Gobierno adopta protocolo de bioseguridad para el sector educativo
Mediante Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Este protocolo es complementario a las demás medidas que los establecimientos educativos consideren necesarias, y al protocolo general de bioseguridad adoptado mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social (consulte dicha resolución en este enlace).
Este nuevo protocolo de bioseguridad para el sector educativo contiene medidas adicionales en materia de:
- Adecuación de espacios físicos;
- Medidas de limpieza y desinfección;
- Manejo de residuos sólidos;
- Planes de comunicaciones;
- Ingreso a las instalaciones del establecimiento educativo;
- Ingreso, trayecto y llegada de rutas escolares;
- Desplazamiento desde y hacia los lugares de residencia;
- Prevención de situaciones de contagio;
- Manejo de situaciones de contagio;
- Consideraciones especiales para niños entre dos (2) y cinco (5) años de edad;
- Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores;
- Medidas para estudiantes; entre otros.
El principio de corresponsabilidad frente al regreso a clases presenciales
En Colombia, la responsabilidad de las instituciones educativas frente a sus estudiantes debe analizarse a partir del artículo 2347 del Código Civil, el cual dispone que dichas instituciones responden por los hechos de sus estudiantes y por los daños que les sean ocasionados, mientras están bajo su cuidado.
Así, para poder atribuir responsabilidad a un colegio por un contagio de COVID-19 de alguno de sus estudiantes durante el regreso a clases presenciales, dicho estudiante debería acreditar que: i) el colegio soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso del contagio (es decir, que el contagio se produjo estando el estudiante bajo la guarda y cuidado del colegio); y ii) el colegio no actuó con la debida diligencia en la estructuración e implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19.
La institución educativa podría en todo caso exonerarse de dicha responsabilidad si acredita que: i) actuó con absoluta diligencia, tanto en el cumplimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad, como en la preparación del regreso a clases presenciales bajo el esquema de alternancia; ii) el contagio se produjo por una situación de fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima (por ejemplo, si fue el mismo estudiante quien incumplió las instrucciones del colegio en materia de protocolos de bioseguridad).
Ahora bien, con fundamento en el documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional denominado “Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, es posible establecer una responsabilidad compartida entre colegio y padres de familia, teniendo en cuenta que el regreso a clases presenciales debe necesariamente contar con su autorización.
Ante esta corresponsabilidad que se plantea, una práctica recomendable es que los padres de familia que voluntariamente decidan y autoricen a sus hijos a regresar a actividades presenciales, firmen un documento de consentimiento informado en el que se reconozcan las circunstancias particulares del COVID-19. Ahora bien, este principio de corresponsabilidad no se plasma simplemente con la firma del mencionado documento, sino que debe adelantarse un verdadero proceso de construcción y de socialización (que involucre a todos los estamentos de la comunidad educativa), de las medidas bajo las cuales cada colegio implementará y llevará a cabo el esquema de alternancia y el regreso progresivo y gradual a las actividades presenciales.
Así, es indispensable garantizar que los miembros de la comunidad educativa:
- Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 y reciban acompañamiento para ponerlas en práctica.
- Participen en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
- Tengan la oportunidad de analizar sus propias circunstancias particulares con respecto a estos requerimientos y de valorar si está en condiciones de cumplirlas o no.
- Sean acompañados en la elaboración, comprensión y asimilación de la circunstancia del contagio por COVID-19.
- Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir el contagio.
Visto lo anterior, es claro pues que el regreso progresivo a las clases presenciales en los colegios, es un escenario más en el que cobra especial relevancia el trabajo conjunto entre padres de familia e instituciones educativas.
Artículo de opinión escrito por Paula Morales, asociada senior del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones.
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Registro para la reapertura de colegios privados en Bogotá
La Secretaría de Educación Distrital (SED) implementó el sistema de registro para la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios privados en Bogotá, D.C.
En el link que se indica a continuación, la SED ha puesto a disposición de los colegios privados: i) una guía general para la adopción de protocolos de bioseguridad; ii) un instructivo para diligenciar el Formulario de Registro para Reapertura; iii) el Formulario de Registro para Reapertura; y iv) un espacio de preguntas frecuentes:
- Aprobación de la reapertura gradual, progresiva y segura del establecimiento educativo.
- Revisión y aceptación de los protocolos de bioseguridad que serán implementados en el establecimiento educativo.
- Se cuenta con los consentimientos informados por parte de los padres de familia o acudientes de todos los estudiantes que decidan iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura.
- Se cuenta con el registro de las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, personal administrativos y visitantes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a las instalaciones del establecimiento educativo.
- Se cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que presentan condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus, entre otras) o aquellos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación remota.
Escuelas para padres y madres de familia y cuidadores
I. Objeto
En el mes de julio del presente año, se expidió la Ley 2025 de 2020 “por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país (…)” (“Ley 2025”).
La Ley 2025 tiene por objeto fomentar la participación de los padres de familia, madres de familia y cuidadores (conjuntamente, los “Padres de Familia”) en la formación integral, académica, social, de valores y principios de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media de las instituciones educativas públicas y privadas. La finalidad es fortalecer las capacidades de los Padres de Familia como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los estudiantes, y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y adolescentes.
II. Obligatoriedad
En las instituciones educativas públicas y privadas será obligatorio implementar las “Escuelas de Padres y Madres de Familia y Cuidadores” (las “Escuelas de Padres de Familia”) en los niveles de educación prescolar, básica y media.
III. Contenido de la Escuela de Padres de Familia
Las instituciones educativas, junto con sus consejos directivos, en función del principio de autonomía que las cobija, definirán y diseñarán la propuesta de estructura de las Escuelas de Padres de Familia, la cual debe contener: objetivos, contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades.
Los contenidos del programa se soportarán, entre otros aspectos, en la caracterización de los estudiantes, Padres de Familia, sus necesidades e intereses, el Proyecto Educativo Institucional (“PEI”), los principios y valores de la comunidad, así como características del curso de vida de los estudiantes y los objetivos de cada uno de los niveles educativos.
El programa deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
- Conocimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia, el marco normativo y constitucional para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
- Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos;
Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos; - Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias psicoactivas;
- Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo;
- Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes en su contexto familiar y escolar;
- Entornos protectores, que garanticen su desarrollo integral;
- Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar;
Instrumentos adecuados de técnicas de estudio; - Rutas de atención, promoción y prevención definidos en el manual de convivencia;
- Promoción de programas, estrategias, políticas y directrices tendientes a incentivar, apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y de vida saludable, acorde al PEI de la institución educativa;
- Talleres exclusivos que permitan prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias.
IV. Diseño e implementación de las Escuelas de Padres de Familia
El plan de trabajo institucional que fortalezca la relación entre las instituciones educativas y los Padres de Familia, definirá los contenidos de la Escuela de Padres de Familia, como resultado de un trabajo de construcción conjunta entre familias e institución educativa, y establecerá niveles de avance semestral, y espacios de verificación y proyecciones del plan en relación con el objetivo de promover el desarrollo de los estudiantes.
Para adelantar la verificación, la institución adoptará instrumentos acordes con su dinámica propia que permitan disponer de evidencias de las acciones y resultados de la Escuelas de Padres de Familia.
El ejercicio de construcción conjunta propondrá criterios concretos de seguimiento basados en los acuerdos de trabajo pactados con los Padres de Familia. Para esto, la institución educativa promoverá en sus acciones pedagógicas, el reconocimiento de las características familiares y estimulará el establecimiento de ambientes de confianza que motiven la participación y el compromiso de la familia integrando sus fortalezas, saberes, intereses y capacidades.
V. Otros aspectos relevantes
- Toda institución educativa deberá tener un apartado especial en su PEI, que defina cómo se desarrollarán las condiciones del programa de las Escuelas de Padres de Familia, la cual estará alineada y articulada con su misión, visión, principios y valores.
- Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los Padres de Familia deberán firmar su compromiso de participar en las Escuelas de Padres de Familia.
- Las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no pecuniarias, en caso de inasistencia de los Padres de Familia a las sesiones de las Escuelas de Padres de Familia, siempre y cuando, se encuentren estipuladas en el manual de convivencia, se respete el derecho de defensa y se hayan incorporado en el respectivo PEI. Serán justas causas de inasistencia a dichas sesiones i) el caso fortuito, ii) la fuerza mayor o iii) la negación del empleador del Padre de Familia, de dar permiso al trabajador de asistir a dicha reunión. El mínimo deseable de sesiones durante el año escolar es de tres (3) sesiones.
- Las instituciones educativas deberán identificar las oportunidades de articulación que tiene la Escuela de Padres de Familia con el conjunto de proyectos que se trabajan en la institución, e incluirá la participación de la comunidad educativa.
Corte Constitucional falla a favor de colegio que determinó repetición de año a estudiante en situación de discapacidad
La Corte Constitucional, en sentencia T-020 de 2019, nuevamente se pronunció sobre el derecho fundamental a la educación de los menores de edad en situación de discapacidad.
En el caso objeto de estudio, una menor de edad que cursaba sexto grado, fue diagnosticada con diplejía espástica y marcha agazapada, requiriendo una intervención quirúrgica que tuvo lugar en marzo de 2017. Inicialmente, se había determinado que el tiempo de recuperación que la menor requeriría después de la intervención quirúrgica sería de cuatro (4) meses.
Ante esta situación, la madre de la menor se reunió con el colegio en varias ocasiones con el fin acordar los compromisos y medidas tendientes a salvaguardar el derecho a la educación de la estudiante. Como resultado de estas reuniones, se acordó: (i) el acompañamiento por parte de docentes y psicólogos a la menor; ii) la creación de una plataforma virtual para su proceso educativo; iii) el envío de guías y otros materiales educativos a su casa; y iv) que la menor presentaría evaluaciones de las materias cursadas.
Si bien inicialmente se estimó que el tiempo de recuperación sería de cuatro (4) meses, las secuelas de la operación agravaron la situación de la menor, quien fue incapacitada sucesivamente desde abril hasta octubre del mismo año, imposibilitándosele la asistencia a aproximadamente el ochenta por ciento (80%) del calendario escolar. Adicionalmente, a pesar de haber recibido todos los apoyos pactados por parte del colegio, al finalizar el año escolar la menor reprobó las evaluaciones de las materias cursadas.
En este caso la Corte Constitucional encontró que el colegio sí cumplió con sus obligaciones relativas a la adaptación del modelo educativo a las condiciones particulares de la menor, pues proporcionó un esquema de trabajo y de estudio compatible con sus incapacidades médicas, alejándose incluso de su modelo educativo tradicional, pues se comprometió a brindar el servicio de educación domiciliaria (servicio que efectivamente fue proporcionado).
La Corte encontró demostrado que, desde antes de que la menor fuera incapacitada y a lo largo de todo el año escolar, incluyendo los días en que se presentaron las evaluaciones, se realizaron al menos 14 reuniones entre representantes del colegio y la madre de la menor; adicionalmente hubo una constante comunicación a través de medios electrónicos y se brindó acompañamiento con una psicóloga a lo largo de todo el año escolar. Siendo así, la Corte encontró que el colegio accionado se esforzó por mantener y fortalecer el proceso educativo de la menor, estableciendo constantes canales de comunicación con su madre.
Otra de las actuaciones realizadas por el colegio fue el envío de docentes y compañeros de clase a la residencia de la estudiante. Esta actuación demuestra que el colegio accionado, a pesar de contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) presencial, adaptó su modelo educativo a las necesidades de la menor porque brindó un acompañamiento fuera de las instalaciones educativas en aras de que la menor continuara estudiando.
Dado que la incapacidad médica de la menor se extendió más de lo inicialmente previsto, causando que la menor no asistiera a aproximadamente el ochenta por ciento (80%) del calendario escolar, sumado al hecho de que ella reprobó las evaluaciones de las materias cursadas, la Corte estimó que el colegio “acertadamente supeditó la promoción al siguiente año escolar al cumplimiento de unos estándares mínimos de rendimiento académico en el entendido que la condición de incapacidad no puede traducirse en una supresión de las exigencias académicas.” Al respecto, se consideró que “la decisión de exigir la repetición del año escolar es, precisamente, una medida encaminada a asegurar la calidad de la enseñanza, pues se busca evitar que se inicie un nuevo año académico sin los conocimientos científicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos necesarios.”
III. Conclusión
La importancia de esta sentencia radica fundamentalmente en su argumentación de que la “educación inclusiva no puede ser entendida como laxitud o reducción en los estándares de calidad, pues esto desconocería el contenido de la faceta de aceptabilidad de la educación y conllevaría una actuación discriminatoria y contraria a los intereses de los estudiantes en situación de discapacidad.”
De esta forma, la Corte ahondó en la faceta de aceptabilidad de la educación al señalar que ésta se garantizó en el caso concreto y que la repetición del año escolar no es per se una medida discriminatoria, pues está pensada como una forma de garantizar la calidad de la enseñanza.
Así, a juicio de la Corte, el colegio cumplió plenamente con sus obligaciones bajo el modelo de educación inclusiva y no vulneró ninguno de los derechos fundamentales de la estudiante.
Corte Constitucional ordena al ICFES realizar ajustes en inscripción a Pruebas Saber 11
I. Introducción y hechos
La Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T-039 de 2019 sobre los requisitos de registro, inscripción y provisión de información para la presentación de las pruebas Saber 11, por parte de las instituciones educativas y del ICFES, haciendo énfasis en el tratamiento que reciben los estudiantes en situación de discapacidad.
Los hechos más relevantes que sirvieron de fundamento para esta acción de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
a) El estudiante JDPM, menor de edad, diagnosticado con Síndrome de Asperger, cursaba Grado 11 y debía presentar las pruebas Saber 11.
b) Al momento de realizar la inscripción ante el ICFES para la presentación de las pruebas Saber 11, su establecimiento educativo le registró dos condiciones de discapacidad: autismo y Síndrome de Down, las cuales no correspondían con su diagnóstico médico.
c) Ni al menor JDPM, ni a su madre, les fue informado las condiciones en las que se realizó su inscripción a las pruebas Saber 11, ni las condiciones de discapacidad que habían sido registradas durante dicho proceso.
d) El día de la presentación de las pruebas Saber 11, en virtud del reporte de discapacidad, al menor sólo le fue entregado un cuadernillo especial para personas en situación de discapacidad (y no las pruebas completas), y no le fue entregada la prueba de idioma inglés, el cual era una de sus principales fortalezas.
II. Análisis de la sentencia
Al analizar el caso, la Corte Constitucional encontró que:
a) En el marco del proceso de inscripción a las pruebas Saber 11, la ausencia de información adecuada, suficiente y oportuna acerca de las discapacidades del menor, constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la información y al habeas data. Los accionantes no tuvieron acceso a la información necesaria y suficiente que les permitiera conocer y verificar los datos relacionados con las discapacidades registradas, y, de ser el caso, solicitar su rectificación dentro de los plazos previstos por el ICFES para ello. Por el contrario, ellos solo se enteraron del reporte de las discapacidades que había realizado el establecimiento educativo, el día de la presentación del examen, cuando al menor le fue entregado un cuadernillo especial para personas en situación de discapacidad y fue excluido de presentar la prueba de inglés.
b) El ICFES vulneró los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del menor, por cuanto dispuso unas condiciones especiales para la presentación de las pruebas Saber 11, las cuales no fueron consultadas ni consentidas por el estudiante, y que, en todo caso, tampoco eran necesarias.
Al respecto la Corte Constitucional recordó que la implementación de ajustes razonables requiere la participación y el consentimiento de los estudiantes en situación de discapacidad. Ciertamente, la importancia de este requisito se explica por cuanto este conlleva que, dentro de su libre desarrollo de la personalidad, entendido como el derecho a autodeterminarse, las personas en situación de discapacidad puedan ejercer el control sobre las decisiones que afecten o incidan en su propio proyecto de vida, acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos. Solo cuando el titular participa en la decisión de implementar el ajuste razonable se garantiza que esta sea una medida necesaria para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
c) De otra parte, en el caso concreto, no era posible concluir que el Síndrome de Asperger que padece el menor JDPM se tradujera en una discapacidad cognitiva. Por el contrario, los accionantes siempre argumentaron que las capacidades cognitivas del menor eran iguales a las de cualquier niño de su edad y que adicionalmente tenía habilidades excepcionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Así, la discapacidad del menor no le impedía presentar el examen estándar ni la prueba de inglés.
d) La Corte indicó que los ajustes o apoyos a estudiantes en situación de discapacidad no pueden generalizarse, ni mucho menos pueden ser impuestos. Dado que los espectros de cada tipo de discapacidad son variados y se manifiestan de diversas maneras en cada individuo, ni el Estado ni las instituciones educativas pueden presumir cuál es el tipo de apoyo o medida necesario, sin contar con la participación –o el consentimiento– del estudiante en cada caso.
e) Por lo anterior, en lo que se refiere a la presentación de las pruebas Saber 11, el Estado y las instituciones educativas deben asegurar la participación de los estudiantes en situación de discapacidad (y de sus padres de familia o acudientes), en la implementación de los ajustes razonables.Esta participación comprende que estos puedan (i) elegir, según su proyecto de vida, el tipo de examen que consideren pertinente presentar, ya sea que este consista en el cuadernillo especial o en el estándar; y (ii) el tipo de ajustes respecto a las condiciones para la presentación del examen, referidas, por ejemplo, a los apoyos técnicos, humanos, entre otros, siempre que estos no interfieran “con los protocolos de seguridad de la evaluación”.
III. Órdenes impartidas por la Corte Constitucional
De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional ordenó al ICFES ajustar su proceso de inscripción y aplicación de las pruebas Saber 11, a fin de que, mediante el procedimiento que considere adecuado, permita la participación de los estudiantes reportados con alguna situación de discapacidad, con el propósito de que el reporte de esta no les impida elegir (i) el tipo de examen a aplicar, ya sea que este consista en el cuadernillo especial o el estándar; (ii) los ajustes, apoyos y otras condiciones de presentación del examen; y (iii) la presentación o no de la prueba de inglés.
Para asegurar el correcto cumplimiento de esta orden, es necesario que el ICFES asegure que las instituciones educativas, como responsables del proceso de inscripción, garanticen la correcta participación de los estudiantes y sus familias. Para ello, los establecimientos educativos deberán acordar con los padres de familia y el estudiante los ajustes que consideren necesarios para la presentación de las pruebas Saber 11. En todo caso, el ICFES también podrá corroborar estas condiciones, al momento de realizar el procedimiento de confirmación del tipo de apoyo con los familiares o con el mismo estudiante.
GPA – Colegios: Proyectos de ley que promueven la cátedra de formación ciudadana y las escuelas de padres y madres
I. CONTEXTO
Es evidente para todos los ciudadanos colombianos la situación social en la que se encuentra el país, con altos niveles de corrupción, presencia de grupos armados al margen de la ley, narcotráfico, violencia, impunidad, entre otros. Estos actos están inmersos en la realidad que vivimos y cada día afectan más a la sociedad colombiana, sus valores, sus comportamientos, su desarrollo, y muchos más rasgos que con el tiempo se ven más perturbados.
En respuesta a esta realidad, en el segundo semestre de este año se han radicado ya dos proyectos de ley en el Congreso de la República, los cuales buscan rescatar los valores y los comportamientos cívicos que se han perdido. Este objetivo lo planean cumplir a través de programas educativos y de capacitaciones en las instituciones educativas públicas y privadas del país, ya sea través de la adición de nuevos cursos al currículo de las instituciones o a través de otros espacios de capacitación y campañas informativas.
Por un lado, se encuentra el Proyecto de Ley No. 125 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establece como obligatoria en todos los colegios del país, la Cátedra de Formación Ciudadana”, el cual busca recuperar los valores ciudadanos de los niños, adolescentes y jóvenes.
Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Ley No. 12 de 2018 Senado “Por medio del cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país (…)”, que tiene como objetivo asesorar a los padres y a las madres en el proceso de formación de sus hijos.
Es importante destacar que ambos proyectos tienen varias similitudes. En primer lugar, ambos buscan mejorar los valores de la sociedad y generar conciencia de los mismos. En segundo lugar, ambos reconocen el papel fundamental que juegan las instituciones educativas en la construcción de tejido social. Finalmente, los dos proyectos tienen como finalidad lograr la formación integral de quienes son objeto de estos, con la participación obligatoria de las instituciones públicas y privadas.
Ambos proyectos evidencian el carácter imperioso de implementar las medidas propuestas, ya que consideran que hay un vacío en la formación de valores de los niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia, problema que, si se ataca desde los primeros años de vida tiene el potencial de mejorar la sociedad en la que hoy vivimos.
A continuación, se explicarán los aspectos más relevantes de ambos proyectos.
II. PROYECTO DE LEY NO. 125 DE 2018 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO OBLIGATORIA EN TODOS LOS COLEGIOS DEL PAÍS, LA CÁTEDRA DE FORMACIÓN CIUDADANA”
Este proyecto fue radicado para consideración del Congreso de la República por el Representante a la Cámara Silvio José Carrasquilla Torres, el 30 de agosto de 2018. Como su nombre lo indica, tiene como finalidad establecer como obligatoria la Cátedra de Formación Ciudadana, la cual se entiende como un “programa escolar que desarrolla procesos pedagógicos que identifican, construyen, reconocen y aceptan valores compartidos que propenden por la convivencia pacífica, la mutua cooperación y el fortalecimiento de la democracia en sus múltiples dimensiones.”
De conformidad con el texto propuesto para primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la manera de implementar la Cátedra de Formación Ciudadana se plantea en los siguientes términos:
“Diséñese en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las instituciones públicas y privadas del país, de los niveles básica primaria, básica secundaria y educación media, con carácter obligatorio, un eje curricular que articule las cátedras de Formación Ciudadana, Estudios Afrocolombianos, Atención Educativa para Grupos Étnicos, Educación Ambiental y Cátedra para la Paz.”
Es así como se busca crear un eje curricular que articule otras cátedras obligatorias, creadas mediante Decreto 1122 de 1998 (por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país), Decreto 1038 de 2015 (por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz) y Ley 1549 de 2012 (por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial).
III. PROYECTO DE LEY NO. 12 DE 2018 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL PAÍS (…)”
Este proyecto fue radicado en el Senado de la República el 20 de julio de 2018 por los senadores John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Édgar Palacios, y el representante Carlos Eduardo Acosta.
El objeto de este proyecto de ley es modificar la Ley 1404 de 2010 (por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país) para establecer los lineamientos para la implementación de las escuelas de padres y madres de familia en las instituciones educativas públicas y privadas, en los procesos formativos, académicos, de valores y principios de los estudiantes.
Este proyecto de ley parte de la premisa de que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos” y tiene en cuenta el hecho de que los padres de familia, si bien tienen la obligación de orientar, acompañar, cuidar y formar a sus hijos, en muchas ocasiones no cuentan con las herramientas ni con la formación suficiente para cumplir esta labor. Es entonces donde las instituciones educativas cumplen un papel fundamental para ayudar a los padres de familia a cumplir plenamente con la labor formativa de sus hijos. Este proyecto de ley busca que la escuela de padres y madres sea un espacio de formación y reflexión, especialmente que tenga un carácter preventivo que contribuya a la modificación de las conductas para educar con eficacia a los niños, niñas y adolescentes.
Según el texto propuesto para primer debate, el proyecto de ley tiene por objeto “establecer la participación obligatoria de los padres y madres de familia en los procesos formativos, académicos, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas.” A su vez, establece como deber de los establecimientos educativos “involucrar directamente a los padres y madres de familia como núcleo fundamental de la sociedad, para informar, atender, prevenir y diagnosticar temas que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes.” El proyecto de ley dispone que la implementación de la escuela de padres y madres de familia será obligatoria.
En cuanto a la implementación de las escuelas de padres y madres de familia, el proyecto de ley prevé las siguientes acciones, que deberán ser desarrolladas por los establecimientos educativos:
1. Conformar un equipo responsable del diseño, implementación, evaluación y ajuste del proyecto.
2. Partir de un diagnóstico institucional que permita conocer las principales problemáticas familiares, con el fin de determinar las temáticas a desarrollar.
3. Definir un programa específico para cada uno de los niveles de educación (preescolar, básica y media), con el fin de responder a las necesidades propias de cada una de las etapas evolutivas.
4. Incorporar en el desarrollo de sus temáticas, además de las propias de su contexto, formación en los siguientes aspectos:
a. Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia.
b. Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos.
c. Fomento del cuidado personal de los hijos.
d. Desarrollo de la autonomía de los hijos de acuerdo con su etapa evolutiva.
e. Promoción de estilos de vida saludables y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
f. Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo.
g. Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes.
h. Uso y aprovechamiento del tiempo libre.
i. Reflexiones sobre la vida cotidiana de la familia y su entorno
j. Criterios básicos de funcionamiento del grupo familiar.
k. Instrumentos adecuados en técnicas de estudio.
El proyecto de ley también prevé que las escuelas de padres y madres de familia deberán ser incorporadas a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), específicamente en los manuales de convivencia, de forma tal que sea posible sancionar a aquellos padres y madres de familia que no cumplan con las obligaciones derivadas de este aspecto.
IV. RECOMENDACIONES:
Si bien en este momento ambos programas son proyectos de ley todavía no aprobados, sería recomendable estudiar la viabilidad de las medidas propuestas, como por ejemplo:
- Estudiar la viabilidad de articular una nueva cátedra en materia de educación en principios y valores, a las cátedras ya existentes de Formación Ciudadana, Estudios Afrocolombianos, Educación Ambiental y Cátedra para la Paz, y las modificaciones curriculares que serían necesarias;
- Analizar los posibles espacios para desarrollar las escuelas de padres y madres de familia, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los padres de familia tienen una disponibilidad horaria limitada.
En boletines posteriores, informaremos sobre los avances en ambos proyectos de ley.
Más información
Paula Samper | Socia
Paula Morales | Asociada Sénior