Inmobiliario Tag

Gómez-Pinzón continúa posicionada como firma líder en rankings de Chambers

• En la guía para Latinoamérica, 2021, fuimos rankeados en 13 áreas diferentes.
• En esta misma guía, 23 abogados fueron rankeados en 15 áreas.
• José Luis Suárez fue nombrado “Eminent Practitioner” por segundo año consecutivo.

Bogotá, 03 de septiembre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados ha sido reconocida nuevamente por Chambers & Partners como una de las firmas líder del mercado legal colombiano, según los resultados publicados en la Guía para Latinoamérica 2021. En total, la firma fue incluida en 13 áreas de práctica diferentes, y 23 abogados fueron rankeados en 15 especialidades, incluyendo 16 socios, 2 directores y 5 asociados senior.

Entre los diferentes rankings, Gómez-Pinzón nuevamente fue posicionado en la Banda 1 de las prácticas de Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, y Resolución de Conflictos, mientras que las prácticas de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Energía y Recursos Naturales (que incluye energía, hidrocarburos, ambiental), Minería, Inmobiliario y Tributario fueron rankeadas en la Banda 2.

José Luis Suárez Parra, socio director de Gómez-Pinzón y quien fue nombrado por segundo año consecutivo como Eminent Practitioner para la práctica de Mercado de Capitales, comentó:

“La guía de Chambers nos permite ver una perspectiva internacional del mercado colombiano legal, y este año los rankings no son diferentes y ratifican el liderazgo y proyección que tenemos en Gómez-Pinzón. Por esta razón, nos sentimos honrados de haber sido incluidos nuevamente en esta publicación, en especial porque estamos convencidos de que lo más importante es la satisfacción de nuestros clientes, que son quienes dan los comentarios y opiniones que dan la pauta para este reconocimiento”.

Los rankings fueron publicados el día de hoy por Chambers & Partners, una publicación inglesa que basa su investigación del sector legal global en una metodología que integra los casos suministrados por las firmas de abogados, las referencias y comentarios directos de los clientes, y la evaluación entre las firmas competidoras.

Gómez-Pinzón asesoró venta de derechos fiduciarios del Centro Comercial Calima a Mallplaza

• La transacción cerró un mes y medio después de iniciadas las negociaciones.
• La adquisición marca la llegada de Mallplaza a Bogotá y abre la puerta a la llegada de Ikea a Colombia.
• El valor de la operación no fue revelado.

Bogotá, 19 de agosto de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró al Fondo de Capital Privado Nuevomundo – Compartimiento Nuevomundo I en la venta del cien por ciento (100%) de sus derechos fiduciarios en el Fideicomiso Calima Centro Comercial y en el Fideicomiso Arrendamientos Calima Bogotá al Compartimento Uno del Fondo de Capital Privado Mallplaza, transacción que incluyó la adquisición de un crédito otorgado por el Banco Davivienda  por parte del comprador. El valor de la operación no fue revelado.

Por medio de esta transacción, que se desarrolló en un tiempo récord de un mes y medio luego de iniciarse las negociaciones entre las partes e involucró a múltiples terceros, se consolida la adquisición por parte de Mallplaza de aproximadamente cuatrocientos cuarenta (440) inmuebles correspondientes a tiendas y establecimientos comerciales en el Centro Comercial Calima, y los derechos económicos derivados de los contratos de arrendamiento sobre dichos inmuebles. Esta adquisición también marca la llegada de Mallplaza a la capital del país, y permitirá la entrada de la marca Ikea al mercado colombiano.

Gómez-Pinzón acompañó a Nuevomundo en todos los aspectos y negociaciones de la transacción, incluyendo asuntos complejos relacionados con Fusiones y Adquisiciones, Derecho Tributario y Derecho Inmobiliario. El equipo de GPA fue liderado por los socios Felipe Mariño y Mauricio Piñeros, así como por los asociados Juan Pablo Caicedo De Castro y Juan Pablo Arenas.

La nueva realidad del sector Inmobiliario en Colombia

Distintas publicaciones como The Economist, The New York Times y la Revista Semana han advertido en los últimos días los retos que está viviendo el sector inmobiliario, en particular el comercio y las oficinas, producto de los efectos económicos generados por la pandemia derivada del COVID-19 y las distintas medidas de confinamiento y bioseguridad adoptadas por los gobiernos a nivel mundial.

Seguramente, el comercio, particularmente los centros comerciales conformados por almacenes de departamentos y oficinas, como los conocemos hoy en día, o mejor como los conocíamos antes de marzo de 2020 van a sufrir una importante transformación no solo en los espacios físicos sino en la destinación de los usos existentes, dando espacio a otro tipo de servicios conforme con la nueva demanda del mercado inmobiliario.

Esta nueva realidad representará importantes retos en materia inmobiliaria y urbanística en Colombia, tanto para los particulares como para las autoridades locales. En efecto, en el corto plazo los empresarios y propietarios de este tipo de activos inmobiliarios requerirán, en muchos casos, modificar sus licencias urbanísticas para darle paso a nuevos usos que, bajo sus licencias urbanísticas, no están contemplados o están muy limitados. En el mediano y corto plazo, las autoridades locales, si actúan responsablemente, tendrán que contemplar también mayor flexibilidad en los planes de ordenamiento territorial para la coexistencia y mezcla de usos, de manera que esos cambios se puedan realizar de manera ágil y eficiente, y acorde con la velocidad que demanda el mercado.

Lo anteriormente señalado tiene diferentes causas, todas producto de los efectos que ha traído consigo el COVID-19, entre las cuales se encuentran las siguientes, que además deben tener muy presente los propietarios de oficinas y locales comerciales:

Por un lado, es bastante probable que las decisiones de compra de dichos bienes se vean postergadas por un buen tiempo, el cual puede oscilar entre 6 y 8 meses, así como el nivel de la demanda de estas, lo cual se traducirá en un desajuste la disposición y el requerimiento de dichos activos.  Por otro lado, el alquiler de los mismos ha soportado y lo seguirá haciendo una tendencia hacia la baja, consecuencia directa del dramático recorte de ingresos que han tenido los arrendatarios, producto, en la gran mayoría de los casos, de la pérdida de empleo, circunstancia que puede llegar a generar diferencias entre las inmobiliarias, los arrendadores y los propietarios de las oficinas.

Las causas antes referidas producirán un considerable aumento de oferta de oficinas y locales comerciales, lo que, en términos económicos, generará per se, como ya se está evidenciando, una disminución de su precio de venta o alquiler, lo que seguramente promoverá la revisión de los actuales negocios jurídicos de que son objeto dichos inmuebles, lo que aparejará su renegociación.

Ante el panorama hasta acá expuesto en cuanto a los retos a los que se enfrenta el sector privado y los efectos que ha tenido y seguirá soportando como consecuencia del COVID-19, es esencial que dicho sector, a través de una asesoría jurídica especializada en las áreas de derecho urbanístico e inmobiliario, estructure acciones a través de las cuales se puedan prevenir, en la medida de lo posible dichos efectos o, en su defecto, mitigarlos, tales como, la revisión de las actuales licencias urbanísticas y planes de ordenamiento territorial -entre otros instrumentos-, la revisión de los contratos actualmente vigentes de los que son objeto los inmuebles referidos en este artículo, y la determinación de los riesgos que se podrían llegar a concretar en un escenario de resolución de conflictos, v. gr., un proceso judicial.

De no pensar en lo anterior, la falta de adecuación de activos inmobiliarios a la nueva demanda o coexistencia de usos, inevitablemente desencadenará un mayor impacto en los efectos económicos que hasta la fecha ha percibido el sector inmobiliario, el cual representa un papel muy importante en la economía del País.

Es por esto que, lo invitamos a replantear sus necesidades frente a la destinación que actualmente presentan sus activos, conforme con las nuevas tendencias y demanda en materia de usos, evitando así un mayor impacto económico e inclusive una repercusión frente a la eventual devaluación en sus activos.

Para esto recomendable revisar la situación actual y real de sus activos frente a la dinámica del mercado, y en caso de requerirse, obtener un acompañamiento idóneo en la modificación de sus licencias urbanísticas, al igual que en la adecuación física de los inmuebles, conforme las nuevas exigencias legales requeridas para la destinación de los nuevos usos.

Por María Camila Parra (asociada senior), y Paola Garzón (asociada) del Grupo de Práctica Inmobiliario & Urbanístico de Gómez-Pinzón Abogados.

El COVID-19 y la ejecución de licencias urbanísticas vigentes

De acuerdo con la ley colombiana, las licencias urbanísticas son actos administrativos de carácter particular y concreto, mediante los cuales se otorga a un particular interesado el derecho de construcción y desarrollo, bien sea parcelando, urbanizando o construyendo en los predios objeto de la licencia[1].

A su turno, dichos actos establecen en cabeza del titular obligaciones en cuanto a la ejecución de obras de urbanización o construcción, entre ellas la dotación y entrega material y jurídica de zonas verdes, equipamientos, e infraestructura vial y de servicios públicos, para lo cual se prevé un término de vigencia de 6, 12, 24 o 36 meses, dependiendo de la clase o modalidad de licencia otorgada[2].

En tal sentido, mientras estén vigentes las licencias, los titulares cuentan con el derecho de desarrollar y construir, y, de manera concomitante, también cuentan con la responsabilidad de ejecutar sus obligaciones urbanísticas.

Ahora bien, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de 2020, con el objeto de afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19, es necesario cuestionarse sobre los efectos que estas puedan generar respecto de aquellas licencias urbanísticas que actualmente se encuentran vigentes para su ejecución.

El estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el presidente de la República, junto con el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes en la República de Colombia, hacen que los titulares de las licencias urbanísticas se encuentren, durante el periodo que dure el confinamiento obligatorio, frente una imposibilidad en cuanto a su ejecución, pese a que las mismas se encuentren vigentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de las licencias necesariamente implica la circulación de personas en el territorio nacional y la ejecución de actividades que no se encuentran exentas en el marco del Decreto 457 de 2020.[3]

No obstante, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 491 de 2020, previó en su artículo 8º que en aquellos casos en los cuales las licencias se venzan durante el término de la Emergencia Sanitaria declarada y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión a las medidas adoptadas para conjurarla, dichas licencias se entenderán prorrogadas hasta por un (1) mes adicional contado a partir de la superación de la emergencia económica, social y ecológica, momento en el cual el titular deberá iniciar el trámite correspondiente para obtener su prórroga.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que la mencionada disposición no hace referencia alguna respecto de aquellas licencias que durante la emergencia económica, social y ecológica no pierdan su vigencia.

Tal situación deja en un limbo jurídico a los titulares de las licencias que permanecen vigentes, pues no hay claridad en que la vigencia de dichos actos se prorrogue durante el término que perdure la medida de confinamiento.

Esto implica que, en la práctica, los desarrolladores y titulares de esas licencias tendrán menos tiempo para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, pues estarán imposibilitados para ejecutar dichos actos administrativos mientras perduren las medidas impuestas por el Gobierno Nacional.

Por lo anterior, se hace necesario exhortar al Gobierno Nacional para que ordene la suspensión del término de vigencia de las licencias (en todas sus modalidades), durante el tiempo que perduren las medidas impuestas para conjurar la emergencia económica, social y ecológica, teniendo en cuenta la imposibilidad en la que se encuentran sus titulares frente a la ejecución de dichos actos administrativos.

Por María Camila Parra y Paola Garzón, Asociadas del Grupo de Práctica Inmobiliario & Urbanístico de GPA.

[1] Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015.

[2] El artículo 2.2.6.1.2.4.1. del Decreto 1077 de 2015, modificado por los Decretos 2218 de 2015, 1197 y 2013 de 2017, establece que las licencias de urbanización, las licencias de parcelación y de construcción, las licencias de intervención y ocupación del espacio público y las revalidaciones, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses; las licencias de parcelación para saneamiento, tienen una vigencia de doce (12) meses no prorrogables; cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización en las modalidades de desarrollo o reurbanización, licencia de parcelación y licencia de construcción en modalidad distinta a la de cerramiento, tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por un período adicional de doce (12) meses, y las licencias de subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva licencia.

[3] En materia de construcción, el Gobierno previó la excepción de aislamiento obligatorio frente a “La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural.”

Felipe Mariño, socio de Gómez-Pinzón, fue elegido miembro de la Junta Directiva de Camacol Bogotá & Cundinamarca

El día de ayer, 14 de marzo de 2019, durante la asamblea anual de afiliados, nuestro socio de Inmobiliario, Felipe Mariño, fue elegido miembro de la Junta Directiva de Camacol Bogotá & Cundinamarca, para el periodo 2019-2020. 

Felipe obtuvo la votación más alta de los últimos años en el segmento de Contratistas y Consultores, siendo ésta la primera vez en que un miembro de una firma de abogados resulta elegido para dicho cargo.

Felipe estará compartiendo asiento en la junta directiva con algunos de los pesos pesados del sector de la construcción, desde presidentes de las principales constructoras como Amarilo, Prodesa y Bolívar hasta ejecutivos de primer nivel de otras empresas como Cemex y Bancolombia.

Este es un importante reconocimiento al trabajo de Felipe y de la práctica de derecho inmobiliario de Gómez-Pinzón Abogados.

Para ver el comunicado oficial, haga clic aquí.