Novedades tributarias agosto 2020
1. Inspección tributaria virtual.
En el auto que decrete su práctica, se deberá dejar expresamente indicada la solución digital a utilizar en desarrollo de la diligencia, para conocimiento del contribuyente. Además, se le deberán indicar las pruebas a aportar o a realizar en la fecha de la diligencia, junto con el medio o formato para presentar la información requerida.
2. Inspección contable virtual.
Esta inspección se decretará mediante auto que deberá notificarse de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario. En dicho auto se indicarán lo hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Adicionalmente, se dejará indicada expresamente la solución digital que se empleará en desarrollo de la diligencia, para que el contribuyente disponga de las herramientas necesarias.
3. Visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control en materia tributaria.
Estas visitas virtuales se decretarán mediante Auto Comisorio o Auto de Verificación o Cruce de Información, el cual deberá ser notificado de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario.
Las visitas se realizarán y podrán ser grabadas a través de una herramienta colaborativa que deberá ser informada en el auto.
4. Visita administrativa virtual de control cambiario.
Para comunicar el Auto Comisorio que ordena la práctica de la visita, el funcionario competente remitirá un oficio señalando fecha y hora de inicio de la diligencia, así como el canal de comunicación que se utilizará, con una antelación mínima de un día a la fecha de la práctica de la visita, a la dirección de correo electrónico indicada en el RUT de la persona (natural o jurídica) objeto de la visita.
Estas visitas se realizarán mediante la herramienta colaborativa señalada en el auto comisorio, y una vez concluidas los funcionarios que adelantan la diligencia levantarán un acta que contenga: hechos, pruebas, fundamentos en que se sustenta, fecha y hora de inicio y cierre, incluyendo la oportunidad para el visitado de dejar constancia de las observaciones que considere pertinentes.
Las siguientes reglas generales aplican a la práctica de las anteriores Inspecciones y Visitas:
- Grabación de la Inspección o visita:
Para el caso de la Inspección Tributaria Virtual y la Inspección Contable Virtual, la diligencia podrá ser grabada mediante la solución digital que se empleará en desarrollo de la diligencia y una vez concluida, se deberá levantar un acta que contenga: objeto, funcionarios comisionados, hechos, pruebas, observaciones del contribuyente, firma de los intervinientes y fecha de cierre.
Para el caso de las Visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control en materia tributaria, además de lo anterior, los funcionarios que adelanten la diligencia levantarán “Acta de Visita al Contribuyente” (Formato FT-FL2534) que contenga los hechos, pruebas, fundamentos en que se sustenta y fecha de cierre de la misma.
- Pruebas:
- Firma del acta
La firma del acta podrá ser autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según disponibilidad. Una vez concluya la diligencia, los funcionarios comisionados la firmarán e inmediatamente la remitirán al contribuyente mediante la herramienta digital señalada, quien deberá firmarla y retornarla inmediatamente por el mismo medio.
Si el contribuyente, por falta de medios tecnológicos, manifiesta no poder firmarla en ese momento, recibirá del funcionario el acta en formato PDF, debidamente firmada, desde el buzón de correo institucional a la dirección de correo electrónico informada en el RUT de la persona (natural o jurídica) objeto de la inspección. El contribuyente deberá devolverla firmada a más tardar el día hábil siguiente a su recepción. Si alguna de las partes intervinientes se niega a firmar el acta, los funcionarios deberán dejar constancia de ese hecho y de que tal negativa no afectará el valor probatorio de la misma.
Inversión y donación en proyectos de Economía Creativa como herramienta de deducción sobre el Impuesto de Renta
En aras de incentivar el desarrollo de actividades propias de la cultura creativa y en medio de la avalancha legislativa acaecida tras la declaratoria de emergencia económica que trajo consigo el Covid-19, el pasado 26 de mayo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 697, el cual adiciona al Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 del Sector Cultura y reglamenta los artículos 179 y 180 de la Ley 1955 de 2019, Plan de Desarrollo 2018-2020 denominado Colombia Naranja. Dichas adiciones y reglamentaciones versan sobre aspectos de índole tributaria que benefician, no sólo a las Nuevas Industrias, sino también a los inversionistas o donantes en actividades creativas.
El objeto del Decreto 697 de 2020 consiste en la reglamentación del alcance de las Áreas de Desarrollo Naranja -ADN-, cuando, por inversiones o donaciones a proyectos de economía creativa, se genere el incentivo tributario de deducción del 165% del valor de la inversión/donación en el impuesto sobre la renta del contribuyente inversionista/donante, incentivo consagrado en el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019. Dicha inversión o donación a proyectos de economía creativa debe efectuarse en dinero y no podrá exceder el 70% del valor de los proyectos creativos.
Estas Áreas de Desarrollo Naranja son centros donde operan actividades económicas de las Nuevas Industrias, con el propósito de lograr Incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas en escenarios tales como lo editoriales, audiovisuales, fonográficos, artes visuales, artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural· material e inmaterial, educación artística y cultural, diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa. Involucran también cine, tv, videojuegos, animación, publicidad, publicidad digital, música, producción de contenidos digitales, medios de comunicación, así como la cadena de valor desde los procesos de formación, creación, desarrollo, producción, postproducción, circulación, distribución hasta la comunicación pública de los bienes, servicios, obras o contenidos respectivos. La totalidad de estas actividades de economía creativa se encuentran listadas en los códigos CIIU de Cultura y Economía Naranja promovidos por el Ministerio de Cultura y el DANE.
La promoción de las ADN trae para las entidades territoriales, particulares y empresas público-privadas, estímulos tales como las exenciones temporales de un % del impuesto predial y/o de los impuestos por compra o venta de inmuebles, y de la totalidad del pago del impuesto de delineación urbana. La temporalidad de dichas exenciones será determinada por cada gobierno local donde se implemente la ADN.
Serán entonces, destinatarios de este beneficio todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, contribuyentes al impuesto sobre la renta y las micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYMES- que tengan dentro del giro ordinario de sus negocios actividades económicas de carácter creativo.
En consideración a la iniciativa del Gobierno para estimular la reactivación de los sectores de la economía creativa mencionados, puede contemplarse la inversión y donación a estos proyectos como una buena alternativa para aportar a estos fines, pero, además, como una herramienta tributaria atractiva para descontar las cargas del impuesto a la renta o, en su defecto, participar en la negociación de valores.
Por Laura Cristina Herrera, asociada del Grupo de Práctica Propiedad Intelectual & Competencia.
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Reglamentan certificación de proyectos para generación de energía con fuentes no convencionales
Con base en las modificaciones que introdujeron la Ley 1955 y el Decreto 2106 de 2019 a los artículos 11 y 12 de la Ley 1715 de 2014, especialmente en lo que corresponde a la asignación a la Unidad de Planeación Minero – Energética (“UPME”) de la competencia exclusiva para expedir la certificación del proyecto como generador de energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (“FNCE”) y de los equipos y servicios excluidos de IVA, el Presidente de la República expidió el Decreto 829 del 10 de junio de 2020, mediante el cual se reglamenta el procedimiento para la obtención de esta certificación y se toman otras medidas.
El procedimiento para la expedición de la certificación y la aplicación de los beneficios tributarios de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, se incluyó en el artículo 1.2.1.18.78 adicionado al Decreto 1625 de 2016, según el cual se deberán cumplir los siguientes pasos:
- El interesado deberá presentar la solicitud ante la UPME, a través de la ventanilla de trámites dispuesta por la entidad, en la cual se deberá incluir la información detallada del bien y los demás documentos que establezca la UPME.
- Radicada la solicitud, se deberá realizar el pago por concepto de servicios de evaluación, de conformidad con la resolución que establezca las tarifas aplicables para la evaluación de los proyectos de generación de energía a partir de FNCE o de gestión eficiente de la energía.
- Realizado el pago, la UPME verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1715 de 2014, el Decreto 829 de 2020 y los demás actos que se expidan en desarrollo de esta función.
- Si el proyecto de generación a través de FNCE tiene una capacidad mayor a 1MW, previo a la solicitud de la certificación, el interesado deberá inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación de la UPME.
- Una vez analizados todos los requisitos y si el proyecto cumple con estos, la UPME emitirá la certificación correspondiente. En caso de que no se cumplan con los requisitos, se emitirá comunicación informando las razones de la improcedencia de la certificación para el proyecto.
Es importante tener en cuenta que la UPME deberá establecer el procedimiento aplicable a los trámites y requisitos que aquí se relacionan en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de publicación del Decreto en el Diario Oficial.
Con relación a la validez de los certificados expedidos por la UPME se establece que los proyectos que al 31 de diciembre de 2019 tuvieran el concepto favorable emitido por la UPME no deberá realizar ningún trámite adicional para la obtención de los beneficios establecidos tributarios en mención.
Dentro de las modificaciones importantes a ser tenidas en cuenta con base en los artículos adicionados por el Decreto, mediante los artículos 1.2.1.18.71 y 1.2.1.18.74 se estableció respecto al beneficio de deducción en el impuesto sobre la renta por inversiones en proyectos de FNCE o en Gestión Eficiente de la Energía, que los inversionistas podrán aplicar las deducciones a que haya lugar en un periodo no mayor de 15 años contados a partir del año gravable siguiente al año en que haya entrado en operación la inversión, plazo que antes se encontraba limitado en un término máximo de 5 años.
Asimismo, con el objetivo de ejercer control sobre las compañías que adquieran los incentivos y beneficios relacionados con la deducción en el impuesto sobre la renta, mediante el artículo 1.2.1.18.77, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) fue facultada para verificar que (i) los activos integrantes de proyectos de generación de energía a través de FNCE o en Gestión Eficiente de la Energía no se enajenen antes de cumplir su vida útil; y (ii) quienes financien las inversiones en este tipo de proyectos a través de operaciones de leasing financiero y hayan hecho efectiva la deducción, hagan ejercicio de la opción de compra. En caso de incumplirse con alguna de estas condiciones, la DIAN verificará que el inversionista declare la renta por recuperación de deducciones.
Finalmente, el Decreto adicionó los artículos 1.2.1.18.70 a 1.2.1.18.79 y 1.3.1.12.21 y 1.3.1.12.22 al Decreto 1625 de 2016 y derogó las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1073 de 2015.
Lineamientos de los Sistemas de Facturación
En este documento encontrarán los principales lineamientos que estableció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) sobre los sistemas de facturación, mediante la Resolución No. 00042 de 05 de mayo de 2020. Es importante señalar que la citada resolución derogó la Resolución 000055 de 14 de julio de 2016:
MinHacienda reglamenta el régimen de compañías holding colombianas
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 598 mediante el cual se reglamenta el régimen de compañías holding colombianas (“CHC”), y se determina el procedimiento que deberá surtirse para acogerse a dicho régimen.
Para que una sociedad pueda acceder al régimen CHC, además de tener como objeto principal la tenencia de valores e inversión en Colombia o en el exterior, deberá contar con al menos tres (3) empleados, demostrar que tiene una dirección propia para la toma de decisiones estratégicas en Colombia y tener un participación directa o indirecta de al menos el 10% de capital de dos o más sociedades colombianas o extranjeras, por un periodo mínimo de doce (12) meses.
Las sociedades que quieran acogerse a este régimen deben presentar ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales – DIAN una solicitud expresa suscrita por el representante legal junto con los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
El Decreto reglamenta, entre otros, los siguientes aspectos para acogerse al régimen CHC:
1. Establece el cálculo para la determinación del porcentaje de participación indirecta de la compañía holding colombiana.
2. Aclara la información que se requiere incluir en la solicitud y fija el procedimiento para su presentación y aprobación.
3. Determina los casos excepcionales en los que se aplica automáticamente el régimen CHC.
4. Señala los documentos que deberán conservarse como soporte de la transacción que da lugar a las ganancias ocasionales exentas de que trata el articulo 896 del Estatuto Tributario.
La lucha global contra el ocultamiento de bienes en el exterior sigue avanzando
En noviembre de 2019 se llevó a cabo en París el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, con el fin de evaluar el progreso realizado en los últimos diez años. Estas son algunas de las conclusiones más relevantes del evento.
En 2010, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, también conocida como la Convención Multilateral, fue abierta a la firma de todos los países miembros del Foro. Bajo esta Convención, la información para fines fiscales se puede intercambiar entre aproximadamente 130 países. Hoy, 10 años después, se han recibido más de 250 mil solicitudes de información que lograron la recuperación de casi 7.500 millones de euros de ingresos fiscales adicionales.
Prácticamente todos los miembros del Foro Global han eliminado el secreto bancario frente a las administraciones tributarias. Para ello, desde 2009 casi 70 países han realizado cambios en sus regímenes y prácticas regulatorias.
Alrededor del 90% de los países miembros del Foro Global no permiten la emisión de acciones al portador[1]. Además, desde 2017 este ha asumido el desafío de asegurar la disponibilidad de la información sobre beneficiarios reales[2]; es decir, que no debe ser posible que los evasores oculten bienes en el exterior mediante el uso de entidades o estructuras “opacas”.
La mayoría de los países miembros del Foro Global tenían deficiencias en la disponibilidad de registros contables. Las brechas en los marcos regulatorios han sido abordadas por prácticamente todos ellos, y el enfoque ahora está en garantizar que la correspondiente normativa sea aplicada y supervisada.
Por último, desde 2017 los países miembros del Foro Global comenzaron el intercambio automático de información sobre cuentas financieras (cerca de 100 países ya intercambian información automáticamente). En el mismo año fue intercambiada información sobre más de 11 millones de cuentas financieras, cifra que aumentó en 2018 a 47 millones. Esto representa una cantidad masiva de inversiones offshore por un valor total aproximado de 4,9 billones de euros.
¿Qué pasa en Colombia?
En Colombia la lucha contra el ocultamiento de bienes fuera del país también está avanzando. En 2014 Colombia se adhirió a la Convención Multilateral. En el mismo año firmó un Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes comprometiéndose a ser parte de la primera ola de intercambio automático de información en 2017. De acuerdo con la página de la OCDE, actualmente Colombia puede recibir información automáticamente de 95 países.
Entre el 2014 y el 2019, Colombia ha creado impuestos de normalización tributaria a cargo de quienes han omitido bienes en sus declaraciones tributarias. Por haber revelado los bienes que poseen en el exterior y pagado el impuesto (a una tarifa relativamente baja -entre el 10% y el 15%, según el año de pago del impuesto-), estas personas evitarán que la DIAN llegue a exigirles mayores impuestos y sanciones que, en suma, equivaldrían al valor total del bien omitido.
Además, en 2016 Colombia introdujo el delito de omisión de bienes, el cual ha sido modificado en 2018 y 2019. Aquel que omita bienes en su declaración de renta, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (año 2020: $4.389.015.000), incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, pudiendo esta pena aumentar hasta la mitad dependiendo del valor de los bienes omitidos.
Si las medidas del Foro Global siguen avanzando como hasta ahora, quizá la pregunta que deben hacerse quienes continúan ocultando bienes en el exterior no es si los bienes serán identificados por la DIAN y/o por la Fiscalía, sino cuándo serán identificados, y si serán identificados en cabeza suya o en cabeza de sus descendientes.
Por Ignacio Rafael Vélez, Socio del Grupo de Práctica Tributario & Aduanas de GPA.
[1] Las acciones al portador son instrumentos negociables que otorgan propiedad de una entidad y estatus de accionista a la persona que posee los certificados de acciones. La transferencia de acciones al portador solo requiere la entrega del certificado al nuevo propietario. La propiedad es, por lo tanto, basada en la posesión física del certificado de acciones.
[2] Los beneficiarios reales son las personas naturales que ejercen control efectivo y/o propiedad sobre una entidad.
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DIAN reglamentó retención en la fuente de IVA para prestadores de servicios digitales desde el exterior
Por medio de la expedición de la Resolución 49 del 1 de agosto de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentó la retención en la fuente a título de IVA para los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior. Esta retención deberá ser practicada por los agentes retenedores en el momento del pago o abono en cuenta a los proveedores del exterior, quienes podrán solicitar por una única vez la aplicación de este mecanismo. Están calificados como agentes de retención, para estos efectos, (i) las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito; (ii) los vendedores de tarjetas prepago; (iii) los recaudadores de efectivo a cargo de terceros; (iv) las entidades emisoras de otros medios de pago, y (v) todos los demás agentes retenedores que recauden, a través de cualquier otro medio de pago, estos servicios electrónicos o digitales.
El valor del impuesto deberá ser informado por los prestadores de servicios electrónicos o digitales a los usuarios, al momento de efectuar la transacción correspondiente. En todo caso, y hasta tanto los agentes retenedores comiencen a practicar la retención en la fuente a título de IVA, los prestadores de servicios desde el exterior deberán cumplir con la presentación de sus declaraciones de IVA, siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución 51 de 2018.
Con el fin de acogerse a este procedimiento, los prestadores de servicios electrónicos o digitales deberán elevar la solicitud ante la DIAN, incluyendo la información solicitada para tal efecto, tales como la razón o denominación social, poder debidamente otorgado por el representante legal y los documentos que acrediten la existencia y representación legal del prestador de servicios desde el exterior (como, por ejemplo, el equivalente al certificado de cámara de comercio). Adicionalmente, la DIAN podrá designar el listado de prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior a quienes se les deberá practicar esta retención en la fuente.
Estaremos muy atentos en caso de que requieran de nuestros servicios para la solicitud de suscripción ante la DIAN, o para resolver cualquier inquietud al respecto.
Boletín GPA Novedades de Comercio Exterior (Enero 2019)
Circular No. 000006 del 31 de diciembre de 2018, expedida por la DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) expidió la Circular No. 000006, por medio de la cual establece los lineamientos para dar aplicación a la modificación sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (“IVA”) en la importación de productos terminados producidos en zona franca con componentes nacionales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de Financiamiento) contiene una modificación respecto del artículo 458 del Estatuto Tributario, eliminando la base gravable especial en las importaciones para las zonas francas declaradas antes del 31 de diciembre de 2012. Así las cosas, se unificó la base gravable para los bienes importados desde zona franca al territorio aduanero nacional (“TAN”), estableciendo que para estas operaciones se debe sumar a la base gravable el componente nacional exportado para producir el bien final.
En este sentido, los lineamientos expedidos por la DIAN incluyen que:
1. Cuando los productos que salgan de la zona franca hacia el TAN hayan sido elaborados en un 100% con componentes nacionales o desaduanados no será necesario presentar declaración de importación; y el IVA para los bienes gravados se liquidará en la correspondiente factura de venta.
2. Para los bienes producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales o desaduanados y componentes extranjeros, se deberá presentar una declaración de importación incluyendo el valor agregado nacional como un ajuste al valor FOB de las mercancías; y el IVA será liquidado de acuerdo con las normas aplicables en materia de base gravable en operaciones de importación.
Cabe anotar que en tanto se ajusta el sistema informático SYGA de la DIAN para hacer efectiva esta disposición, se encuentra autorizado el trámite manual para la presentación de declaraciones de importación.
La Dian y el principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil
Columna de opinión escrita por Ignacio Vélez Vergara, socio del Grupo de Práctica Tributario, para Ámbito Jurídico.
La fiducia mercantil es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere a título de aporte, es decir a cambio de derechos fiduciarios, uno o más bienes a otra, en este caso una fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de un beneficiario que puede ser él mismo o un tercero.
El conjunto de bienes transferidos a la fiduciaria bajo el contrato de fiducia mercantil es lo que conforma un patrimonio autónomo. Este, aunque no es persona jurídica, es receptor de derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por la fiduciaria en cumplimiento del contrato de fiducia.
Por regla general, los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Los obligados a declarar los activos y pasivos, así como los ingresos, costos y gastos del patrimonio autónomo, son los fideicomitentes beneficiarios, en las mismas condiciones tributarias que si los poseyeran y realizaran directamente.
También por regla general los patrimonios autónomos no son sujetos de retención en la fuente por impuestos de renta ni de ganancias ocasionales. Son sujetos de la retención los fideicomitentes beneficiarios sobre el valor de las utilidades fiduciarias que les sean pagadas o abonadas en cuenta, a las mismas tarifas de retención aplicables a los correspondientes ingresos del patrimonio autónomo.
En todos los casos, los fideicomitentes beneficiarios son los obligados a incluir en su declaración de renta las utilidades por enajenación de sus derechos fiduciarios, en las mismas condiciones tributarias que si lo enajenado hubiera sido el activo fideicomitido.
Todo esto resulta de aplicar el llamado “principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil”.
Me ha sorprendido la más reciente doctrina de la Dian sobre transparencia en contratos de fiducia mercantil.
Primero fue el Concepto 33228 del 2017, en el que la Dian sostuvo que los ingresos percibidos por patrimonios autónomos están sujetos a retención en la fuente si no constituyen rentas exentas, y porque, según la entidad, no están exceptuados de la retención en la fuente. Aplicar este concepto significaría, entre otras cosas, que la base de la retención en la fuente no sea la utilidad fiduciaria, sino los ingresos brutos del patrimonio autónomo, anticipando de esta forma un mayor impuesto en beneficio del fisco y en perjuicio de los fideicomitentes beneficiarios.
Afortunadamente, la Dian aclaró lo dicho al precisar en el Concepto 10610 del 2018, que los patrimonios autónomos no son contribuyentes de impuestos de renta ni de ganancias ocasionales, excepto cuando se encuentran sometidos a circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas o ganancias ocasionales. Así que, por regla general, la base de la retención en la fuente por impuestos de renta y de ganancias ocasionales en contratos de fiducia mercantil es la utilidad fiduciaria.
Después fue el Concepto 679 del 2018, en el que la Dian concluyó, para efectos de renta y de ganancias ocasionales, que los derechos fiduciarios no “heredan” el tiempo de posesión del activo fideicomitido. Es decir que, si un fideicomitente beneficiario aporta a un patrimonio autónomo un activo fijo que ha poseído por más de dos años, la utilidad en la enajenación de los derechos fiduciarios, si se realiza dentro de los dos años siguientes al aporte, no será una ganancia ocasional gravada a la tarifa del 10 %, sino una renta ordinaria gravada a la tarifa del 33 %.
Señores Dian, donde la norma no distingue no le corresponde distinguir al intérprete. La norma es clara. Los derechos fiduciarios tendrán todas las condiciones tributarias de los bienes aportados al patrimonio autónomo. Las condiciones tributarias comprenden no solo el valor patrimonial como ustedes lo afirman en el Concepto 679 del 2018, sino también el tiempo de posesión para efectos de renta y de ganancia ocasional.
La Dian debe ser consecuente con los avances legislativos en materia de transparencia en contratos de fiducia mercantil, no solo cuando favorezca al fisco, sino también cuando favorezca al contribuyente.
Haga clic aquí para ver el artículo original.
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