MinHacienda reglamenta el régimen de compañías holding colombianas
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 598 mediante el cual se reglamenta el régimen de compañías holding colombianas (“CHC”), y se determina el procedimiento que deberá surtirse para acogerse a dicho régimen.
Para que una sociedad pueda acceder al régimen CHC, además de tener como objeto principal la tenencia de valores e inversión en Colombia o en el exterior, deberá contar con al menos tres (3) empleados, demostrar que tiene una dirección propia para la toma de decisiones estratégicas en Colombia y tener un participación directa o indirecta de al menos el 10% de capital de dos o más sociedades colombianas o extranjeras, por un periodo mínimo de doce (12) meses.
Las sociedades que quieran acogerse a este régimen deben presentar ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales – DIAN una solicitud expresa suscrita por el representante legal junto con los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
El Decreto reglamenta, entre otros, los siguientes aspectos para acogerse al régimen CHC:
1. Establece el cálculo para la determinación del porcentaje de participación indirecta de la compañía holding colombiana.
2. Aclara la información que se requiere incluir en la solicitud y fija el procedimiento para su presentación y aprobación.
3. Determina los casos excepcionales en los que se aplica automáticamente el régimen CHC.
4. Señala los documentos que deberán conservarse como soporte de la transacción que da lugar a las ganancias ocasionales exentas de que trata el articulo 896 del Estatuto Tributario.
La lucha global contra el ocultamiento de bienes en el exterior sigue avanzando
En noviembre de 2019 se llevó a cabo en París el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, con el fin de evaluar el progreso realizado en los últimos diez años. Estas son algunas de las conclusiones más relevantes del evento.
En 2010, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, también conocida como la Convención Multilateral, fue abierta a la firma de todos los países miembros del Foro. Bajo esta Convención, la información para fines fiscales se puede intercambiar entre aproximadamente 130 países. Hoy, 10 años después, se han recibido más de 250 mil solicitudes de información que lograron la recuperación de casi 7.500 millones de euros de ingresos fiscales adicionales.
Prácticamente todos los miembros del Foro Global han eliminado el secreto bancario frente a las administraciones tributarias. Para ello, desde 2009 casi 70 países han realizado cambios en sus regímenes y prácticas regulatorias.
Alrededor del 90% de los países miembros del Foro Global no permiten la emisión de acciones al portador[1]. Además, desde 2017 este ha asumido el desafío de asegurar la disponibilidad de la información sobre beneficiarios reales[2]; es decir, que no debe ser posible que los evasores oculten bienes en el exterior mediante el uso de entidades o estructuras “opacas”.
La mayoría de los países miembros del Foro Global tenían deficiencias en la disponibilidad de registros contables. Las brechas en los marcos regulatorios han sido abordadas por prácticamente todos ellos, y el enfoque ahora está en garantizar que la correspondiente normativa sea aplicada y supervisada.
Por último, desde 2017 los países miembros del Foro Global comenzaron el intercambio automático de información sobre cuentas financieras (cerca de 100 países ya intercambian información automáticamente). En el mismo año fue intercambiada información sobre más de 11 millones de cuentas financieras, cifra que aumentó en 2018 a 47 millones. Esto representa una cantidad masiva de inversiones offshore por un valor total aproximado de 4,9 billones de euros.
¿Qué pasa en Colombia?
En Colombia la lucha contra el ocultamiento de bienes fuera del país también está avanzando. En 2014 Colombia se adhirió a la Convención Multilateral. En el mismo año firmó un Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes comprometiéndose a ser parte de la primera ola de intercambio automático de información en 2017. De acuerdo con la página de la OCDE, actualmente Colombia puede recibir información automáticamente de 95 países.
Entre el 2014 y el 2019, Colombia ha creado impuestos de normalización tributaria a cargo de quienes han omitido bienes en sus declaraciones tributarias. Por haber revelado los bienes que poseen en el exterior y pagado el impuesto (a una tarifa relativamente baja -entre el 10% y el 15%, según el año de pago del impuesto-), estas personas evitarán que la DIAN llegue a exigirles mayores impuestos y sanciones que, en suma, equivaldrían al valor total del bien omitido.
Además, en 2016 Colombia introdujo el delito de omisión de bienes, el cual ha sido modificado en 2018 y 2019. Aquel que omita bienes en su declaración de renta, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (año 2020: $4.389.015.000), incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, pudiendo esta pena aumentar hasta la mitad dependiendo del valor de los bienes omitidos.
Si las medidas del Foro Global siguen avanzando como hasta ahora, quizá la pregunta que deben hacerse quienes continúan ocultando bienes en el exterior no es si los bienes serán identificados por la DIAN y/o por la Fiscalía, sino cuándo serán identificados, y si serán identificados en cabeza suya o en cabeza de sus descendientes.
Por Ignacio Rafael Vélez, Socio del Grupo de Práctica Tributario & Aduanas de GPA.
[1] Las acciones al portador son instrumentos negociables que otorgan propiedad de una entidad y estatus de accionista a la persona que posee los certificados de acciones. La transferencia de acciones al portador solo requiere la entrega del certificado al nuevo propietario. La propiedad es, por lo tanto, basada en la posesión física del certificado de acciones.
[2] Los beneficiarios reales son las personas naturales que ejercen control efectivo y/o propiedad sobre una entidad.
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DIAN reglamentó retención en la fuente de IVA para prestadores de servicios digitales desde el exterior
Por medio de la expedición de la Resolución 49 del 1 de agosto de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó la retención en la fuente a título de IVA para los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior. Esta retención deberá ser practicada por los agentes retenedores en el momento del pago o abono en cuenta a los proveedores del exterior, quienes podrán solicitar por una única vez la aplicación de este mecanismo. Están calificados como agentes de retención, para estos efectos, (i) las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito; (ii) los vendedores de tarjetas prepago; (iii) los recaudadores de efectivo a cargo de terceros; (iv) las entidades emisoras de otros medios de pago, y (v) todos los demás agentes retenedores que recauden, a través de cualquier otro medio de pago, estos servicios electrónicos o digitales.
El valor del impuesto deberá ser informado por los prestadores de servicios electrónicos o digitales a los usuarios, al momento de efectuar la transacción correspondiente. En todo caso, y hasta tanto los agentes retenedores comiencen a practicar la retención en la fuente a título de IVA, los prestadores de servicios desde el exterior deberán cumplir con la presentación de sus declaraciones de IVA, siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución 51 de 2018.
Con el fin de acogerse a este procedimiento, los prestadores de servicios electrónicos o digitales deberán elevar la solicitud ante la DIAN, incluyendo la información solicitada para tal efecto, tales como la razón o denominación social, poder debidamente otorgado por el representante legal y los documentos que acrediten la existencia y representación legal del prestador de servicios desde el exterior (como, por ejemplo, el equivalente al certificado de cámara de comercio). Adicionalmente, la DIAN podrá designar el listado de prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior a quienes se les deberá practicar esta retención en la fuente.
Estaremos muy atentos en caso de que requieran de nuestros servicios para la solicitud de suscripción ante la DIAN, o para resolver cualquier inquietud al respecto.
Boletín GPA Novedades de Comercio Exterior (Enero 2019)
Circular No. 000006 del 31 de diciembre de 2018, expedida por la DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) expidió la Circular No. 000006, por medio de la cual establece los lineamientos para dar aplicación a la modificación sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (“IVA”) en la importación de productos terminados producidos en zona franca con componentes nacionales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de Financiamiento) contiene una modificación respecto del artículo 458 del Estatuto Tributario, eliminando la base gravable especial en las importaciones para las zonas francas declaradas antes del 31 de diciembre de 2012. Así las cosas, se unificó la base gravable para los bienes importados desde zona franca al territorio aduanero nacional (“TAN”), estableciendo que para estas operaciones se debe sumar a la base gravable el componente nacional exportado para producir el bien final.
En este sentido, los lineamientos expedidos por la DIAN incluyen que:
1. Cuando los productos que salgan de la zona franca hacia el TAN hayan sido elaborados en un 100% con componentes nacionales o desaduanados no será necesario presentar declaración de importación; y el IVA para los bienes gravados se liquidará en la correspondiente factura de venta.
2. Para los bienes producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales o desaduanados y componentes extranjeros, se deberá presentar una declaración de importación incluyendo el valor agregado nacional como un ajuste al valor FOB de las mercancías; y el IVA será liquidado de acuerdo con las normas aplicables en materia de base gravable en operaciones de importación.
Cabe anotar que en tanto se ajusta el sistema informático SYGA de la DIAN para hacer efectiva esta disposición, se encuentra autorizado el trámite manual para la presentación de declaraciones de importación.
La Dian y el principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil
Columna de opinión escrita por Ignacio Vélez Vergara, socio del Grupo de Práctica Tributario, para Ámbito Jurídico.
La fiducia mercantil es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere a título de aporte, es decir a cambio de derechos fiduciarios, uno o más bienes a otra, en este caso una fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de un beneficiario que puede ser él mismo o un tercero.
El conjunto de bienes transferidos a la fiduciaria bajo el contrato de fiducia mercantil es lo que conforma un patrimonio autónomo. Este, aunque no es persona jurídica, es receptor de derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por la fiduciaria en cumplimiento del contrato de fiducia.
Por regla general, los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Los obligados a declarar los activos y pasivos, así como los ingresos, costos y gastos del patrimonio autónomo, son los fideicomitentes beneficiarios, en las mismas condiciones tributarias que si los poseyeran y realizaran directamente.
También por regla general los patrimonios autónomos no son sujetos de retención en la fuente por impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Son sujetos de la retención los fideicomitentes beneficiarios sobre el valor de las utilidades fiduciarias que les sean pagadas o abonadas en cuenta, a las mismas tarifas de retención aplicables a los correspondientes ingresos del patrimonio autónomo.
En todos los casos, los fideicomitentes beneficiarios son los obligados a incluir en su declaración de renta las utilidades por enajenación de sus derechos fiduciarios, en las mismas condiciones tributarias que si lo enajenado hubiera sido el activo fideicomitido.
Todo esto resulta de aplicar el llamado “principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil”.
Me ha sorprendido la más reciente doctrina de la Dian sobre transparencia en contratos de fiducia mercantil.
Primero fue el Concepto 33228 del 2017, en el que la Dian sostuvo que los ingresos percibidos por patrimonios autónomos están sujetos a retención en la fuente si no constituyen rentas exentas, y porque, según la entidad, no están exceptuados de la retención en la fuente. Aplicar este concepto significaría, entre otras cosas, que la base de la retención en la fuente no sea la utilidad fiduciaria, sino los ingresos brutos del patrimonio autónomo, anticipando de esta forma un mayor impuesto en beneficio del fisco y en perjuicio de los fideicomitentes beneficiarios.
Afortunadamente, la Dian aclaró lo dicho al precisar en el Concepto 10610 del 2018, que los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales, excepto cuando se encuentran sometidos a circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas o ganancias ocasionales. Así que, por regla general, la base de la retención en la fuente por impuestos de renta y de ganancias ocasionales en contratos de fiducia mercantil es la utilidad fiduciaria.
Después fue el Concepto 679 del 2018, en el que la Dian concluyó, para efectos de renta y de ganancias ocasionales, que los derechos fiduciarios no “heredan” el tiempo de posesión del activo fideicomitido. Es decir que, si un fideicomitente beneficiario aporta a un patrimonio autónomo un activo fijo que ha poseído por más de dos años, la utilidad en la enajenación de los derechos fiduciarios, si se realiza dentro de los dos años siguientes al aporte, no será una ganancia ocasional gravada a la tarifa del 10 %, sino una renta ordinaria gravada a la tarifa del 33 %.
Señores Dian, donde la norma no distingue no le corresponde distinguir al intérprete. La norma es clara. Los derechos fiduciarios tendrán todas las condiciones tributarias de los bienes aportados al patrimonio autónomo. Las condiciones tributarias comprenden no solo el valor patrimonial como ustedes lo afirman en el Concepto 679 del 2018, sino también el tiempo de posesión para efectos de renta y de ganancia ocasional.
La Dian debe ser consecuente con los avances legislativos en materia de transparencia en contratos de fiducia mercantil, no solo cuando favorezca al fisco, sino también cuando favorezca al contribuyente.
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