Seguimiento del DANE a precios de productos de primera necesidad e impacto a empresas de la cadena de valor de estos productos
El 7 de abril de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, el MinCIT y el Ministerio de Agricultura (“Los Ministerios”), de manera conjunta, expidieron una lista inicial de 26 productos de primera necesidad (“Los Productos”) mediante la Resolución 078 de 2020 (“Resolución 078”), dando alcance al Decreto 507 del 1 de abril de 2020 (“Decreto 507”), para efectos de realizar un seguimiento diario a los precios de venta al público de LOS PRODUCTOS durante la vigencia de la emergencia actual por el COVID-19, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (“DANE”). Lo anterior, con el propósito de reportarle a la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) esta información, en especial los incrementos atípicos de los precios de venta al público, cada cinco (5) días hábiles, para que en los casos que considere pertinentes y en los que exista una ausencia de justificación razonable para tales incrementos, adelante las averiguaciones preliminares pertinentes y, si es el caso, formule cargos y de inicio formal a investigaciones para decidir sobre una presunta infracción al régimen de libre competencia o al régimen de protección del consumidor .
Estos decretos son de especial importancia, teniendo en cuenta que las medidas expedidas le resultan aplicables por ser un agente de mercado que participa en la cadena de valor de LOS PRODUCTOS, y debe reportar periódicamente los precios de venta al público de los mismos (para conocer el listado actualizado de los productos haga clic aquí).
Con base en la información recibida, el DANE adelanta el análisis y la revisión correspondiente para emitir los reportes dirigidos a la SIC en los que se incluye la información discriminada por: (i) tipo de producto; (ii) referencia de producto por código de barras (incluye marca); (iii) unidad de medida y cantidad; (iv) departamento; (v) empresa (nombre de la cadena o nombre del establecimiento); (vi) porcentaje de compra de estos productos por tipo de establecimiento (tiendas de barrio, almacenes o supermercados de cadena, plazas de mercado, entre otros); (vii) referencias más vendidas.
Hasta la fecha, el DANE ha publicado cinco (5) reportes en el que se relacionan los productos con los mayores incrementos y variaciones, así como los establecimientos que evidencian mayores incrementos en el país, por producto y por departamento (para conocer un resumen consolidado del top 5 de los productos y empresas reportadas por el DANE a la SIC, haga clic aquí).
Finalmente, vale recalcar que la importancia de estos reportes está estrechamente relacionada con las facultades que ostenta la SIC como Autoridad Única de Competencia en Colombia, toda vez que a través de estas medidas tomadas por el Gobierno Nacional se busca proteger el bienestar de los consumidores colombianos en el marco de la coyuntura nacional por el COVID-19 a través de la facultad legal otorgada a la SIC mediante el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 que le permite imponer sanciones de hasta cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a las personas jurídicas y hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a las personas naturales que infrinjan disposiciones sobre protección de la libre competencia, y de hasta (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes por infracciones al régimen de protección del consumidor.
Superintendencia de Industria y Comercio fija criterios en materia de acuerdos por colaboración en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 mediante Resolución No. 20490 de 2020
El 11 de mayo de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC” o “La Autoridad”) mediante la Resolución No. 20490 del mismo año creó una nueva obligación de notificar ante esta Autoridad todos los acuerdos de colaboración entre competidores encaminados a atender la emergencia suscitada por el COVID-19 y sus potenciales efectos.
La SIC ha dispuesto que se le notifique a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la suscripción de acuerdos de esta naturaleza junto con la siguiente información:
- La realización del acuerdo de colaboración.
- Identificación de los agentes de mercado que participan en el mismo
- Los productos / servicios que podrían ser afectados.
- El contenido específico del acuerdo de colaboración.
- Su duración, indicando fecha de inicio y terminación del acuerdo.
Así mismo, en la misma resolución fijó las siguientes condiciones que debe cumplir un acuerdo de colaboración entre competidores para que en principio se considere que no genera restricción indebida a la competencia:
- Que el acuerdo produzca mejoras en eficiencia en cualquier eslabón de la cadena de valor del bien o servicio sobre el que verse el acuerdo de colaboración. Unos ejemplos dados en la resolución ( No. 20490, pág. 2) para materializar estas eficiencias son, entre otros: (i) reducir costos; (i) compartir riesgos; (iii) agrupar conocimientos técnicos. La SIC ha considerado que los acuerdos que se celebren y que estén encaminados a atender la emergencia derivada del Covid-19, cumplen con este requisito, y no será necesario probar dicha eficiencia.
- Que en caso de que el acuerdo genere algún tipo de restricción a la competencia, esta restricción sea indispensable para lograr las mejoras en eficiencia invocadas.
- Que las mejoras en eficiencia invocadas sean trasladadas de manera suficiente a los consumidores, es decir, a los destinatarios del producto o servicio, para efectos de compensar los potenciales efectos restrictivos del acuerdo.
- Que el acuerdo no debe posibilitar la eliminación de la competencia, actual o potencial, en ninguna parte sustancial del mercado relevante afectado por el acuerdo.
Vale aclarar, que la doctrina de la SIC ha definido el acuerdo de colaboración como aquel “en virtud del cual dos o más firmas que se encuentran en el mismo eslabón de la cadena productiva y que estén compitiendo efectivamente en el mercado, combinan sus recursos o unen parte de sus operaciones, con el fin de alcanzar determinadas metas comerciales” (Res. No. 4851 de 2013).
Para consultar la Resolución No. 20490 de 2020 haga clic aquí.
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Reanudación de trámite de control de integraciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio luego de encontrarse suspendido por COVID-19
El pasado 11 de mayo de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC” o “La Autoridad”) expidió la Resolución No. 20476 de 2020 por medio de la cual se reactivó el trámite de control de integraciones en Colombia. Lo anterior, considerando que, de conformidad con las resoluciones No. 12169 y 16978, con fecha del 31 de marzo y 15 de abril de 2020, respectivamente, el trámite de control de integraciones se encontraba suspendido para todas aquellas integraciones que cumplieran con los umbrales legales contenidos en el régimen de competencia colombiano y activaran el deber de informar, con posterioridad a la expedición de dichas resoluciones.
Por lo anterior, la SIC ha habilitado un e-mail que le permite a La Autoridad, las intervinientes y terceros: (i) radicar una notificación simple; (ii) solicitar la aprobación de una transacción que requiere la revisión y aprobación de La Autoridad a través de un trámite de pre-evaluación; y/o (iii) radicar respuestas a los requerimientos de información enviados por la SIC a aquellos terceros que considere relevantes para el trámite a adelantar, para efectos de recolectar información suficiente relacionada con el mercado relevante afectado por una transacción proyectada.
Finalmente, debe anotarse que no se contempló ningún cambio adicional, ni ninguna modificación al procedimiento regular ni los términos correspondientes a cada tipo de trámite a surtir. Por lo tanto, a partir del 12 de mayo de 2020 la SIC retomará sus labores en relación con la materia.
Para consultar la Resolución No. 20476 de 2020 haga clic aquí.
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Primera apertura de investigación de la SIC por presunta restricción a la libre competencia relacionada con artículos para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19
El Gobierno Nacional, en virtud del Decreto 507 de 2020 y en concordancia con el Decreto 462 de 2020, recientemente exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC para que ejerciera sus funciones de inspección, vigilancia y control mediante la implementación de programas de monitoreo y observancia del mercado, con el fin de evitar fenómenos de acaparamiento o distribución ineficiente de productos vitales para atender la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19.
En este sentido la SIC, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional, formuló pliego de cargos a la empresa INMADICA ANDINA S.A. -compañía que hace parte de la red de distribución de la empresa 3M Colombia S.A.– mediante la Resolución No. 19922 del 5 de mayo de 2020 (Resolución de Apertura), para determinar si la compañía infringió el régimen de libre competencia en Colombia, específicamente el Artículo 1 de la Ley 155 de 1959 (prohibición general), por presuntamente haber mantenido o determinado precios inequitativos para los Equipos de Protección Personal (EPP), dentro de los que se encuentran protectores faciales respiratorios – máscaras filtrantes; protección visual – monogafas, gafas y caretas; y protección corporal – ropa o batas de aislamiento impermeable, elementos utilizados por el personal de servicios de salud en Colombia para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La SIC inició la averiguación preliminar de oficio el día 13 de abril de 2020, como consecuencia de dos cotizaciones recibidas por la Autoridad, y de las cuales se desconoce su remitente, en las que se evidencia un incremento de precios entre un 8% y un 12% en un lapso inferior a 6 días, presuntamente sin una justificación razonable. Estos documentos llevaron a la Autoridad a enviar requerimientos de información a INMADICA y citar a esta compañía a comparecer ante la SIC en dos ocasiones, pero esta no asistió a las sesiones previstas ni allegó justificación razonable de su inasistencia.
La hipótesis presentada por la Autoridad se centra en un incremento de precios desplegado con el propósito de “obtener un aumento en los beneficios económicos de la empresa, aprovechándose de las circunstancias particulares por las que atraviesa el país en el marco de la emergencia, específicamente en cuanto a la necesidad del uso de los EPP por parte del personal médico que la atiende” (Resolución de Apertura. Pág. 3) en perjuicio del bienestar de los consumidores, toda vez que la SIC al requerir información de agentes de mercado en eslabones “aguas arriba” de la cadena de valor, evidenciaron que los incrementos obedecen a decisiones tomadas por la Compañía y no a circunstancias propias del mercado, ni mucho menos a fluctuaciones de la volatilidad del dólar, pues de conformidad con la declaración rendida por la Representante Legal de 3M Colombia S.A., estos efectos han sido asumidos por 3M y en ningún caso han sido trasladados a sus distribuidores.
Por lo anterior, INMADICA cuenta ahora con un término de 20 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Apertura para presentar pruebas, rendir descargos, ofrecer garantías o acogerse al Programa de Beneficios por Colaboración.
Licencias obligatorias de patentes en épocas de pandemia
El pasado 14 de abril de 2020, se hizo pública una carta del Congreso de la República de Colombia dirigida, entre otros, al presidente Iván Duque, solicitando que se adopten medidas para flexibilizar las patentes de salud para hacer frente al COVID 19. Dentro de las medidas propuestas, se sugiere que el Gobierno Nacional considere la posibilidad de otorgar licencias obligatorias o no voluntarias, sobre patentes y/o solicitudes de patente relacionadas con tecnologías cuyo uso sea útil para el manejo de la pandemia por COVID-19, permitiendo que terceros puedan producirlas, venderlas o importarlas sin contar con el consentimiento de los propietarios de las patentes.
Esta iniciativa sigue los pasos de países como Israel, Canadá, Alemania, Francia, Chile y Ecuador, en los que ya se han tomado medidas legislativas para permitir al Estado otorgar licencias obligatorias sobre tecnologías patentadas que puedan ser útiles para manejar la pandemia, tales como medios de diagnóstico y reactivos de laboratorio, vacunas, productos farmacéuticos para el tratamiento de los síntomas generados por el COVID-19, detectores de dióxido de carbono, sistemas de imágenes por ultrasonido, ventiladores, reanimadores, máscaras, entre otros. En el caso específico de Israel, el Ministro de Salud emitió un permiso autorizando al Gobierno Nacional a importar una versión genérica del fármaco patentado Kaletra desde India, para el tratamiento de pacientes contagiados con COVID-19, previendo que AbbVie, propietario de la patente, podría no encontrarse en la capacidad de abastecer al país con la cantidad suficiente de este medicamento, en caso de demostrarse que este efectivamente funciona para el tratamiento de los síntomas generados por el COVID-19.
En Colombia, en el 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social intentó iniciar un trámite de licencia obligatoria sobre la patente de Novartis que protege el medicamento Glivec, un polimorfo del Imatinib, útil en el tratamiento de varios tipos de cáncer, para que compañías genéricas pudieran producirlo y comercializarlo a un menor precio. Sin embargo, este trámite no se completó y el Ministerio optó por una declaratoria de interés público que le permitió fijar el precio del medicamento. Así pues, en Colombia aún no es clara la forma en la que se pueden implementar apropiadamente estas herramientas jurídicas, cuyo impacto puede trascender el manejo de la pandemia.
Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la cual se establece el Régimen Común de Propiedad Intelectual, permite que el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgue licencias obligatorias de patentes ante la declaratoria de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional (tal como fue declarado en el Decreto 476 de 2020 en su artículo 1.7.), es importante considerar cuáles pueden ser las consecuencias de otorgar masivamente licencias obligatorias sobre tecnologías patentadas o en proceso de ser protegidas mediante este mecanismo.
Para poder aproximarse al impacto de las licencias obligatorias en el ecosistema de innovación y el sistema de patentes colombiano, es importante remitirse a la experiencia de países como Brasil, Malasia, Zimbabue, Mozambique, Zambia, Ghana, Indonesia, Tailandia, Ruanda, India y Ecuador. En estos países, el Estado ha utilizado las licencias obligatorias para hacer más asequibles los medicamentos para el tratamiento del VIH y del cáncer. Si bien las licencias obligatorias han ayudado a mejorar el bienestar de la población al mejorar el acceso a productos patentados, los efectos que estas han tenido al mediano y al largo plazo sobre las nuevas innovaciones han sido dinámicos.
Desde una primera perspectiva, las licencias obligatorias reducen la efectividad esperada de las patentes, por lo que las ganancias a cambio de inversiones en investigación y desarrollo pueden verse fuertemente disminuidas, desincentivando así la innovación a largo plazo. En este sentido, tener patentes a salvo de licencias obligatorias, puede promover la innovación al asegurar un buen retorno económico por la inversión en I+D+i. Desde un segundo punto de vista, las licencias obligatorias podrían incentivar la innovación, ya que la convierten en algo indispensable para poder mantener ventajas competitivas en el mercado, en un escenario en el que no es posible mantener los derechos de exclusividad y por ende no es posible sostener monopolios comerciales.
Es verdaderamente complicado predecir cuál de estos dos efectos podría evidenciarse en Colombia ante un eventual escenario en el que se otorguen licencias obligatorias sobre patentes de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, etc. para el manejo del COVID-19. Sin embargo, es de suma importancia tener en mente que este tipo de decisiones pueden tener repercusión no únicamente en el manejo de la pandemia actual, sino que tendrán un efecto sobre el apenas naciente sistema de innovación del país. Por esto, tal vez sea preferible tomar medidas para fomentar, antes que nada, la creación de repositorios de patentes y las licencias voluntarias, por lo menos hasta haber establecido un mecanismo efectivo para el pago de regalías derivadas de las licencias obligatorias a los propietarios de las patentes, para evitar desincentivar la innovación tecnológica en el país, que tanto se necesita en épocas de pandemia y que será clave en la recuperación económica del país después de esta.
Por Germán Cortés Hernández, ingeniero de patentes del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia.
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Noticias de Competencia
Según estudio realizado por Oxfords Economics (OE) en el 2019 se esperan transacciones por un valor de USD $6.000 millones, en comparación a lo que inicialmente se estimó para los USD $1.300 millones del 2018, de los cuales USD $4.000 millones corresponderían a transacciones transfronterizas y los USD $2.000 millones restantes a transacciones nacionales.
Visa y MasterCard lograron en su segundo intento, conciliar por un valor entre USD $5.56 y $6.26 billones con aproximadamente 12 millones de comerciantes, por acusaciones en materia de competencia, luego de haber intentado llegar a un arreglo en el 2012 que fue rechazado por la mayoría de los comerciantes. Este se convierte en el arreglo más grande de la historia en temas de competencia.
El pleito duró más de 10 años, y consistió en acusaciones realizadas a las compañías por violar las leyes federales de competencia. Esta denuncia fue realizada por parte comerciantes al tener la obligación de pagar fees a estas compañías por “pasar” tarjetas y prohibirles a dichos comerciantes que pudieran sugerirles a los clientes otros medios de pago.
La autoridad de competencia brasilera le indicó a Petrobras que debe vender 4 de las 13 refinerías brasileras de la cual es propietario, con el objetivo de descentralizar el control del suministro de combustible que actualmente esta compañía ostenta, pues su preocupación se centra en el control que esta empresa tiene sobre la venta de combustible, así como la influencia que ejerce sobre la recolección, el tratamiento y la eliminación del crudo.
Esta desinversión la solicitan con el fin de reducir la participación de mercado de Petrobras en el mercado de refinado de petróleo, pues actualmente cuenta con el 98% del mercado y se espera que luego de la desinversión su participación quede en 75%, aún así teniendo en cuenta que Petrobras mantendrá el control sobre 17 refinerías brasileras, adicionales a las 36 terminales marinas que controla; y también para lograr disminuir los costos de distribución y estimular la competencia en el sector de refinería.
Sin embargo, Petrobras ha tratado en dos oportunidades cumplir la orden de desinversión, pero ha encontrado dos problemas puntuales que han retrasado dicha desinversión: (i) en junio del año pasado cuando ya estaba cerca de enajenar el 60% de las acciones de las 4 refinerías, la Corte les impuso una obligación adicional a las empresas que se encontraran con capital del Estado, esto es una aprobación previa por parte del Congreso; (ii) en diciembre del año pasado, la Corte Suprema nuevamente impidió que se concretara la desinversión, pues suspendió un decreto presidencial en el que se establecían los requisitos a cumplir para la desinversión de activos aguas arriba. Esta suspensión ya se encuentra en apelación pendiente por decisión.
Starkist compañía productora de alimentos de atún, salmón y pollo (una de las 3 mayores principales productoras de atún de Estados Unidos), llegó a un arreglo con Walmart (mayor comercializador de atún enlatado en Estados Unidos), por un valor de USD $20.5 millones en virtud de conflictos en materia de competencia.
Starkist, en conjunto con otros productores, recientemente ha sido investigado por fijación artificial de precios, con ocasión de varias demandas realizadas por minoristas, comercializadores, productores y mayoristas.
Adicional al arreglo económico, Starkist comenta que se negociaron también términos comerciales favorables con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.
El presidente y CEO de Starkist, Andrew Choe, manifestó que “Starkist es una compañía socialmente comprometida, y está complacido por haber logrado resolver este pleito con su cliente más grande, en términos legales y razonables”.
Vale la pena recordar que en el 2017 Starkist se declaró culpable por uno de los cargos imputados dentro de la investigación por violación federal a una conducta prohibida por el Sherman Antitrust Act, y pagó una multa de USD $100 millones.
La autoridad de competencia británica, (CMA), anunció el miércoles 23 de enero que ha llegado a suscribir acuerdo formal con 16 celebridades para que éstas indiquen en los posts que realizan si éstos fueron o no pagados para su publicación.
Dentro de las celebridades que se encuentran participando de la propuesta están: Rita Ora, Ellie Goulding, Alexa Chung, Rosie-Huntington-Whiteley, entre otros.
Esta iniciativa proveniente de la ley de protección al consumidor tiene como objetivo informarle a los millones de seguidores de una celebridad que cualquier mención que hagan de un producto en sus redes sea lo suficientemente clara y transparente de haber recibido algún beneficio por su publicación o si la misma corresponde a la opinión personal de la celebridad que la pública.
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Noticias de regulación digital
En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le otorgó a Facebook un término de 4 meses para que demuestre o suministre evidencia certificada de que mejoró sus políticas y medidas de seguridad de protección de datos de los usuarios en Colombia inscritos a la plataforma. Esta certificación debe otorgarla una entidad libre de conflicto de interés con Facebook.
Como dato curioso, son más de 31 millones de colombianos los que se encuentran usando dicha plataforma, de un total de 2.410 millones de usuarios en todo el mundo. Las conductas que Facebook debe evitar corresponden a “(…) acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta o pérdida no autorizada o fraudulenta a los datos de sus usuarios (…)”.
La SIC decidió hacerle este llamado preventivo a Facebook al evidenciar las investigaciones y las actuaciones de las autoridades en materia de competencia de Irlanda, Gran Bretaña, Países Bajos, entre otros, pero principalmente por las acciones judiciales que se tomaron en Estados Unidos en virtud de las fallas de seguridad alegadas.
Mark Zuckerberg anunció el inicio de un trabajo que implicará la integración de comunicaciones entre las plataformas, con el objetivo de conectarlas entre sí para que los usuarios puedan enviar mensajes entre plataformas, incluso aunque una persona solo cuente con una cuenta de Whatsapp.
La integración de las plataformas trae consigo grandes preocupaciones en materia de privacidad de la información que se compartiría entre aplicaciones por cuanto en el caso de Whatsapp solo se requiere un número de celular, mientras que en el caso de las otras aplicaciones, se debe suministrar la identidad verdadera de la persona.
La Corte Comercial Belga profirió decisión a favor de UberX respetando el marco jurídico belga, manifestando que no son un servicio de taxi, pues no suministran un servicio de transporte ya que solo conecta a carros con conductores con el usuario, argumentando que Uber no es dueño de ningún vehículo y que la compañía no cuenta con taxis o licencias LVC por sí mismas, razón por la cual los servicios ofrecidos por un conductor a través de la aplicación de Uber no pueden ser considerados como un servicio de taxi.
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Sanciones anuladas por las autoridades de competencia en el mundo
Estas son las empresas cuyas sanciones han sido anuladas recientemente por las diferentes autoridades de competencia en el mundo:
La Audiencia Nacional Española anuló una sanción de €57 millones impuesta por la Comisión nacional de la Competencia a 18 empresas de los sectores de fabricación de papel y cartón ondulado por haber incurrido en fijación de precios y repartición de clientes, pues la investigación caducó por cinco días, ya que la legislación contempla que debe emitirse pronunciamiento sancionatorio dentro de los 18 meses que dura el procedimiento.
Dentro de aquellos inicialmente sancionados se encuentran: Cartonajes La Plana, Cartonajes Europa, Rafael Hinojosa y Suministros Industriales de Cartón y Envases.
El Tribunal Supremo Español, específicamente la sala de III de lo Contencioso Administrativo confirmó la decisión emitida el mes de septiembre del año 2018, mediante la cual se anula la sanción de €120 millones, en total para las compañías Movistar, Vodafone y Orange, por abuso de posición dominante en diciembre de 2012 que consistió en un cobro excesivo de los mensajes tipo SMS y MMS pues los mismos son gratis hoy en día, incluso entre todos los operadores.
No obstante, el Tribunal Supremo confirmó la decisión que anula dicha sanción por considerar que “(…) los datos e informes en que se funda la resolución administrativa son insuficientes, así como ‘incoherentes con otros datos e informes, y se funda en apreciaciones no constatadas con datos objetivos (…)”.
Para leer las principales sanciones emitidas por las autoridades de competencia, haga clic aquí.
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Principales sanciones en materia de competencia
Estas son las empresas que han sido sancionadas recientemente por prácticas restrictivas de la competencia:
La Comisión Europea multó al sistema norteamericano de pago MasterCard con €570 millones por limitar la posibilidad que tienen los comerciantes de beneficiarse de las mejores condiciones ofrecidas por los bancos en Estados Unidos, es decir, con esta limitación MasterCard incrementó de manera artificial los precios de los pagos con tarjeta en Europa, trasladándole las consecuencias a los consumidores y minoristas en la Unión Europea, lo que limitó la competencia transfronteriza y segmentación del mercado de manera artificial.
Cuatro hoteles en Singapur fueron sancionados por la autoridad de competencia de Singapur, el CCCS, con una multa por valor de USD $1.1 millones, por compartir información sensible de clientes entre ellos durante algo más de un año.
Los hoteles sancionados son: (i) Capri by Fraser Changi City Singapore; (ii) Village Hotel Changi; (iii) Village Hotel Katong; (iv) Crowne Plaza Changi Airport Hotel.
La autoridad de competencia coreana (FTC) sancionó a cuatro bancos con presencia global, y que igualmente operan en Corea, por intercambio de información sensible y por confabularse en ofertas de precios para ganar contratos de derivados de divisas con 5 compañías nacionales.
Estas compañías y algunas bancas de inversión fueron la cobertura de los riesgos frente a las fluctuaciones cambiarias y la inestabilidad a través de esos contratos, incluidos los swaps de divisas.
JP Morgan Chase fue quien obtuvo la mayor sanción por un valor de USD $223 mil, seguido por HSBC con USD $203 mil, el Deutsche Bank con USD $190 mil, y por último el Standard Chartered (SC) Bank Korea con USD $5 mil. La FTC les informó que en caso de volver a incurrir en la misma práctica o se confabulen de algún modo, se presentarán mayores consecuencias.
La autoridad de competencia de Perú (INDECOPI) ha impuesto la mayor multa de su historia, correspondiente a USD $138.3 millones, en contra de 63 compañías y 29 personas naturales, por concepto de fijación de precios en el mercado de combustibles alternativos para vehículos que funcionan con gas natural. La multa de las personas naturales ascendió a USD $509.120. No obstante, la multa impuesta en el 2017 al cartel de papeles suaves sigue siendo la multa individual más alta de su historia.
Esta investigación inició en el 2015 como consecuencia del monitoreo realizado por parte del INDECOPI al mercado de combustible, y finalmente obteniendo la evidencia necesaria en las visitas administrativas adelantadas en las instalaciones de los sancionados, en las cuales recaudaron correos electrónicos y grabaciones que contenían acuerdos secretos de precios.
Según el INDECOPI, el acuerdo consistía en una fijación de precios de combustible al que llegaron las petroleras y los proveedores de energía, así en conjunto con los comercializadores, con el cual impusieron sobrecostos cerca del 38% por metro cúbico de gas.
Cabe resaltar, que el INDECOPI no solo impuso una sanción pecuniaria, sino también la obligación de instaurar políticas de compliance en los cuales deben incluir: (i) capacitaciones al personal encargado de determinar los precios, para que los mismos sean determinados en cumplimiento con las reglas de competencia; (ii) un programa para la detección y el reporte de posibles conductas anticompetitivas. Así mismo, les impuso la obligación de contar con un oficial de cumplimiento externo.
Dentro de los sancionados están el Grupo PGN y el Grupo Primax, entre otros.
La autoridad de competencia alemana impuso una sanción de €13.4 millones a la compañía Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft Eg (“ZEG”) y sus representantes por fijación de precios con aproximadamente 47 minoristas de bicicletas, pues ZEG acordó con los comercializadores que éstos no podrían bajar los precios de ciertos modelos de bicicletas, por debajo de los establecidos por ZEG.
A pesar de ser la fijación de precios una práctica legal en la legislación alemana en casos como cooperaciones de compra o campañas conjuntas de ofertas especiales, lo llevado a cabo por ZED “excede lo que es permisible y ha creado una situación similar a un cartel de las ventas entre los retailers participantes”.
Vale la pena aclarar que ZEG cuenta con una posición importante en el mercado alemán tanto para la compra como para la venta de bicicletas, pues vende bicicletas de sus propias marcas a los retailers, así como ciertos modelos de otros fabricantes que son comercializados exclusivamente por ZEG.
Para leer las principales sanciones anuladas por las autoridades de competencia, haga clic aquí.
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Principales investigaciones adelantadas por la Autoridad de Competencia en Brasil
A continuación, explicamos dos investigaciones de las más importantes que se encuentra adelantando la autoridad de competencia brasilera:
El CADE recomendó declarar culpable a las 2 compañías y las 7 personas naturales por confabular en el mercado de recubrimientos y resinas compuestas desde el 2000 hasta el 2014.
La autoridad de competencia brasilera acusó al productor de resinas Royal Química y a la firma consultora CEMPRE por facilitar la operación del cartel mediante la repartición de clientes, intercambio de información sensible, fijación de precios y acuerdo de condiciones comerciales.
Esta investigación inició por una solicitud de entrar al programa de beneficios por colaboración de uno de los miembros del cartel, Reichhold, en abril de 2014 lo que llevó al CADE a realizar redadas en mayo de ese mismo año, para finalmente abrir formalmente la investigación en mayo de 2016 luego de un análisis de la información recolectada en dichas redadas. Sin embargo, luego de las redadas 4 de los investigados suscribieron acuerdos de colaboración de manera previa al inicio de las actuaciones administrativas, siendo este el primer caso en el que se suscriben acuerdos de colaboración entre los investigados y el CADE en una fase preliminar.
El Superintendente General del CADE ha dado la recomendación de darle cierre al proceso tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales, pues las empresas investigadas han suscrito acuerdos o participan en el programa de beneficios por colaboración, aceptando así su participación en el cartel,mientras que en el caso de las segundas, no se tienen pruebas suficientes para declarar su culpabilidad..
Las empresas investigadas son Aqua Química, Ashland Polímeros do Brasil, CCP Composites e Resinas do Brasil, Novapol Plásticos, Elekeiroz, Brampac, Akzo Nobel, SI Group Crios Resinas, quienes han pagado aproximadamente un total de USD $21 millones en sanciones administrativas y se han comprometido a cesar las prácticas investigadas.
La autoridad de competencia brasilera se encuentra investigando los contratos de exclusividad de suministro entre las autoridades locales y las cervecerías para las festividades de los carnavales entre febrero y marzo. La apertura de la investigación se dio en noviembre de 2018 con ocasión del reporte realizado por la secretaría de promoción de la productividad y la competencia del Ministerio de Economía (SEPRAC) en el que establecen que pueden estarse presentando conductas anticompetitivas en la industria de comidas y bebidas.
La secretaría analizó 17 acuerdos entre autoridades locales con proveedores de comidas y bebidas para los carnavales, y concluyó que los acuerdos estudiados dan lugar a preocupaciones en materia de competencia y protección al consumidor, particularmente por las cláusulas de exclusividad que permiten el suministro de una cervecera a una región en específico.
Dicha infracción al régimen de libre competencia podría presentarse si los acuerdos de exclusividad se presentan por parte de compañías que cuentan con al menos el 20% de participación de mercado, teniendo en cuenta que el sector se encuentra dominado por Ambev, Heineken y Petropolis, los cuales en conjunto controlan el 96% del mercado, de los cuales el 70% es controlado únicamente por Ambev.
Heineken indicó a los medios que la compañía cuenta con una política de competencia muy estricta que rige todas las actuaciones de la compañía, y que así mismo “repudian cualquier práctica que pudiera violar las reglas que respetan los derechos a la libre competencia”.
Ambev y Petropolis no hicieron declaraciones ante los medios, pero según lo indicado por Reuters, Ambev lo único que mencionó fue que esta compañía no es objeto de investigaciones y que cualquier acuerdo realizado con los patrocinadores de los carnavales se realizó “en concordancia con la legislación relevante sobre la materia y teniendo en cuenta el interés del público de estos eventos”.
Para leer noticias sobre las recientes integraciones realizadas en el mercado, haga clic aquí.
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