince (15) primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año, sobre las reclamaciones recibidas el semestre anterior. Este reporte deberá incluir, información tal como la cantidad el tipo y detalle de reclamos.
b. Anualmente debe hacerse una actualización de la información consignada en el RNBD, entre el 2 de enero y el 31 de marzo, a partir de 2020.
c. Cuando haya cambios sustanciales en la información consignada en el RNBD, la actualización debe hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, a partir de la inscripción de la base de datos. Esta obligación actualmente está en vigor, por lo que en caso de que advierta que hay algún cambio sustancial respecto de la información consignada en el RNBD, deberá actualizarse.
d. Cuando se genere una nueva base de datos, la actualización mediante la que se incluya esta nueva base de datos deberá hacerse dentro de los 2 meses siguientes a su creación.
Por otro lado, tenga en cuenta los Responsables y Encargados están obligados a reportar ante la SIC cuando ocurra algún incidente de seguridad.
En caso de tener alguna duda al respecto o requerir apoyo de parte nuestra no dude en contactarnos.