Gómez-Pinzón asesoró adquisición de activos petroleros por parte de The Carlyle Group
- La transacción fue firmada el 01 de octubre de 2020.
- El valor de la operación fue de USD $825 millones.
- Con la adquisición, The Carlyle Group consolida su presencia en Colombia.
Bogotá, 14 de octubre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró a The Carlyle Group, una de las firmas de inversión más importantes en el mercado global, en la adquisición del 100% de las acciones de Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en Oxy Colombia Holdings LLC y Occidental International Holdings Ltd, lo que resultará en la adquisición por parte de Carlyle de los activos petroleros que Oxy tiene en tierra en Colombia, cumplidas ciertas condiciones para el cierre.
La transacción, que fue firmada el 01 de octubre del año en curso, también incluyó la obtención por parte de Carlyle de préstamos con múltiples acreedores. El valor reportado de la transacción fue de USD $825 millones.
El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por los socios José Luis Palacios (Energía & Recursos Naturales), Andrés Hoyos (Corporativo, Fusiones & Adquisiciones), y José Luis Suárez (Banca, Finanzas & Mercado de Capitales. También participaron Lina Correa, Catalina Prieto y Andrés Felipe Fonseca (asociados senior), así como Juan Pablo Perdomo, Nicolás Rocha y Andrés Eduardo Gómez (asociados).
Con esta adquisición, The Carlyle Group consolida su presencia en Colombia y dará inicio a sus actividades de exploración, explotación y operación de los yacimientos petroleros que administraba Oxy.
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Transparencia y buenas prácticas de Gobierno Corporativo
Obligaciones cambiarias para inversión extranjera
¿Qué obligaciones cambiarias existen actualmente para la inversión extranjera en Colombia e inversión colombiana en el exterior?
- Los residentes colombianos que tengan inversión en el exterior, y los inversionistas extranjeros directamente, a través de apoderados o del representante legal de la empresa receptora de la inversión, deberán registrar las sustituciones de inversión extranjera dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se efectúe la operación que da origen a la sustitución de la inversión, con la presentación simultánea del Formulario 12 “Declaración de Registro de Cancelación de Inversiones Internacionales” y del Formulario 11 “Declaración de Registro de Inversiones Internacionales” debidamente diligenciados, ante el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, sin la presentación de documentos soporte de la operación.
- Si la sustitución de la inversión extranjera se deriva de una reorganización empresarial, esta se deberá registrar por medio de la presentación del Formulario 11 A “Declaración de Registro de Inversiones Internacionales por Reorganización Empresarial” dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la operación que dio origen a la sustitución.
- Los inversionistas extranjeros directamente, a través de apoderados o del representante legal de la empresa receptora de la inversión, deberán registrar las cancelaciones de la inversión extranjera dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se efectúe la operación que da origen a la cancelación de la inversión, con la presentación del Formulario 12 “Declaración de Registro de Cancelación de Inversiones Internacionales” debidamente diligenciado, ante el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, sin la presentación de documentos soporte de la operación.
- Las sociedades que hayan realizado una recomposición del capital (que implique un aumento o disminución de las acciones o cuotas por cambio de su valor nominal), deben reportar al Banco de la República esta situación. Para tales efectos, deberán informar esta recomposición de capital, mediante la presentación del formulario “Declaración Única de Registro de Recomposición de Capital”, sin documentos soporte de la operación.
- Los inversionistas que realicen inversiones en virtud de un acto, contrato u operación lícita, diferentes a las realizadas con divisas, podrán registrar la operación ante el Banco de la República directamente, a través de apoderado o del representante legal de la empresa receptora, en cualquier tiempo.
- Las sociedades que sean titulares de cuentas de compensación deben recordar que: (i) a más tardar el último día hábil de cada mes deben presentar el formulario No. 10 “Relación de operaciones cuentas de compensación”; (ii) si aplica, previo a la transmisión del formulario No. 10 deben transmitir la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por inversiones internacionales (Declaración de Cambio) y el formulario para la transmisión de información de operaciones de cambio por endeudamiento externo o avales y garantías, correspondientes a operaciones de inversión extranjera y endeudamiento externo canalizadas a través de la cuenta de compensación y que hayan realizado en el mes anterior al del reporte; y (iii) de manera trimestral y de acuerdo con el calendario establecido en la Resolución 9147 de 2006 de la DIAN, también deben presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el reporte exógeno de movimientos de cuentas de compensación.
- Las sucursales del régimen especial receptoras de inversión extranjera deberán enviar el Formulario No. 13 al Banco de la República dentro de los seis (6) meses contados a partir del cierre contable a 31 de diciembre del año anterior, con el fin de: (i) mantener actualizada la información de dichas inversiones y (ii) registrar las inversiones en el capital suplementario. Este plazo no es prorrogable.
Por María Clara Palacio, asociada del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones.
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Gobierno adopta protocolo de bioseguridad para el sector educativo
Mediante Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Este protocolo es complementario a las demás medidas que los establecimientos educativos consideren necesarias, y al protocolo general de bioseguridad adoptado mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social (consulte dicha resolución en este enlace).
Este nuevo protocolo de bioseguridad para el sector educativo contiene medidas adicionales en materia de:
- Adecuación de espacios físicos;
- Medidas de limpieza y desinfección;
- Manejo de residuos sólidos;
- Planes de comunicaciones;
- Ingreso a las instalaciones del establecimiento educativo;
- Ingreso, trayecto y llegada de rutas escolares;
- Desplazamiento desde y hacia los lugares de residencia;
- Prevención de situaciones de contagio;
- Manejo de situaciones de contagio;
- Consideraciones especiales para niños entre dos (2) y cinco (5) años de edad;
- Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores;
- Medidas para estudiantes; entre otros.
Estados Financieros, Disolución y Administradores
Este artículo tiene por finalidad repasar algunas cuestiones básicas respecto de la denominada causal de disolución por perdidas, tema que es recurrente en la práctica, y que se espera sea objeto de consulta permanente en los próximos meses y particularmente a inicios del próximo año.
Ahora, tal como se sabe, la causal de disolución por perdidas es una “causal especial” que se presenta en determinadas sociedades de capitales, y requiere que el máximo órgano social conozca, o pueda conocer, la configuración de la causal con base en los estados financieros que la administración presente.
Así, surge la siguiente duda: ¿qué tipo de estados financieros se requieren para dar paso a la disolución por perdidas? ¿son estados financieros de propósito general o pueden ser estados financieros intermedios?, por suerte, la Superintendencia de Sociedades a través de su oficio 220-171161 del 16 de octubre de 2014, de manera contundente dijo: [L]a determinación de la causal por pérdidas se debe establecer con un estado financiero de fin de ejercicio de acuerdo al corte que tenga establecida la sociedad (…)”. Lo anterior implica que, los estados financieros intermedios, al tener la calidad de estados financieros de propósito especial, según el artículo 24 del Decreto 2649 de 1993, no pueden ser utilizados para determinar la existencia de la referida causal.
Sin perjuicio de lo anterior, se resalta que si una sociedad tiene varios “cortes”, y por ende genera estados financieros de propósito general periódicamente, ello significa que la causal de disolución por perdidas pueda configurarse en periodos mucho más cortos que el plazo anual que es el que usualmente se utiliza.
Por otro lado, el artículo 458 del Código de Comercio, establece que cuando se verifiquen perdidas que lleven a la sociedad a estar en causal de disolución, deben los administradores abstenerse de iniciar nuevas operaciones y convocar a la asamblea general, so pena que los administradores sean solidariamente responsables de cualquier perjuicio que se pueda causar a los accionistas y terceros. Así, surge la siguiente pregunta: ¿debe el administrador cumplir la referida obligación con base en estados financieros intermedios?
Ante la anterior pregunta, la Superintendencia de Sociedades ha manifestado su posición en el oficio 220-30791 del 18 de mayo de 1995, ratificada por el oficio 220-004618 del 19 de enero de 2018, en donde indica que “el estado financiero idóneo para la verificación correspondiente en estos casos, en principio, es el estado financiero básico, clasificado dentro de los de propósito general, y en segunda instancia, el de propósito intermedio en razón de su naturaleza”. La anterior posición, no solo es confusa si no contradictoria, pues al final del día el estado financiero que ha de ser conocido por la Asamblea General de Accionistas, y el usado para determinar la causal de disolución, es el estado financiero de propósito general y no su antónimo, el estado financiero de propósito especial.
Por lo anterior, debe considerarse que el cumplimiento del artículo 458 del Código de Comercio, solo puede predicarse con base en estados financieros de propósito general y no estados financieros de propósito intermedio, pues solo los primeros estados financieros darán un dimensionamiento real y pertinente a la situación de la sociedad.
Por Juan Camilo Varón, asociado senior del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones.
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Registro para la reapertura de colegios privados en Bogotá
La Secretaría de Educación Distrital (SED) implementó el sistema de registro para la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios privados en Bogotá, D.C.
En el link que se indica a continuación, la SED ha puesto a disposición de los colegios privados: i) una guía general para la adopción de protocolos de bioseguridad; ii) un instructivo para diligenciar el Formulario de Registro para Reapertura; iii) el Formulario de Registro para Reapertura; y iv) un espacio de preguntas frecuentes:
- Aprobación de la reapertura gradual, progresiva y segura del establecimiento educativo.
- Revisión y aceptación de los protocolos de bioseguridad que serán implementados en el establecimiento educativo.
- Se cuenta con los consentimientos informados por parte de los padres de familia o acudientes de todos los estudiantes que decidan iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura.
- Se cuenta con el registro de las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, personal administrativos y visitantes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a las instalaciones del establecimiento educativo.
- Se cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que presentan condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus, entre otras) o aquellos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación remota.
Escuelas para padres y madres de familia y cuidadores
I. Objeto
En el mes de julio del presente año, se expidió la Ley 2025 de 2020 “por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país (…)” (“Ley 2025”).
La Ley 2025 tiene por objeto fomentar la participación de los padres de familia, madres de familia y cuidadores (conjuntamente, los “Padres de Familia”) en la formación integral, académica, social, de valores y principios de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media de las instituciones educativas públicas y privadas. La finalidad es fortalecer las capacidades de los Padres de Familia como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los estudiantes, y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y adolescentes.
II. Obligatoriedad
En las instituciones educativas públicas y privadas será obligatorio implementar las “Escuelas de Padres y Madres de Familia y Cuidadores” (las “Escuelas de Padres de Familia”) en los niveles de educación prescolar, básica y media.
III. Contenido de la Escuela de Padres de Familia
Las instituciones educativas, junto con sus consejos directivos, en función del principio de autonomía que las cobija, definirán y diseñarán la propuesta de estructura de las Escuelas de Padres de Familia, la cual debe contener: objetivos, contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades.
Los contenidos del programa se soportarán, entre otros aspectos, en la caracterización de los estudiantes, Padres de Familia, sus necesidades e intereses, el Proyecto Educativo Institucional (“PEI”), los principios y valores de la comunidad, así como características del curso de vida de los estudiantes y los objetivos de cada uno de los niveles educativos.
El programa deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
- Conocimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia, el marco normativo y constitucional para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
- Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos;
Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos; - Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias psicoactivas;
- Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo;
- Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes en su contexto familiar y escolar;
- Entornos protectores, que garanticen su desarrollo integral;
- Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar;
Instrumentos adecuados de técnicas de estudio; - Rutas de atención, promoción y prevención definidos en el manual de convivencia;
- Promoción de programas, estrategias, políticas y directrices tendientes a incentivar, apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y de vida saludable, acorde al PEI de la institución educativa;
- Talleres exclusivos que permitan prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias.
IV. Diseño e implementación de las Escuelas de Padres de Familia
El plan de trabajo institucional que fortalezca la relación entre las instituciones educativas y los Padres de Familia, definirá los contenidos de la Escuela de Padres de Familia, como resultado de un trabajo de construcción conjunta entre familias e institución educativa, y establecerá niveles de avance semestral, y espacios de verificación y proyecciones del plan en relación con el objetivo de promover el desarrollo de los estudiantes.
Para adelantar la verificación, la institución adoptará instrumentos acordes con su dinámica propia que permitan disponer de evidencias de las acciones y resultados de la Escuelas de Padres de Familia.
El ejercicio de construcción conjunta propondrá criterios concretos de seguimiento basados en los acuerdos de trabajo pactados con los Padres de Familia. Para esto, la institución educativa promoverá en sus acciones pedagógicas, el reconocimiento de las características familiares y estimulará el establecimiento de ambientes de confianza que motiven la participación y el compromiso de la familia integrando sus fortalezas, saberes, intereses y capacidades.
V. Otros aspectos relevantes
- Toda institución educativa deberá tener un apartado especial en su PEI, que defina cómo se desarrollarán las condiciones del programa de las Escuelas de Padres de Familia, la cual estará alineada y articulada con su misión, visión, principios y valores.
- Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los Padres de Familia deberán firmar su compromiso de participar en las Escuelas de Padres de Familia.
- Las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no pecuniarias, en caso de inasistencia de los Padres de Familia a las sesiones de las Escuelas de Padres de Familia, siempre y cuando, se encuentren estipuladas en el manual de convivencia, se respete el derecho de defensa y se hayan incorporado en el respectivo PEI. Serán justas causas de inasistencia a dichas sesiones i) el caso fortuito, ii) la fuerza mayor o iii) la negación del empleador del Padre de Familia, de dar permiso al trabajador de asistir a dicha reunión. El mínimo deseable de sesiones durante el año escolar es de tres (3) sesiones.
- Las instituciones educativas deberán identificar las oportunidades de articulación que tiene la Escuela de Padres de Familia con el conjunto de proyectos que se trabajan en la institución, e incluirá la participación de la comunidad educativa.
Gómez-Pinzón asesoró venta de derechos fiduciarios del Centro Comercial Calima a Mallplaza
- La transacción cerró un mes y medio después de iniciadas las negociaciones.
- La adquisición marca la llegada de Mallplaza a Bogotá y abre la puerta a la llegada de Ikea a Colombia.
- El valor de la operación no fue revelado.
Bogotá, 19 de agosto de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró al Fondo de Capital Privado Nuevomundo – Compartimiento Nuevomundo I en la venta del cien por ciento (100%) de sus derechos fiduciarios en el Fideicomiso Calima Centro Comercial y en el Fideicomiso Arrendamientos Calima Bogotá al Compartimento Uno del Fondo de Capital Privado Mallplaza, transacción que incluyó la adquisición de un crédito otorgado por el Banco Davivienda por parte del comprador. El valor de la operación no fue revelado.
Por medio de esta transacción, que se desarrolló en un tiempo récord de un mes y medio luego de iniciarse las negociaciones entre las partes e involucró a múltiples terceros, se consolida la adquisición por parte de Mallplaza de aproximadamente cuatrocientos cuarenta (440) inmuebles correspondientes a tiendas y establecimientos comerciales en el Centro Comercial Calima, y los derechos económicos derivados de los contratos de arrendamiento sobre dichos inmuebles. Esta adquisición también marca la llegada de Mallplaza a la capital del país, y permitirá la entrada de la marca Ikea al mercado colombiano.
Gómez-Pinzón acompañó a Nuevomundo en todos los aspectos y negociaciones de la transacción, incluyendo asuntos complejos relacionados con Fusiones y Adquisiciones, Derecho Tributario y Derecho Inmobiliario. El equipo de GPA fue liderado por los socios Felipe Mariño y Mauricio Piñeros, así como por los asociados Juan Pablo Caicedo De Castro y Juan Pablo Arenas.
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Suspensión de la causal de disolución por pérdidas
El Decreto Ley 560 del 15 de abril de 2020 por medio del cual el Gobierno Nacional adoptó medidas transitorias especiales en el marco del Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica, creó como bien lo ha indicado la Superintendencia de Sociedades, un ecosistema de recuperación empresarial que busca facilitar la preservación de la empresa y facilitar el manejo del orden público y económico de nuestro país.
Es así como el citado Decreto Ley estableció que por un período de veinticuatro (24) meses contados a partir del 16 de abril de 2020 y hasta el 16 de abril de 2022 queda suspendida la configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el artículo 457 del Código de Comercio para las sociedades anónimas y en el artículo 35 de la Ley 1258 de 2008 para las sociedades por acciones simplificadas. Posteriormente, a través del Decreto Ley 772 del 3 de junio de 2020, esta medida de suspensión temporal fue extendida a los demás tipos societarios, adicionándose que el término para enervarla establecido en el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, quedó igualmente suspendido hasta el 16 de abril de 2022.
De conformidad con lo anterior, si una sociedad en sus estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 reflejan que existen pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, podrá suspender la configuración de la causal de disolución por pérdidas hasta el 16 de abril de 2022.
Posterior a dicha fecha, si la sociedad no ha enervado la causal de disolución en la que se encontraba, deberá declararla a través del máximo órgano social a efectos que se de inicio a la contabilización del termino establecido en la ley para su enervamiento.
De esta forma, el Gobierno Nacional pretende aminorar de alguna manera los impactos y efectos negativos que el Estado de Emergencia actual ha ocasionado a la situación patrimonial de las empresas en Colombia, los cuales inciden en cuestiones relativas a la eventual obligación de disolución de las empresas, para efectos de que se considere la actual situación patrimonial como una situación excepcional.
Con la suspensión de veinticuatro (24) meses, podría señalarse que estamos a la par de algunas de las medidas adoptadas en España, país que entre otros asuntos, estableció que tan solo para los efectos de determinar la existencia de la causal de disolución por pérdidas, no se tomarán en consideración las pérdidas presentadas en el ejercicio social del año 2020.
Como conclusión, con las cifras actuales resulta fácil predecir que la actual crisis sanitaria va a tener un impacto negativo relevante en los balances de las empresas, motivo por el cual este tipo de medidas tiene como objetivo considerar esta situación patrimonial negativa como algo excepcional e impedir que las sociedades incurran en causales de disolución por pérdidas avocándolas a una eventual liquidación.
Por Mónica Cuestas Guzmán, asociada senior del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones de Gómez-Pinzón Abogados.
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Plazos justos de pago
Plazos justos de pago – Ley 2024 de 2020
1. Objeto
Establecer la obligación para los comerciantes o no comerciantes que celebren actos mercantiles, de pagar sus obligaciones en un plazo máximo de 60 días calendario, para el primer año de entrada en vigencia de la ley y de máximo 45 días, para los años subsiguientes, plazos los cuales serán calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o la terminación de la prestación de los servicios respectivos.
2. Alcance
Si se trata de operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo para el pago de obligaciones será de 60 días calendario, plazo el cual, empezará a regir desde el inicio del tercer año de entrada en vigencia de la ley.
En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración pública que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días calendario siguientes a la aceptación de la factura.
3. ESTA LEY NO ES APLICABLE A:
- Operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas. En todo caso, la Ley 2024 establece que sin perjuicio de los acuerdos de pago entre grandes empresas, la inclusión de cláusulas que desconozcan (a) el plazo de 45 y 60 días calendario; (b) el pago de intereses de mora; o (c) que limiten la responsabilidad del deudor, serán ineficaces de pleno derecho, es decir, no tendrán ningún efecto legal.
- Pagos efectuados en operaciones comerciales en las que intervengan los consumidores y que estén sujetas a las normas de protección al consumidor.
- Intereses de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos de entidades aseguradoras, contratos de muto o préstamo y cualquier tipo de contrato donde los plazos diferidos sean propios de su esencia.
- Deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración empresarial.
4. Procedimientos de Facturación y Pago de obligaciones
- Si existe algún procedimiento de aceptación del bien o servicio, dicho procedimiento se deberá realizar dentro del plazo para el pago establecido en la Ley 2024.
- En el evento que el contratante requiera que el contratista realice alguna corrección o subsanación, este requerimiento interrumpirá el cómputo del plazo para pago justo y se reanudará su computo a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes o subsanación.
- En caso de que el contratante requiera del contratista alguna corrección o subsanación de la factura física o electrónica y/o de sus documentos soporte, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para el pago justo, el cual se reanudará a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes respectivos.
- Será responsabilidad del contratante emitir de forma oportuna dentro del plazo del pago justo, los documentos de cualquier índole que sean prerrequisito para la radicación de las facturas. En ningún caso, el plazo de pago justo se podrá extender por demora del contratante.
- La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo del plazo de pago.
- Las demoras imputables al acreedor/contratista interrumpirán el plazo de pago justo.
5. Indemnización por costos de cobro
Cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor, una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido el contratista/acreedor con ocasión de la mora del contratante.
- El contratante solo podrá exonerarse demostrando fuerza mayor o caso fortuito.
- La aplicación errónea o indebida por parte del contratante del cálculo de retenciones de cualquier naturaleza, que resulte en un mayor valor retenido, se entenderá como incumplimiento del plazo de pago justo y por tanto, se generará la indemnización en favor del contratista,
6. Asuntos varios
- La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2021.
- Las disposiciones establecidas en la Ley no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo de las partes y cualquier disposición contractual que la modifique o contraríe, será ineficaz de pleno derecho.
- El Gobierno Nacional elaborará y publicará anualmente un listado de las empresas y los tiempos en que cumplen con sus pagos y otorgará un reconocimiento (creación de sellos) para aquellas que se encuentren en los primeros lugares.
- A los 3 años de entrada en vigencia la Ley 2024, el Gobierno realizará una evaluación su impacto sobre la competitividad y productividad en el sector privado.