El 26 de agosto de 2019 entró en vigor la Ley 1996 de 2019 logrando un avance importante en la protección real de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Esta norma implementa grandes modificaciones al régimen sobre capacidad contenido en el Código Civil y en disposiciones relativas a interdicción de la Ley 1306 de 2009. Sus principales avances son, el reconocimiento del derecho a la capacidad plena de las personas en situación de discapacidad y la creación de mecanismos de apoyo para la realización de actos jurídicos en igualdad de condiciones.
En principio, la capacidad jurídica se define como una facultad inherente a todas las personas que presenta dos dimensiones: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Haciendo referencia la primera a la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, mientras la segunda, a la posibilidad de hacer ejercicio de estos derechos y de cumplir con las obligaciones contraídas en el marco de dicho ejercicio.
Sin embargo, durante muchos años y bajo los lineamientos de un sistema paternalista, se había descalificado la capacidad de ejercicio de las personas en situación de discapacidad. Particularmente, con la regulación anterior se limitaba su capacidad jurídica, teniendo la facultad el juez, en representación del Estado, de designar a un curador para su protección, que supliera todas o algunas de las decisiones de su vida. Esto, a través de figuras como la interdicción o la inhabilidad, dependiendo de si autoridades médicas definían la concurrencia de una incapacidad absoluta o relativa, respectivamente.
Si bien el proceso de interdicción podía ser promovido por cualquier persona, con interés legítimo o no, bajo esta figura jurídica era el curador quien velaba por los derechos de estas personas en todos los ámbitos de la vida social, configurándose una clara desigualdad para las personas con discapacidad, al impedírseles el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos patrimoniales, civiles y políticos, entre otros.
Referenciando específicamente la interdicción, el objeto de este proceso era la declaración de que una persona en situación de discapacidad no estaba en plenas condiciones para desempeñarse por sí misma (Ley 1306 de 2009, art. 25). Por lo que las personas interdictas no podían realizar ningún tipo de acto jurídico, y si lo hicieran, este adolecería de nulidad absoluta.
Durante décadas, ésta figura jurídica contravino los postulados de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (“CDPD”) aprobada en Colombia con la expedición de la Ley 1346 del 2009, la cual adoptó un modelo social en relación con la materia y reconoció que: “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”[1].
Tras una revisión del cumplimiento de la CDPD en Colombia, en agosto de 2016, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó su preocupación sobre la existencia de restricciones a la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad y principalmente, frente a su derecho de expresar su consentimiento libre e informado.
En este contexto fue aprobada la Ley 1996 de 2019, como un avance legislativo tardío con el propósito de superar el paradigma de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad absoluta o relativa. Como un gran adelanto, la normativa señala que la capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume de todas las personas mayores de edad en situación de discapacidad, quienes tienen derecho a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos.
Desde la exposición de motivos se evidencia que el principal objetivo de la Ley es establecer un régimen de toma de decisiones con apoyos, por medio del cual las personas en situación de discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, haciendo uso de los apoyos que para ello requieran y con las salvaguardias para su debido ejercicio. Lo anterior se instrumentaliza en la Ley a través de los acuerdos de apoyo, las directivas de voluntad anticipada y la adjudicación judicial de apoyo.
Una de las herramientas fundamentales que dispone la Ley es la creación de los acuerdos de apoyo, mecanismos por medio de los cuales una persona, mayor de edad, formaliza la designación las personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones. La naturaleza de los apoyos necesarios podrá establecerse a través de la declaración de la persona o a través de una valoración de apoyos, que puede ser realizada por entidades públicas o privadas.
Ahora bien, otro instrumento relevante son las directivas de voluntad anticipadas, en las cuales una persona puede expresar con antelación, su voluntad y preferencias sobre uno o varios actos jurídicos. Estas directivas son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo designadas para el efecto y pueden referirse a asuntos de salud, financieros o personales, entre otros.
En tercer lugar, la adjudicación judicial de apoyos es el proceso que puede ser adelantado ante el juez de familia por la persona que requiere el apoyo, o por persona distinta, por medio del cual se designan los apoyos formales necesarios para una persona en situación de discapacidad. En este caso, el juez deberá favorecer siempre la voluntad y preferencias de la persona en situación de discapacidad, garantizando su plena participación en el proceso, so pena de nulidad del mismo.
Si bien las disposiciones sobre adjudicación judicial de apoyo aún no entran en vigor totalmente, la Ley establece que los jueces pueden excepcionalmente determinar los apoyos necesarios para personas en situación de discapacidad las cuales se les imposibilita expresar su voluntad. Entre tanto, en relación con los procesos de interdicción o inhabilitación en curso, se decreta la suspensión inmediata de los mismos, sin perjuicio de la aplicación de medidas cautelares, para garantizar la protección de los derechos de la población.
Por todo lo expuesto, nos encontramos ante un gran avance en materia de protección a los derechos de las personas en situación de discapacidad, convirtiéndose la Ley 1996 de 2019 en un reconocimiento de su dignidad y valor como seres humanos, representando una manifestación del modelo social sobre la discapacidad, en el cual su voluntad empieza a ser escuchada.
Por Fathia Jalile Zapata, Asociada del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones de GPA.
03/04/2020
En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que ha declarado el presidente de la República el 17 de marzo de 2020 mediante Decreto 417 por el término de 30 días calendario (15 de abril) y, en línea con las directrices impartidas por el gobierno nacional con el fin de conjurar la calamidad pública que afecta al país por el coronavirus COVID – 19. La Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido la resolución No. 12169 el 31 de marzo de 2020 mediante la cual ha establecido:
Se exceptúan
31/03/2020
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa de marzo 31 de 2020, exhortó a los alcaldes distritales y municipales del país para que adelanten acciones de inspección y vigilancia respecto de la actividad desplegada por los productores y proveedores, para determinar si estos podrían estar vulnerando los derechos de los consumidores, con conductas tales como:
Lo anterior, sin perjuicio de los delitos a los que se refiere el Título X del Código Penal, de competencia de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las facultades otorgadas a los mandatarios del país, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).
Los resultados de las visitas de inspección deberán ser remitidos por los alcaldes a los siguientes correos electrónicos que ha dispuesto la entidad dirproteccion@sic.gov.co – contactenos@sic.gov.co.
COVID-19 y libre competencia en el sector transporte: Decreto 482 del 26 de marzo de 2020
28/03/2020
Con la finalidad contrarrestar los efectos negativos en el sector de transporte derivadas de las restricciones en la movilidad a nivel nacional decretadas por Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 como respuesta a la crisis del COVID-19, por el cual se impartieron instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio que inició este martes 25 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional optó por expedir el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”.
Este Decreto ordenó crear el Centro de Logística y Transporte, el cual, estando adscrito al Ministerio de Transporte, y conformado por varios ministros, un delegado de la presidencia de la república y varios miembros del gobierno, tendrá dentro de sus funciones de asesoría y de toma de decisiones con la finalidad de mejorar las condiciones para la prestación del servicio público de transporte, cuya ejecución sea permitida en el marco del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.
El artículo 3 del Decreto tiene importantes repercusiones en materia de libre competencia económica en el sector, toda vez que otorga al Centro de Logística y Transporte la facultad de “Adoptar y expedír regulación respecto de las condiciones en las que puedan cooperar o coordinar los diferentes actores del sector transporte.” Por otro lado, será función del mismo “Autorizar los acuerdos de sinergias logísticas eficientes, en los términos del artículo 8 del presente Decreto Legislativo”. Dicho artículo que hace referencia a contratos, convenios, concertaciones o acuerdos que podrán estar vigentes hasta la finalización del aislamiento preventivo obligatorio y el estado de emergencia económica, social y ecológica.
Con lo anterior, se entiende que este organismo estará habilitado para autorizar cualquier clase de acuerdo, convenio, contrato o concertación entre distintos tipos de transportadores, acuerdos que en condiciones de normalidad podrían llegar a ser considerados contrarios a las normas de libre competencia. Si bien el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado participarán en esta toma de decisiones, no es requerida la participación directa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso de formulación de las decisiones y autorizaciones.
Aunque en principio, la Superintendencia mantiene su facultad legal de emitir conceptos de abogacía ante las decisiones tomadas por el Centro de Logística y Transporte, más allá de que el mismo pueda apartarse de las mismas de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, es claro que esta facultad que dicha facultad aplicarán únicamente frente a la regulación emitida por este organismo. Así, la Superintendencia no estará facultada para intervenir en las decisiones de autorización de cualquier tipo de acuerdo entre los transportadores que pueda llegar a ser interpretado como anticompetitivo en condiciones de normalidad.
Cabe resaltar que en la óptica del régimen de libre competencia en Colombia, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 establece que “El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general”. La anterior excepción se encuentra desarrollada por el artículo 1 del Decreto 1302 de 1964, que incluye sectores básicos como el de la alimentación, vestido, sanidad y vivienda.
Varios gobiernos han reconocido que la situación actual impone una mayor presión sobre las empresas para proveer toda clase de recursos médicos y alimentos para abastecer a la población. Si bien lo anterior puede tener como resultado escenarios de colaboración pro-competitiva entre diferentes agentes, entidades como el Departamento de Justicia Estadounidense han manifestado que la flexibilización de las entidades gubernamentales, bajo ninguna circunstancia, puede entenderse como un “pase libre”.
Superintendencia de Industria y Comercio lanza aplicación móvil para presentar denuncias en tiempo real en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19
24/03/2020
Con el fin de evitar afectaciones a los consumidores y a la libre competencia en el mercado colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), autoridad colombiana en estos asuntos lanzó una aplicación que permite denunciar en tiempo real conductas que afecten a los derechos de los consumidores durante la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19.
La App ya cuenta con una versión 2.0 y por ahora sólo está disponible para dispositivos Android y debe descargarse ingresando desde su teléfono a la página web de la Entidad https://www.sic.gov.co/descargue-la-app-de-pqrfs; pronto estará disponible para descarga directa desde tiendas virtuales y iOS.
También puede descargarse a través de este código QR:
Después de haber descargado la aplicación, debe ingresar. El usuario tiene la opción de hacer uso de esta de forma anónima, de conformidad con el instructivo de uso publicado por la SIC:
El Superintendente de Industria y Comercio aprovechó el lanzamiento para hacer un llamado a los consumidores “Invitamos a los consumidores a no incurrir en compras nerviosas, en no acaparar y hacer un uso responsable de los recursos para que todos podamos acceder a ellos”, también mencionó que la capacidad de atención de la SIC en canales digitales se ha doblado y que la Entidad se encuentra realizando visitas de control y verificación para verificar el respeto de la regulación vigente.
Suspensión de términos Dirección Nacional de Derecho de Autor
19/03/2020
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de la resolución No. 68 de 17 de marzo de 2020, suspendió: i) los términos en los procesos jurisdiccionales que se tramitan ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ii) los términos legales de las investigaciones administrativas adelantadas contra las sociedades de gestión colectiva, y iii) los trámites y servicios que se realizan de manera presencial.
No obstante lo anterior, los siguientes trámites y servicios se pueden realizar de manera digital:
Los términos se suspenden desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020.
27/03/2020
De conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Circular 325 del 24 de marzo de 2020, las curadurías urbanas de Bogotá proceden a la suspensión de términos de los trámites administrativos por un periodo que inicia el 24 de marzo de 2020 y termina el día 15 de abril de 2020, salvo que el Gobierno Nacional o Distrital anuncien la ampliación de las medidas de aislamiento preventivo, caso en el que se adoptarán las medidas correspondientes.
Las demás actuaciones, específicamente para las solicitudes de prórrogas, revalidaciones, conceptos de uso, conceptos de norma, reparaciones locativas, estarán operando normalmente mediante los canales virtuales de cada una de las 5 curadurías de la ciudad de Bogotá, que se enuncian a continuación.
Curaduría 1
WhatsApp (Celular: 320 767 22 88)
servicioalcliente@curaduria1bogota.com
Curaduría 2
servicioalcliente@curaduria2bogota.com.co
Curaduría 3
consultasdenorma@curaduria3.co: Consulta de norma general
prorrogasyrevalidaciones@curaduria4bogota.com.co: Solicitud de prorrogas y revalidaciones de licencias Urbanísticas
Pago de gastos:
Cuenta corriente No 30447776377 de Bancolombia
Por favor enviar el comprobante a tesoreria@curaduria4bogota.com.co
Curaduría 4
https://www.curaduria4bogota.com.co/contactenos
consultasdenorma@curaduria4bogota.com.co
Curaduría 5
26/03/2020
Notarías
A través de la Resolución 03133 del 24 de marzo de 2020 el Superintendente de Notariado y Registro, estableció horarios específicos de atención para las Notarías dependiendo de la cantidad de Notarías que existan en cada círculo notarial. La Resolución, estableció las siguientes condiciones:
El Notario deberá informar a la Superintendencia Delegada para el Notariado, dentro del día siguiente a la expedición de la Resolución, el turno en el que prestará el servicio público notarial, y deberá publicar en un lugar visible al público la hora en que se prestará el servicio.
En aquellos eventos de urgencia inaplazable en el que el usuario requiera la prestación del servicio por fuera de los turnos establecidos, el notario dispondrá y divulgará un medio de comunicación eficaz, en aras de satisfacer la prestación del servicio.
Para los círculos notariales en los que existen más de dos notarias se definió un sistema de turnos para cada Notaría en los que se establece cuales notarías estarán funcionando en cada día de la cuarentena, los turnos varían dependiendo del Círculo Notarial, para más información, por favor consultar la Resolución en el siguiente link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/ShowProperty?nodeId=%2FSNRContent%2FWLSWCCPORTAL01175292%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased#38
Oficinas de Registro
A través de la Resolución 03130 del 24 de marzo de 2020, el Superintendente de Notariado y Registro estableció que los términos de todos los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, actuaciones disciplinarias y procesos registrales se suspenden desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, es decir, hasta el final de la cuarentena.
La misma Resolución establece que debido a aquella medida, la atención al público también se suspende en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y en las sedes administrativas de la Superintendencia de Notariado y Registro.
La página web de la entidad continuará funcionando con normalidad, así como los trámites que se pueden realizar en ella. Para más información acceder al siguiente link: www.supernotariado.gov.co.
Estaremos enviando las actualizaciones correspondientes a medida que se tomen decisiones.
Curaduría 1: Para radicaciones debe ir una persona únicamente, se atenderá en ventanilla y se recibirán documentos en sobre sellado; se enviarán las respectivas constancias y valores a pagar por correo electrónico con el número de cuenta para consignar. El resto de consultas deberán hacerse de manera virtual, teléfono o WhatsApp al siguiente número: 3207672288.
Las notificaciones deben ser presenciales y solo debe ir una persona.
Curaduría 2: Se encuentran sin atención a público, exceptuando radicaciones de proyectos con cita previa. Las radicaciones de anexos y demás documentos debe realizarse vía electrónica al siguiente correo: anexoporemergencia@curaduria2bogota.com.co.
NO SE PERMITE LA ENTRADA DE MENORES DE EDAD, POR ORDEN DEL GOBIERNO NACIONAL ESTOS DEBEN PERMANECER EN SUS HOGARES.
Curaduría 3: Para radicación de proyectos nuevos y anexos, tienen atención de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm; los usuarios tienen la opción de radicaciones virtuales al presente correo: radicacion@curaduria3.co
Curaduría 4: A la fecha se encuentra atendiendo de manera presencial sin restricciones.
Curaduría 5:
Como información que consideramos de interés, hemos estado haciendo seguimiento a diferentes entidades con el fin de conocer el funcionamiento de las mismas en relación con la situación actual del COVID-19, y a fecha 16 de marzo, 4:00 pm podemos concluir:
• Trámites ante Curadurías Urbanas en Bogotá: Las cinco curadurías se encuentran funcionando permitiendo la radicación de documentos y notificación de actos administrativos, con las siguientes restricciones. Curaduría 1: permite únicamente consultas virtuales, Curaduría 2 tiene restricción de atención al cliente, Curaduría 3 funciona con normalidad en próximos días implementarán consultas virtuales, Curaduría 4: funciona con normalidad, Curaduría 5: se debe solicitar cita para radicar expedientes, los anexos de cada expediente se pueden enviar de forma virtual, de igual manera conceptos y consultas de forma virtual.
• Secretaria de Planeación Municipios: están funcionando de manera normal hasta la fecha.
• Super Cade: están trabajando de forma normal hasta el momento.
• Notarias: Están atendiendo de forma normal.
• Oficinas de registro: están funcionando de forma normal hasta el momento, se anota que la página de la entidad se encuentra en mantenimiento el día de hoy
Las entidades se encuentran es espera de resolución en la cual se establezcan las restricción de atención a público o cierre conforme a los lineamientos que para el efecto determine el Gobierno Nacional y local.
Estaremos enviando las actualización correspondientes a medida que se tomen decisiones.
Durante los próximos días todas las sociedades, en cumplimiento del artículo 422 del Código de Comercio, deberán realizar las reuniones ordinarias de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios y de Junta Directiva, en el caso de las sociedades que cuenten con ella, para examinar la situación de la sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio social y distribuir utilidades, de ser el caso.
Ante la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través del cual busca evitar la congregación de personas en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos sociales, facilitando mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, y ha tomado las siguientes medidas, las cuales son igualmente aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL):
1. Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que a la fecha de publicación del citado Decreto en el Diario Oficial (13 de marzo de 2020), hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social, podrán, hasta un día hábil antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, esto es, bajo el mecanismo de reunión no presencial.
2. En dicho alcance se deberá establecer el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios, sus apoderados y miembros de Junta Directiva.
3. El alcance de la convocatoria se deberá hacer por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria.
4. El representante legal deberá dejar constancia en el acta de la respectiva reunión, sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.
5. El representante legal deberá verificar la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto socios, sus apoderados, o miembros de Junta Directiva.
Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Junta de Socios, de Asamblea General de Accionistas o de Junta Directiva, cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, teniendo en cuanta la actual situación sanitaria, el Ministerio ha señalado que, por “todos los socios o miembros”, deberá entenderse que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente.
Reiteramos que las anteriores medidas serán igualmente aplicables a todos los órganos sociales, estos son, tanto los órganos societarios como las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas Directivas, como a las Entidades sin Ánimo de Lucro, ya sea en reuniones ordinarias o extraordinarias, así como a las reuniones mixtas, entendiéndose por estas, las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados, los miembros de Junta Directiva, fundadores o asociados.
31/03/2020
Mediante la Resolución 0030 del 29 de marzo 2020, la DIAN adopta medidas de urgencia para garantizar la prestación de los servicios por parte de la entidad. En específico, se toman las siguientes decisiones:
En materia aduanera, la suspensión no aplica para i) las obligaciones relativas al arribo de mercancías, ii) las obligaciones relativas al régimen de importación ordinaria, iii) los términos para el pago consolidado de tributos aduaneros, y iv) las obligaciones relativas a la declaración especial de importación, en relación con los usuarios de zonas francas.
28/03/2020
Mediante la Resolución 445 del 27 de marzo de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece excepciones a las prohibiciones de exportación establecidas en el Decreto 462 de 2020. La medida no aplicará a:
Estas excepciones deberán ser justificadas con suficiencia ante la DIAN, y tendrán la misma vigencia que el Decreto 462 de 2020.
26/03/2020
Mediante el Memorando 000054 del 24 de marzo de 2020, la Directora de Gestión de Aduanas de la DIAN imparte instrucciones a los funcionarios responsables de la operación aduanera, sobre medidas preventivas frente al COVID-19.
Estas medidas son:
Este memorando deja sin efecto el memorando 000053 del 18 de marzo de 2020.
23/03/2020
Mediante el Decreto 462 del 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prohíbe la exportación o reexportación de los siguientes productos, según las subpartidas arancelarias definidas:
Para la distribución de los mismos al interior del país se dará prioridad a clínicas, hospitales y otros prestadores de salud. Se implementarán programas de monitoreo para hacer cumplir las disposiciones del Decreto y evitar el acaparamiento y distribución ineficiente de los productos. Si se determina que hay abastecimiento suficiente, se podrá autorizar la exportación de los excedentes, sin comprometer el mercado interno.
Esta decisión no aplica para los usuarios amparados por un Plan Vallejo vigente.
23/03/2020
Mediante el Decreto 463 del 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece un arancel de 0% a las importaciones de nación más favorecida a los siguientes productos, de acuerdo a las subpartidas arancelarias específicas:
Se establece un orden de distribución prioritario que deberán obedecer los productores e importadores, iniciando por hospitales, clínicas y otras entidades prestadoras de salud. Esta medida no afecta los programas de desgravación preferencial en Colombia.
La vigencia de estas exenciones es de 6 meses, tras lo cual los aranceles previos serán reestablecidos.
20/03/2020
Mediante el Decreto 436 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decretaron que la vigencia máxima del reconocimiento e inscripción de los usuarios aduaneros permanentes (UAP) y usuarios altamente exportadores (ALTEX) se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020. Este plazo se extenderá de manera automática mientras sigan las condiciones de emergencia por causa del COVID-19.
Los usuarios que tengan aprobada una garantía global con una vigencia hasta el 31 de mayo más 3 meses (31 de agosto de 2020), no deberán constituir garantías adicionales para mantener la condición. Aquellos usuarios cuya garantía no vaya hasta dicha fecha deberán constituir una nueva garantía o modificar la garantía actual, para cubrir esa nueva fecha. Si la emergencia sanitaria supera dichas fechas, los usuarios deberán modificar una vez más la garantía de acuerdo a lo que se establezca en el acto administrativo que sea expedido para ello.
El beneficio de levante automático y pago consolidado de tributos aduaneros para usuarios calificados con riesgo bajo por la DIAN, según el artículo 693 de la Resolución 46 de 2019, empezará a regir desde el 1 de junio de 2020.
Se suspende la obligación de constituir garantía para la importación especial de productos alimenticios y sanitarios (de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 410 de 2020) hasta que concluya la emergencia sanitaria.
Asimismo, se suspende la aplicación de las sanciones por inasistencia a las diligencias ordenadas por la DIAN. Sin embargo, en caso de no asistir a 3 o más, se remitirá un informe a la entidad para el proceso sancionatorio correspondiente.
18/03/2020
Mediante la Resolución No. 000022 del 18 de marzo de 2020 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estableció la suspensión de términos en los procesos y actuaciones administrativas entre el 19 de marzo y 03 de abril en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
En materia aduanera, la suspensión de términos incluye (i) Plazos de autorizaciones o habilitaciones, (ii) Respuesta a requerimientos ordinarios de información, (iii) Plazos internos para hacer visitas, (iv) Tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal, (v) Plazos para reimportar las mercancías exportadas temporalmente, (vi) Plazos para importar menajes y (vii) Plazos para presentar entregas urgentes.
Adicionalmente, establece que, inclusive, se suspenden los términos establecidos para la gestión interna de las solicitudes y denuncias del Servicio Informático Electrónico de PQRS, los plazos para decidir las solicitudes especiales del Registro Único Tributario y en general las peticiones ingresadas a través del Servicio Informático Electrónico pendientes de gestionar.
Como consecuencia de lo anterior, establece que entre el 19 de marzo y 03 de abril tampoco habrá atención de público en las dependencias de las direcciones seccionales de Impuestos, de aduanas y de Impuestos y Aduanas, Delegadas y del Nivel Central.
17/03/2020
Por medio del Decreto 410 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, decidió establecer un arancel de 0% a las importaciones de nación más favorecida de los productos clasificados en 18 subpartidas del Decreto 2153 de 2016. Las subpartidas corresponden a productos médicos, tales como oxígeno, vendas, cauchos (guantes), gasas y compresas, mascarillas de protección, entre otros.
Adicionalmente, el Ministerio decidió establecer, para las empresas de transporte aéreo de carga o pasajeros, un arancel de 0% a las importaciones de nación más favorecida a múltiples productos esenciales para el funcionamiento de esta industria, tales como cristales de vinilo, pintura, etc.
Ambas medidas tendrán una vigencia de seis meses, tras lo cual se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto 2153 de 2016.
17/03/2020
Mediante el Decreto 411 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo autoriza a los Usuarios Operadores de Zonas Francas, durante la vigencia del mismo, a permitir que los empleados de la zona franca y de los usuarios de la misma realicen sus labores fuera del área declarada como zona franca, bajo cualquier modalidad de trabajo a distancia. El Usuario Operador podrá autorizar la salida de equipos de telecomunicación necesarios para el desarrollo de estas labores, pero deberá informarlo a la DIAN.
16/03/2020
Mediante la Resolución No. MTOP – DVGT – 2020 – 0001 – R del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, emitida el 15 de marzo de 2020, se suspende el servicio de transporte público internacional de pasajeros a partir de las 00.00 del 16 de marzo hasta el 5 de abril del presente año, en todo el país. Esta medida aplica al transporte terrestre, aéreo y marítimo de personas extranjeras no residentes en territorio ecuatoriano. Esta medida en principio no afecta el transporte de carga, pero para poder ingresar por puestos fronterizos, puertos y aeropuertos, los transportadores de carga deberán acatar los procedimientos sanitarios que para tal efecto decreten las autoridades del país.
En los próximos días estaremos dando información adicional sobre este tema.
Como es de su conocimiento, durante los próximos días, todas las sociedades, en cumplimiento del artículo 422 del Código de Comercio, deberán realizar las reuniones ordinarias de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios y de Junta Directiva, en el caso de las sociedades que cuenten con ella, para examinar la situación de la sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio social y distribuir utilidades, de ser el caso.
Ante la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través del cual busca evitar la congregación de personas en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos sociales, facilitando mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, y ha tomado las siguientes medidas, las cuales son igualmente aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL):
2. En dicho alcance se deberá establecer el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios, sus apoderados y miembros de Junta Directiva.
4. El representante legal deberá dejar constancia en el acta de la respectiva reunión, sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.
3. El alcance de la convocatoria se deberá hacer por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria.
5. El representante legal deberá verificar la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto socios, sus apoderados, o miembros de Junta Directiva.
Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Junta de Socios, de Asamblea General de Accionistas o de Junta Directiva, cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, teniendo en cuanta la actual situación sanitaria, el Ministerio ha señalado que, por “todos los socios o miembros”, deberá entenderse que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente.
Reiteramos que las anteriores medidas serán igualmente aplicables a todos los órganos sociales, estos son, tanto los órganos societarios como las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas Directivas, como a las Entidades sin Ánimo de Lucro, ya sea en reuniones ordinarias o extraordinarias, así como a las reuniones mixtas, entendiéndose por estas, las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados, los miembros de Junta Directiva, fundadores o asociados.
Related
Nuevos plazos para suministrar información en medios magnéticos por el 2019 27/03/2020 Mediante la Resolución No. 000027 del 25 de marzo de 2020 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estableció nuevos plazos para suministrar la información en medios...
Contratación Estatal COVID-19 y contratación estatal 26/03/2020 La contratación estatal no es ajena a los efectos del COVID-19 a continuación, se presentarán las normas adoptadas: Selección del Contratista Medidas transitorias aplicables a procesos de selección...
Calendario Tributario en Bogotá para el pago del impuesto predial unificado y el impuesto predial de vehículos 26/03/2020 Mediante el Decreto No. 93 de 25 de marzo de 2020 la Alcaldía de Bogotá estableció como nuevo plazo máximo para el pago del impuesto predial...
El Banco de la República mediante el Boletín 8 del 28 de febrero de 2020 publicó la Resolución Externa No. 1 de 2020 por la cual modificó la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, en el sentido de incluir a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) y al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) como Intermediarios del Mercado Cambiario; y especificó las operaciones de cambio que pueden realizar.
Adicionalmente, señaló que a partir del 1 de noviembre de 2020 las entidades públicas de redescuento que deseen desarrollar operaciones de cambio, deben estar inscritas ante el Banco de la República como Intermediarios del Mercado Cambiario.
Puede consultar la Resolución Externa No. 1 de 2020 aquí.
I. Introducción y hechos
La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-447 de 2019, se pronunció sobre la modificación del nombre y sexo de un menor transgénero de 10 años en su registro civil de nacimiento. Lo anterior, toda vez que al nacer se asignó sexo femenino, fue educado como mujer y se registró como: “Lucrecia”. Esta decisión se tomó con fundamento en los siguientes hechos:
a. Cuando el menor nació, los médicos advirtieron una anomalía en la formación de los genitales, la cual les impidió determinar el sexo del bebé dentro de los binarios predeterminados. No obstante, le fue sugerido a los padres que lo registraran con sexo femenino y fuera criado bajo esta identidad de género.
b. Si bien se siguieron las recomendaciones médicas, años después le realizaron al menor pruebas genéticas, en las cuales predominaron cromosomas del sexo masculino.
c. El menor que actualmente tiene 10 años, rechazó la crianza femenina provista hasta el momento, escogiendo el nombre “Joaquín” y exigiéndole a su familia, amigos y a la institución educativa a la que asistía, un trato acorde a su identidad de género masculina.
d. Su madre solicitó a la Notaría de Ciudad Violeta que modificara el registro civil de nacimiento de su hijo e incluyera el nombre y el sexo que se ajustara a la identidad de género del menor. No obstante, la oficina no accedió a esta modificación, toda vez que la solicitud no cumplía con los requisitos previstos en los Decretos 1227 de 2015 y 1069 de 2015, la Sentencia T-675 de 2017 y la Instrucción Administrativa 12 de 2018 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a saber:
II. Análisis de la sentencia
Al analizar el caso, la Corte Constitucional determinó que:
a. Debe enfatizarse el reconocimiento del nombre y sexo como elementos de la personalidad jurídica, la cual constituye un axioma básico para la interacción de la persona humana con el mundo jurídico y el entorno social. En ese sentido, le corresponde al Estado brindar mecanismos que les permitan a las personas una adecuación de su nombre y sexo a la construcción del individuo, principalmente, con respecto a su autodeterminación e identidad de género.
Con referencia a lo anterior, la Corte Constitucional reiteró que se ha cambiado el precedente sobre la manera de interpretar el componente “sexo” en el estado civil de las personas, siendo en un principio un dato inmodificable determinado a partir de un criterio biológico. Sin embargo, progresivamente esta Corte ha modificado la comprensión del concepto en mención y en la actualidad, se considera que el sexo está íntimamente relacionado con la identidad de género de cada sujeto.
b. Puntualizó la Corte que la identidad de género es un asunto que responde únicamente a la vivencia y a la autodeterminación de las personas, por lo que su amparo no puede estar condicionada a criterios físicos, médicos o psicológicos de comprobación. Frente a este particular, reiteró la Corte que, si bien existen consideraciones médicas, sociales y psicológicas que indican que, desde los 2 años el individuo tiene consciencia sobre su identidad de género y que la comprensión total del concepto se consolida entre los 5 y 7 años de vida, la identidad de género puede ser modificada en cualquier momento de la vida.
c. Al realizar el análisis sobre el caso particular, en el que la entidad accionada adujo que no podía acceder a las pretensiones sin adelantar un examen diferenciado sobre los componentes cuya modificación se procuraba. En consecuencia, concluyó la Corte que la decisión de no modificar el componente nombre del registro civil de nacimiento vulneró los derechos fundamentales al nombre, a la personalidad jurídica y a la autodeterminación de Joaquín, debido a que todas las personas pueden modificar el nombre inscrito en el registro civil de nacimiento, mediante escritura pública y por una sola vez, incluso los menores de edad a través de la actuación de sus representantes legales.
d. En lo que se refiere a la modificación del sexo, la Corte señaló que si bien las disposiciones no establecieron la posibilidad de realizar este trámite vía escritura pública, el vacío legal en cuanto a la modificación notarial para menores de edad evidencia la transgresión de sus derechos fundamentales.
Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que las manifestaciones del accionante no solo fueron suficientes, sino los únicos elementos relevantes frente a la identidad de género del menor. Toda vez que, en concepto de los magistrados la decisión de Joaquín fue: (i) libre, pues se identificó que no había sido inducida u orientada por otras personas; (ii) informada, al reconocer en varias oportunidades el alcance de la misma; y (iii) cualificada, ya que de cara a la naturaleza de la decisión, esta no tiene un impacto definitivo en la autonomía futura del niño y puede ser modificada transcurridos 10 años.
III. Órdenes impartidas por la Corte Constitucional
De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la Notaría accionada que por medio de escritura pública protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento del accionante.
En el mismo sentido, ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro informar a los notarios del país que los requisitos comunicados en la Instrucción Administrativa 12 de 2018 deben ser leídos conforme al interés superior de los menores de edad y a las consideraciones expuestas en la sentencia.
Finalmente, exhortó al Congreso de la República para que expida una ley en la que diseñe las herramientas de reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género, que incluya el mecanismo notarial y expedito para la modificación del componente sexo del estado civil.
Bogotá, 15 de enero de 2020. Gómez-Pinzón Abogados celebra el nombramiento de tres nuevos socios de la Firma, quienes a partir del 13 de enero ejercen su nuevo rol para fortalecer aún más su liderazgo en las áreas de Corporativo, Fusiones & Adquisiciones, Propiedad Intelectual, Competencia, y Energía & Recursos Naturales.
Los asociados que asumen como socios son Juan David Quintero, experto en fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas, así como en fondos de capital privado, joint ventures y reorganizaciones de grupos empresariales; Juanita Pérez Botero, experta en asuntos relacionados con derechos de propiedad intelectual y sistemas de franquicias; y José Luis Palacios, experto en transacciones y aspectos materiales de la industria energética y con amplia trayectoria en la industria de servicios petroleros.
“Estos ascensos son un reconocimiento a los abogados que han hecho su carrera con nosotros, y que se han destacado por sus cualidades profesionales y personales. Los tres son líderes en sus respectivas áreas de trabajo y nos complace que con ellos lleguemos a ser 21 socios en la Firma”, expresó José Luis Suarez, Socio Director de Gómez-Pinzón.
Adicionalmente, Gómez-Pinzón nombró por primera vez a una Counsel o “Consejera”, cargo que a partir de la misma fecha será ocupado por María Fernanda Restrepo, especialista en el área de Corporativo/Fusiones & Adquisiciones.
“Tener una Counsel en la Firma nos acerca a la experiencia de los más grandes a nivel internacional, que ven en esta figura un líder que se ha formado en la Firma, que cuenta con las más altas capacidades profesionales y está preparada para dirigir y coordinar diferentes iniciativas desde su nuevo rol. María Fernanda lleva trabajando con nosotros más de 25 años, y tiene toda nuestra confianza y respaldo para asumir este reto”, comentó José Luis Suárez.
Sobre nuestros nuevos socios
Socio del Grupo de Práctica Corporativo/Fusiones & Adquisiciones
Socia del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia
Socio del Grupo de Práctica Energía & Recursos Naturales
Consejera del Grupo de Práctica Corporativo/Fusiones & Adquisiciones
La inteligencia artificial (“IA”) está impulsando cambios en múltiples sectores de la economía a nivel nacional e internacional, incluyendo el transporte, la salud, los servicios financieros y, como es de esperarse, los servicios legales. El avance de la IA y el surgimiento de nuevos sistemas automatizados que contribuyen a optimizar los procesos legales, hoy toman lugar en diferentes ámbitos, entre los cuales se encuentran los procesos de debida diligencia en el marco de las transacciones de fusiones y adquisiciones. Estas herramientas han empezado a ser exploradas e implementadas en las firmas de abogados más importantes a nivel mundial, por lo que se anticipa que las mismas entren al mercado nacional como uno de los principales y más novedosos adelantos del Legaltech para el año 2020.
El desarrollo de nuevas tecnologías de IA en materia legal es un asunto transfronterizo que se enfoca, básicamente, en la revisión de miles de documentos legales en cuestión de segundos. Aunque su refinamiento sigue siendo un elemento por mejorar, estas herramientas tienen la capacidad de sofisticar y agilizar los procesos “engorrosos” de las debidas diligencias realizadas en las firmas de abogados del país. Es por esta razón que las firmas de abogados deberán preguntarse si una herramienta como estas puede adaptarse a su particular modelo de servicios y viceversa. No obstante, surgen dudas sobre el alcance que estas herramientas de IA pueden llegar a tener, y si, al menos en materia de debida diligencia, tiene la capacidad de reemplazar un importante porcentaje del trabajo de los abogados.
Esta cuestión tiene, desde un nivel de servicios transaccionales, al menos dos aristas importantes: (i) si el trabajo de la IA, en el contexto de la debida diligencia para completar una transacción de fusiones y adquisiciones, basta para completar la revisión del nivel que la ley y jurisprudencia suponen para que el comprador se considere “un buen hombre de negocios”, y (ii) el nivel de sofisticación, que desde un punto de vista práctico se requiere de estas herramientas de IA, para que el trabajo del abogado sea en efecto más eficiente y de alta calidad. Lo anterior, sin considerar las cuestiones de sofisticación tecnológica, debates éticos o filosóficos que las IA normalmente conllevan.
Actualmente existen múltiples herramientas tecnológicas que consiguen que los ordenadores logren almacenar y ordenar la información suministrada y con ella, razonar y tomar decisiones de manera independiente. Sin embargo, estas herramientas solo funcionan en la medida en la que se les alimente con la mayor cantidad de información posible (datos) y de la manera correcta, pues sus resultados se basan en la búsqueda de patrones en los datos proporcionados. Por lo tanto, para obtener resultados en los procesos de debida diligencia durante operaciones de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, es necesario crear formatos con la información que se pretende analizar para que las herramientas de IA logren proporcionar los resultados esperados. En este sentido, las herramientas requieren que abogados interpreten y revisen los resultados, y apliquen los mismos a las necesidades particulares de los clientes.
Si bien estas herramientas tecnológicas lograrán aumentar la eficiencia y la velocidad de los procesos realizados por los abogados, disminuyendo el margen de error manual, aún se encuentran en construcción, tienen costos bastante elevados y su buen funcionamiento todavía depende en un gran nivel de la alimentación, revisión y análisis en detalle de los abogados. Pero, sin lugar a duda, en un futuro esto revolucionará la forma en la que se lleven a cabo los procesos de debida diligencia y con ellos los roles de los abogados.
Por Andrés Felipe Saldarriaga, Asociado del Grupo de Práctica Corporativo, Fusiones & Adquisiciones de GPA.